El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

Ideas residuales y LOPJ

goya-elsueno2Nicolai V. Krogius, psicólogo y Gran Maestro soviético, en su libro “La psicología en ajedrez” identificó un fenómeno llamado “imagen residual” como una de las principales causas de errores en el juego. Es un error, normalmente estratégico, que consiste, según sus propias palabras en “la traslación íntegra del avalúo de una posición anterior a la nueva situación creada en el tablero”.

Tal error no es exclusivo del juego del ajedrez y cada vez con más insultante frecuencia lo veo producirse en las decisiones de nuestros políticos que, sin mayor reflexión, aplican ideas de hace doscientos años a los problemas actuales, cual si la evaluación de la situación actual fuese la misma que la existente hace dos siglos. Tal ocurre con una de las más persistentes ideas residuales que existen: La provincia.

La provincia, en nuestro país, fue creada en 1833 como un sistema de división territorial destinado a servir al modelo de estado existente entonces (una monarquía centralista) que tenía en cuenta los muy deficientes censos poblaciones de aquellos años (el primer censo fiable de España se confeccionó en 1857) y el estado de las comunicaciones en 1833.

No necesito aclarar que ninguno, absolutamente ninguno, de los criterios que se tuvieron en cuenta en 1833 para establecer la división provincial perdura en nuestros días. Veámoslo.

Por lo que respecta al sistema político de monarquía centralista entonces existente nada queda del mismo tras la Constitución de 1978 salvo la filiación borbónica del rey.

En cuanto a los datos demográficos tenidos en cuenta en 1833 es obvio que no guardan parecido alguno con los actuales: la población de España en 2013 poco tiene que ver con la que pudiera existir en 1833. Los fuertes movimientos migratorios internos han provocado una distribución de la población muy distinta de la entonces existente por no hablar del tremendo aumento de la misma.

Por lo que respecta a las comunicaciones es obvio que 1833 y 2013 no se parecen absolutamente en nada. En 1833 el estado de las comunicaciones en España era medieval; no existía el ferrocarril ni tampoco el telégrafo, el correo viajaba a pié o a lomos de caballerías y la división provincial se realizó procurando que la capital no estuviese a más de un día de camino del pueblo más lejano.

Como puede observarse, ninguno de los criterios que se tuvieron en cuenta al crear la división provincial subsiste en la actualidad; es más, la España de 2013 está más lejos, cultural y tecnológicamente hablando de la de 1833 que esta lo estaba de la Hispania del año 0 de nuestra era.

Y sin embargo, la división provincial subsiste como un residuo ominoso de hace doscientos años; peor aún, la división provincial subsiste en las decimonónicas estructuras mentales de nuestros gobernantes, proyectando en el presente evaluaciones que hace tiempo dejaron de existir. Krogius no tendría duda: Nuestros políticos son víctimas de una imagen residual que les lleva a tener ideas que no puedo calificar sino de “residuales”.

Lo lamentable del caso es que las provincias, residuo inútil de un mundo periclitado, no sólo ejercen su influencia en las mentes medievales de nuestra clase política, sino que, usadas como unidad de estudios estadísticos, dificultan la visión real del país y conducen a que en el siglo XXI aún se dicten disposiciones estratégicas que nacen tan muertas como la idea que les sirve de base. Es el caso, por ejemplo, del nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial con que nuevamente vuelve a asombrarnos nuestro más que decimonónico ministro de justicia.

El, para nuestros males, ministro, ha decidido que la planta de los partidos judiciales de España será provincial. Podría haber atendido a las necesidades de la población y establecer tribunales allá donde se concentran los asentamientos humanos y la actividad económica, podría haber atendido a los índices de litigiosidad y establecer tribunales allá donde fuesen más necesarios, podría haber atendido a una mínima racionalidad pero… El ministro ha decidido usar de una idea “residual” que ya no obedece a nada y establecer tribunales “provinciales”, una idea tan muerta como del gusto de políticos que, lejos de ser conservadores (es bueno conservar las ideas valiosas y en ese sentido soy conservador) lo que son es “momificadores” de ideas cadavéricas.

Gracias a esa idea, por ejemplo, lugares como Granollers (unos 300.000 habitantes) o Vigo (unos 340.000) quedarán sin tribunal de instancia mientras que “provincias” como Soria (93.223 habs.), Teruel (144.607 habs.) o Segovia (164.169 habs.) sí dispondrán de estos tribunales.

Quizá alguien debería explicar qué falta o delito han cometido los habitantes de Granollers, Vigo, Jerez o Gijón para no merecer el mismo trato que los habitantes de Soria, Segovia o Teruel.

Entiéndaseme bien; no es que en Soria, Segovia o Teruel no hagan falta tribunales de instancia (claro que hacen falta) es que en Vigo, Gijón o Jerez hacen MÁS falta y, por tanto, también debiera haberlos allí. Y cuando digo Vigo, Gijón, Jerez o Granollers, estoy hablando también de Santiago de Compostela, de Ferrol, de Talavera de la Reina, de Antequera, de Lucena, de Lorca, de Orihuela, de Elche, de Alcoi, de Sueca, de Alzira, de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Mataró, de Vic, de Sant Feliú de Llobregat, de Figueres, de Alcalá de Henares, de Estella, de Tafalla, de Tudela, de Lanzarote, de Santa Cruz de la Palma, de Reus, de Tortosa… De todos esos lugares que, sin ser “provincias” mantienen una población y una actividad económica superior a la de muchas “provincias”.

Me duele particularmente el caso de Cartagena, mi ciudad. La Sección 5ª de la Audiencia de Murcia con sede en Cartagena extiende su jurisdicción sobre 400.000 personas (más personas que toda la comunidad autónoma de La Rioja) y, sin embargo, como en la residual mente de nuestros políticos residuales no tiene la etiqueta de “provincia”, puede sufrir la desaparición de sus tribunales de instancia.

La Justicia está para servir a las personas, no a ideas muertas de hombres muertos, pero en España cuando la Justicia señala a la población los políticos “residuales” miran a la provincia.

Sin duda Krogius tenía razón: las ideas residuales son fuente de errores (y de villanías, añado yo); esperemos que estos políticos “residuales” fruto de un sistema caduco sean como sus ideas también “residuales” y como residuos de un sistema muerto acaben pronto donde merecen.