Aconfesionalidad, procesiones y tradiciones

Me gusta la Semana Santa de Cartagena, la he disfrutado desde que tenía uso de razón y he participado en ella desde dentro y desde fuera desde que era niño; es quizá por eso por lo que siento que puedo criticarla, precisamente porque me gusta, porque la amo y porque yo desearía que, en el futuro que me quede por vivir, me siguiese gustando. Vayamos poco a poco.

Las procesiones de Cartagena no se entienden sin una masiva participación de entidades públicas en ellas: el ayuntamiento las subvenciona, el ejército coopera decisivamente (¿imaginan ustedes un Martes Santo sin la Infantería de Marina?) y diversas corporaciones públicas las apoyan y contribuyen al lucimiento general de los desfiles. Toda esta participación genera una situación de difícil equilibrio en un estado en el que, conforme al artículo 16.3 de la Constitución, «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». Cofrades y autoridades parecen muy a menudo olvidar el marco general que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y los Poderes Públicos y olvidándolo hacen un flaco, flaquísimo, favor a las procesiones que tratan de defender y potenciar. Veámoslo.

La presencia, en principio contraria a la separación Iglesia-Estado, de las instituciones públicas en las procesiones de Semana Santa ha generado en nuestro país abundante jurisprudencia que delimita cuándo pueden y cuándo no participar las entidades públicas en este tipo de actos. Resumidamente las lineas generales de la jurisprudencia de nuestros tribunales vendrían a ser —sin ánimo de ser exhaustivos— las siguientes:

Para que una entidad de derecho público pueda participar en una procesión de Semana Santa deben concurrir, al menos, las siguientes circunstancias:

  1. Que dicha participación responda a una tradición acreditada. Dicho de otro modo, la presencia de corporaciones públicas estaría vedada en procesiones de nueva creación o en actos religiosos en los que nunca antes hubiese participado.
  2. La presencia de la entidad no puede suponer una apología de la religión organizadora de la comitiva. Esto es fácil de entender y tanto sirve para impedir que unos artilleros griten «viva el Santísimo Sacramento» mientras escoltan a una Virgen como para que mañana, por ejemplo, las Comunidades Islámicas organicen una procesión donde un Tabor de Regulares dé escolta a los fieles al grito de «Alá es grande».
  3. La presencia de la entidad debe tener un fundamento lógico.

Esta jurisprudencia limitativa de la presencia de las corporaciones públicas en actos religiosos es, a mi juicio, bastante sabia. Por muy procesionista que sea uno entenderá fácilmente que a los contribuyentes ateos, agnósticos, musulmanes o budistas, no les haga ninguna gracia que el Ayuntamiento con sus impuestos subvencione actividades de otras religiones y no de la suya. Por otro lado, dado que conforme a la jurisprudencia expresada estas religiones no pueden acreditar tradición alguna con los poderes públicos de la tradicionalmente católica España, por aplicación del primero de los tres requisitos enunciados, no podrán esperar jamás que las entidades públicas participen en sus ritos pues, simplemente, lo tienen vedado por la misma ausencia de tradición.

Y ahora vayamos a las procesiones (dos) que en la tarde de ayer —Viernes de Dolores— ocuparon el centro de Cartagena.

Cualquier persona de suficiente edad sabe que esas procesiones no empezaron a salir a la calle —y con no poca polémica— más que a partir de 1979, un año después de aprobada la Constitución, de forma que tradicionales, lo que se dice tradicionales, no son y precisamente por ello ningún poder público (ejército, policía, guardia civil o funcionarios de la inspección de hacienda) está autorizado a participar en ellas, simplemente porque esas procesiones nunca existieron y no tienen la tradición que sí tiene, por ejemplo, la Magna Procesión Marraja, en que participa desde tiempo inmemorial la corporación municipal al completo o la acreditadísima tradición que vincula a las diferentes unidades militares de la ciudad con los apóstoles californios el Martes Santo.

Por qué salen dos procesiones la tarde del Viernes de Dolores en vez de una o ninguna es harina de otro costal y más es materia de sainete que de historia seria. Voy a abstenerme de contarla aquí, no quiero herir sensibilidades quizá no bien informadas, pero la existencia de estas dos procesiones obedece más a vanidades personales, a contravención de expresas órdenes eclesiásticas y a egos poco cultivados, que a razones litúrgicas o simplemente de tradición que, como les digo, no tienen en absoluto.

Pues bien, yo las procesiones vespertinas del Viernes de Dolores simplemente no las veo; cada uno tiene sus gustos y a mí no me gusta ver por la calle ese sinsentido cuyo nacimiento viví en directo —por entonces yo vivía mucho los entresijos de la Cofradía California—; lo que ocurre es que, cada año, me resulta más difícil esquivarlas siendo vecino como soy de la Calle de la Serreta y teniendo mi despacho en la Calle Jara, en el Gran Hotel.

Ayer el atasco procesionil era grande para llegar a mi casa. Mientras un San Juan transitaba por la Serreta, con una señora cofrade de no sé qué cofradía megáfono en ristre leyendo textos religiosos, por la paralela calle de San Vicente avanzaba otro paso que, si les digo la verdad, preferí ni mirar. Alcanzar el portal de mi casa no fue tarea fácil. Otros años me han sorprendido esas procesiones por la plaza de San Francisco y he podido comprobar con horror cómo la instituciones públicas, contraviniendo toda razón, participaban en ellas y eso, lejos de causarme indiferencia, me enojó.

España es un país donde ninguna religión es oficial, donde no se puede participar alegremente en cualquier acto religioso de nuevo cuño porque la participación es la excepción y no la regla. A mí me da igual si alguien quiere sacar una procesión de su cochera u organizar una romería a una ermita en el monte, lo que no me da igual es que se destinen recursos públicos a ello porque, con igual razón, musulmanes, judios, budistas y anabaptistas criptomaniqueos, pueden reclamar, con fundamento, iguales derechos por analogía.

A mí me gusta que en Cartagena la Infantería de Marina acompañe a San Pedro el Martes Santo —una larguísima tradición lo avala— pero me molesta que a cualquier santo que se saque por la calle en Semana Santa y fuera de Semana Santa —como ayer— se le asigne siquiera un céntimo de dinero público, mucho menos la presencia física de representantes de ninguna corporación. Hay tradiciones que es bueno mantener y hay cosas que, simplemente, ni son tradicionales ni tienen sentido.

En mi sentir creo que las procesiones de ayer más dañan la calidad de nuestra semana santa que la aumentan, aunque eso, desgraciadamente, ha sido —siempre a mi juicio— la tónica general en los últimos cuarenta años donde una fiebre procesionil se extendió por todas las capas de la sociedad —desde la derecha más rancia a la izquiera más radical— y las procesiones comenzaron a crecer casi siempre a base de imágenes, pasos y tercios de mala calidad cuando no simplemente irrelevantes. No encuentro ninguna imagen o paso nuevo en los últimos cuarenta años que haya mejorado la calidad de cualquiera de los ya entonces existentes y con estas dos procesiones de ayer me pasa lo mismo: creo que son perjudiciales para el conjunto general de nuestra Semana Santa, no aportan nada y bajan el nivel medio de calidad de la misma.

Y que nadie se moleste conmigo, si quieren salir que salgan, la calle es de todos, yo seguiré tratando de no verlas, lo que no me parece de recibo es que ninguna ayuda pública, monetaria o en forma de mera presencia, les llegue, salvo que se les haya de suministrar en estricto cumplimiento de la ley, porque si se siguen contraviniendo las normas de sentido común que regulan el difícil equilibrio iglesia-estado, que a nadie le extrañe que, a no tardar mucho, mi barrio, mayoritariamente musulmán, organice sus propias procesiones y pida que se subvencionen como las católicas.

Vamos a tratar de hacer las cosas con sentido, pues, las tradiciones son tradiciones y las procesiones de ayer, con perdón y sin que nadie se me enfade, son, a mi juicio, otra cosa. Llevemos cuidado y disfrutemos de nuestra Semana Santa, un espectáculo mucho más que religioso.

Ministros y procesiones

La separación iglesia-estado y el carácter aconfesional de España no parecen haber sido bien entendidos, tras 40 años de Constitución, por nuestros políticos que, llegada Semana Santa, compiten por participar en actos litúrgicos y procesiones conscientes del tirón popular de las mismas. La Semana Santa se convierte así en una especie de período pre-electoral en el que los padres de las patrias grandes y chicas se esfuerzan por demostrar su vinculación con tan populares tradiciones.

El espectáculo está servido, ministras de defensa golpeando las campanas de los pasos, ministros de justicia besando medallas o jaleando actos religiosos, alcaldes y concejales «codeándose» para salir delante de un paso y prebostes varios buscando cómo tener un momento de gloria en esta semana de pasión, ya sea dando pregones, portando velas o atizando turiferarios.

Yerran.

La presencia de las corporaciones civiles —que debiera ser excepcional— en este tipo de actos está sometida, legal y jurisprudencialmente, a requisitos que no son más que una aplicación del sentido común a estas cosas, a saber:

El primero de los requisitos es que exista una tradición previa que justifique la presencia de la corporación civil en ese acto. Tranquilos pues con las tradiciones… pero con las tradiciones de verdad; si el alcalde de su pueblo lleva saliendo en la procesión del Santo Entierro desde 1898 no tema, podrá seguir haciéndolo, pero, si al alcalde se le ocurre este año que va a salir por primera vez con la corporación municipal en el Via Crucis del Viernes de Dolores o en el Triduo del Muy Santo titular de una cofradía recién fundada, haría bien en pensárselo dos veces.

Me enfada ver a piquetes militares o de la policía local escoltando procesiones a las que nunca antes había escoltado, me molesta ver a alcaldes y concejales participando en actos cofrades en los que participan por primera vez y en general me molesta mucho este aprovechamiento político de ritos religiosos que, además, olvida y contraviene cómo han de ser las relaciones entre el poder político y las confesiones religiosas.

Cuidado, España es un país donde se hace algo dos veces seguidas y ya parece considerarse «tradición» y no es así. Ahora que ministros alcaldes y concejales acuden a actos religiosos de nuevo cuño o simplemente a los que antes no asistían, alguien debiera recordarles que España es un estado aconfesional, que su presencia allí no es acorde con este carácter aconfesional y que, incluso, su presencia en actos de nuevo cuño hace perder excepcionalidad a esos otros actos en los que sí ha sido siempre tradicional la presencia de corporaciones civiles. Las cofradías con tradiciones de verdad debieran estar particularmente interesadas y cuidar muy mucho que otras cofradías y políticos «wannabe» no infringiesen el ordenamiento, aunque sólo fuese por preservar su excepcionalidad.

Así pues, a todos aquellos que se lanzan al balamío cofrade en busca de votos, debiera dárseles un muy serio toque de atención: su conducta es con mucha probabilidad contraria al ordenamiento y perjudicial incluso para los actos en los que participan, claro que, eso, comparado con la expectativa de obtener unos cuantos votos más, a ellos no va a importarles mucho.

El segundo requisito es que la presencia de la corporación o cargo civil no suponga en ningún caso expresión de que se reconoce a la confesión en cuyo acto se participa mayor credibilidad o relevancia espiritual que a otras. Quienes, como representantes de instituciones o corporaciones civiles, participan en actos religiosos debieran cuidar muy mucho este extremo.

Y finalmente, es requisito que la presencia de la corporación en ese acto presente algún tipo de conexión lógica, otra cosa que no siempre sucede.

Si aplicásemos estas normas la participación de las corporaciones civiles en actos religiosos quedaría reducida a su justa expresión. Una tradición arraigada justificaría la excepcionalidad de la presencia de estas corporaciones en actos religiosos y vedaría el circo político-mediático que contemplamos cada Semana Santa. Sí, serían muy pocos los actos a los que pudiesen asistir políticos, pero eso es bueno para las tradiciones genuinas y sobre todo para legalidad constitucional.