Abogacía y honorarios

La justicia y el dinero nunca se llevaron bien y es comprensible: hay cosas que no se pueden comprar ni vender y una de ellas es la justicia.

Ustedes entienden perfectamente que si un juez vende el sentido de su sentencia se le conduzca a prisión, como entienden también algo que no entendió cierto ministro cuyo nombre es mejor olvidar: que no puede condicionarse el acceso a la justicia al pago de inicuas cantidades de dinero.

No, la justicia no es un negocio, el establecimiento de la justicia es la primera razón que los constituyentes españoles esgrimieron para redactar nuestra constitución y por eso las leyes del mercado, del beneficio económico, ceden ante ella. Sólo los esclavos compran la libertad, sólo los malvados venden la justicia; no, hay cosas a las que aplicar el credo de la oferta y la demanda es delito de simonía.

El problema es que la confrontación entre justicia y dinero alcanzó desde antiguo al campo de la abogacía y no parece que dicha confrontación haya sido resuelta nunca satisfactoriamente. Déjenme que les cuente algunas historias que quizá ilustren lo que digo.

Para un romano clásico nada había más sucio y repugnante que poner la elocuencia al servicio del dinero y no de la verdad. Si alguien lo hacía era calificado de vox mercenaria y perdía de forma automática toda su credibilidad. A la vieja virtud romana no le gustaban esos peritos que hoy, por un poco de dinero, pueden defender una cosa y la contraria; pero tampoco le gustaban los abogados que ponían sus servicios al servicio del dinero y no del ius.

Eran otros tiempos, califíquenlos ustedes de mejores o peores.

A tanto llegó el celo romano en este punto que un senador romano de los siglos III-II AEC, Lucius Cincius Alimentus, consiguió aprobar una ley que prohibía que los abogados cobrasen.

Un vecino de mi ciudad que ejerció de abogado en Roma, Marcus Oppius, tuvo como contemporáneo a un tal Marco Tulio Cicerón, de oficio abogado y de los buenos, que legó a la posteridad la composición exacta de la minuta de honorarios de un abogado cuando nos enseñó que la verdadera retribución de los abogados se compone de tres partidas ninguna de las cuales permite vivir, por cierto: la admiración de los oyentes, el agradecimiento del cliente y la esperanza de los agraviados.

¿Cómo cobraba un abogado clásico romano? Bueno, la realidad es que no cobraba pero, y aquí está el truco, si admitía los regalos que el cliente satisfecho le hacía en honor a los servicios prestados. A estos bienes que se le entregaban en agradecimiento, en honor, a los servicios prestados se les llama por eso honorarios. Los abogados no cobramos salario, sueldos, obvenciones, ni mucho menos coimas ni mamandurrias; el dinero que un abogado gana legítimamente se llama honorario y no por casualidad.

Han pasado veintitrés siglos desde que Lucius Cincius Alimentus y el senado romano prohibiesen cobrar a los abogados y el asunto de los honorarios de estos sigue presente porque, de la vieja virtud romana hemos pasado exactamente al polo opuesto. A nadie parece preocuparle ya la existencia de voces mercenarias ni de que la justicia pueda convertirse en una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda. Cuando los economistas y las Comisiones de Defensa de la Competencia hablan de los honorarios de los abogados la justicia es un concepto que no figura en su vocabulario. Cuando no conoces más herramienta que el martillo todos los problemas te parecen un clavo y esto pasa a estos apparátchiki que, armados tan sólo de su credo económico, todas las relaciones humanas les parecen tan solo transacciones económicas.

Vivimos una época de precarización en la abogacía, a los gobiernos no le preocupa que se ofrezcan divorcios a 150€, les parece la consecuencia natural y deseable del juego de la oferta y la demanda; ni se preguntan si con 150€ el administrado podrá gozar de la dirección jurídica adecuada.

A los gobiernos no parece importarles si las personas encuentran justicia, si los enfermos sobreviven en la privada o si las casas se caen, lo que parece importarles es que el dinero, el stercore diaboli del Papa Francisco, fluya con arreglo al credo y al dogma de la oferta y la demanda.

Pero nosotros somos abogados, no economistas, y a nosotros nos toca defender eso que nos enseñó Cicerón: la esperanza de los agraviados. Y nosotros sabemos que la uberización de la justicia no beneficia a los ciudadanos ni a nuestro país, y que, en el fondo, no es más que la vía para conseguir una justicia de dos velocidades, la de los ricos con acceso a grandes bufetes-negocio y la de los pobres atados a una dirección letrada en perenne estado de precariedad.

En otro tiempo podríamos haber confiado en que nuestra representación corporativa habría defendido a la abogacía-justicia
frente a la abogacía-negocio pero hoy ya no podemos confiar en ello.

En nuestras corporaciones, como en los viejos sindicatos verticales del franquismo, conviven los empresarios con los trabajadores, los bufetes grandes y los pequeños y, como en los viejos sindicatos verticales, son los empresarios los que se imponen a los trabajadores y los bufetes grandes a los pequeños. Nuestra representación corporativa representa a unos más que a otros. Los despachos pequeños, los despachos-justicia, somos el 85% de la abogacía española y ocupamos una cuota de mercado que los pocos pero grandes bufetes-negocio necesitan para crecer. El espectáculo, bochornoso en muchos aspectos, que hemos visto recientemente en Valladolid nos ilustra muy bien de qué lado están nuestras instituciones corporativas y nos dejan muy claro a los bufetes pequeños qué podemos esperar de ellas en el futuro.

No obstante todavía somos el 85% de la profesión, todavía podemos dar la batalla y todavía encarnamos las esperanzas de justicia de una población que es la primera razón para que esta profesión se siga ejerciendo dentro de un determinado marco ético.

Se acabó el tiempo de confiar en la abogacía institucional, empieza el tiempo de que tomemos el futuro en nuestras manos y que hagamos posible que las esperanzas de justicia de todos aún tengan donde apoyarse.

Es tiempo de organizarse.

Así va el turno

Así va el turno

Este último mes de agosto los abogados de oficio hemos vivido -con ira propia y vergüenza ajena- el bochornoso espectáculo de los retrasos en el pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en el turno de oficio. Comprobar cómo servicios prestados en enero se pagaban en Aragón (por ejemplo) ya bien entrado el mes de septiembre producía intensa ira y vergüenza. No mucho menores fueron los retrasos en comunidades como Madrid o el llamado «Territorio Común»1 de forma que, a 30 de agosto, la clasificación de administraciones malas pagadoras marchaba de la forma que se ve en la siguiente gráfica:

Situación del pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. Fuente: húsares de la Brigada #T
Estado de pagos del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. (Fuente: húsares de la Brigada#T)

Llama la atención la diferencia existente entre comunidades como Cataluña o Cantabria —que pagan con toda puntualidad sus obligaciones— y comunidades como Aragón o Madrid que se retrasan hasta el noveno mes para pagar servicios que se les han prestado en los primeros meses del año. Incluso en el caso de estas dos últimas comunidades autónomas podemos distinguir categorías, pues, mientras el Consejero de Justicia de Madrid se disculpa por el retraso y compromete su voluntad de mejora, en Aragón no sólo se paga tarde y mal sino que ni siquiera se formula un atisbo de algo que se parezca a una disculpa.

Y si hiriente resulta la enorme diferencia existente entre las administraciones a la hora de cumplir con sus pagos mucho más hiriente resulta comprobar que los mismos servicios, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Adelante: es tu turno.


  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎