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Una elección decisiva

Una elección decisiva

Una batalla decisiva se está librando en el mundo de la abogacía, una batalla que ha de definir cómo será el mercado de los servicios jurídicos en el siglo XXI.

Esta batalla se libra, de un lado, por un activo bando de fondos de inversión, empresas multinacionales, grandes corporaciones, aseguradoras y bancos. Personas jurídicas todas estas cuyo objeto social, única razón de ser y primer mandamiento inscrito en sus estatutos, es el ánimo de lucro.

El otro bando de esta batalla lo componen un grupo desestructurado de abogados y abogadas que ejercen su profesión en despachos individuales o de pequeña dimensión cuyos objetivo vital es a día de hoy la supervivencia, pero que saben que la actividad que desarrollan no está sometida a la ley de la oferta y la demanda ni al principio de máximo beneficio, al menos, con carácter principal.

El ejercicio de la abogacía nunca ha tenido como primera finalidad el lucro del abogado; por encima de este lucro están los intereses del cliente y por eso, cuando entran en conflicto las instrucciones del cliente y el propio ánimo de lucro del letrado o letrada, una concepción antigua y honesta de la profesión dictaba a los profesionales con toda nitidez qué habían de hacer.

Estos profesionales, además, han sido quienes han defendido a las personas, a los comunes, al pueblo, frente a los abusos de bancos, compañías de seguros o inmobiliarias, principales protagonistas de los litigios en este país en cuanto que principales infractores de las normas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido esta clase de letrados y letradas las que han salvaguardado hasta ahora los derechos y libertades de los ciudadanos pues, absolutamente independientes en sus intereses personales y profesionales de bancos, aseguradoras, inmobiliarias o poderes políticos, han litigado contra ellos hasta lograr tumbar algunos de sus más viles abusos.

Lo que ocurre en esta batalla es que, mientras el primero de los bandos —con las arcas llenas— maniobra coordinadamente utilizando sus innumerables contactos políticos y económicos; el segundo, el de la abogacía independiente, carece de unidad y coordinación y, es más, quienes deberían ser sus representantes carecen de conciencia de la existencia de la batalla o, directamente, se han pasado al enemigo porque lo de que de verdad desean es jugar en el otro bando.

Mientras, los fondos de inversión, presionan alrededor del gobierno para que se aprueben reformas legales que regulen las demandas colectivas en las formas que ellos desean para, así, poder montar negocios que dejan a Arriaga jibarizado. Al tiempo, otras empresas, se dedican a la mercadotecnia para captar clientes que luego ofrecer a los verdaderos letrados a cambio de un porcentaje de sus honorarios. Letrados y letradas trabajando a precios de administrativo para empresas de inversión o mercadotecnia y captación de clientes que, bajo la bandera pirata de la abogacía, no son más que mercaderes de carne.

Pero para poder hacer todo esto era preciso antes que toda una estructura deontológica, una forma de entender la profesión, se desmoronase. Que se desmembrasen las normas sobre publicidad para poner a los letrados y letradas en manos de los mercachifles que captan a la clientela, que se liberalizasen precios de forma que pudiesen ofrecerse servicios jurídicos a precios temerarios, que esta labor de intermediación para explotar a clientes y a letrados fuese, en suma, legal y hasta bien vista.

Y eso lo han conseguido.

Lo han conseguido porque quienes dirigen nuestro Consejo General —singularmente su presidenta— ha trabajado para ello. Por eso su foto de ayer en la inauguración de unas oficinas de la empresa Legalitas es tan ilustrativa.

Ella lo ha hecho y los 83 decanos que se sientan en el sótano del Paseo de Recoletos se lo han permitido; no sé si por ignorancia, o por falta de criterio, o por incapacidad para pelear contra un sistema enquistado, o por que la regulación de este Consejo se remonta a tiempos de la dictadura, o porque realmente les parece bien la dirección que llevan las cosas, o por cobardía —que también la ha habido— o por simple interés personal de unos pocos que se han apropiado de las instituciones de la abogacía cual si fuesen parte de su propio patrimonio.

Lo cierto es que, desde hace años, se libra esta batalla definitiva para la supervivencia de esta forma de ejercicio profesional al que he dedicado mi vida y el bando en el que peleo sólo ha sufrido derrotas, unas veces a manos del enemigo otras con la impagable colaboración de quienes dicen estar a nuestro lado.

La batalla está llegando al final, pronto los más nos convertiremos en asalariados de los menos y ya no habrá nada que hacer.

Ayer la fotografía de la presidenta nos dejó claro de qué lado está y con quien juega, ahora falta saber si la abogacía independiente es capaz de hacer algo para detener la catástrofe.

Tú decides: o peleas o te rindes.

Los nuevos astrólogos

Los nuevos astrólogos

Antes los arúspices examinaban las entrañas de los animales para adivinar el futuro, los augures analizaban el vuelo de las aves y los astrólogos la posición de los astros; con ello se aventuraban a predecir el futuro si bien sus pronósticos, como los del oráculo de Delfos, solían ser lo suficientemente crípticos como para que el destinatario de los mismos nunca pudiese estar del todo seguro del sentido de la predicción.

No es extraño, si hay algo difícil es realizar predicciones de hechos futuros, tanto que, sin apoyo del método científico, tal labor es un puro engaño. Es por eso que los farsantes dedicados a las artes adivinatorias («mancias») rodeaban sus predicciones de un aparato pseudocientífico que podía ir desde el análisis del hígado de una vaca muerta a pimplarse —previa observación de sus características organolépticas— una buena dosis de vino («enomancia»); arte adivinatoria esta muy usada hoy por una legión de farsantes que ya no es que se muestren incapaces de adivinar el futuro en el vino, sino que son incapaces de advininar la uva de que está hecho.

Pues bien, la nueva mancia es el análisis de las curvas de los mercados financieros. A esta nueva mancia (quizá debamos llamarla «kampilymancia» por darle un toque grecolatino) se pliegan multitud de agentes económicos y participa de las viejas mancias en lo abstruso de su lenguaje y en una amplitud tal de sus predicciones que lo mismo sirve para predecir un crack bursátil que una subida generalizada en los mercados.

Si antes eran Marte o Ceres las deidades a observar ahora es el dios dinero. Déjenme que les ponga un ejemplo de una de esas predicciones:

Bitcoin (BTC) superó la barrera de los USD 19,000 el 24 de noviembre y está tratando de subir lo poco que le falta para alcanzar la marca de los USD 20.000. La formación de un patrón de velas Doji el día de hoy sugiere que los alcistas dudan si comprar agresivamente en los niveles actuales. Sin embargo, la buena noticia es que los alcistas no han permitido que el precio caiga, ni siquiera a la media móvil exponencial de 20 días (USD 17,095), desde que comenzó la tendencia alcista el pasado 8 de octubre. Esto demuestra que los alcistas están comprando hasta en las caídas más pequeñas.

Rakesh Upadhyay «Cointelegraph» nov. 25, 2020

Los nuevos augures, en lugar de observar el vuelo de los pájaros, observan las formas que dibujan las curvas de los mercados y así, a cada patrón, le asignan significados y nombres diversos: velas Doji, cabeza-hombros, mechas…

Con esos patrones en mente los augures tratan de predecir la evolución de los mercados del mismo modo que los antiguos advinos, es decir, a través de profecías abstrusas y lo suficientemente ambiguas como para que sirvan de apoyo para una predicción y su contraria.

Esta madrugada ha bajado el bitcoin con fuerza en una caída no predicha por nadie ayer y, hoy, ya aparecen los adivinos del pasado explicando por qué está pasando lo que está pasando, cosa que, pienso yo, si hubiesen hecho ayer, habría estado mucho mejor.

Según avanza la mañana bitcoin fluctúa y todos los adivinos actualizan sus predicciones para actualizar su explicación del pasado. Es curioso cómo viejas técnicas de hace 8.000 años aún siguen funcionando en la actualidad, han cambiado el hígado de la vaca por curvas de precios pero el proceso, en conjunto, no ha cambiado lo más mínimo.

Este año subió bitcoin en una subida imprevista y hoy, a esta hora, baja (de forma ya no tan fuerte como esta madrugada) de forma también imprevista. A la hora de la verdad, en los asuntos del futuro ajenos al determinismo científico, nunca existen predicciones sino post-dicciones ni tampoco hay profetas sino post-fetas.

¿Hay muchos abogados en España?

La afirmación de que en España hay demasiados abogados reaparece con extraña regularidad en las noticias; sin embargo, esta especie de serpiente de verano jurídica, ni es una novedad ni, hasta la fecha, la he visto apoyada sobre un estudio serio y que tome en cuenta todos los parámetros necesarios —no siempre económicos— que deberían ser considerados antes de efectuarla.

Sí, la afirmación de que «hay demasiados abogados», es un tópico clásico de la civilización occidental en relación con nuestra profesión que se repite cíclicamente; de hecho creo que, en los más de treinta años que llevo ejerciendo, nunca he dejado de escucharla.

Las quejas sobre el exceso de abogados fueron corrientes ya en la Inglaterra y en los Estados Unidos de 1840, por ejemplo; también en la Alemania de la primera década del siglo XX; en Australia, Canada, los Estados Unidos y Escocia en la década de los ochenta del siglo pasado…, etc.1 No estamos pues ante una afirmación novedosa ni que responda a criterios científicos, pues parece válida para cualquier tiempo y lugar. Esta afirmación, más que con consideraciones económicas o jurídicas, parece tener que ver con ciertos lugares comunes negativos que la sociedad suele tener sobre la profesión de abogado.

La afirmación, además, no suele ser neutra ni imparcial y, cuando se hace, es bueno analizar cuidadosamente las características de su emisor pues puede que la misma, lejos de ser un diagnóstico de una situación real, no sea más que un ardid o engaño para arrimar el ascua a su sardina o, como más elegantemente dicen los abogados, sea un simple argumento «pro domo sua».

Reducir el número de abogados en el mercado es bueno, en primer lugar, para quienes ya están suficientemente establecidos en él: una menor oferta hace subir los precios y por ende los beneficios. ¿Alguien cree que detrás del endurecimiento de los requisitos de acceso a la abogacía no se esconde una porción de ese deseo de reducir la oferta de letrados con la vista puesta en una mayor cuota de mercado para los ya establecidos?.

Reducir la oferta de letrados, en segundo lugar, es bueno para quien desee reducir o recortar los derechos de la ciudadanía. Los abogados facultan a los ciudadanos para defender sus derechos individuales frente al poder (los «empoderan» que diría algún moderno); cuanto más caro o difícil sea acceder a un letrado tanto más complicado será oponerse a un abuso o restricción de derechos2. Toda la batalla que los bancos están dando ahora en relación a las costas sólo tiene un sentido: hacer antieconómico para letrados y clientes reclamar por las cláusulas nulas en los casos de pequeña cuantía de forma que los bancos puedan lucrarse impunemente por sus abusos-masa. Alejar los juzgados de los administrados (juzgados únicos provinciales hipotecarios) tiene el mismo efecto: encarecer para el ciudadano y su letrado el procedimiento y favorecer el enriquecimiento abusivo de los bancos; del mismo modo colapsar deliberadamente esos juzgados prolonga en el tiempo los procedimientos y disuade al consumidor. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan?

Reducir la oferta de letrados favorece, en tercer lugar, el control de la independencia real de los letrados. Si la abogacía, en lugar de estar compuesta por un 85% de letrados independientes, lo estuviera por tan sólo doscientos o trescientos grandes bufetes para quienes trabajasen el 85% de los abogados, tengan por seguro que procedimientos como el de las cláusulas suelo serían muchísimo más difíciles pues, en la generalidad de los casos, estos despachos tendrían como cliente principal a alguna gran corporación o banco que dificultaría que el despacho trabajase con la deseable independencia en contra de sus intereses.

En realidad el número deseable de abogados tan sólo está en relación con un indicador: el número de injusticias que se cometen en un país. El trabajo de los abogados es remediar injusticias y su número será mucho o poco tan sólo en función del número de injusticias que se hayan de remediar.

Para tener una idea aproximada veamos las tasas de litigiosidad en España y pongámoslas en conexión con el número de abogados ejercientes.

Conforme a las estadísticas publicadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la tasa de litigiosidad (casos ingresados por cada mil habitantes) en la jurisdicción civil es de 47,7 casos. Si tal afirmación es cierta eso supondría aproximadamente un total de mas de dos millones de asuntos civiles anuales ingresados y, si consideramos que todos esos casos fuesen simples casos de juicios verbales en los que tan sólo interviniese un abogado que pudiese cobrar el mínimo imprescindible, resultaría que la facturación estimada de tal mercado estaría en torno a los 1.600 millones de euros y esto en el caso más restrictivo pues ustedes saben que no solo de procedimientos verbales de ínfima cuantía vive el hombre. Si dividimos el mercado civil así considerado (juicio verbal, cuantía ínfima, un solo letrado por caso ingresado) entre los 150.000 letrados teóricos de España a cada uno corresponderían unos ingresos de 10.000€. Parece poco pero es que hemos calculado en las peores condiciones, incluso considerando que en un juicio sólo hay un letrado (lo racional sería duplicar esos diez mil euros).

Ahora bien, si la tasa de litigiosidad civil es de 47.7 casos, la tasa de litigiosidad penal es de ¡67,5!, punto este en el que les dejo a ustedes calcular el tamaño mínimo del mercado en euros. En lo Contencioso la tasa es de 4,5 y en Social de 8,7.

¿Sobran abogados? Pues… a juzgar por las cifras crudas, en un primer vistazo (y a salvo de un estudio riguroso e independiente) parece que no, aunque, claro, nunca hay mercado que soporte una intervención insidiosa. Veámoslo.

Una forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados es proclamar un amplio derecho a la justicia gratuita que alcance a grandes capas de la población y luego pagar esos servicios a 2€/hora, por ejemplo. Si se hace esto se está operando sobre el mercado forzando una bajada artificial de los precios de los servicios sin que la CNMC parezca tener nada que decir al respecto en este caso. Pagar con justicia a los abogados de oficio no es sólo una exigencia de los abogados de oficio sino una demanda irrenunciable de la abogacía independiente si quiere poder sobrevivir.

Otra forma eficaz de reducir el número de abogados es acaparar la demanda a través de campañas publicitarias que no están al alcance del abogado tradicional y presionar los precios aparentemente a la baja (a la hora de litigar se cobra a precio de criterios orientadores).

Otra forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados y contraer el mercado es alejar las sedes judiciales del lugar donde viven los ciudadanos. Tal alejamiento encarece los servicios para los ciudadanos pues los letrados, necesariamente, habrán de minutar los gastos de desplazamiento mientras, bancos y empresas grandes, verán cómo sus gastos se reducen al litigar en el foro donde suelen tener sus despachos: la capital de provincia. Esta maniobra de concentración de juzgados es quizá una de las más siniestras estrategias de los diversos gobiernos para cercenar los derechos de los consumidores, para favorecer a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos y para atentar contra la independencia judicial, pero todo eso para dos o tres posts. Simplemente permítanme dejar aquí anotado este efecto pernicioso para el mercado de servicios jurídicos.

La política de costas es otra forma eficaz a través de la cual el poder restringe el acceso a la justicia. Siempre favoreciendo a bancos y grandes empresas (las costas en los procesos ejecutivos o hipotecarios se embargan desde el primer día) los poderes públicos se han protegido en la jurisdicción contenciosa con un estricto sistema de costas mientras los bancos —y de forma siniestra la propia abogacía— buscan cómo modificar las costas en la jurisdicción ordinaria en su beneficio y en perjuicio de los consumidores.

Así pues ¿sobran abogados?. No deberían sobrar pero, si no tomamos en nuestras manos las riendas de la situación y corregimos los abusos que desde el poder se están llevando a cabo contra la abogacía, pronto sí que sobrarán y sobrarán muchos. Las artificiales condiciones del mercado hacen que, en tanto que hay un importante incremento en la demanda de servicios jurídicos, el precio de los mismos caiga fortísimamente, una paradoja que convendría estudiar seriamente.

Por el momento baste señalar que la afirmación de que «hay muchos abogados» debe ser tomada a beneficio de inventario pues no se apoya en ningún estudio serio, debe señalarse también que el estado interviene en los precios a través de su política de justicia gratuita, de planta judicial, de costas judiciales, de forma que sienta las bases para hacerle un ERE de dimensiones inauditas a la abogacía independiente en favor de la abogacía negocio.

Mientras la abogacía independiente está en peligro de muerte el Consejo General de la Abogacía Española se reúne de urgencia elndía 7 en pleno monográfico para hablar del control horario en los despachos y de la postura contraria al mismo de los grandes despachos y del propio CGAE. Nada de turno de oficio o de precarización de la profesión, lo urgente es defender los intereses de los grandes despachos.

Yo que tú no dejaría mi futuro en sus manos y me organizaría.

  1. Abel, England and Wales, 37; Gerald W. Gawalt, «Sources of Anti-Lawyer Sentiment in Massachusetts, 1740–1840,» in Essays in Nineteenth-Century American Legal History, ed. Wythe Holt, 624–648 (Westport, CT: Greenwood Press, 1976), 624–625; Blankenburg, 127; Weisbrot, 246; Arthurs, 128; Marc Galanter, «Predators and Parasites: Lawyer-Bashing and Civil Justice, » 28 Ga. L. Rev. 633, 644–648 (1994); Stephen D. Easton, «Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,» Wall Street Journal, 27 November 1984; Gerry Spence, With Justice For None: Destroying An American Myth (New York: Times Books, 1989), 27–40; Paterson, 76; todos ellos citados en wikipedia, bajo la voz «Lawyer». ↩︎
  2. Stephen D. Easton, «Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,» Wall Street Journal, 27 November 1984. Este artículo refuta la queja generalizada de que hay demasiados abogados en los Estados Unidos, señalando que, en aquellos países donde hay menos abogados, como Japón, a los demandantes les resulta virtualmente imposible llevar adelante con éxito sus reclamaciones simplemente porque el número de letrados es insuficiente. El artículo señala que incluso los casos de muerte por negligencia con pruebas claras de culpa pueden prolongarse durante décadas en Japón (¿les suena?). Por lo tanto —concluye el autor— cualquier reducción en el número de abogados resultaría en una reducción de la aplicación de los derechos individuales. ↩︎

Legislar contra el ser humano

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Hoy me he desayunado con esta estremecedora foto de portada de El País y me ha venido a la memoria aquella máxima que, cuando estaba en la facultad de derecho, tanto nos repetía nuestro profesor de economía política: «no se puede legislar contra el mercado». Nos contaba que, cuando los precios no los fijaba el mercado sino los gobiernos, inmediatamente aparecía el mercado negro y aseguraba que, si se fijaba un precio exorbitante para el tabaco o el alcohol —por ejemplo—, inmediatamente aparecería un mercado negro donde algunos ofrecerían las mercancías a su precio real a los consumidores de ellas dispuestos a comprarlas.

La afirmación de mi profesor me parece acertada aunque ese «mercado» no sea, en el fondo, más que un conjunto de transacciones producidas entre personas que quieren comprar y otras que quieren vender; ese mercado, pues, no sería más que un subconjunto (negocial) del conjunto mucho mayor (vital) de las aspiraciones humanas.

Hoy, como digo, he recordado esa afirmación al ver a estas decenas de seres humanos tratando de salvar la vida. Si no es posible legislar contra el mercado (y a evitarlo dedican los países del mundo occidental ingentes recursos en forma de tribunales de la competencia y aún llegando a la guerra por imponer ese principio) ¿cómo es posible que podamos establecer leyes que van en contra de las más esenciales aspiraciones del ser humano?

Los seres humanos no sólo desean negociar, comprar y vender, sino que antes que eso desean esas cosas que proclaman campanudos textos legales: el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.

Si no se puede legislar contra el mercado mucho menos se puede legislar contra el ser humano y —si se hace— el mercado negro de seres humanos será el menor de los problemas que habremos de afrontar y la historia nos enseña esa verdad con incontestables ejemplos.

Entendámoslo, la pobreza no es un problema sólo de los pobres: es un problema nuestro también, es un problema de todos; las islas de riqueza en medio de un océano de pobreza están condenadas a ser tragadas por él y otro tanto les pasará a las islas de libertad o felicidad si les rodea un mar de injusticia y desesperación. La consecuencia de esta verdad es que si la pobreza no es sólo un problema de los pobres nos toca a todos —y no solo a ellos— remediarla. Las palabras de Cervantes no son un mero artificio retórico

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida

Y es por la vida, por la libertad y por la búsqueda de la felicidad por lo que se ahogan estos seres humanos de la foto.

Algo estamos haciendo mal, muy mal: no se puede legislar contra el ser humano.