Los abogados y los bienes inembargables

Los abogados y los bienes inembargables

Proclama el ordinal segundo del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que serán inembargables:

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Dicho de otro modo, si es usted albañil sus herramientas de trabajo son inembargables y, si es usted programador, puede estar tranquilo, su ordenador y periféricos necesarios para su trabajo están a salvo del banco.

No es que la ley le haga a usted ningún favor, no; lo que la ley quiere es garantizarse que usted podrá seguir trabajando y pagar a su acreedor porque, como seguramente usted sabe —y si no lo sabe yo se lo digo—, en España las deudas son vitalicias y usted estará obligado a satisfacerlas no hasta el límite de sus haberes (como los bancos y las personas jurídicas) sino hasta que las pague o por completo o se muera. Quizá esto que le cuento le sorprenda, en España estamos acostumbrados a que las deudas sean para siempre, pero eso que a usted le parece normal es una anomalía tanto histórica como geográfica.

Pero vamos a lo que importa. Si lo que la ley persigue es que los deudores puedan seguir trabajando hasta pagar su deuda ¿qué sentido tiene impedir el ejercicio profesional al letrado o letrada que no han podido pagar su cuota colegial o de la Mutualidad de la Abogacía?

Pareciera que hablar de pobreza en la abogacía molesta y, sin embargo, no es arriesgado afirmar que un tercio de los abogados y abogadas de España están en situación límite a la insolvencia.

Hace dos años la Mutualidad de la Abogacía remitió cuarenta mil cartas a abogados y abogadas que no estaban al corriente de sus pagos y los colegios de abogados no son ajenos al volumen de impagados que soportan en las cuotas, a pesar de su moderado importe. Cuarenta mil abogados de un censo de menos de ciento cincuenta mil indica que nos hallamos en una situación límite en un momento en que una nueva recesión se anuncia. ¿Cómo resistirán esos abogados y abogadas, sus familias y sus hijos, a un nuevo golpe?

No todo han de ser malas noticias, pues, para quienes cotizan como autónomos el impago de sus cuotas no les impedirá continuar con su ejercicio. Si mis compañeros laboralistas no me han informado mal —yo no soy laboralista— en el caso de estar afiliado al RETA (régimen de los trabajadores autónomos) el impago no impide trabajar y si se gana menos del salario mínimo no hay obligación de pago.

Y si esto es así ¿Por qué el impago de cuotas priva a los abogados y abogadas de la única herramienta con que podrían pagar sus deudas?

El último proyecto de ley de Colegios y servicios profesionales previó poner fin a esta aberración y expresamente prohibió que se pudiese privar de su capacidad para el ejercicio profesional a quien no pagase su cuota colegial. Todo ello, claro, sin perjuicio de que se reclamasen dichas cantidades con los recargos procedentes; pero, lo que no se toleraba, era privar a abogados y abogadas de su herramienta de trabajo. Nada extraño, tal proyecto de ley solo pretendía tratar a letrados y letradas de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Civil trata al resto de los españoles.

Las deudas no pueden llegar a tanto que impidan trabajar al deudor pues ello es condenarle a la muerte civil y eso es así en cualquier lugar del mundo civilizado, incluida España, aunque, al parecer, la república de la abogacía no debe formar parte de este país porque es la única a la que no alcanza tal limitación.

Sé que molesta oír hablar de pobreza en la abogacíay que los dirigentes sector prefieren vivir en mundos llenos de microrrelatos, estupefacientes digitales que no entienden, ferias de muestras, coros y danzas y, sobre todo, competiciones de bisutería condecorativa. Pero, sepámoslo, en la abogacía hay bolsas no de escasez o apretura, sino de pura pobreza, y esas bolsas alcanzan a abogados que, hasta ahora, se habían ganado la vida dignamente. Una nueva recesión se anuncia y en la cubierta del Titanic de la abogacía la orquesta sigue interpretando polkas.

Alguien tendrá que enfrentar la crisis que viene y tomar las medidas precisas para que esta no golpee, como siempre, a quienes menos convendría que golpease.

Está en tus manos impedirlo. Aún puedes ir a Córdoba.

¿Quién defiende a los abogados?

De entre las obligaciones que acompañan al cargo de decano la más triste es, sin duda, la de asistir a los funerales de los abogados y abogadas que nos dejan. Son muchos años de ejercicio y nos conocemos todos, muy a menudo también sus familiares son amigos o conocidos y esto hace mucho más duras aún este tipo de despedidas.

Sin embargo, nada me produce tanta ira ni tanta frustración como cuando pienso que alguno de estos abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada honradamente al ejercicio de la abogacía, pudiera no estar al corriente de pago en la Mutualidad. Quizá a ustedes les parezca un simple detalle, a mí no.

Cuando un abogado no puede pagar sus cuotas de la Mutualidad, esas que aseguran su jubilación o la tranquilidad económica de su familia, es que algo muy grave está pasando en su despacho, la crisis, la falta de clientes que pagan o la sobra de clientes que no pagan… quién sabe; en todo caso, cuando un abogado no puede atender al pago de la mutualidad, es que atraviesa una situación difícil.

Sé de lo que les hablo, conozco los embargos de las miserables retribuciones del turno de oficio y conozco los agobios por los que pasan muchos de nuestros compañeros, pero si algo me produce ira y frustración es que compañeros con muchísimos años de ejercicio a cuestas puedan experimentar dificultades para pagar la Mutualidad.

He tratado de investigar cuántos abogados de España podrían encontrarse en esta situación -no encuentro cifras oficiales- y me llega noticia de que la cifra podría estar en torno a los 26.000 (salieron 40.000 cartas recientemente). Una cifra de 26.000 abogados en problemas con la Mutualidad, de confirmarse, nos hablaría bien a las claras de que el 20% de los abogados (uno de cada cinco) estaría al borde de ir a la lona y acabar para siempre con su ejercicio profesional. 

Y mientras pienso esto me acuerdo de cómo nuestra profesión ha ido perdiendo espacios por efecto de la acción de lobbys particularmente activos sin que la abogacía haya opuesto, aparentemente, ninguna medida efectiva. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, que en los años 90 suponían un importante sector económico para los abogados, ahora están prácticamente acabados merced a unas leyes que sólo favorecen a las aseguradoras y no a los asegurados. Para que se hagan una idea: en 1994, en Madrid, un ciudadano percibía 10.000 pesetas (60€) por día de baja derivado de accidente de tráfico, mientras que en 2016 percibió unos 52€ (algo más de 8.000 pesetas) por el mismo concepto; es decir, en materia de indemnizaciones estamos a niveles de hace más de veinte años, como suena.

Y me acuerdo también de cómo el legislador, sistemáticamente, ha percibido la presencia del abogado como perturbadora (no necesito recordarles las abyectas manifestaciones de Margarita Robles hace unos pocos días desde la tribuna del Congreso) y ha tratado de apartarlo de cuantos espacios ha podido, particularmente de aquellos en que medraban sus amigos los bancos.

Y me acuerdo de cómo la abogacía parece no haber sido capaz de hacer nada frente a toda esta labor realizada de adverso y, por venírseme a la cabeza, se me vienen a la memoria hasta saraos en el Ritz a costa de los de siempre que, automáticamente, multiplican mi ira.

He pasado demasiados años viendo como esta profesión, la profesión que amo, se encoge a impulsos de intereses mucho menos nobles que los que ella encarna y siento que es tiempo ya de hacer algo; que con uno de cada cinco compañeros al borde del abismo, que con una profesión insultada desde la tribuna del Congreso, que con una justicia gratuita puesta en jaque por el fisco (Hacienda contra Justicia ¿imaginan el resultado?) es tiempo de hacer algo… y algo distinto de lo hecho hasta ahora. Vamos.