Héroes de tebeo

Quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá no vi las películas correctas, quizá los héroes de mis tebeos jamás existieron en la vida real. A lo mejor todo aquello no era más que un engaño.

Gracias a esos libros, a esas películas y a esos tebeos yo tuve la oportunidad de combatir en Cartagena con Don Blas, un españolazo de Pasajes que se había dejado medio cuerpo al servicio de su patria; también estuve en Trafalgar enrolado en el Bahama y allí vi cómo una bala de cañón le volaba la cabeza a nuestro capitán, un hombre que además de marino era científico y de los buenos: Don Dionisio Alcalá Galiano; vi también a Don Casto Méndez Núñez aguantar a cuerpo limpio el bombardeo de El Callao después de decirle a americanos e ingleses que no le tocasen las narices o se vería obligado a echarlos a pique por la cosa de la honra…

Los héroes de mis libros y tebeos eran tipos previsibles: Si la tropa pasaba hambre ellos pasaban hambre con la tropa; si el barco había de combatir ellos se plantaban en el puente en uniforme de gala y no colocaban a sus hombres en más peligro de aquel en que ellos mismos se colocaban; si, en fin, el barco se iba a pique, ellos eran los últimos en abandonarlo y eso siempre y cuando no les diese la petera de hundirse ellos con él.

Lo que nunca vi ni leí es que esos hombres comiesen caviar mientras la tropa ayunaba, mandasen sus hombres a la muerte mientras ellos huían o agarrasen el primer bote salvavidas cuando el barco amenazaba con irse a pique. Esas acciones no eran propias de estos hombres, esas acciones las llevaban a cabo los villanos, los malvados, los infames y repugnantes sujetos que ilustraban todo aquello que los niños debíamos odiar.

Hoy mientras trataba de dormir pensaba en estos hombres de mis novelas y en los españoles del año 2020. Hoy nos dejan sin vacaciones ministros que se van de playa y chiringuito, nos dicen que reformarán la justicia quienes profundizan en su dependencia judicial, no invierten en ella ni el tiempo de sus vacaciones y no gastan más que palabras hace tiempo ya gastadas.

Los hombres de mis libros no dejarían sin permiso a la tropa sin renunciar ellos a su parte antes que nadie, porque, de no hacerlo así, la tropa sabría inmediatamente que estaba ante uno de aquellos infames y repugnantes sujetos que, según aquellos libros, ilustraban todo cuanto se debía odiar.

Parece que en 2020 las cosas no son así, quizá no lo fueron nunca, quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá aquellos héroes no existieron jamás; a lo mejor, en fin, todo aquello no era más que un engaño.

O a lo mejor no y un día les remitimos una factura que nunca podrán pagar.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los “litigiosos”. Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas (“no win no fee“) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

El ministro de justicia se ha quitado la careta

Los grupos de presión ya no necesitan presionar al gobierno, ahora, directamente, el gobierno les encarga la redacción de las leyes; las empresas que dominan el mercado ya no tienen que tratar de atraerse al poder, el poder directamente las llama para que plasmen sus deseos en los textos a debatir por las cámaras.

Si la abogacía real de este país, esa que componen un abrumador 85% de abogados y abogadas, tenían alguna duda el ministro de justicia hoy se la despejado: la redacción de la ley del derecho de defensa ha sido encargada a Garrigues Walker, el más conspícuo representante de la abogacía-negocio de España.

En un mundo jurídico cada vez más mercantilizado y alejado de los principios fundacionales básicos de la abogacía el ministro ha hecho su declaración, no de principios, que a lo que se ve no los tiene, sino de intereses.

Si este es un ministro de izquierdas en un gobierno de izquierdas entonces Gallardón era sin duda anarquista.

Es hiriente, causa arcadas, produce úlceras, comprobar cómo, en medio de la crisis, cuando el ministro no ha tenido ni un hecho y ni siquiera una palabra amable para con la abogacía real de este país, cuando no se le conoce una iniciativa con sentido, cuando ni una medida de mínima importancia ha tomado en relación con el funcionamiento de la administración de justicia su preocupación en los últimos días haya sido tratar de entregar la instrucción a los fiscales y ahora entregar la redacción del borrador de la ley a uno de esos despachos que representan la antítesis de la maravillosa abogacía de este país.

El ministro no podía llegar a más en menos tiempo. Hoy la abogacía de a pie ya sabe por qué el ministro no ha levantado ni una vez la voz ni la pluma para tratar de defenderla y no lo ha hecho, simplemente, porque esta abogacía es su objetivo, pero el objetivo a eliminar.

La amenaza es grave y hecha en el momento más grave y más duro de la historia reciente pero no lo va a lograr. No lo va a lograr.

A la abogacía real española, tiene que saberlo este más que provisional ministro, le esperan todavía muchos años de hambre y de gloria, pero sobre todo, le quedan años y memoria para no olvidar jamás la inicua conducta de un ministro prescindible.

Cuando este ministro haya de dejar su cargo con oprobio la abogacía española estará aquí para verle marchar. Más vale que lo recuerde.

Mentiras ministeriales

«Epistula non erubescit» (el papel no se sonroja) nos dijo Cicerón hace dos mil años, aludiendo a que, por más que lo que se escribe en un texto sean mentiras y falsedades deleznables, ni el papel ni el texto en él escrito mostrarán el más mínimo signo de vergüenza. Lo novedoso en este siglo XXI es que ya no es el papel el que no se sonroja, sino que, al parecer, ni siquiera los ministros lo hacen.

Ayer la cuenta tuíter del ministerio de justicia publicó el tuit que sigue a este párrafo, tuit que reproducía una frase o idea transmitida por el ministro de justicia Rafael Catalá Polo en la así llamada «vigésimo tercera intermunicipal PP». La frase contenida en el tuit era literalmente la que en él se ve: «Apostamos por una Justicia próxima, se viva donde se viva» y se quedó tan ancho.

El ministro, sin pudor ni vergüenza alguna, transmitió este mensaje apenas tres meses después de que dejase a dos tercios de la población española sin juzgados donde acudir a solventar sus reclamaciones hipotecarias, inhabilitando 381 partidos judiciales en favor de un sólo juzgado en la capital de provincia e imponiendo, por ejemplo, a los habitantes del partido judicial de Herrera del Duque, la tasa encubierta de tener que circular 400 kms cada vez que pretendan acercarse al juzgado que conoce de su cláusula suelo en Mérida, la capital de su comunidad.

Esto mismo ocurre a dos terceras partes de la población española (sí, en España dos tercios de su población no viven en capital de provincia) pero el ministro —a pesar de las fuertes protestas de todos los profesionales de la justicia, asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, procuradores y abogados— decidió dar el visto bueno al insensato plan provinciofrénico que le propuso un nada independiente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gracias a esa insensatez el juzgado especial de Madrid está ya colapsado con 11.000 demandas, la mayoría sin proveer (11 años de retraso), cuando si se hubiesen usado los 101 juzgados de que dispone la Comunidad de Madrid habrían repartido unos 100 cada uno lo que alargaría un mes el tiempo medio esperado de respuesta. Parte de esas 11.000 demandas archivadas en los suelos del juzgado son las que ven en la fotografía que sigue y que es ya viral en la red.

Pues bien, ese es Catalá: el ministro reprobado que alejó la justicia de las dos terceras partes de la población española y ese es Catalá también, el ministro que es capaz de decir justo lo contrario de lo que hace con todo desparpajo y sin que asome a su rostro el más leve rasgo de vergüenza. La realidad no le impedirá decir nunca lo que él entienda más apropiado en cada momento, en la era de la «postverdad» el ministro es un virtuoso.

Darwin se quedaría estupefacto si contemplase a este hombre a quién todavía, hace un par de meses, algunos abogados —me da pena decirlo— aplaudían ostensiblemente en Granada.

Ninguna emoción producía más intriga a Darwin que la de la vergüenza y los cambios físicos asociados a la expresión de esta emoción. Le sorprendía que el ser humano manifestase instintivamente su vergüenza, por ejemplo, ruborizándose; veía en esta reacción panhumana una amenaza para su teoría de la evolución pues ¿qué ventaja evolutiva puede aportar al ser humano el evidenciar ante el resto de la comunidad que sabe que ha obrado mal? Nada tan humano como la vergüenza y nada tan inhumano como la ausencia absoluta de ella.

Cuentan que, cuando preguntaron al “Guerra” (el torero, no el ministro) cómo era posible que a un banderillero de su cuadrilla le hubieran nombrado Gobernador Civil de una provincia sureña, el diestro respondió con una afirmación que suscribiría el mismo Darwin si resucitase: «Degenerando».

Hemos llegado a un grado de degeneración tal en algunos sectores de nuestra clase política que Darwin hubiese quedado atónito y Cicerón hubiese tenido que pensárselo dos veces antes de repetir su cita porque «Epistula non erubescit», cierto, pero los ministros tampoco.

No se puede engañar a todos todo el tiempo: ya está bien, acabemos con esta farsa.

Levántate y anda


Los griegos llamaron al ser humano anthropos literalmente «el que mira hacia arriba». Es un nombre apropiado pues es verdad que el ser humano nunca es tan ser humano como cuando se orienta hacia arriba, se yergue sobre sus piernas, se pone en pie y mira a lo alto. Sólo los enfermos y los muertos permanecen postrados en un sillón o en una cama.

No es casual, por tanto, que las palabras que el Evangelio nos dice que se emplearon para resucitar a Lázaro y devolverlo a su condición de hombre vivo fuesen precisamente esas: «levántate y anda».

Levantarse y andar son dos tareas absolutamente simples para una persona viva pero virtualmente imposibles para un ser humano que agoniza o para un muerto. Los organismos enfermos o en descomposición son incapaces de tareas tan sencillas.

Cuando ponerse en pie y caminar es una actividad inesperada, inusitada o llamativa en el seno de una organización, es que esta está cercana a la muerte o en franca descomposición. Si a alguien le llama la atención que otro se levante y ande es porque el sorprendido es un ser que agoniza o está muerto, física, psíquica o moralmente.

Sin embargo a veces uno detecta señales de vida que, por pequeñas que sean, son más interesantes que toda la postración dominante y piensa que es posible que, como dijo el poeta, todavía seamos capaces de levantarnos y andar, de dejar la cama donde nos dormimos con la multitud y de salir a caminar por nosotros mismos.

Hay días bonitos, ayer fue uno.

Yo no he visto atacar naves en llamas…

Yo no he visto atacar naves en llamas más allá de Orión ni he visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser.

Pero… 

He visto ponerle precio a la justicia y destinar los ingresos a ayudar a corporaciones que abusaban de los consumidores. Y he visto quejarse de la lentitud de la justicia mientras se la dejaba morir de inanición negándole la mínima ayuda indispensable. Y he visto culpar de la lentitud de la justicia a los ciudadanos que acudían a ella a reclamar lo que les habían depredado. Y he visto llamar querulantes a los ciudadanos cuando sólo reclamaban lo que era suyo. Y he visto cómo se llamaba “modernización” al uso de tecnologías del siglo pasado. Y he visto cómo se dictaban leyes sin dotación presupuestaria alguna tan sólo para aparentar que se hacía algo. Y proponer cambiarlo todo para que nada cambie. Y he visto a muchos aplaudir para medrar, sonreír para medrar, callar para medrar… Lo que no he visto es rubor en ningún rostro.

Porque antes veréis brillar Rayos-C en Tannhäuser que el rubor en el rostro de un ministro.

Palmas


Esta tarde-noche se me ha tornado flamenca. Estoy en un teatrito delicioso  desde una de cuyas butacas escribo estas líneas: el teatro “Apolo” en “El Algar”, construído en los años en que se forjaron los cantes de Cartagena y rodeado de buenos aficionados; “Cartagena canta” se llama el evento y en el deambulatorio cuelga el cuadro de Pedro Diego Pérez Casanova que ven en la imagen y titulado “En tu honor”.

Nada hay tan simple y difícil a la vez como tocar las palmas, simple porque cualquiera es capaz de hacerlas, complejo porque muy pocos saben hacerlo bien; y, pensando en esto, pienso también en que esta facultad de tocar las palmas bien, pero sobre todo oportunamente y con criterio, hizo que el público se ganase el apelativo de “respetable”.

Porque “respetable” no es el público que aplaude sin criterio cualquier cosa que ve u oye, es el que discrimina cuándo y a quién debe aplaudir; “respetable” es ese público al que no le dan gato por liebre y sabe distinguir lo auténtico de lo impostado, el grano de la paja, al cantaor del aficionado y al político de ley del farsante.

El público, el pueblo, “el respetable”, dispone de pocas posibilidades para dejar sentir en directo su agradecimiento o su enfado, su aquiescencia o su indignación y, por eso, cuando veo ovaciones bobaliconas, agendadas, de esas que se dan “porque toca” al político, ministro o gobernante de turno, pienso que el público (el pueblo) está renunciando a ese primer recurso humano, ancestral y democrático que le dio la naturaleza para expresarse en libertad; ese recurso sencillo y complejo a la vez que hizo que se ganase el apelativo de “respetable”.

Vamos a escuchar.

Justicia: #NoSoloTasas

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Faltan trece días para que concluya el mes de enero, menos de dos semanas para que concluya el plazo que el “dialogante” ministro Catalá se dio para presentar una reforma de la ley de tasas pactada con la abogacía institucional.

No parece que vaya a cumplir con este su primer compromiso pues, a falta de trece días, ya no tiene tiempo material de llegar a acuerdo alguno con la abogacía institucional salvo que imponga un “diktat” a la misma.

Catalá, ese ministro al que, en palabras del académico Andrés de la Oliva, hasta hace poco “no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción” empieza a ser conocido ya por sus malas acciones (Ley Mordaza, escuchas en la LECrim) y por sus clamorosas inacciones.

Catalá debería saber que la ley de tasas está descontada y que, si no la deroga él, será derogada en diciembre por quienes le sustituyan en el cargo. Lo único que puede hacer a estas alturas el minstro es elegir entre ser él quien derogue una ley inicua recuperando así algunos votos para su partido o no derogarla y marcharse a su casa con oprobio y sin votos en diciembre.

Pero, aunque derogue las tasas, es más que dudoso que este ministro vaya a recuperar la mínima credibilidad necesaria para recuperar algún voto porque el desastre en el que está sumida la justicia en España no sólo tiene que ver con las tasas.

Tiene que ver en primer lugar con las maniobras de su antecesor para conseguir un control político de la justicia española. Su antecesor, el infausto Gallardón, en contra de lo comprometido en el programa electoral del Partido Popular, hizo que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuesen elegidos por las Cámaras de forma que los partidos pudieron jugar al juego del reparto de sillas. Tan descarado incumplimiento de sus promesas electorales y de las recomendaciones europeas irritó a todos los operadores jurídicos y no es difícil encontrar expresiones del descontento de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a poco que se investigue.

“Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.
La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.” [Hay Derecho (post)]Manuel Ruiz de Lara (Magistrado-Juez)

El Informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España [(Informe Greco)] a la hora de valorar a nuestros jueces y fiscales, reconoce su alta calidad y la realidad de que, con la excepción de casos aislados, no hay evidencia de corrupción de jueces o fiscales. Sin embargo, sí se preocupa por el funcionamiento de la justicia. Esta no es todo lo efectiva que cabría esperar, los tribunales están sobrecargados, lo que vuelve la administración de justicia más lenta de lo deseable.

La otra preocupación fundamental del GRECO se refiere a los riesgos de influencia política. Si bien la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales individuales es poco discutida, se pone en tela de juicio la independencia estructural de los órganos de gobierno de la justicia y fiscalía, y el riesgo de que los intereses partidarios, penetren los procesos de toma de decisiones judiciales.

Pues bien, si no preocupó al anterior ministro incumplir impúdicamente sus compromisos electorales, mucho menos le preocuparon las recomendaciones europeas en la lucha contra la corrupción y recuperar la independencia judial, primer y principal requisito para poder tener un sistema judicial susceptible de poder funcionar dignamente. Este objetivo, recordémoslo, promesa electoral explícita del PP, no se encuentra tampoco en la agenda de Catalá. Si las tasas impiden a los españoles el acceso a la justicia la falta de independencia impide a la justicia española ser digna de tal nombre en un estado democrático.

Y, si la independencia judicial no preocupa al ministro salvo para mantener su eliminación, tampoco parecen preocuparle la absoluta falta de medios y la inanición y anemia crónicas en que vive la Administración de Justicia española. Los señalamientos de juicios con retrasos de dos, tres y cuatro años son moneda común (véase ilustración), en los expedientes de extranjería o matrimonio no es extraño que se den citas a un año vista, al igual que en las medidas provisionales en procesos de familia, que deberían verse a la mayor brevedad…

La administración de justicia es una catástrofe con y sin tasas y, recordémoslo, el único antídoto de la corrupción es esta administración de justicia a la que se mantiene en coma vigil por razones que dejo que ustedes imaginen.

Por eso, independientemente de que este ministro derogue, maquille, mantenga o incremente las tasas judiciales, la justicia española va a seguir agonizando. Por eso en #T sabemos que la retirada de las tasas no sería el fin, ni siquiera sería el principio del fin sino que apenas si podríamos decir que sería el fin del principio.

Este es año electoral, tres o quizá cuatro elecciones nos esperan, es pues nuestro momento, es el año de la ciudadanía, es el año de la Justicia.

Vamos.

El ministro incumple la ley de tasas

Vaya por delante que no soy un experto fiscalista, pero sé leer, y leyendo encuentro que el artículo 11 de la Ley de Tasas Judiciales dice lo que sigue:

Artículo 11. Vinculación de la tasa.
La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

En 2013 el presupuesto para justicia gratuita era de 34 millones de euros, en 2014 la recaudación prevista por tasas judiciales es de 365 millones de euros y el gasto en justicia gratuita… Los mismos 34 millones.

Me basta con leer eso para saber que el Ministro incumple la ley, poco me importan las bizantinas sutilezas entre “vincular” o “afectar”, sé lo que nos dijeron, sé lo que dice la ley de tasas y sé lo que dicen los presupuestos. Ni un céntimo de lo que se vaya a recaudar por tasas va a ir a justicia gratuita y esto tiene un nombre: mentir. Si la infracción legal merece un castigo a imponer por los tribunales ellos habrán de ser quienes lo decidan, para eso hay abogados más capacitados que yo.