Informática judicial española: caótica por diseño

Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.

A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.

Veamos…

Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.

La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.

Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.

Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?

Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.

Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.

Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.

Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.

Entonces ¿qué pasó?

Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.

El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.

El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.

Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.

Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.

Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.

Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.

Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.

Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.

Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.

La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.

Informática judicial: quién debe decidir

A la hora de diseñar un sistema informático la primera cuestión que habríamos de plantearnos es la de quién es el responsable de la información que se va a tratar y quién debe, por tanto, decidir cómo se trata; cuestión esta que, aunque de perogrullo, no parece haber sido tenida en cuenta por quienes han diseñado el actual caos informático de la administración de justicia española. Tal olvido no puede seguir produciéndose en el futuro si queremos tener una justicia informatizada racionalmente y sería bueno que los responsables políticos nacionales y autonómicos comenzasen a hacerse a la idea de que un cambio de paradigma en cuanto a la titularidad de los datos tratados y a la dirección del tratamiento de los mismos es imprescindible.

Conviene recordar en este punto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el «I BIS») con el título de «Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia».

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente «datos jurisdiccionales») y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, «datos no jurisdiccionales»). Conforme a dicho precepto, los datos que se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan los juzgados o tribunales se considerarán «datos jurisdiccionales» y, conforme al artículo 236.1 sexies LOPJ, será responsable de los mismos el órgano jurisdiccional u oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.

Parece evidente que la referencia a la «oficina judicial» resulta claramente inapropiada cuando hablamos de datos jurisdiccionales, pues el titular de los mismos no es ni debe ser ningún órgano del poder ejecutivo tal y como queda de manifiesto cuando el artículo 236.1 nonies declara: «1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.»

La mención a la oficina es inapropiada también si la consideramos teniendo en mente la regulación que efectua el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pues, conforme al artículo 55.3 y al considerando 20 de este Reglamento (de aplicación directa en España a partir del 25 de mayo próximo):

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales (…) A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro…

Como vemos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el responsable de los datos incorporados a los procedimientos judiciales no es ni puede ser en modo alguno el poder ejecutivo.

Y si esto es así, como lo es, cada vez resulta menos admisible que sean los poderes ejecutivos estatal o autonómicos quienes se encarguen del tratamiento de los datos jurisdiccionales y no sean los órganos correspondientes del poder judicial quienes tomen el control del mismo.

Muchas voces ya han denunciado cuán contraria al sentido común es la situación actual e incluso se ha advertido del riesgo tremendo que supone que los archivos judiciales estén en manos de ejecutivos autonómicos que pueden, llegado el caso, «desconectar» la infraestructura informática de la administración de justicia si sienten que pueden ser perseguidos por ella como consecuencia de sus acciones.

Esta situación de que los datos jurisdiccionales sean tratados por quien no es su titular, de que las lineas directrices del tratamiento las determine quien no es su titular, de que toda la disponibilidad del sistema esté en manos de personas y entidades que pueden ser objeto de investigación por los juzgados y tribunales repugna ciertamente al sentido común y, con toda probabilidad, a partir del 25 de mayo, sea contraria también al ordenamiento jurídico.

Es evidente que ha llegado el momento de que la realidad se adapte a las exigencias del sentido común y del ordenamiento jurídico; es el momento de que los poderes ejecutivos procedan a entregar a los verdaderos titulares de los datos jurisdiccionales el control de los mismos y de los sistemas informáticos con que hasta ahora los tratan; es tiempo también de que procedan a dotarles de los medios económicos y materiales necesarios para su tratamiento y es, sobre todo, la ocasión de proveer lo preciso para que, en el futuro, las directrices en cuanto a organización y sistemas las tome el poder del estado que, conforme a la razón y al ordenamiento, debe hacerlo.