Por el conducto reglamentario

Por el conducto reglamentario

Cuando en el servicio militar o en el ejército alguien protestaba se le recordaba, no siempre de buenas maneras, que las reclamaciones debían ser hechas «por el conducto reglamentario». Ese «conducto reglamentario» era no más que una innecesaria limitación de derechos pero, a lo que se ve, sigue anclado en la mente y en la conciencia jurídica de muchas personas.

Digo esto porque hoy leo que un ex-decano (a quien tengo por persona buena y honesta a carta cabal) censura en su página de Facebook la solicitud de información que están haciendo muchos compañeros —yo entre ellos—  respecto a las noticias relativas al funcionamiento del CGAE aparecidas en prensa estos días. En síntesis sostiene que la petición de información no debe hacerse individualmente sino a través de los decanos (el conducto que él entiende apropiado).

Debo quizá aclarar públicamente algo: hace siete años yo ya solicité conocer el destino de las dietas siendo decano y la esperpéntica situación que se produjo a continuación ya la he contado alguna que otra vez:

—Se me exhibió una información parcial
—Se me prohibió obtener fotocopias
—Se me prohibió tomar notas (¿puedo memorizar?, llegué a preguntar)
—Se me indicó que no podría, bajo ningún concepto, revelar la información que viese y que, si lo hacía, habría de sufrir las correspondientes acciones legales que me describieron como tremebundas.

Por lo que veo, a día de hoy y a pesar de la tremenda alarma que se ha levantado, ningún decano ni consejero ha solicitado información en relación con el tema de que trataban las noticias, pues ningún decano ha sido capaz siquiera de decirnos cuánto percibe la Presidenta del CGAE del dinero que pagan sus compañeros.

Las protestas de «claridad» y «cumplida respuesta» de los consejeros y decanos mueren en cuanto se les pregunta este dato; la realidad es que, a día de hoy, ninguno se ha atrevido ni a preguntar ni a revelar lo que percibe en dietas, gastos y otras obvenciones cualesquiera que perciba la presidenta. A lo que se ve el conducto se atrancó hace muchos años aunque aún hay quien prefiere ignorarlo.

Puedo saber cuánto gana mi alcalde o un ministro mirando la web ¿Y la presidenta de CGAE no?

No, no, no… Ni colegiados ni consejeros ni decanos, la presidenta no ha sido transparente con nadie y, si alguien pretende negar esto, tiene una forma fácil de hacerlo: facilitar inmediatamente los datos de los ingresos de la presidenta.

Hasta hoy en este tema desde CGAE se proclaman unidades, se hacen protestas de transparencia, se dice dar respuesta… Pero datos, lo que son datos, no se ha dado ni uno. Es decir que se nos señala el conducto pero no que está atrancado; se nos enseña el hábito pero se nos oculta al monje; se nos da ruido pero no nueces; predican, pero son incapaces de dar trigo y siguen tratando de darnos gatos cuando lo que deberían es entregar liebres.

La transparencia se demuestra con datos, no con opiniones y el tiempo de decir que se es sobradamente transparente ya pasó: den los datos y entonces serán transparentes.

Pedir información jamás es inicuo, pedir información es justamente lo contrario: un derecho que la ley reconoce a cualquier español o española y que no se pierde por el hecho de ejercer la abogacía.

La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.