Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

¿Quién defiende a los abogados?

De entre las obligaciones que acompañan al cargo de decano la más triste es, sin duda, la de asistir a los funerales de los abogados y abogadas que nos dejan. Son muchos años de ejercicio y nos conocemos todos, muy a menudo también sus familiares son amigos o conocidos y esto hace mucho más duras aún este tipo de despedidas.

Sin embargo, nada me produce tanta ira ni tanta frustración como cuando pienso que alguno de estos abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada honradamente al ejercicio de la abogacía, pudiera no estar al corriente de pago en la Mutualidad. Quizá a ustedes les parezca un simple detalle, a mí no.

Cuando un abogado no puede pagar sus cuotas de la Mutualidad, esas que aseguran su jubilación o la tranquilidad económica de su familia, es que algo muy grave está pasando en su despacho, la crisis, la falta de clientes que pagan o la sobra de clientes que no pagan… quién sabe; en todo caso, cuando un abogado no puede atender al pago de la mutualidad, es que atraviesa una situación difícil.

Sé de lo que les hablo, conozco los embargos de las miserables retribuciones del turno de oficio y conozco los agobios por los que pasan muchos de nuestros compañeros, pero si algo me produce ira y frustración es que compañeros con muchísimos años de ejercicio a cuestas puedan experimentar dificultades para pagar la Mutualidad.

He tratado de investigar cuántos abogados de España podrían encontrarse en esta situación -no encuentro cifras oficiales- y me llega noticia de que la cifra podría estar en torno a los 26.000 (salieron 40.000 cartas recientemente). Una cifra de 26.000 abogados en problemas con la Mutualidad, de confirmarse, nos hablaría bien a las claras de que el 20% de los abogados (uno de cada cinco) estaría al borde de ir a la lona y acabar para siempre con su ejercicio profesional. 

Y mientras pienso esto me acuerdo de cómo nuestra profesión ha ido perdiendo espacios por efecto de la acción de lobbys particularmente activos sin que la abogacía haya opuesto, aparentemente, ninguna medida efectiva. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, que en los años 90 suponían un importante sector económico para los abogados, ahora están prácticamente acabados merced a unas leyes que sólo favorecen a las aseguradoras y no a los asegurados. Para que se hagan una idea: en 1994, en Madrid, un ciudadano percibía 10.000 pesetas (60€) por día de baja derivado de accidente de tráfico, mientras que en 2016 percibió unos 52€ (algo más de 8.000 pesetas) por el mismo concepto; es decir, en materia de indemnizaciones estamos a niveles de hace más de veinte años, como suena.

Y me acuerdo también de cómo el legislador, sistemáticamente, ha percibido la presencia del abogado como perturbadora (no necesito recordarles las abyectas manifestaciones de Margarita Robles hace unos pocos días desde la tribuna del Congreso) y ha tratado de apartarlo de cuantos espacios ha podido, particularmente de aquellos en que medraban sus amigos los bancos.

Y me acuerdo de cómo la abogacía parece no haber sido capaz de hacer nada frente a toda esta labor realizada de adverso y, por venírseme a la cabeza, se me vienen a la memoria hasta saraos en el Ritz a costa de los de siempre que, automáticamente, multiplican mi ira.

He pasado demasiados años viendo como esta profesión, la profesión que amo, se encoge a impulsos de intereses mucho menos nobles que los que ella encarna y siento que es tiempo ya de hacer algo; que con uno de cada cinco compañeros al borde del abismo, que con una profesión insultada desde la tribuna del Congreso, que con una justicia gratuita puesta en jaque por el fisco (Hacienda contra Justicia ¿imaginan el resultado?) es tiempo de hacer algo… y algo distinto de lo hecho hasta ahora. Vamos.