Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

Abogacía y honorarios

La justicia y el dinero nunca se llevaron bien y es comprensible: hay cosas que no se pueden comprar ni vender y una de ellas es la justicia.

Ustedes entienden perfectamente que si un juez vende el sentido de su sentencia se le conduzca a prisión, como entienden también algo que no entendió cierto ministro cuyo nombre es mejor olvidar: que no puede condicionarse el acceso a la justicia al pago de inicuas cantidades de dinero.

No, la justicia no es un negocio, el establecimiento de la justicia es la primera razón que los constituyentes españoles esgrimieron para redactar nuestra constitución y por eso las leyes del mercado, del beneficio económico, ceden ante ella. Sólo los esclavos compran la libertad, sólo los malvados venden la justicia; no, hay cosas a las que aplicar el credo de la oferta y la demanda es delito de simonía.

El problema es que la confrontación entre justicia y dinero alcanzó desde antiguo al campo de la abogacía y no parece que dicha confrontación haya sido resuelta nunca satisfactoriamente. Déjenme que les cuente algunas historias que quizá ilustren lo que digo.

Para un romano clásico nada había más sucio y repugnante que poner la elocuencia al servicio del dinero y no de la verdad. Si alguien lo hacía era calificado de vox mercenaria y perdía de forma automática toda su credibilidad. A la vieja virtud romana no le gustaban esos peritos que hoy, por un poco de dinero, pueden defender una cosa y la contraria; pero tampoco le gustaban los abogados que ponían sus servicios al servicio del dinero y no del ius.

Eran otros tiempos, califíquenlos ustedes de mejores o peores.

A tanto llegó el celo romano en este punto que un senador romano de los siglos III-II AEC, Lucius Cincius Alimentus, consiguió aprobar una ley que prohibía que los abogados cobrasen.

Un vecino de mi ciudad que ejerció de abogado en Roma, Marcus Oppius, tuvo como contemporáneo a un tal Marco Tulio Cicerón, de oficio abogado y de los buenos, que legó a la posteridad la composición exacta de la minuta de honorarios de un abogado cuando nos enseñó que la verdadera retribución de los abogados se compone de tres partidas ninguna de las cuales permite vivir, por cierto: la admiración de los oyentes, el agradecimiento del cliente y la esperanza de los agraviados.

¿Cómo cobraba un abogado clásico romano? Bueno, la realidad es que no cobraba pero, y aquí está el truco, si admitía los regalos que el cliente satisfecho le hacía en honor a los servicios prestados. A estos bienes que se le entregaban en agradecimiento, en honor, a los servicios prestados se les llama por eso honorarios. Los abogados no cobramos salario, sueldos, obvenciones, ni mucho menos coimas ni mamandurrias; el dinero que un abogado gana legítimamente se llama honorario y no por casualidad.

Han pasado veintitrés siglos desde que Lucius Cincius Alimentus y el senado romano prohibiesen cobrar a los abogados y el asunto de los honorarios de estos sigue presente porque, de la vieja virtud romana hemos pasado exactamente al polo opuesto. A nadie parece preocuparle ya la existencia de voces mercenarias ni de que la justicia pueda convertirse en una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda. Cuando los economistas y las Comisiones de Defensa de la Competencia hablan de los honorarios de los abogados la justicia es un concepto que no figura en su vocabulario. Cuando no conoces más herramienta que el martillo todos los problemas te parecen un clavo y esto pasa a estos apparátchiki que, armados tan sólo de su credo económico, todas las relaciones humanas les parecen tan solo transacciones económicas.

Vivimos una época de precarización en la abogacía, a los gobiernos no le preocupa que se ofrezcan divorcios a 150€, les parece la consecuencia natural y deseable del juego de la oferta y la demanda; ni se preguntan si con 150€ el administrado podrá gozar de la dirección jurídica adecuada.

A los gobiernos no parece importarles si las personas encuentran justicia, si los enfermos sobreviven en la privada o si las casas se caen, lo que parece importarles es que el dinero, el stercore diaboli del Papa Francisco, fluya con arreglo al credo y al dogma de la oferta y la demanda.

Pero nosotros somos abogados, no economistas, y a nosotros nos toca defender eso que nos enseñó Cicerón: la esperanza de los agraviados. Y nosotros sabemos que la uberización de la justicia no beneficia a los ciudadanos ni a nuestro país, y que, en el fondo, no es más que la vía para conseguir una justicia de dos velocidades, la de los ricos con acceso a grandes bufetes-negocio y la de los pobres atados a una dirección letrada en perenne estado de precariedad.

En otro tiempo podríamos haber confiado en que nuestra representación corporativa habría defendido a la abogacía-justicia
frente a la abogacía-negocio pero hoy ya no podemos confiar en ello.

En nuestras corporaciones, como en los viejos sindicatos verticales del franquismo, conviven los empresarios con los trabajadores, los bufetes grandes y los pequeños y, como en los viejos sindicatos verticales, son los empresarios los que se imponen a los trabajadores y los bufetes grandes a los pequeños. Nuestra representación corporativa representa a unos más que a otros. Los despachos pequeños, los despachos-justicia, somos el 85% de la abogacía española y ocupamos una cuota de mercado que los pocos pero grandes bufetes-negocio necesitan para crecer. El espectáculo, bochornoso en muchos aspectos, que hemos visto recientemente en Valladolid nos ilustra muy bien de qué lado están nuestras instituciones corporativas y nos dejan muy claro a los bufetes pequeños qué podemos esperar de ellas en el futuro.

No obstante todavía somos el 85% de la profesión, todavía podemos dar la batalla y todavía encarnamos las esperanzas de justicia de una población que es la primera razón para que esta profesión se siga ejerciendo dentro de un determinado marco ético.

Se acabó el tiempo de confiar en la abogacía institucional, empieza el tiempo de que tomemos el futuro en nuestras manos y que hagamos posible que las esperanzas de justicia de todos aún tengan donde apoyarse.

Es tiempo de organizarse.