La Justicia es para las personas

Si usted tuviese que organizar el sistema de extinción de incendios forestales de un país cualquiera, estoy seguro que, antes de gastar el dinero de los contribuyentes y distribuir los parques de bomberos, aeródromos e hidroaviones, tendría usted en cuenta si en dicho país hay árboles o plantas, dónde se localizan y dónde hay mayor riesgo de incendio. Estoy seguro que usted no dedicaría muchos medios a prevenir incendios forestales en la Antártida mientras que pondría buen cuidado en que hubiese abundantes medios en Galicia, por ejemplo. Es de sentido común: los incendios forestales se producen donde hay árboles y plantas y esto es algo tan evidente que hasta la mente más simple lo entendería. Esto, que es evidente en cualquier lugar del mundo en España no lo es, pues padece desde hace siglo y medio una extraña enfermedad político-mental, una grave forma de locura llamada “a de locura llamada “a de locura llamada “provinciofrenia”, que anula el sentido común y la capacidad de pensar racionalmente.

 Esta enfermedad, endémica de nuestra clase dirigente, la lleva, por ejemplo, a gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales (el presupuesto del Ministerio de Justicia ronda solo los 1.500 millones) o a construir aeropuertos justo allá donde no son necesarios. Así, por ejemplo, se construyen aeropuertos en Castellón o Ciudad Real no porque haya demanda de vuelos, sino porque son provincias; si no sirven de nada y hay que cerrarlos parece importar poco. 

La provinciofrenia es una enfermedad cuyo virus se inocula a los españoles en la escuela a base de mapas con rayas y colorines y para la cual no se conoce hasta ahora otro tratamiento que el estudio y la reflexión; pero (¡ay!) ciento ochenta años de provinciofrenia no se curan fácilmente y nuestro país está tan gravemente infectado por ella que en este momento es difícil encontrar ninguna institución pública que no esté afectada por la misma.

La provinciofrenia, por ejemplo, hace que en nuestro sistema electoral el voto de un ciudadano de Segovia valga tres veces y media más que el de un ciudadano de Madrid (ver mapa); o que el voto de un ciudadano de Zamora valga exactamente el doble que el de un ciudadano de Vigo. La provinciofrenia hace en España imposible que se cumpla el esencial principio democrático “una persona un voto” porque la democracia o la igualdad importan poco cuando el legislador sufre un ataque de provinciofrenia. 

Ahora le ha tocado el turno de padecer esa enfermedad a nuestra administración de justicia pues, desde el ministerio del ramo, se ha propuesto una nueva ley de planta que no puedo calificar sino de provinciofrénica. Todos los juzgados se concentrarán en las llamadas “capitales de provincia” y esto con independencia de la población o número de litigios que hayan de atender. Los 19 millones de habitantes de las “capitales” tendrán los juzgados, los 28 millones de españoles restantes asumirán el gasto y sufrirán las consecuencias. 

Cualquiera puede entender que, al igual que los sistemas de extinción de incendios forestales son para los árboles y plantas, la administración de justicia debería diseñarse para atender a las personas y sus conflictos jurídicos. Cualquiera puede entender, igualmente, que si el diseño de los sistemas de extinción de incendios forestales deben atender sobre todo al número de árboles y al riesgo de incendio, la administración de justicia debería atender sobre todo a las personas y al número de conflictos jurídicos que deba solucionar. 

Eso, que lo entendería cualquiera, no parecen entenderlo los “expertos” de nuestro Ministerio de Justicia. 

Si la administración de justicia ha de atender a personas y conflictos no se entiende que se creen tribunales de instancia en Soria (95.223 habitantes en toda la “provincia”) y no en Vigo (341.351 habitantes tan sólo en su partido judicial). No es que Soria no necesite juzgados de Primera Instancia -que los necesita y mucho- es que Vigo los necesita tres veces y media más. 

Alguno de esos provinciofrénicos “expertos” del ministerio deberá explicar en algún momento a los habitantes de Vigo, por ejemplo, por qué razón no tienen derecho a tener Juzgados de Instancia o por qué su voto vale tres veces menos que el de un ciudadano de Soria. Algún delito muy grave han debido cometer los vigueses para ser ciudadanos tan de segunda, para que valga tan poco su voto, para que no merezcan tener cerca juzgados y además hayan de mantener con sus impuestos la Diputación (provincial, por supuesto). 

Y si digo esto de Vigo lo mismo puedo decir de mi ciudad (Cartagena) cuya Sección de la Audiencia Provincial cuida de más ciudadanos y resuelve más asuntos civiles que toda la Comunidad Autónoma de La Rioja o las provincias de Soria, Teruel y otras varias. Alguien (los “expertos”) deberá a explicar a los ciudadanos de Cartagena por qué los habitantes de La Rioja tienen derecho a tener juzgados de primera instancia y los de Cartagena no, o por qué el voto de un cartagenero vale menos que el de un segoviano, un soriano o un turolense. 

¿Qué pecado han cometido los habitantes de Vigo, Cartagena, Jerez, Gijón, Reus, Elche, Sabadell, Talavera o Manresa, entre otros muchas poblaciones? 

No hay pecado, sólo hay locura: Esa locura que hace gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales cuando el presupuesto de Justicia está en 1.500 millones, esa locura que -a la hora de votar- hace que el voto de unos españoles valga tres veces menos que el de otros, esa locura que hace que se construyan aeropuertos y juzgados donde menos falta hacen, esa locura, en fin, que algunos tratan de hacer pasar por algo “moderno” cuando hace siglo y medio ya que es una idea residual de gobernantes residuales. 

Cuando la provinciofrenia es el criterio, el resultado es la injusticia. Es el momento de los políticos de verdad no de los “expertos” provinciofrénicos, es el momento de los que aún son capaces de darse cuenta que la Justicia es para las personas. Vale. 

La ciudad se muere entre banderas azules

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Hoy estoy en Vigo asistiendo en el Palacio de Congresos a una reunión de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España. Antes de entrar a escuchar al presidente gallego Núñez Feijoo veo decenas de pesqueros amarrados, carteles de “Pescanova” en los tinglados del muelle; pienso en el tremendo golpe que el mal fin de esta empresa puede suponer para los trabajadores y los pescadores de Vigo.

Dentro del palacio los abogados claman por que, con una enloquecida Ley de Planta, el ministro de justicia va a dejar sin jueces a la primera ciudad de Galicia porque -para el ministro- los tribunales no son para las personas sino para las “capitales” de provincia.

El ministro no piensa en personas, mira a España y no ve a los españoles, ve solo un mapa de rayas y colorines.

Y así, devolviendo a Vigo al siglo XIX, quiere convencernos de que alejando la administración de justicia del drama de la injusticia es como se solucionan las cosas.

Carecen de empatía, carecen de sentido común, carecen de la mínima humanidad y carecen del más mínimo conocimiento de cómo funciona la administración de justicia. Creen que las enfermedades disminuyen con no anotarlas en las estadísticas, creen que los conflictos disminuyen si no se les deja entrar en los juzgados, solo miran las cifras, no ven a las personas y ya no entienden que la justicia es para ellas y no para una entelequia llamada provincia que solo sirve para llenar los bolsillos de los diputados provinciales y para falsear los resultados de las elecciones.

Cuando entro veo que el presidente de los gallegos, en Vigo, no habla de cómo le pueden robar la justicia a Vigo dejándola sin jueces y sin colegio de abogados. Habla de las banderas azules de las playas, de lo bonita que es Galicia y de lo bien que se está aquí.

Sí, se está bien, sin trabajo, sin juzgados, sin justicia y sin esperanza; y así, entre banderas azules, sigue su discurso hablando de naderías. Entre banderas azules entierra el futuro de Vigo y se marcha tan contento. Hablando sin decir nada.

Pienso en los pescadores de Vigo marchando a Pontevedra a reclamar sus despidos, gastando sus ahorros en cruzar Rande, en llevar hasta la “capital” a peritos y testigos y me salgo del Palacio de Congresos, a ver a la gente de verdad, harto de tanto teatro, porque es mejor ver la tragedia del vigués que la comedia azul de banderas que se representa dentro.

Y pienso en Cartagena. Pienso mucho en Cartagena. Y pienso que no podemos dejar que esto pase.

Ideas residuales y LOPJ

goya-elsueno2Nicolai V. Krogius, psicólogo y Gran Maestro soviético, en su libro “La psicología en ajedrez” identificó un fenómeno llamado “imagen residual” como una de las principales causas de errores en el juego. Es un error, normalmente estratégico, que consiste, según sus propias palabras en “la traslación íntegra del avalúo de una posición anterior a la nueva situación creada en el tablero”.

Tal error no es exclusivo del juego del ajedrez y cada vez con más insultante frecuencia lo veo producirse en las decisiones de nuestros políticos que, sin mayor reflexión, aplican ideas de hace doscientos años a los problemas actuales, cual si la evaluación de la situación actual fuese la misma que la existente hace dos siglos. Tal ocurre con una de las más persistentes ideas residuales que existen: La provincia.

La provincia, en nuestro país, fue creada en 1833 como un sistema de división territorial destinado a servir al modelo de estado existente entonces (una monarquía centralista) que tenía en cuenta los muy deficientes censos poblaciones de aquellos años (el primer censo fiable de España se confeccionó en 1857) y el estado de las comunicaciones en 1833.

No necesito aclarar que ninguno, absolutamente ninguno, de los criterios que se tuvieron en cuenta en 1833 para establecer la división provincial perdura en nuestros días. Veámoslo.

Por lo que respecta al sistema político de monarquía centralista entonces existente nada queda del mismo tras la Constitución de 1978 salvo la filiación borbónica del rey.

En cuanto a los datos demográficos tenidos en cuenta en 1833 es obvio que no guardan parecido alguno con los actuales: la población de España en 2013 poco tiene que ver con la que pudiera existir en 1833. Los fuertes movimientos migratorios internos han provocado una distribución de la población muy distinta de la entonces existente por no hablar del tremendo aumento de la misma.

Por lo que respecta a las comunicaciones es obvio que 1833 y 2013 no se parecen absolutamente en nada. En 1833 el estado de las comunicaciones en España era medieval; no existía el ferrocarril ni tampoco el telégrafo, el correo viajaba a pié o a lomos de caballerías y la división provincial se realizó procurando que la capital no estuviese a más de un día de camino del pueblo más lejano.

Como puede observarse, ninguno de los criterios que se tuvieron en cuenta al crear la división provincial subsiste en la actualidad; es más, la España de 2013 está más lejos, cultural y tecnológicamente hablando de la de 1833 que esta lo estaba de la Hispania del año 0 de nuestra era.

Y sin embargo, la división provincial subsiste como un residuo ominoso de hace doscientos años; peor aún, la división provincial subsiste en las decimonónicas estructuras mentales de nuestros gobernantes, proyectando en el presente evaluaciones que hace tiempo dejaron de existir. Krogius no tendría duda: Nuestros políticos son víctimas de una imagen residual que les lleva a tener ideas que no puedo calificar sino de “residuales”.

Lo lamentable del caso es que las provincias, residuo inútil de un mundo periclitado, no sólo ejercen su influencia en las mentes medievales de nuestra clase política, sino que, usadas como unidad de estudios estadísticos, dificultan la visión real del país y conducen a que en el siglo XXI aún se dicten disposiciones estratégicas que nacen tan muertas como la idea que les sirve de base. Es el caso, por ejemplo, del nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial con que nuevamente vuelve a asombrarnos nuestro más que decimonónico ministro de justicia.

El, para nuestros males, ministro, ha decidido que la planta de los partidos judiciales de España será provincial. Podría haber atendido a las necesidades de la población y establecer tribunales allá donde se concentran los asentamientos humanos y la actividad económica, podría haber atendido a los índices de litigiosidad y establecer tribunales allá donde fuesen más necesarios, podría haber atendido a una mínima racionalidad pero… El ministro ha decidido usar de una idea “residual” que ya no obedece a nada y establecer tribunales “provinciales”, una idea tan muerta como del gusto de políticos que, lejos de ser conservadores (es bueno conservar las ideas valiosas y en ese sentido soy conservador) lo que son es “momificadores” de ideas cadavéricas.

Gracias a esa idea, por ejemplo, lugares como Granollers (unos 300.000 habitantes) o Vigo (unos 340.000) quedarán sin tribunal de instancia mientras que “provincias” como Soria (93.223 habs.), Teruel (144.607 habs.) o Segovia (164.169 habs.) sí dispondrán de estos tribunales.

Quizá alguien debería explicar qué falta o delito han cometido los habitantes de Granollers, Vigo, Jerez o Gijón para no merecer el mismo trato que los habitantes de Soria, Segovia o Teruel.

Entiéndaseme bien; no es que en Soria, Segovia o Teruel no hagan falta tribunales de instancia (claro que hacen falta) es que en Vigo, Gijón o Jerez hacen MÁS falta y, por tanto, también debiera haberlos allí. Y cuando digo Vigo, Gijón, Jerez o Granollers, estoy hablando también de Santiago de Compostela, de Ferrol, de Talavera de la Reina, de Antequera, de Lucena, de Lorca, de Orihuela, de Elche, de Alcoi, de Sueca, de Alzira, de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Mataró, de Vic, de Sant Feliú de Llobregat, de Figueres, de Alcalá de Henares, de Estella, de Tafalla, de Tudela, de Lanzarote, de Santa Cruz de la Palma, de Reus, de Tortosa… De todos esos lugares que, sin ser “provincias” mantienen una población y una actividad económica superior a la de muchas “provincias”.

Me duele particularmente el caso de Cartagena, mi ciudad. La Sección 5ª de la Audiencia de Murcia con sede en Cartagena extiende su jurisdicción sobre 400.000 personas (más personas que toda la comunidad autónoma de La Rioja) y, sin embargo, como en la residual mente de nuestros políticos residuales no tiene la etiqueta de “provincia”, puede sufrir la desaparición de sus tribunales de instancia.

La Justicia está para servir a las personas, no a ideas muertas de hombres muertos, pero en España cuando la Justicia señala a la población los políticos “residuales” miran a la provincia.

Sin duda Krogius tenía razón: las ideas residuales son fuente de errores (y de villanías, añado yo); esperemos que estos políticos “residuales” fruto de un sistema caduco sean como sus ideas también “residuales” y como residuos de un sistema muerto acaben pronto donde merecen.