La apuesta de Pascal

¿Creer en Dios o no creer en Dios? La pregunta puede plantearse en términos filosóficos, teológicos, antropológicos… Pero también puede plantearse desde el punto de vista de la mera conveniencia o de la teoría de juegos. En este sentido es famosa la llamada «apuesta de Pascal», una visión práctica del asunto donde al polímata Pascal lo que menos le preocupa es si dios existe o no, sino cual es la postura humana más práctica al respecto y concluye que esta es creer en dios, pues, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe o no, lo racional es apostar a que sí existe.

«La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna».

Lo malo de este asunto es que, cualquiera que te prometa la vida eterna, jugará con ventaja en la apuesta de Pascal y elegir entre Enlil, Enki, El, Ra, Atón, Yahveh, Ahura Mazda, Brahma o las enseñanzas de Confucio, Buda o Lao-Tse (por solo citar unos pocos) se convertirá en misión imposible pues, prometiendo todos la eternidad, conviene estar a bien con todos.

Creo que con los dioses me pasa a mí como con los políticos, que, prometiendo todos muchos, ninguno me inspira total confianza; aunque quizá haya un matiz importante: hay cosas que se saben y cosas que se creen. Lo de los dioses se cree, lo de los políticos se sabe.

Y siguen sin hablar de justicia.

Váis a tener que mentirnos

Leo los discursos electorales de los partidos que se presentan a las elecciones, escucho a sus líderes, escudriño las reacciones de su militancia y no descubro en ninguno de ellos el más mínimo interés por la justicia.

En un país donde banqueros inicuos han mandado a la ruina a millones de ciudadanos honrados, donde políticos infames se pavonean de doctorados y másteres que jamás estudiaron, donde las administraciones han sido oficinas de recalificar terrenos en favor de los amigos, de vender negocios al tres per cent, de colocar familiares o buscarse jubilaciones; donde los partidos han sido oficinas de recaudación para regocijo de sus líderes, donde —para triunfar— es mejor tener amigos que méritos; en un país así, que está buscando justicia como el enfermo que agoniza busca una bocanada más de aire, quienes pretenden decidir nuestro futuro no incluyen en él la justicia.

Sabemos que los programas electorales son como ese whatsapp que el rufián manda a su amada jurando quererla siempre y permanecer siempre a su lado mientras, entre mensaje y mensaje, busca pareja eventual en Tinder. Sabemos que esos programas son una colección de mentiras que sólo se cumplirán si resulta conveniente para los intereses de esos cuantos que gobiernan los partidos. Pero sabemos también que, si ni siquiera te mencionan en ellos, ya no es que no les importes ni les importe engañarte, es que no existes para ellos.

Los abogados y abogadas son parte decisiva de un país donde la justicia importe, aunque sea poco. Los abogados y abogadas de oficio son parte decisiva de un país donde la justicia de los más desfavorecidos importe, aunque sea menos que poco. Por eso, cuando veo que los abogados de oficio llevan un año en la calle reclamando que se les paguen sus miserables retribuciones y veo también que en ningún discurso electoral, ni siquiera les mienten y les dicen que cobrarán a tiempo cantidades dignas, es entonces cuando sé que les importamos menos que nada. Que todos estos políticos, criados y educados en la escuela de los másteres y doctorados de paripé, en el seminario de las inagotables tarjetas black, en la academia del tres por ciento, en el liceo de las recalificaciones urbanísticas, en el colegio del soborno y en la universidad de la corrupción; a estos políticos no les interesan ni los abogados de oficio, ni la justicia de los desfavorecidos, ni la justicia a secas y en mayúscula porque sólo ella es capaz de acabar con tanta tropelía y en el fondo bastantes de entre ellos, de quienes les precedieron o de quienes precedieron a los que les precedieron, habrían de dar cuentas muy incómodas ante una administración de justicia capaz de pedírselas.

Pero yerran, un estado de disgusto y de decepción se extiende y es ya general, un consenso cada vez más firme se asienta sobre la convicción de su dudosa honestidad, una hartazón cada vez mayor alcanza al electorado y ese consenso general ya no puede deshacerse sin apelar a la justicia.

Mentiréis, volveréis a prometer lo que no pensáis cumplir, volveréis a empeñar la palabra que hace tiempo perdísteis en la casa de empeños; pero vais a tener que mentirnos y, para entonces, podéis tener la seguridad de que una red de abogados y abogadas os estará esperando para pasar cuentas a limpio.

Ministros y procesiones

La separación iglesia-estado y el carácter aconfesional de España no parecen haber sido bien entendidos, tras 40 años de Constitución, por nuestros políticos que, llegada Semana Santa, compiten por participar en actos litúrgicos y procesiones conscientes del tirón popular de las mismas. La Semana Santa se convierte así en una especie de período pre-electoral en el que los padres de las patrias grandes y chicas se esfuerzan por demostrar su vinculación con tan populares tradiciones.

El espectáculo está servido, ministras de defensa golpeando las campanas de los pasos, ministros de justicia besando medallas o jaleando actos religiosos, alcaldes y concejales «codeándose» para salir delante de un paso y prebostes varios buscando cómo tener un momento de gloria en esta semana de pasión, ya sea dando pregones, portando velas o atizando turiferarios.

Yerran.

La presencia de las corporaciones civiles —que debiera ser excepcional— en este tipo de actos está sometida, legal y jurisprudencialmente, a requisitos que no son más que una aplicación del sentido común a estas cosas, a saber:

El primero de los requisitos es que exista una tradición previa que justifique la presencia de la corporación civil en ese acto. Tranquilos pues con las tradiciones… pero con las tradiciones de verdad; si el alcalde de su pueblo lleva saliendo en la procesión del Santo Entierro desde 1898 no tema, podrá seguir haciéndolo, pero, si al alcalde se le ocurre este año que va a salir por primera vez con la corporación municipal en el Via Crucis del Viernes de Dolores o en el Triduo del Muy Santo titular de una cofradía recién fundada, haría bien en pensárselo dos veces.

Me enfada ver a piquetes militares o de la policía local escoltando procesiones a las que nunca antes había escoltado, me molesta ver a alcaldes y concejales participando en actos cofrades en los que participan por primera vez y en general me molesta mucho este aprovechamiento político de ritos religiosos que, además, olvida y contraviene cómo han de ser las relaciones entre el poder político y las confesiones religiosas.

Cuidado, España es un país donde se hace algo dos veces seguidas y ya parece considerarse «tradición» y no es así. Ahora que ministros alcaldes y concejales acuden a actos religiosos de nuevo cuño o simplemente a los que antes no asistían, alguien debiera recordarles que España es un estado aconfesional, que su presencia allí no es acorde con este carácter aconfesional y que, incluso, su presencia en actos de nuevo cuño hace perder excepcionalidad a esos otros actos en los que sí ha sido siempre tradicional la presencia de corporaciones civiles. Las cofradías con tradiciones de verdad debieran estar particularmente interesadas y cuidar muy mucho que otras cofradías y políticos «wannabe» no infringiesen el ordenamiento, aunque sólo fuese por preservar su excepcionalidad.

Así pues, a todos aquellos que se lanzan al balamío cofrade en busca de votos, debiera dárseles un muy serio toque de atención: su conducta es con mucha probabilidad contraria al ordenamiento y perjudicial incluso para los actos en los que participan, claro que, eso, comparado con la expectativa de obtener unos cuantos votos más, a ellos no va a importarles mucho.

El segundo requisito es que la presencia de la corporación o cargo civil no suponga en ningún caso expresión de que se reconoce a la confesión en cuyo acto se participa mayor credibilidad o relevancia espiritual que a otras. Quienes, como representantes de instituciones o corporaciones civiles, participan en actos religiosos debieran cuidar muy mucho este extremo.

Y finalmente, es requisito que la presencia de la corporación en ese acto presente algún tipo de conexión lógica, otra cosa que no siempre sucede.

Si aplicásemos estas normas la participación de las corporaciones civiles en actos religiosos quedaría reducida a su justa expresión. Una tradición arraigada justificaría la excepcionalidad de la presencia de estas corporaciones en actos religiosos y vedaría el circo político-mediático que contemplamos cada Semana Santa. Sí, serían muy pocos los actos a los que pudiesen asistir políticos, pero eso es bueno para las tradiciones genuinas y sobre todo para legalidad constitucional.