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Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

No nos quedemos sólo en el IVA

Hoy, la llamada «abogacía institucional» se queja -y con razón- de que, por parte del Ministerio de Hacienda, se quiere gravar con el IVA (al 21%) los servicios jurídicos prestados a personas sin recursos a través del llamado «turno de oficio». En un primer momento no se sabía quién habría de pagar ese 21% (¿el beneficiario que no tiene dinero?)  pero, ante lo surrealista de tal posibilidad, ahora se nos dice que lo pagará el Ministerio de Justicia en la llamada «Zona Ministerio»1 y las respectivas Consejerías de Justicia en los territorios con competencias en justicia transferidas.

Cuando deberíamos estar tratando de mejorar un servicio como el de la asistencia jurídica gratuita lo que estamos  tratando es, simplemente, de que no empeore aún más y peleando contra un 21% en impuestos que pagará Justicia para que los cobre Hacienda (¿un ministerio pagando a otro? ¿de verdad es necesario este malabarismo tributario?) en lugar de ocuparnos de lo que de verdad importa. No sé cómo lo hace el gobierno pero entre señuelos, IVA’s y cortinas de humo jamás hablamos de lo que hay que hablar: de recursos para la Justicia Gratuita.

El Ministerio de Justicia lleva presupuestando demasiados años menos de 35 millones de euros anuales para la Justicia Gratuita, una cantidad ridícula e inferior a la que clubes como el Barcelona destinan a fichar a mediocentros perfectamente desconocidos -al menos para mí- como André Gomes (55 millones). Pensar que el estado destina a la justicia de los más necesitados menos que un club de fútbol a fichar uno de sus jugadores me resulta obsceno, sé que es una comparación fácil, pero me resulta obsceno.

El Ministerio de Justicia no sólo es que destine pocos recursos a la justicia gratuita, es que, además, los gestiona pésimamente porque los retrasos en los pagos son ya tan crónicos que se tiene por normal y admisible un inadmisible retraso de tres meses en el pago en Zona Ministerio.

Creo que la Justicia Gratuita merece una preocupación mayor que la circunscrita al IVA y a la protesta contra el Ministro de Hacienda. El responsable de la Justicia Gratuita es el Ministro de Justicia y es él el responsable de que los abogados de la Zona Ministerio sean los peor pagados de España. Véanlo si no.

Los mismos servicios jurídicos, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares con cargo a los presupuestos de Justicia Gratuita que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Por eso no te quedes sólo en el IVA, hay muchas más tareas que hacer y que parece que, en años, nadie ha querido o se ha atrevido a hacer. Como siempre está en tu mano: no esperes a que nadie haga nada por ti si tú no lo haces primero.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ

    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

¿Es español el ministro de justicia?

En Justicia se llama «Zona Ministerio» a aquellas CCAA que no tienen transferidas las competencias en justicia, son lo que queda en Justicia de la Administración Central. ¿Y saben que pasa? Que los abogados del turno de oficio de esa «Zona Ministerio» cobran menos (casi la mitad menos) que los de algunas Comunidades Autónomas transferidas y cobran tarde, mucho más tarde que ellas; por ejemplo: mientras en Cataluña los abogados de oficio ya han cobrado los servicios realizados en Agosto de 2016 en la «Zona Ministerio» aún no se han cobrado servicios realizados el mes de Abril.

Hoy es el día de la Fiesta Nacional de España, el día para celebrar que juntos somos mejores y tenemos un futuro más esperanzador. Sin embargo, cuando uno contempla la situación del turno de oficio, no le queda otra salida que preguntarse: ¿el ministro de justicia trata de demostrar que juntos estamos mejor y tenemos un mejor futuro? ¿pelea el ministro por la unidad o por la desintegración de España? Comprueben la situación y juzguen ustedes mismos.

No, no se ponga banderas ministro: usted no es español, usted juega en el equipo contrario.

Alimentándonos de orgullo

Hay cosas que se hacen por dinero y hay cosas que se hacen por orgullo. Hay quien, por ejemplo, defiende a los pobres por orgullo y hay quien -también por ejemplo- ejerce la política por dinero. Son formas muy diferentes de entender la vida, son formas muy diferentes de entender sus oficios.

Ya he contado alguna vez que con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo, sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que en la antigua Roma se ejercía con liberalidad (gratuitamente) y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía hoy se llaman oficios) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. En la antigua Roma, pues, los ingresos de los abogados provenían en exclusiva de las “liberalidades” (las donaciones) que el cliente satisfecho les hacía en “honor” a sus servicios. Por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos “honorarios” y por eso nos decimos profesionales liberales.

Lo que ocurre es que entonces la gratitud debía ser moneda mucho más corriente que ahora y, quienes solicitaban los servicios de un abogado, no tenían la desvergüenza de no retribuirle de algún modo. Quien disponía de dinero agradecía los servicios pagando, quien no tenía dinero agradecía los servicios pagando en especie, quien no tenía dinero ni bienes pagaba los servicios con palabras de agradecimiento y prometiendo que cumpliría su obligación en cuanto dispusiese de aquellos.

Sólo quien no tenía vergüenza no pagaba en dinero, ni en especie, ni con palabras, ni con promesas. Sólo quien no tenía -o no tiene- vergüenza no paga de ningún modo.

La abogacía, pues, es una profesión liberal que nunca dejará de ayudar a sus conciudadanos, pero es bueno que los ciudadanos -y sobre todo los representantes de los ciudadanos- entiendan que los oficios de los abogados no pueden pagarse con desvergüenza.

Es el de político también un “oficio”, pero entre el suyo y el de abogado median bastantes diferencias. Por un lado ese impulso cívico que obliga a la abogacía a defender a sus conciudadanos de oficio, le paguen o no, no parece que abunde entre nuestra clase política. La retribución de nuestros políticos de oficio no suele revestir la forma de “honorarios” sino que, por el contrario, suele consistir en una generosa retribución que reciben en forma de salario o sueldo y cuyo cobro no parece estar vinculado a la vergüenza o desvergüenza de los administrados: se les exacciona coactivamente por vía de impuestos. Finalmente, si el político no cobra y deja de ejercer su función, no pasa nada pues nada ni nadie le obligará a seguir prestando sus servicios hasta concluir los trabajos iniciados.

Quede claro que cuando hablo de “políticos” no hablo de esos alcaldes y concejales de pequeños pueblos que ejercen su tarea sin retribución alguna y que aún mantienen viva la llama de la vieja virtud romana de su oficio; cuando hablo de “políticos” me refiero a esos que han hecho de la política su forma de vida y que llevan, por ejemplo, veinte años o más dedicados a esa actividad.

Los abogados de oficio en Aragón, hoy día 3 de septiembre de 2016, llevan trabajados ocho meses de este año sin que quienes han de “agradecerles” sus servicios les hayan pagado ni un céntimo de sus miserables honorarios. No he oído que les vayan a compensar de ningún modo por los trabajos no cobrados y no he oído tampoco a nadie agradecer a estos abogados que estén haciendo posible la justicia de todos con su oficio y su necesidad. Ni dinero, ni bienes, ni tan siquiera palabras. Yo no las he oído, sáquenme del error si estoy equivocado.

Todos los políticos “de oficio” en Aragón cobran puntualmente -algunos como su presidente, por ejemplo, cobran espléndidamente- y, sin embargo, por motivos que desconozco los abogados también “de oficio” en Aragón llevan ocho meses con sus “honorarios” sin cobrar. No encuentro razón que justifique esto, no encuentro razón que haga a unos mejores o diferentes de otros.

O sí la encuentro, porque, mientras los políticos “de oficio” de Aragón se alimentan del dinero público, a los abogados de oficio de Aragón no les queda otro remedio que alimentarse en exclusiva de orgullo: una sustancia extraña que no sé si podrán encontrar quienes han de pagarles en sus bien surtidas despensas.

Pero no se llamen a error, no se equivoquen, porque, cuando los ciudadanos tienen hambre de justicia y los abogados de oficio se alimentan sólo de orgullo, las despensas de los que mandan no tardan en cambiar de dueño.

No lo olviden y paguen. Cuanto antes.