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Transparencia y CGAE: un puedo y no quiero.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española no quiere que los abogados que le pagan dietas y gastos sepan ni cuánto le pagan ni qué gastos le pagan. Podría decirlo pero, como los acusados que se acogen a su derecho a no declarar, ella se acoge a que esos gastos y dietas son «privados» —no son de derecho administrativo— y que, por lo tanto, no tiene por qué decirlo. Y no lo dice.

Puede, pero no quiere; se los lleva, pero no quiere contarlo; dame tu dinero y no preguntes qué hago con él. Esa es la transparencia de Victoria Ortega.

En un país donde un ciudadano puede conocer exactamente y al momento cuánto gana el alcalde o un concejal de su pueblo los abogados y abogadas NO pueden conocer qué parte del dinero que pagan se lleva la presidenta.

Ella podría decirlo, pero no quiere, prefiere afirmar que tiene derecho a guardar silencio. Y lo guarda.

Su silencio y los silencios de quienes, debiendo hablar, callan, dañan a las institución colegial mucho más de lo que soñarían sus peores enemigos.

Para camuflar su silencio los callantes hablan de «conspiraciones», de «campañas», de que «todo está claro» y se muestran particularmente locuaces en manifestar cualquier cosa que no sea lo que se les pregunta: cuánto se lleva en dietas la presidenta y qué gastos se le pagan.

Si, a partir de ahora, les escuchas hablar y pregonar su adhesión incondicional a la líder, sólo pregúntales una cosa: ¿cuánto se lleva esta en dietas y gastos? Si no te responden a eso ya sabes que sólo están haciendo ruido para que no se escuche la pregunta.

La presidenta puede y no quiere, esa es la verdad. La presidenta, entre la transparencia y la opacidad, ha elegido dañar a la abogacía.

Captura de pantalla del diario «El Confidencial».

El despotismo cateto

Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.

Por el conducto reglamentario

Por el conducto reglamentario

Cuando en el servicio militar o en el ejército alguien protestaba se le recordaba, no siempre de buenas maneras, que las reclamaciones debían ser hechas «por el conducto reglamentario». Ese «conducto reglamentario» era no más que una innecesaria limitación de derechos pero, a lo que se ve, sigue anclado en la mente y en la conciencia jurídica de muchas personas.

Digo esto porque hoy leo que un ex-decano (a quien tengo por persona buena y honesta a carta cabal) censura en su página de Facebook la solicitud de información que están haciendo muchos compañeros —yo entre ellos—  respecto a las noticias relativas al funcionamiento del CGAE aparecidas en prensa estos días. En síntesis sostiene que la petición de información no debe hacerse individualmente sino a través de los decanos (el conducto que él entiende apropiado).

Debo quizá aclarar públicamente algo: hace siete años yo ya solicité conocer el destino de las dietas siendo decano y la esperpéntica situación que se produjo a continuación ya la he contado alguna que otra vez:

—Se me exhibió una información parcial
—Se me prohibió obtener fotocopias
—Se me prohibió tomar notas (¿puedo memorizar?, llegué a preguntar)
—Se me indicó que no podría, bajo ningún concepto, revelar la información que viese y que, si lo hacía, habría de sufrir las correspondientes acciones legales que me describieron como tremebundas.

Por lo que veo, a día de hoy y a pesar de la tremenda alarma que se ha levantado, ningún decano ni consejero ha solicitado información en relación con el tema de que trataban las noticias, pues ningún decano ha sido capaz siquiera de decirnos cuánto percibe la Presidenta del CGAE del dinero que pagan sus compañeros.

Las protestas de «claridad» y «cumplida respuesta» de los consejeros y decanos mueren en cuanto se les pregunta este dato; la realidad es que, a día de hoy, ninguno se ha atrevido ni a preguntar ni a revelar lo que percibe en dietas, gastos y otras obvenciones cualesquiera que perciba la presidenta. A lo que se ve el conducto se atrancó hace muchos años aunque aún hay quien prefiere ignorarlo.

Puedo saber cuánto gana mi alcalde o un ministro mirando la web ¿Y la presidenta de CGAE no?

No, no, no… Ni colegiados ni consejeros ni decanos, la presidenta no ha sido transparente con nadie y, si alguien pretende negar esto, tiene una forma fácil de hacerlo: facilitar inmediatamente los datos de los ingresos de la presidenta.

Hasta hoy en este tema desde CGAE se proclaman unidades, se hacen protestas de transparencia, se dice dar respuesta… Pero datos, lo que son datos, no se ha dado ni uno. Es decir que se nos señala el conducto pero no que está atrancado; se nos enseña el hábito pero se nos oculta al monje; se nos da ruido pero no nueces; predican, pero son incapaces de dar trigo y siguen tratando de darnos gatos cuando lo que deberían es entregar liebres.

La transparencia se demuestra con datos, no con opiniones y el tiempo de decir que se es sobradamente transparente ya pasó: den los datos y entonces serán transparentes.

Pedir información jamás es inicuo, pedir información es justamente lo contrario: un derecho que la ley reconoce a cualquier español o española y que no se pierde por el hecho de ejercer la abogacía.

La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.