No podéis privatizar el SOJ

El ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso el SOJ que presta el Colegio de Abogados de Madrid en las dependencias de servicios sociales del Ayuntamiento. Esto supone una privatización de un servicio que, por imperativo de la Ley 1/1996 reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), deben prestar los colegios de abogados.

Los responsables del desaguisado dicen obstinadamente que no y se fundan en tres razones fundamentalmente: La primera que la libre contratación de servicios públicos debe hacerse por concurso conforme a la normativa de la Unión Europea; la segunda que el SOJ que presta el Ayuntamiento no es el contemplado por el artículo 22 LAJG y la tercera, en consonancia con la anterior, que el Ayuntamiento lo que ofrece es un SOJ meramente «generalista».

Si fuese cierto el supuesto de hecho podría ser una buena explicación, lo que ocurre es que no lo es.

Todas las objeciones de los responsables del desaguisado se fundan, en el fondo, en una única cuestión: que los servicios que prestan los letrados del SOJ en las dependencias de Ayuntamiento son «generalistas» y nada tienen que ver con las contempladas en el artículo 22 de la LAJG que, recordemos, caracteriza estos servicios, literalmente, así:

«Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»

Los responsables del desaguisado afirman —no sé con qué información— que los servicios del SOJ que se presta en dependencias municipales no son esos pero, como internet es maravilloso, ha permitido que letrados de ese SOJ se hayan puesto en contacto conmigo y me hayan relatado sus actividades en él. Abróchense los cinturones.

El SOJ a que se refiere el Ayuntamiento, como es obvio, no se presta en el Colegio o en un Juzgado, sino que se presta en Centros de Servicios Sociales donde, por cierto, se mete a los abogados en cualquier despacho.

Los abogados no tienen acceso a los ordenadores del ayuntamiento de Madrid, no pueden usar ni los ordenadores, ni las fotocopiadoras, ni los teléfonos del ayuntamiento. Es el abogado quien ha de llevarse una carpeta con los modelos ya preparados: ficha de usuario, la de Justicia Gratuita, la de Suspensión de Plazos, la de Ejecución, los recursos de las Rentas Mínimas de Inserción, etc.

Los usuarios (muchos personas que apenas saben escribir) si piden que se les haga un escrito a menudo se enfadan porque el escrito no se puede hacer a ordenador, pues, como hemos visto antes los abogados no tienen acceso a ellos; si quieren buscar leyes o jurisprudencia eso han de hacerlo en sus móviles y con su linea de datos, pagando de su bolsillo el servicio, claro.

Los abogados del SOJ Ayuntamiento no solo rellenan Justicias Gratuitas (esto los causantes del desaguisado parecen ignorarlo), no solo han puesto en marcha suspensiones de plazos de usuarios sin cita —porque venían los trabajadores sociales y llegaban con un desahucio para dentro de tres días por ejemplo— es que incluso han puesto en marcha protocolos de Violencia de Género. Al SOJ del ayuntamiento han llegado usuarias sangrando de urgencias manifestando que les había pegado su marido y los abogados han salido con la ambulancia advirtiendo a otro compañero de Violencia de Género para que estuviese esperando en Comisaría. Esta es esa asistencia «generalista» de que hablan los responsables del entuerto. Ustedes decidirán si estas actividades están o no incluidas en el artículo 22 LAJG.

En fin, para qué contar, los abogados refieren infinidad de casos: usuarios con sus facultades mentales un tanto alteradas, casos dramáticos… lo que quieran ustedes imaginar.

Los abogados del SOJ, muy lejos de lo que pretenden los privatizantes, prestan asesoramiento es sobre Penal, Civil, Administrativo (la Renta Mínima de Inserción) y Laboral muy básico. Y sí…, efectivamente, estos letrados no pueden asesorar contra el Ayuntamiento de Madrid. Si el problema del ciudadano es con el Ayuntamiento de Madrid pues… entonces no hay SOJ. Maravilloso ¿verdad?

Hay zonas que tienen tanta demanda que aunque el servicio es de 4 horas y aproximadamente unos 20 minutos por usuario, tienen 2 días por semana y están citando a 2 semanas vista.

Son bastantes abogados los que están trabajando en este SOJ son muchísimos los ususarios que dependen de este SOJ.¿Podrían explicar los causantes de este embrollo cómo piensan que se va a seguir asistiendo a los usuarios? ¿Van a reducir su asesoría al estricto campo «generalista» y les van a dejar sin este servicio? ¿O piensan vulnerar la ley y bajo el subterfugio de llamar «generalista» al SOJ seguir prestando de tapadillo todos estos servicios que SÍ se prestan hasta ahora? ¿Van a dejar sin actividad a los letrados actuales para contratar falsos autónomos o letrados precarizados? ¿Seguirán vulnerando la independencia de los letrados y prescribiendo que no informen contra el Ayuntamiento?

Los políticos privatizantes antes deberían bajar a pie de obra y comprobar el servicio que de verdad se presta por los letrados y después obrar en consecuencia. Porque este asunto no es un asunto para hacer política ni empeñarse en mantenerla y no enmendarla. Este es un tema donde no hay más objetivo posible que servir a los administrados ni esfuerzo más respetable que el de los letrados del SOJ.

Si hay un mínimo de preocupación por los más desfavorecidos déjense de privatizaciones y rectifiquen.

SOJ Madrid: ¿estulticia o mamandurria?

Las noticias que llegan de Madrid en relación con la privatización del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) son preocupantes pero, aunque he buscado información, en primera instancia no he logrado enterarme bien de lo que estaba sucediendo de forma que he decidido profundizar un poco más y he encontrado esto. Para quien no sepa lo que es el SOJ les dejo, literalmente transcrito, el número 1 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) que fija como uno de los contenidos del derecho de asistencia jurídica gratuita el siguiente:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

Es importante señalar que tal servicio viene atribuido por la LAJG a los Colegios de Abogados, en, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley citada:

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Bien, si esto es así de claro, ¿qué ha podido pasar en Madrid?

Déjenme aclararles, antes de entrar en harina, que soy un decidido partidario del llamado «Principio de Hanlon» y que sólo atribuyo a mala fe las acciones ajenas cuando encuentro prueba plena al respecto, considerando en los demás casos que son consecuencia de la burricie, la estolidez, la necedad, la ignorancia o como ustedes prefieran llamarlo. Digo esto porque, como en este asunto están involucrados partidos de uno y otro signo político, no quiero que se vea en ninguna de estas líneas ánimo partidista alguno sino tan sólo lo que he podido llegar a saber o inferir en este asunto.

Bien, sentado lo anterior, pasemos a ver lo que he averiguado sobre este asunto.

Con anterioridad al concurso del que luego hablaremos el SOJ lo prestaba el Colegio de Abogados de Madrid, si bien, merced a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el servicio se prestaba no solo en las instalaciones del Colegio sino en determinados centros de servicios sociales. Así se deduce de la información que facilita públicamente el Ayuntamiento de Madrid en el link correspondiente (consultado el 22/08/2019).

Sin embargo, el 1 de marzo de 2019, unas semanas antes de las elecciones, se puso en marcha un concurso cuyo objeto es, cito textualmente:

Orientación jurídica generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y para las personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.

Parece, pues, que el Ayuntamiento decidió sacar a concurso una orientación jurídica «generalista» (ojo al adjetivo) que, para cualquiera, se superpondría a la asistencia propia del SOJ reservado en exclusiva a los colegios. Entrar en el debate de si la asistencia «generalista» es distinta del…

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto

…a que hace referencia la LAJG es una discusión estéril. Resulta imposible discriminar qué asistencias «generalistas» se encaminan a evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión de las que no tienen tal finalidad pues, en la vida real, cualquier vulneración de derechos puede o no puede dar lugar a un procedimiento encaminado a reconocerlos o restablecerlos.

¿Qué ha podido ocurrir?

Aplicando el principio de Hanlon quiero pensar que el Ayuntamiento, llevado por la ignorancia, ha considerado que si conveniaba con el Colegio la prestación de servicio, de la misma manera, podía sacarla a concurso. Si no aplicamos el

Principio de Hanlon no cabe otra explicación que la búsqueda de la posible y muy madrileña «mamandurria» pues no de otro modo podría explicarse una interpretación tan innecesariamente torcida de la LAJG.

Ayer se abrieron las plicas y ya sabemos quiénes han acudido a la llamada del concurso

-LABE ABOGADOS

-GMCP SERVICIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS SLP y

ACCEM,

A salvo de la tercera entidad concursante (una entidad vinculada a la Iglesia Católica) no conozco a los otros dos participantes en este concurso para un contrato de un valor estimado superior al millón de euros.

Debo decir que este tipo de iniciativas se vienen multiplicando en los últimos años y hay muchos ejemplos de ello lo que nos demuestra que, o bien la estulticia es mucha (Principio de Hanlon), o bien hay un deliberado interés en muchos políticos en aplicar al mundo de los servicios jurídicos los mismos principios que a cualquier otro sector de la economía, lo cual es inicuo en esencia: fíjense que en el contrato del Ayuntamiento de Madrid se atiende a todos los ciudadanos, salvo que —fíjense, fíjense— se propongan actuar contra el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, justicia gratis, sí, pero no contra mí que soy quien la paga. ¿Se imaginan que el Estado hiciese lo mismo? ¿Cerrábamos los juzgados de lo Contencioso? ¿Y qué será de aquellos ciudadanos sin recursos que quieran demandar al Ayuntamiento por una caída, una obra que les ha causado daños en sus propiedades, una prestación impagada o una multa injusta?

Las administraciones no entienden nada, los colegios no parecen hacérselo entender y en medio de este desaguisado avanzan las tesis de aquellos que pretenden hacer negocio con el turno de oficio y la justicia gratuita.

Ahora ustedes deciden ¿ignorancia o mamandurria?

Pueden encontrar los detalles del concurso en este link.

No es tu responsabilidad pero sí es tu problema

Sin duda tú no eres el responsable de evitar que se arrojen residuos al mar, pero cuando vas a bañarte y lo encuentras todo sucio sabes que sí es tu problema; tampoco eres responsable de que las naciones no vendan armas a países en conflicto, pero, cuando millones de desplazados piden auxilio en tu país huyendo de esas mismas bombas, sabes que es tu problema; no, no eres responsable de las decisiones que toma el gobierno de tu país, pero indudablemente, de no ser acertadas, sus consecuencias serán, sin ninguna duda, tu problema.

Leo las noticias del mundo de la abogacía y veo cómo el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, introduce modificaciones legislativas que pueden suponer la necesidad de inscribirse en el registro mercantil a buena parte de los abogados y de asumir algunas otras obligaciones de calado. Leo, por otra parte, que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha decide seguir el camino de Aragón y de la Comunidad Valenciana en sus deseos de privatizar el turno de oficio. Veo cómo los baremos en territorio común no se revisan desde 1996 o cómo no existen leyes de conciliación profesional, personal y familiar, para abogados y abogadas. Veo cómo competencias de la abogacía se traspasan a otras profesiones, como se trata de mercantilizar una profesión que no puede hacer del beneficio económico su primer objetivo y cómo se trata de debilitar a la primera y casi única defensa que tienen los ciudadanos frente al poder: la abogacía.

Veo todo esto y sé que no es responsabilidad de los abogados y abogadas evitarlo pero ¿adivináis de quién es el problema?

Puede que no sea responsabilidad nuestra —sin duda sí lo es de esas instituciones perennemente calladas como esfinges o sociedades secretas— pero lo que sí es seguro es que seremos nosotros, los abogados y abogadas de infantería, los que al final pagaremos la cuenta.

Puedes tranquilizarte diciéndote que nada de esto es responsabilidad tuya o —por el contrario— puedes asumir que tuyo es el problema y hacerte responsable de tu futuro.

Yo que tú no dejaría mi futuro en manos ajenas y me pondría a trabajar ya.

La crisis 2008: Privatizar los beneficios, socializar las pérdidas.

     Esta semana en Estados Unidos se han aprobado los planes que conducirán a la que será, probablemente, la mayor nacionalización de su historia. El país más poderoso del mundo, el paradigma del capitalismo, trata de dar carpetazo a la crisis hipotecaria nacionalizando las empresas en pérdidas mediante una operación que puede costar a cada norteamericano (hombres, mujeres, niños e inmigrantes incluidos) más de 3.000 dólares.

La medida ha sido celebrada por los mercados de capitales con una euforia bursátil sin precedentes y los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa han visto con alegría como, gracias a esos más de 3.000 dólares que va a pagar cada norteamericano, sus acciones suben de nuevo en la bolsa y cómo recuperan gran parte de lo perdido durante esta crisis.

Sin embargo, según fuentes bien informadas, parece ser que ninguno estos accionistas tiene la más mínima intención de compartir sus ganancias con los ciudadanos que van a pagar la cuenta de sus pasados desmanes. Seguir leyendo “La crisis 2008: Privatizar los beneficios, socializar las pérdidas.”