Traficantes de carne

Creo haber dicho ya que los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero y creo haber dicho también que me estremece ver cómo, en las noticias de la prensa económica, se publican tablas y cuadros comparativos de los beneficios obtenidos por esos despachos que suelen adjetivarse como «grandes» y que a mí, en cambio, lo que me cuesta es adjetivarlos como «de abogados».

Antes de que se me echen encima les diré que esta percepción no es exclusivamente mía; el mismísimo Piero Calamandrei, lo expresó de forma mucho más clara y dura que yo cuando dijo:

No me hables de riqueza, tu sabes que, el verdadero abogado, el que dedica toda su vida al patrocinio, muere pobre; ricos se hacen solamente aquellos que, bajo el título de abogados, son en realidad comerciantes o intermediarios…

Y de estos intermediarios —que ahora se dicen abogados— es de quienes quería hablarles yo hoy porque, ayer, en un canal de televisión, se emitió un documental que hablaba precisamente de esto: de intermediarios y de abogados.

La desregulación salvaje del sector legal que comenzó con la llamada «Ley Omnibus» ha conducido en muy pocos años a un panorama que, de no ser enfrentado ya y con decisión, puede conducir a la desaparición de la profesión que ejercemos. Nuestros políticos, absolutamente ajenos a ningún criterio que no sea el estrictamente económico, han regulado nuestra actividad cual si de un simple negocio se tratase y, al olvidar toda consideración distinta de la económica, han cometido un error que puede acabar con nuestra profesión para alborozo de los llamados «grandes despachos» y las también llamadas «grandes corporaciones». Veámoslo.

Empecemos por el principio de los principios, a saber: el ejercicio de la abogacia tiene como objetivo primero y primordial la defensa de los derechos ajenos.

Que la defensa de los derechos ajenos sea el primer objetivo de la abogacía supone, ya desde el principio, que una visión puramente empresarial del ejercicio profesional de la profesión o una orientación corporativa al beneficio económico es absolutamente incompatible con nuestra forma de entender la profesión.

La segunda consecuencia del principio enunciado es que, las leyes que traten de regular la abogacía, lo primero que habrán de tener en cuenta es la naturaleza no puramente empresarial de ese servicio al que llamamos abogacía.

Si el primer objetivo de las firmas de abogados va a ser obtener dividendos y la primera medida de su éxito va a ser cuantificar beneficios económicos, no duden que esta profesión pronto desaparecerá suplantada por una legión de mercaderes, intermediarios o, en el peor de los casos, delincuentes.

Tres cosas, nos enseñó Cicerón, que pagaban al abogado antes que el dinero: la admiración del público, el agradecimiento del cliente y la esperanza del resto de los agraviados en que podría haber justicia en su causa. Es cierto que ninguna de ellas alimenta mucho, pero, si la esperanza de quienes sufren injusticias va a descansar sobre unas firmas cuyo primer objetivo es ganar dinero, podemos ir despidiéndonos de la posibilidad de tener siquiera una ficción de estado de derecho.

Ya lo estamos viendo: firmas que ofrecen asesoramiento jurídico con amplia publicidad en medios de comunicación cual si tuvieran despachos en toda España y que lo que hacen es desviar los clientes que llaman para luego, compartir los honorarios del abogado porque ellos le han facilitado el cliente. Antes, al menos, estos zurupetos se ocultaban, ahora, convertidos en corporaciones, se exhiben a través de una publicidad insidiosa, para lucrarse con el trabajo de unos abogados acuciados por la crisis.

Ayer se veía en la televisión cómo empresas de internet ofrecían servicios jurídicos a precios inverosímilmente bajos o cobraban a los abogados unas cantidades nada despreciables con la promesa de hacerles llegar clientes que, luego, en multitud de casos no llegaban.

Si creemos que el beneficio económico es el primer objetivo de ¿«la abogacía»? este panorama que les acabo de contar es perfecto. Pero, si lo que creemos es que el primer objetivo de la abogacía es defender derechos ajenos y la esperanza de todos, este paisaje que les he descrito es simplemente el principio del fin.

Ya conocemos cómo se las gasta la industria del software subcontratando ingenieros a precio de salario de subsistencia. «Cárnicas» llaman los programadores a esas empresas que no parecen tratar con personas sino traficar con carne. Ya sabemos lo que ha ocurrido en el campo, por ejemplo, de las clínicas dentales o de las estéticas.

En el caso de la abogacía esta dependencia de corporaciones que subcontratan al profesional es muchísimo peor, pues la independencia es al abogado lo que la imparcialidad es al juez. Un abogado ha de servir al cliente y no a la cuenta de resultados de la empresa o despacho que le da el trabajo. ¿Alguien cree que toda la reacción que la abogacía independiente y humilde ha puesto en marcha contra las odiosas condiciones del mercado hipotecario la podrían haber puesto en marcha despachos entre cuyos clientes se cuentan los principales bancos de España?

No se engañen: si lo que queremos es becarios que defiendan los derechos de la ciudadanía para que los intermediarios o los comerciantes ganen dinero vamos en la dirección correcta; pero, si lo que deseamos es una abogacía que, como hasta ahora, sea independiente, sirva a los ciudadanos, les defienda frente a los poderosos y mantenga la esperanza de todos de que la justicia aún es posible en España, estas leyes puramente económicas son la muerte de todo cuanto amamos.

Quieren una abogacía dócil, con una planta judicial pequeña para no tener que abrir demasiados despachos ni tener que contratar demasiados abogados, sin restricciones publicitarias para poder traficar con el trabajo de los abogados y con una libertad de pacto absoluta en cuanto a honorarios para convertir a los profesionales de la abogacía en falsos autónomos pagados a precio de carne industrial.

Ahora, reflexiona un momento y dime si lo que quieres es eso porque, si no quieres eso, tendrás que levantarte y convencer a todos nuestros políticos de que tú no ejerces una profesión cuyo primer o único objetivo es ganar dinero y que, por lo mismo, no puede ser regulada como si fuese una actividad puramente mercantil.

Si crees que merece la pena levantarte y luchar por ello te espero en la Red de Abogados y Abogadas, porque tenemos que defender unos cuantos principios y hacer del futuro un lugar donde merezca la pena vivir.

Vamos.

Constitución y Justicia.

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Estoy seguro que habrán visto la escena en alguna película norteamericana: una clase de niños recita las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos («We, the people of the United States…»). El trabajo de Hollywood debe haber sido tan eficaz que tengo por cierto que hoy son más los españoles que saben cómo comienza la Constitución Estadounidense que los que saben cómo comienza la española de 1978. En particular creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido son quienes lo han tenido más olvidado y, mucho más particularmente, los ministros de justicia; porque, si conociesen las siete primeras palabras de la Constitución Española igual de bien que conocen las de la Constitución Norteamericana, sabrían que la nuestra comienza diciendo: «La Nación Española, deseando establecer la justicia…». Pero lo han olvidado si es que alguna vez lo supieron, decididamente lo han olvidado.

Parece que a nuestros gobiernos, si algo les pasa cuando llegan al poder, es que olvidan los principios y, el principio que antes que ningún otro olvidan, es el principio del principio de la Constitución. No de otro modo puede explicarse que los sucesivos gobiernos de España hayan venido destinando más de 6.000 millones anuales a mantener las diputaciones provinciales y tan sólo 1.500 a mantener la justicia; no de otro modo puede explicarse que se gasten más de 1.000 millones de euros en pagar altos cargos de las mismas diputaciones y tan sólo se destinen 34 a la justicia gratuita. Y el caso es que la Constitución comienza diciendo… «La Nación Española, deseando establecer la justicia…» y no diciendo… «La Nación Española, deseando establecer diputaciones provinciales…»

Quienes vivimos en regiones como la de Murcia, Madrid, Asturias, Cantabria o La Rioja sabemos que sin diputaciones provinciales se vive estupendamente, que uno puede ahorrarse una pasta en sueldos de diputados provinciales sin que nadie les eche de menos, pues sus funciones las asume la comunidad autónoma respectiva; lo que no tenemos tan claro es que podamos prescindir de los jueces o de la justicia sin que esto se convierta en lo que ya está siendo: el paraíso de la corrupción. ¿Alguien recuerda algún Gobierno de España después de los de Adolfo Suárez que no se haya visto afectado por escandalosos casos de corrupción?

He usado el ejemplo de las diputaciones provinciales, pero puede usted usar el que quiera, basta con leer los presupuestos generales del estado; si la Nación Española se dio una constitución porque deseaba establecer la justicia es obvio que nuestros gobiernos lo han olvidado y creen que la Nación Española, en realidad, se dio la Constitución porque deseaba establecer diputaciones, recalificar suelo rústico, construir urbanizaciones, ayudar a la banca privada, cobrar comisiones o gestionar «eres». Quizá haya que recordarles que hay que volver a los principios, al menos al principio de la Constitución.

Leo los programas electorales de los diversos partidos y en ellos el primer principio que menciona nuestra Constitución, la Justicia, no parece resultarle atractivo a ninguno: se le dedican pocas y ambiguas palabras, ningún compromiso presupuestario firme o creíble y pienso si no es nuestra obligación recordarles con nuestro voto cuál fue la primera razón que los españoles tuvimos en cuenta para vivir juntos.

Vivimos una crisis donde unos pocos han depredado a muchos, donde entidades financieras sin escrúpulos han situado al mundo al borde la bancarrota, donde políticos sin principios se han lucrado con comisiones y mordidas y donde la justicia ha sido incapaz de controlar y reparar sus desmanes porque simplemente se la dejó sin medios y maniatada.

Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas acabar con la corrupción. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas que la riqueza nacional se distribuya con equidad. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto te importan los principios. Vale.

Quedan 14 días para las elecciones generales. Feliz día de la Constitución.