No se puede gobernar contra el pueblo

Hoy es un día de infamia; a pesar de que las asociaciones judiciales han manifestado su clara oposición a la medida, a pesar de que los TSJ’s mayoritariamente se han opuesto, a pesar de que el Consejo General de la Abogacía ha expresado su oposición unánime, a pesar de que Comunidades Autónomas enteras han expresado su rechazo a través de los órganos representativos de la soberanía popular… a pesar de eso, digo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido llevar a cabo una de las agresiones más flagrantes contra los derechos de los ciudadanos y en favor de la banca.

Verán, tras el hecho de que el CGPJ haya decidido «encapsular» (este es el eufemismo que usan) todos los juicios de hipotecas en un ÚNICO juzgado por provincia no es que se esconda solamente una agresión a los 2/3 de la población española que no vive en las ciudades seleccionadas como sede.

Tras el hecho de que el CGPJ asigne el conocimiento de 1.500.000 hipotecas a tan solo 54 juzgados en España no es que se esconda sólo el hecho cierto de que se estará tratando de provocar un colapso judicial generalizado.

Tras el hecho de que se pretenda atribuir a jueces en prácticas el conocimiento de estos asuntos no se esconde sólo un gesto de desprecio hacia los consumidores.

Tras el hecho de que se trate igual a Soria que Madrid o que se dejen islas sin juzgado no late sólo un rasgo de estolidez propio de la soberbia covachuelista.

Tras el hecho de que el CGPJ obligue a 2/3 de la población española a pagar sobrecostes multimillonarios para acceder a la justicia no se esconde sólo la consecuencia del error de mentes incapacitadas para pensar con conceptos que superen lo provinciano…

No, lo que se esconde tras todas estas infamias encadenadas, es el mayor favor que el sedicente poder judicial podría hacerle a la banca, de tal manera que la norma puede comprenderse mejor si la entendemos escrita al dictado de los intereses de los bancos que de las exigencias de la razón normalmente constituida.

Dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos se favorece a la banca, provocando lentitud en la tramitación de las reclamaciones se favorece a la banca, encareciendo artificialmente las reclamaciones de los ciudadanos se favorece a la banca, maltratando a los 2/3 de la población de España que no vive en capitales de provincia se favorece a la banca…

Busque usted en esta disposición de enquistar las hipotecas en poco más de 50 juzgados un sólo rasgo que favorezca al consumidor y no a la banca y si lo logra estoy dispuesto a invitarle a un café y discutirlo, porque, sin duda, será sólo un espejismo.

Hoy el CGPJ ha comunicado su decisión de pasarse por el forro las opiniones y la voluntad de los ciudadanos, hoy ha vuelto el despotismo (no el ilustrado, que eso sería algo, sino el provinciano) como forma de gobierno… Hoy es un día de infamia.

Sin embargo, lo que toda esta tropa olvida es que no se puede gobernar contra el pueblo o, al menos, que no se puede gobernar impunemente contra el pueblo. Parece que han olvidado el ejemplo de Gallardón marchando a su casa con oprobio y dejando uno de los peores recuerdos que se tiene de un ministro de justicia en España. 

Vamos a tener que recordárselo y vamos a tener que recordárselo de una forma que no olviden nunca jamás. No se puede gobernar impunemente contra el pueblo.

Hipotecas: la infamia que viene.

Afirma el CGPJ que tiene preparado un plan “de contingencia” para —dicen ellos— “hacer frente” al previsible aumento de actividad en los juzgados por la presentación de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Las cifras que manejan son las siguientes: Seis millones de hipotecas de las cuales 1.500.000 acabarán yendo a juicio (no me pregunten de dónde sacan los datos, alguien -quizá los bancos- se los hayan dado).

Eso supone que, por cada 100.000 habitantes, hay unas 3.221 hipotecas conflictivas y, para solucionarlo, van a crear UN juzgado por provincia. Lo mismo Madrid (6.500.000 habitantes) que Soria (90.040 habitantes) tendrán UN juzgado y luego, merced a unos presupuestos que no aumentan para crear juzgados, dicen que arreglarán la cosa según vaya… ¿a quién creen que engañan?.

Los bancos han intentado durante años que los consumidores se vean forzados a litigar en las capitales de provincia (dos tercios de la población española NO vive en capitales de provincia) y la jurisprudencia europea lo ha venido impidiendo. Ahora se prtende que el gobierno legisle contra Europa  para favorecer a los bancos y que los ciudadanos hayan de desplazarse a unos juzgados que nacen, por diseño, colapsados de antemano.

Este es quizá el disparate (la aberración si quieren) más inicuo que podría llevar a cabo el gobierno de España si finalmente lo aprueba.

Lo contaré en otros posts que sigan a este —inevitablemente apresurado— pero con este plan el gobierno está imponiendo DOS tasas judiciales en la sombra a los administrados. Si los consumidores y los abogados toleramos esta iniquidad es que la sociedad civil en este país está muerta.

Ampliaré mañana esta infame noticia porque —lo crean o no— el CGPJ pretende que esta infamia entre en vigor el 1 de junio. 

Tú sabes lo que puedes y lo que debes hacer. No esperes que nadie te lo diga, hazlo.