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El despotismo cateto

Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.

¿Puedo hablar con seguridad con mi cliente preso?

Hoy se ha publicado la noticia de que se ha impedido a la mujer de Bárcenas comunicar en prisión con su marido llevando lápiz y papel. La noticia, llamativa, sólo parece tener una explicación racional posible: Impedir que la mujer pueda tomar anotaciones o dirigirse a su marido de forma escrita usando el papel a modo de pizarra.

¿Y por qué habría de dirigirse la esposa de Bárcenas a su marido de forma tan singular? se preguntarán ustedes; bueno, si quieren que les cuente una posible explicación permítanme que me remonte unos diecisiete meses atrás, cuando Baltasar Garzón fue condenado por interceptar de forma ilegal las comunicaciones entre los abogados y su cliente. Fue con motivo de dicha sentencia que conocí los sistemas de grabación que se usan en las prisiones españolas llamados Marathon y Marathon Evolution. La forma en que funcionan dichos sistemas de grabación es totalmente opaca para mí y presumo que en idéntica situación se encuentran la práctica totalidad de los abogados de España. He tratado de obtener información sobre sus características técnicas pero, a fecha de hoy, no he logrado informarme sobre aspectos de dicho sistema de grabación que podrían resultar extremadamente preocupantes por lo que, si me lo permiten, les contaré algunas experiencias personales.

Como imaginarán, tras más de 25 años de ejercicio profesional, conozco a muchos miembros de la Policía y de la Guardia Civil; no es infrecuente que coincidamos en conversaciones informales y no es tampoco infrecuente que en dichas conversaciones tratemos temas como este que ahora me ocupa. Recuerdo que, hace ya años, pregunté a un miembro de estos cuerpos si ellos podían enterarse de las conversaciones que manteníamos abogados y clientes en los locutorios de las prisiones a lo que, con toda naturalidad, me respondió «si queremos sí».

Su respuesta me dejó perplejo y no supe si atribuirla a una afectada pose de suficiencia de mi interlocutor o si, por el contrario, esta afirmación respondía a la verdad de los hechos.

Verán, no soy un ingenuo, sé que la policía trata de obtener información por todos los medios posibles (algún día les hablaré de las manifestaciones «espontáneas» de los detenidos) pero se me antojaba entonces que la intervención de las comunicaciones abogado-cliente en un locutorio era algo que pertenecía a uno de los más sagrados ámbitos del derecho de defensa. De todas formas decidí andar ojo avizor y observar con cuidado a mi alrededor cuando fuese a comunicar a prisión con alguno de mis defendidos. Tras conocer el contenido de la sentencia de Garzón mi curiosidad se renovó.

Poco después de conocer esta sentencia fui a comunicar con un cliente a la prisión de Sangonera, una prisión antigua donde, hasta hace pocos años, las comunicaciones abogado-cliente se llevaban a cabo en un locutorio rotulado con la palabra «abogados» y donde el sistema de comunicación consistía poco más que en un agujero practicado en la madera de la repisa que había bajo el cristal blindado con reja que separaba la zona de los abogados de la zona de los internos. Dada la mugre acumulada con los años en el orificio, comunicar con el cliente exigía de una buena capacidad pulmonar y, habida cuenta de los gritos que había que dar para ser oído al otro lado, los secretos, si existían, eran secretos a voces.

Como digo, hace unos años, el locutorio de berrido y orificio fue substituido por ocho o nueve modernos locutorios donde, a efectos de comunicación, del lado del preso hay un teléfono y del lado del letrado una especie de micrófono-altavoz con forma de caja, a través del cual el abogado habla y escucha. Tal sistema, ciertamente, no parece diseñado tanto para facilitar las comunicaciones como para permitir su grabación llegado el caso pero, a la vista del sistema, me surgieron algunas dudas:

Primera. Si existen ocho o nueve locutorios ¿cómo sabe el funcionario cual locutorio usaré y por tanto en cual ha de grabar? Sólo cabían dos posibilidades: O todos los locutorios grababan simultáneamente (lo que sería inaceptable) o el funcionario, tras observar en qué locutorio nos introducíamos, activaba el sistema de grabación correspondiente a ese locutorio.

Segunda. Si necesariamente debe haber un funcionario vigilando y activando el sistema de grabación del locutorio correspondiente ¿puede ese funcionario oír (aunque no grabe) mis conversaciones? La cuestión es de la máxima importancia pues, muy a menudo, la policía no necesita la prueba de la grabación sino solo la información contenida en ella, de forma que un funcionario cooperador puede informarles de cuanto necesiten.

Mis reflexiones y observaciones me condujeron a una realidad mucho más chusca. Observé que, en esa prisión de Sangonera, los altavoces del lado de los abogados, al encenderse las luces de los locutorios, comenzaban a emitir un apenas perceptible zumbido. Tras acercar la oreja pude comprobar que, de forma débil, se escuchaba un programa de radio en el altavoz. Fui cambiando de locutorio y comprobé que ese mismo programa se escuchaba en los demás. Si tal prodigio se debía a un fenómeno electromagnético o a que al funcionario le gustaba oír la radio lo desconozco. Sólo sé que el pasante que me acompañaba pasó un rato entretenidísimo. Debo decir que, en las muchas veces que he acudido después a esa prisión, nunca he vuelto a observar el fenómeno lo que indica que, o bien ha cambiado el campo magnético terrestre o bien el funcionario ha perdido su afición por los programas radiofónicos.

En todo caso mis temores siguen intactos: No conozco (ni conozco quien conozca) los detalles técnicos del sistema Marathon de grabación, desconozco si el sistema puede grabar sin posibilidad de que el funcionario escuche o si, por el contrario, el sistema permite al funcionario escuchar sin que el programa grabe. Lo que sí sé es que un funcionario vigila el locutorio donde converso con mi cliente y que dispone de un sistema que le permite grabar mis conversaciones con él.

Y sé que una vez, un policía al que pregunté si podrían enterarse de mis conversaciones con un cliente preso, me respondió: «Si queremos, sí».

Vale.

PD. Si alguien conoce los detalles técnicos del funcionamiento de este sistema le agradeceré que me lo revele; si no los conoce nadie tendré que poner en marcha alguna acción legal para conocerlos pues un sistema incontrolado de escuchas ya sabemos exactamente a lo que conduce.

Ahora sí. Vale.