El primer problema de la abogacía

La función de una manifestación es visibilizar, dar a conocer, difundir («manifestar» en suma) una situación.

La apoya quien la difunde, quien la hace visible, quien la hace llegar a su entorno.

La boicotea quien la silencia, la tapa, la oculta o hace como que no hubiera ocurrido.

Y ahora analicemos lo ocurrido ayer.

Ayer hubo una manifestación importante en Madrid en defensa del turno de oficio y durante todo el día jueces, fiscales, funcionarios y muchas otras personas mostraron su apoyo a las reivindicaciones de quienes manifestaban. El decano y el Colegio de Madrid ofrecieron apoyo a los manifestantes y difundieron en redes sociales la protesta y sus reivindicaciones. Varias cadenas de TV nacionales y autonómicas informaron de la manifestación y en redes sociales la noticia se difundía con intensidad. Pero…

Sólo hubo una persona y una corporación que ignoraron por completo lo que estaba sucediendo y no ofrecieron —ni aún hoy ofrecen— ningún tipo de información sobre la manifestación ni apoyo a la misma en sus redes sociales:

La corporación es el Consejo General de la Abogacía Española
La persona es Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Las cuentas en redes del CGAE y de Victoria Ortega, gestionadas por un community manager pagado por todos los colegiados de España, guardan un silencio ominoso, delator, vergonzante y culpable. El Consejo General de la Abogacía Española tiene, además, un departamento de prensa que, a pesar de costar mucho dinero a los abogados, guarda también un ominoso silencio y podemos inferir por orden de quién.

Si la misión de una presidenta del CGAE no es estar al lado de sus compañeros ¿cuál es entonces? Si la misión de los medios de comunicación del CGAE no es informar de la actualidad del mundo de la abogacía ¿cuál es su función entonces?

¿Por qué estos órganos en lugar de apoyar la protesta trabajan por diluirla y taparla y en sula la boicotean?

Victoria Ortega no debe seguir un segundo más ocupando el puesto de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y los decanos que la apoyan debieran tomar nota de la conducta de los decanos que ayer estuvieron donde había que estar y repasar a qué intereses sirven manteniéndola en el cargo.

Ella es el primer problema.