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Mentiras ministeriales

«Epistula non erubescit» (el papel no se sonroja) nos dijo Cicerón hace dos mil años, aludiendo a que, por más que lo que se escribe en un texto sean mentiras y falsedades deleznables, ni el papel ni el texto en él escrito mostrarán el más mínimo signo de vergüenza. Lo novedoso en este siglo XXI es que ya no es el papel el que no se sonroja, sino que, al parecer, ni siquiera los ministros lo hacen.

Ayer la cuenta tuíter del ministerio de justicia publicó el tuit que sigue a este párrafo, tuit que reproducía una frase o idea transmitida por el ministro de justicia Rafael Catalá Polo en la así llamada «vigésimo tercera intermunicipal PP». La frase contenida en el tuit era literalmente la que en él se ve: «Apostamos por una Justicia próxima, se viva donde se viva» y se quedó tan ancho.

El ministro, sin pudor ni vergüenza alguna, transmitió este mensaje apenas tres meses después de que dejase a dos tercios de la población española sin juzgados donde acudir a solventar sus reclamaciones hipotecarias, inhabilitando 381 partidos judiciales en favor de un sólo juzgado en la capital de provincia e imponiendo, por ejemplo, a los habitantes del partido judicial de Herrera del Duque, la tasa encubierta de tener que circular 400 kms cada vez que pretendan acercarse al juzgado que conoce de su cláusula suelo en Mérida, la capital de su comunidad.

Esto mismo ocurre a dos terceras partes de la población española (sí, en España dos tercios de su población no viven en capital de provincia) pero el ministro —a pesar de las fuertes protestas de todos los profesionales de la justicia, asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, procuradores y abogados— decidió dar el visto bueno al insensato plan provinciofrénico que le propuso un nada independiente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gracias a esa insensatez el juzgado especial de Madrid está ya colapsado con 11.000 demandas, la mayoría sin proveer (11 años de retraso), cuando si se hubiesen usado los 101 juzgados de que dispone la Comunidad de Madrid habrían repartido unos 100 cada uno lo que alargaría un mes el tiempo medio esperado de respuesta. Parte de esas 11.000 demandas archivadas en los suelos del juzgado son las que ven en la fotografía que sigue y que es ya viral en la red.

Pues bien, ese es Catalá: el ministro reprobado que alejó la justicia de las dos terceras partes de la población española y ese es Catalá también, el ministro que es capaz de decir justo lo contrario de lo que hace con todo desparpajo y sin que asome a su rostro el más leve rasgo de vergüenza. La realidad no le impedirá decir nunca lo que él entienda más apropiado en cada momento, en la era de la «postverdad» el ministro es un virtuoso.

Darwin se quedaría estupefacto si contemplase a este hombre a quién todavía, hace un par de meses, algunos abogados —me da pena decirlo— aplaudían ostensiblemente en Granada.

Ninguna emoción producía más intriga a Darwin que la de la vergüenza y los cambios físicos asociados a la expresión de esta emoción. Le sorprendía que el ser humano manifestase instintivamente su vergüenza, por ejemplo, ruborizándose; veía en esta reacción panhumana una amenaza para su teoría de la evolución pues ¿qué ventaja evolutiva puede aportar al ser humano el evidenciar ante el resto de la comunidad que sabe que ha obrado mal? Nada tan humano como la vergüenza y nada tan inhumano como la ausencia absoluta de ella.

Cuentan que, cuando preguntaron al «Guerra» (el torero, no el ministro) cómo era posible que a un banderillero de su cuadrilla le hubieran nombrado Gobernador Civil de una provincia sureña, el diestro respondió con una afirmación que suscribiría el mismo Darwin si resucitase: «Degenerando».

Hemos llegado a un grado de degeneración tal en algunos sectores de nuestra clase política que Darwin hubiese quedado atónito y Cicerón hubiese tenido que pensárselo dos veces antes de repetir su cita porque «Epistula non erubescit», cierto, pero los ministros tampoco.

No se puede engañar a todos todo el tiempo: ya está bien, acabemos con esta farsa.

La Justicia es para las personas

Si usted tuviese que organizar el sistema de extinción de incendios forestales de un país cualquiera, estoy seguro que, antes de gastar el dinero de los contribuyentes y distribuir los parques de bomberos, aeródromos e hidroaviones, tendría usted en cuenta si en dicho país hay árboles o plantas, dónde se localizan y dónde hay mayor riesgo de incendio. Estoy seguro que usted no dedicaría muchos medios a prevenir incendios forestales en la Antártida mientras que pondría buen cuidado en que hubiese abundantes medios en Galicia, por ejemplo. Es de sentido común: los incendios forestales se producen donde hay árboles y plantas y esto es algo tan evidente que hasta la mente más simple lo entendería. Esto, que es evidente en cualquier lugar del mundo en España no lo es, pues padece desde hace siglo y medio una extraña enfermedad político-mental, una grave forma de locura llamada «a de locura llamada «a de locura llamada «provinciofrenia», que anula el sentido común y la capacidad de pensar racionalmente.

 Esta enfermedad, endémica de nuestra clase dirigente, la lleva, por ejemplo, a gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales (el presupuesto del Ministerio de Justicia ronda solo los 1.500 millones) o a construir aeropuertos justo allá donde no son necesarios. Así, por ejemplo, se construyen aeropuertos en Castellón o Ciudad Real no porque haya demanda de vuelos, sino porque son provincias; si no sirven de nada y hay que cerrarlos parece importar poco. 

La provinciofrenia es una enfermedad cuyo virus se inocula a los españoles en la escuela a base de mapas con rayas y colorines y para la cual no se conoce hasta ahora otro tratamiento que el estudio y la reflexión; pero (¡ay!) ciento ochenta años de provinciofrenia no se curan fácilmente y nuestro país está tan gravemente infectado por ella que en este momento es difícil encontrar ninguna institución pública que no esté afectada por la misma.

La provinciofrenia, por ejemplo, hace que en nuestro sistema electoral el voto de un ciudadano de Segovia valga tres veces y media más que el de un ciudadano de Madrid (ver mapa); o que el voto de un ciudadano de Zamora valga exactamente el doble que el de un ciudadano de Vigo. La provinciofrenia hace en España imposible que se cumpla el esencial principio democrático «una persona un voto» porque la democracia o la igualdad importan poco cuando el legislador sufre un ataque de provinciofrenia. 

Ahora le ha tocado el turno de padecer esa enfermedad a nuestra administración de justicia pues, desde el ministerio del ramo, se ha propuesto una nueva ley de planta que no puedo calificar sino de provinciofrénica. Todos los juzgados se concentrarán en las llamadas “capitales de provincia” y esto con independencia de la población o número de litigios que hayan de atender. Los 19 millones de habitantes de las “capitales” tendrán los juzgados, los 28 millones de españoles restantes asumirán el gasto y sufrirán las consecuencias. 

Cualquiera puede entender que, al igual que los sistemas de extinción de incendios forestales son para los árboles y plantas, la administración de justicia debería diseñarse para atender a las personas y sus conflictos jurídicos. Cualquiera puede entender, igualmente, que si el diseño de los sistemas de extinción de incendios forestales deben atender sobre todo al número de árboles y al riesgo de incendio, la administración de justicia debería atender sobre todo a las personas y al número de conflictos jurídicos que deba solucionar. 

Eso, que lo entendería cualquiera, no parecen entenderlo los “expertos” de nuestro Ministerio de Justicia. 

Si la administración de justicia ha de atender a personas y conflictos no se entiende que se creen tribunales de instancia en Soria (95.223 habitantes en toda la “provincia”) y no en Vigo (341.351 habitantes tan sólo en su partido judicial). No es que Soria no necesite juzgados de Primera Instancia -que los necesita y mucho- es que Vigo los necesita tres veces y media más. 

Alguno de esos provinciofrénicos “expertos” del ministerio deberá explicar en algún momento a los habitantes de Vigo, por ejemplo, por qué razón no tienen derecho a tener Juzgados de Instancia o por qué su voto vale tres veces menos que el de un ciudadano de Soria. Algún delito muy grave han debido cometer los vigueses para ser ciudadanos tan de segunda, para que valga tan poco su voto, para que no merezcan tener cerca juzgados y además hayan de mantener con sus impuestos la Diputación (provincial, por supuesto). 

Y si digo esto de Vigo lo mismo puedo decir de mi ciudad (Cartagena) cuya Sección de la Audiencia Provincial cuida de más ciudadanos y resuelve más asuntos civiles que toda la Comunidad Autónoma de La Rioja o las provincias de Soria, Teruel y otras varias. Alguien (los “expertos”) deberá a explicar a los ciudadanos de Cartagena por qué los habitantes de La Rioja tienen derecho a tener juzgados de primera instancia y los de Cartagena no, o por qué el voto de un cartagenero vale menos que el de un segoviano, un soriano o un turolense. 

¿Qué pecado han cometido los habitantes de Vigo, Cartagena, Jerez, Gijón, Reus, Elche, Sabadell, Talavera o Manresa, entre otros muchas poblaciones? 

No hay pecado, sólo hay locura: Esa locura que hace gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales cuando el presupuesto de Justicia está en 1.500 millones, esa locura que -a la hora de votar- hace que el voto de unos españoles valga tres veces menos que el de otros, esa locura que hace que se construyan aeropuertos y juzgados donde menos falta hacen, esa locura, en fin, que algunos tratan de hacer pasar por algo “moderno” cuando hace siglo y medio ya que es una idea residual de gobernantes residuales. 

Cuando la provinciofrenia es el criterio, el resultado es la injusticia. Es el momento de los políticos de verdad no de los «expertos» provinciofrénicos, es el momento de los que aún son capaces de darse cuenta que la Justicia es para las personas. Vale.