Gobiernos, bancos y costas judiciales

Lo leo y tengo que frotarme los ojos. Existen mentiras, mentiras repugnantes y respuestas del gobierno. Leo, con estupor, que el gobierno anda preparando una reforma del RDL 1/2017 para, entre otras cosas (transcribo en lo preciso el texto legal):

Fomentar el recurso a la vía extrajudicial para intentar evitar que (…) la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

Si no fuese porque lo dicho es una canallada no tendría más remedio que troncharme de risa o lamentar la ignorancia del autor de la respuesta, pero esto no es un chiste ni es un error grosero; como dije, esto no es más que una canallada químicamente pura.

El párrafo citado recurre a una de las más viles y ofensivas añagazas a que puede recurrir un gobierno: tratar como estafadores a las víctimas y tratar como víctimas a los estafadores. Y lo que es peor aún, tratar sin ningún respeto y como bobos a los ciudadanos a quienes se dirige la norma, esperando hacerles creer que la puñalada en la ingle que les pretenden dar es por su bien.

La costumbre del partido del gobierno de cerrar filas en defensa de los bancos no es nueva. Este parrafito que les he transcrito está en la línea de una de las más lamentables intervenciones parlamentarias de una jurista, la ministra Margarita Robles, que, en sede parlamentaria y en defensa del RDL 1/2017 (el mismo que ahora quiere ampliar) soltó lo que sigue:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Esta abyecta costumbre del partido del gobierno de etiquetar a los abogados como los malos de esta película de las hipotecas y señalarles como el peligro del que la ley debe defender a la sociedad, merecería una respuesta de la profesión jurídica y de los afectados por la estafa de las hipotecas que mandase a este gobierno a su casa y para siempre. Déjenme que me explique.

En España, los bancos, en las últimas décadas, han depredado a los españoles cobrándoles intereses abusivos, imponiéndoles cláusulas abusivas, obligándoles a pagar gastos que no les correspondía satisfacer y haciéndoles pagar cantidades por servicios no prestados en forma de comisiones.

Mientras inflaban sus cuentas de resultados saqueando a sus clientes, desahuciaban a aquellos que no podían pagar sus rapiñas y, no sólo les quitaban la casa, sino que les robaban el futuro reclamando hipotecas mediante vencimientos anticipados, incrementando el principal debido con el 30% de costas (recuerden esto), aplicando intereses moratorios del 29% y, en fin, consiguiendo que el desgraciado, al que estaban engañando y que ahora no podía pagar, no sólo se quedase sin casa sino que la deuda para con el banco se multiplicase de tal modo que no pudiese pagarla ni aunque tuviese diez vidas.

No exagero ni una coma y, si quieren ejemplos de cada una de las cosas que he afirmado, les invito a que se acerquen a mi despacho o al de cualquiera de mis compañeros.

¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos mientras los bancos saqueaban a los españoles?

Nada.

¿Se acordaron los sucesivos gobiernos de que los españoles y españolas que eran demandados ejecutivamente por los bancos veían aumentada automáticamente su deuda de cara al embargo en un 30%?

No.

¿Alguno de estos que ahora hablan de arreglar este asunto movieron siquiera un músculo de la cara cuando miles y miles de españoles eran expulsados de sus casas y colocados en situación de muerte civil por las mismas entidades bancarias que les saqueaban?

No me responda, ya sé que no es necesario, sabe usted muy bien que no hicieron nada.

Fue necesario que los tribunales europeos nos dijeran por escrito, clarito y en sentencias reiteradas, que nuestros bancos nos estaban depredando para que el gobierno adoptase alguna medida aunque esta no fue para favorecer a los consumidores, no, porque todas y cada una de las medidas que los gobiernos han ido adoptando han sido una sucesión de atentados contra el derecho de los consumidores y en claro favorecimiento de quienes les depredaban: los bancos y entidades financieras, esos mismos con quienes jamás se metieron esos gobernantes de los diversos partidos que han ocupado el gobierno.

Primero, en lugar de ordenar devolver —pura y simplemente— a los bancos las cantidades abusivamente cobradas por las cláusulas suelo y atenerse a las consecuencias si así no lo hacían, los sucesivos gobiernos decidieron que mejor se establecía un previo procedimiento de reclamación que demorase la posibilidad del consumidor de acudir al juzgado a exigir su derecho. Es curioso que, cuando eran los bancos los que ejecutaban las hipotecas, los sucesivos gobiernos no sintieron nunca la más mínima tentación de imponer un procedimiento extrajudicial a los bancos antes de permitirles acudir al juzgado.

Las palabras pueden engañar con facilidad, los hechos no, y los hechos son demoledores: ninguno de los sucesivos gobiernos ha tomado nunca medida alguna en defensa de los consumidores y sí en defensa de los bancos y entidades financieras.

Cuando era evidente que los bancos no devolverían de grado lo que la jurisprudencia europea les ordenaba devolver, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha un eficaz plan que permitiese a los bancos conservar el producto de sus rapiñas.

En primer lugar decidieron alejar de los administrados los juzgados y hacerles cara la posibilidad de reclamar. Si el juzgado no está en su ciudad sino en una más lejana la reclamación se torna más cara y difícil. Muchas reclamaciones de consumidores apenas si llegan a los mil euros de forma que, si tiene que desplazarse junto con abogado y testigos hasta una ciudad que no está en su partido judicial, muy probablemente decida que no le merece la pena reclamar la cantidad. Punto para la banca graciad al gobierno. Para un consumidor mil euros pueden no ser nada pero evitar cientos de miles de reclamaciones son cientos de millones para los bancos. Total usted es un tiñalpa y es solo un voto, si usted pierde mil euros ¿qué es eso comparado con los millones que el banco ahorra y con los que podrá financiar la próxima campaña electoral?

En segundo lugar decidieron que las reclamaciones se eternizasen lo más posible en el tiempo. Hay muchos juzgados en cada provincia que podían resolver asuntos de esta especie pero los sucesivos gobiernos han decidido que tan sólo un juzgado por provincia resuelva este tipo de asuntos. Se lo explicaré usando el ejemplo de mi propia comunidad.

Se estima que en la Región de Murcia hay unas 45.000 hipotecas que contienen cláusulas abusivas. Si el gobierno y el CGPJ no hubiesen acordado nada, los más de 50 juzgados existentes en la comunidad habrían sido competentes para resolverlas y, teniendo en cuenta que un juzgado resuelve unos mil asuntos al año como poco, esas 45.000 hipotecas supondría. Una sobrecarga de trabajo de unos 800 asuntos por juzgado lo que supondría un retraso de unos ocho meses. Sin embargo los estrategas del gobierno y el CGPJ decidieron que todos, absolutamente todos los casos, los viese un solo juzgado. Saquen la cuenta: 45.000 hipotecas para un solo juzgado ¿45 años de retraso?. Las noticias del colapso pronto se extendieron y muchos consumidores, desanimados por la lejanía y ahora por el retraso, decidieron no reclamar.

Otro punto para la banca, gracias a los sucesivos gobiernos y a sus juzgados únicos nueva morterada de millones depredados que los bancos no devuelven.

En tercer lugar, la reclamación judicial de las cláusulas abusivas es tarea compleja que necesariamente han de realizar profesionales, dado que el consumidor ha de pagar en principio el trabajo de estos profesionales resulta evidente que muchos ciudadanos no podrían reclamar pero… para lograr este nuevo punto para la banca y el subsiguiente pelotazo de millones hay un problema: las leyes españolas, si acudes a juicio sin razón, te obligan a pagar los gastos (costas) de la parte contraria.

Así, como los bancos se han negado a pagar sin razón alguna a los consumidores, aquellos que les han demandado han obtenido de los jueces no sólo la condena a devolverles lo cobrado abusivamente, sino también a pagar los honorarios de los abogados de los consumidores.

Esta justa previsión de las leyes tiene dos consecuencias: la primera que al banco el juicio no le sale gratis. La segunda que los clientes pueden pagar a sus abogados y de esta forma se animan a reclamar. Si no existiesen las condenas en costas el 50% de las demandas serían inviables económicamente para los consumidores de forma que ese sería el premio gordo, el bote, el pleno al quince de la banca.

Sí, sin duda las costas son el mayor problema de los bancos para poder quedarse con el botín de sus abusos, por eso, necesariamente, tienen que acabar con esa posibilidad y el primer paso es acusar a los abogados de pretender cobrar por su trabajo. Esto, que parecería una memez de grueso calibre en cualquier país civilizado, en España encuentra terreno abonado entre nuestra clase política y es a la luz de todo lo dicho que se entienden las deleznables declaraciones de la ministra Margarita, recuérdenlas:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Hay que acabar con las condenas en costas como sea, a los gobiernos les parece intolerable que, bancos que no pagan pura y simplemente porque no les viene en gana, hayan de indemnizar al consumidor de los costes de su reclamación: malditos abogados, quieren cobrar por su trabajo. Al banco no le importaría si los abogados cobrasen a sus clientes consumidores, lo que el banco no soporta es pagar él al abogado del consumidor y no porque sea mucho dinero para él, sino porque mientras esto no cambie los consumidores podrán reclamar y el banco acabará siendo condenado. No hay nada ético ni moral en ello, para el banco es una pura cuestión de dinero.

Lo que si es una cuestión de moral es el repugnante posicionamiento de los sucesivos gobiernos en este asunto. ¿Recuerdan cuando más arriba les hablé de que los bancos al ejecutar las hipotecas embargaban desde el principio un 30% de más para cobrarse sus costas? Pues ningún gobierno siquiera amagó un solo gesto ni una palabra en defensa de los ejecutados.

Sin embargo, ahora, cuando los bancos pueden ser condenados en costas tras negarse a pagar unas cantidades que saben perfectamente que están obligados a devolver, el gobierno toma medidas urgentes.

Mientras los bancos, con el silencio cómplice del gobierno, cobran implacablemente las costas de las hipotecas a pobres deudores que no tienen más culpa que no tener dinero para pagar resulta que los consumidores ven como el gobierno se indigna cuando ellos quieren cobrar las costas a un banco que, sabiendo que debe el dinero, se niega a pagarlo, obliga al consumidor a acudir al juzgado, a contratar un abogado y a un procurador, a esperar años un pago que debiera ser inmediato, a desplazarse fuera de su localidad para reclamarlo y… aquí sí, aquí el gobierno sí entiende que debe intervenir para defender a los bancos de estos malvados consumidores que pretenden que sea el banco quien haya de hacerse cargo de pagar a los profesionales que el propio banco, con su actitud, les ha obligado a contratar.

Los sucesivos gobiernos, este en particular, se tornan así en cooperadores necesarios de la depredación de los consumidores y gracias a sus hechos (que no a sus palabras) sabemos exactamente donde están: del lado de la banca y contra los consumidores en la forma más grosera e infame que puede estarse; es decir, mintiendo, acusando a quienes defienden a los consumidores y tiroteando de forma eficaz los derechos de los mismos.

Digámoslo claro: no se puede litigar solo por las costas. Si el banco cumple con su obligación no habrá nada que reclamar y si se hace las costas le serán impuestas al consumidor. Para que se condene en costas al banco hace falta que este, previamente, no haya cumplido con sus obligaciones y sostener en respuesta parlamentaria que hay que evitar que

la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

es una de las vilezas más abyectas que pueden leerse en un documento oficial.

Ayuden a la banca, pero no mientan; sirvan a sus señores, pero no ofendan; legislen contra los más y en favor de los menos, pero no falten al respeto a la inteligencia de los españoles.

Mientras sus gobiernos veían desahuciar sin hacer nada a unos españoles y cobrar cantidades abusivas a los demás la abogacía defendía y estaba al lado de esos desahuciados. Fueron procedimientos jurídicos iniciados por abogados y apoyados por jueces de trinchera y saco terrero los que llegaron hasta Europa y consiguieron desenmascarar todo este saqueo hecho de abusos consentidos por el poder.

Sí, los jueces condenan a los bancos a las costas y los abogados son pagados por su trabajo pero ni los jueces son culpables de esto ni los abogados tampoco: los responsables son los bancos que se niegan a atender las justas demandas de los consumidores, porque no quieren devolver lo depredado, porque quieren quedarse con lo afanado y es sólo cuando el banco se produce así que el juez, con toda justicia, les condena en costas.

Sepan que no van ustedes a engañar a nadie, sepan que cuando ustedes se marchen a su casa con oprobio la abogacía seguirá aquí y sepan que, si siguen por este camino y no se marchan a casa antes, la ciudadanía les mandará a ella para que no vuelvan nunca.

Y hará bien.

Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

Un mes de juzgados trampa hipotecarios

El de los juzgados hipotecarios «trampa» va a pasar a la historia como uno de los mayores fiascos organizativos que se conocen por parte de quienes «organizan» nuestro sistema judicial. Hay quien, a la vista de las proporciones del fiasco, considerará incluso que un error tan evidente y predecible no puede ser un error sino que ha tenido que ser buscado de propósito para beneficiar a alguien y será entonces cuando quienes así piensen comenzarán —como de hecho ya han comenzado— a afirmar que el propósito real de la medida es favorecer a la banca frente a los consumidores. No entraré en eso, pueden elegir ustedes: o incompetencia o malicia, como gusten; no seré yo quien haya de tratar de inclinarles a uno u otro extremo en ese punto.

Ha pasado un mes desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —con el «placet» del Ministro de Justicia— instaurase un sistema que, según ellos, debería hacer frente al aumento de litigios relacionados con las cláusulas abusivas que presentan las hipotecas en España.

Ha pasado un mes, como decimos, y comienzan a aparecer datos del funcionamiento de este sistema, construido sobre 54 juzgados únicos provinciales que ponen de relieve la absoluta insensatez de la medida. En este artículo trataremos de repasar esos datos y, para ello, usaremos como términos de comparación la provincia más poblada de España y —por razones obvias— la mía. Como veremos, en ambos casos, la medida adoptada por el CGPJ se revela como un auténtico fiasco. Comprobémoslo.

Comencemos por la provincia más poblada de España (Madrid), una provincia que cuenta con más de 200 juzgados civiles capacitados para conocer de este tipo de demandas y que, sin embargo, siguiendo las directrices del CGPJ, ha encomendado a un sólo juzgado (el Instancia 101) el conocimiento de todas las demandas de este tipo. En tan sólo 15 días este juzgado recibió 1.102 demandas lo que, de mantenerse la tasa, dará lugar a unas 2.200 demandas al mes. Teniendo en cuenta que un juzgado con 1.000 demandas al año ya está colapsado podemos afirmar sin ningún género de dudas que, de mantenerse este ritmo, este juzgado madrileño recibirá cada mes una carga de trabajo igual a la que recibirían dos juzgados iguales en dos años: una auténtica locura.

Si, en cambio, estos 2.200 asuntos se hubiesen distribuido entre los más de 200 juzgados de Primera Instancia de Madrid, cada uno de ellos no tocaría ni a diez demandas; una cifra absolutamente digerible a pesar de la lamentable carencia de juzgados en nuestro país y de la pésima relación juez/habitante que exhibe. Faltan jueces, sin duda, pero si, además, encargas a uno solo lo que podrían hacer más de 200 lo que estás provocando es un atasco cuyas proporciones no pueden pasar desapercibidas a nadie.

Por tanto, por lo que a Madrid respecta, podemos afirmar sin ningún género de dudas que el juzgado YA está colapsado según se advirtió al CGPJ. No ha hecho falta ni un mes, han bastado 15 días, juzguen ustedes mismos.

Por lo que respecta a la Región de Murcia, conforme a los datos facilitados por el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en este mes de junio el juzgado único encargado de tramitar el tipo de demandas que nos ocupa ha recibido 274 demandas. Si esta tasa se mantiene el juzgado único de Murcia estará colapsado en 3 meses (habrá recibido en un trimestre una cantidad de asuntos igual a la máxima que podría digerir en un año). Si estas 274 demandas se hubiesen distribuido entre los 54 juzgados de 1ª Instancia con que cuenta nuestra región apenas si habrían supuesto 5 asuntos más por juzgado.

A la vista de estas cifras la medida adoptada por el CGPJ en relación con este asunto resulta tan absolutamente incomprensible que es difícil no buscar más bien coartadas que explicaciones y lo es mucho más si añadimos todo el resto de circunstancias que ensucian hasta lo inaceptable la misma: la falta de medios, el recurrir a jueces en prácticas, la centralización infamante sin más beneficio que el de dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia… No necesito repetirlas en este artículo, si hace usted una mínima búsqueda en la red las encontrará a cientos y suscritas por voces más autorizadas que la mía.

Visto lo visto uno no acaba de entender que el CGPJ se obstine en mantener una medida contra la que se han alzado todas las voces independientes del mundo de la justicia en España y que ha dado lugar a que incluso parlamentos autonómicos —como el de la Región de Murcia— hayan emitido su opinión unánime en contra. ¿Qué gana el CGPJ gobernando no sólo contra la opinión de todos sino contra la de los propios administrados?

Decían en la Grecia clásica que, a quien los dioses quieren destruir primero le vuelven loco; pero no loco de cualquier enfermedad sino de lo que ellos llamaban «hibris», una especie de desmesura soberbia. Pues bien, el CGPJ ha rebasado los límites de la mesura y lo ha hecho incurriendo en la más intolerable soberbia: desoyendo a sus pares (jueces y magistrados como ellos mismos); desconociendo la opinión de abogados, procuradores y el resto de los operadores jurídicos; ignorando los pronunciamientos de órganos representativos de la soberanía popular; desoyendo las quejas de las asociaciones de consumidores… Indudablemente quienes han adoptado o fomentado esta medida están poseídos por la «hibris» y su fin ya se adivina. Esperemos, por nuestro bien, que en su caída no se lleven por delante más de lo que ya se han llevado. Vale.

No se puede gobernar contra el pueblo

Hoy es un día de infamia; a pesar de que las asociaciones judiciales han manifestado su clara oposición a la medida, a pesar de que los TSJ’s mayoritariamente se han opuesto, a pesar de que el Consejo General de la Abogacía ha expresado su oposición unánime, a pesar de que Comunidades Autónomas enteras han expresado su rechazo a través de los órganos representativos de la soberanía popular… a pesar de eso, digo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido llevar a cabo una de las agresiones más flagrantes contra los derechos de los ciudadanos y en favor de la banca.

Verán, tras el hecho de que el CGPJ haya decidido «encapsular» (este es el eufemismo que usan) todos los juicios de hipotecas en un ÚNICO juzgado por provincia no es que se esconda solamente una agresión a los 2/3 de la población española que no vive en las ciudades seleccionadas como sede.

Tras el hecho de que el CGPJ asigne el conocimiento de 1.500.000 hipotecas a tan solo 54 juzgados en España no es que se esconda sólo el hecho cierto de que se estará tratando de provocar un colapso judicial generalizado.

Tras el hecho de que se pretenda atribuir a jueces en prácticas el conocimiento de estos asuntos no se esconde sólo un gesto de desprecio hacia los consumidores.

Tras el hecho de que se trate igual a Soria que Madrid o que se dejen islas sin juzgado no late sólo un rasgo de estolidez propio de la soberbia covachuelista.

Tras el hecho de que el CGPJ obligue a 2/3 de la población española a pagar sobrecostes multimillonarios para acceder a la justicia no se esconde sólo la consecuencia del error de mentes incapacitadas para pensar con conceptos que superen lo provinciano…

No, lo que se esconde tras todas estas infamias encadenadas, es el mayor favor que el sedicente poder judicial podría hacerle a la banca, de tal manera que la norma puede comprenderse mejor si la entendemos escrita al dictado de los intereses de los bancos que de las exigencias de la razón normalmente constituida.

Dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos se favorece a la banca, provocando lentitud en la tramitación de las reclamaciones se favorece a la banca, encareciendo artificialmente las reclamaciones de los ciudadanos se favorece a la banca, maltratando a los 2/3 de la población de España que no vive en capitales de provincia se favorece a la banca…

Busque usted en esta disposición de enquistar las hipotecas en poco más de 50 juzgados un sólo rasgo que favorezca al consumidor y no a la banca y si lo logra estoy dispuesto a invitarle a un café y discutirlo, porque, sin duda, será sólo un espejismo.

Hoy el CGPJ ha comunicado su decisión de pasarse por el forro las opiniones y la voluntad de los ciudadanos, hoy ha vuelto el despotismo (no el ilustrado, que eso sería algo, sino el provinciano) como forma de gobierno… Hoy es un día de infamia.

Sin embargo, lo que toda esta tropa olvida es que no se puede gobernar contra el pueblo o, al menos, que no se puede gobernar impunemente contra el pueblo. Parece que han olvidado el ejemplo de Gallardón marchando a su casa con oprobio y dejando uno de los peores recuerdos que se tiene de un ministro de justicia en España. 

Vamos a tener que recordárselo y vamos a tener que recordárselo de una forma que no olviden nunca jamás. No se puede gobernar impunemente contra el pueblo.

Hipotecas: la infamia que viene.

Afirma el CGPJ que tiene preparado un plan “de contingencia” para —dicen ellos— “hacer frente” al previsible aumento de actividad en los juzgados por la presentación de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Las cifras que manejan son las siguientes: Seis millones de hipotecas de las cuales 1.500.000 acabarán yendo a juicio (no me pregunten de dónde sacan los datos, alguien -quizá los bancos- se los hayan dado).

Eso supone que, por cada 100.000 habitantes, hay unas 3.221 hipotecas conflictivas y, para solucionarlo, van a crear UN juzgado por provincia. Lo mismo Madrid (6.500.000 habitantes) que Soria (90.040 habitantes) tendrán UN juzgado y luego, merced a unos presupuestos que no aumentan para crear juzgados, dicen que arreglarán la cosa según vaya… ¿a quién creen que engañan?.

Los bancos han intentado durante años que los consumidores se vean forzados a litigar en las capitales de provincia (dos tercios de la población española NO vive en capitales de provincia) y la jurisprudencia europea lo ha venido impidiendo. Ahora se prtende que el gobierno legisle contra Europa  para favorecer a los bancos y que los ciudadanos hayan de desplazarse a unos juzgados que nacen, por diseño, colapsados de antemano.

Este es quizá el disparate (la aberración si quieren) más inicuo que podría llevar a cabo el gobierno de España si finalmente lo aprueba.

Lo contaré en otros posts que sigan a este —inevitablemente apresurado— pero con este plan el gobierno está imponiendo DOS tasas judiciales en la sombra a los administrados. Si los consumidores y los abogados toleramos esta iniquidad es que la sociedad civil en este país está muerta.

Ampliaré mañana esta infame noticia porque —lo crean o no— el CGPJ pretende que esta infamia entre en vigor el 1 de junio. 

Tú sabes lo que puedes y lo que debes hacer. No esperes que nadie te lo diga, hazlo.

Abogacía y costas: drama en tres actos

El 21 de diciembre de 2016 fue un día feliz para muchos abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había fallado que lo indebidamente cobrado en virtud de las abusivas cláusulas suelo debía devolverse íntegramente y no sólo desde el año 2013 como pretendía el Tribunal Supremo. Abogacía Española1 dió la noticia así en su cuenta de tuíter: «El TJUE obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo».

Resultaba difícil predecir hace sólo cincuenta y tres días que este tuit abriría el primero de los tres actos de un drama que llevaría a cometer a la Abogacía Española algunos de los más inadmisibles actos que he presenciado en los siete años que formo parte del Consejo.

Primer acto: los tribunales arbitrales

Tras la sentencia del TJUE la situación era, aparentemente, muy clara: los bancos ya sabían a qué atenerse y o bien devolvían voluntariamente el dinero indebidamente cobrado a sus clientes o bien estos se lo exigirían judicialmente. En un país normal los bancos habrían procedido a cumplir la ley inmediatamente pero el nuestro no es un país normal y por eso en España la útima posibilidad que se contempló esos días fue la de que los bancos cumpliesen voluntariamente la ley

Un incumplimiento generalizado de los bancos, que se daba y aún se da por descontado, sería una infamia para con la nación, sí, y exigiría un esfuerzo especial por parte de los abogados, incluídos los de oficio; pero también supondría trabajo para los abogados españoles, un trabajo que no vendría mal en un momento en que la abogacía española atraviesa el peor momento de los últimos 30 años, de forma que los pequeños despachos de abogados y los abogados del turno de oficio se prepararon para atender a la posible demanda; en última instancia la solución que establece nuestro ordenamiento cuando alguien no cumple la ley es acudir a los tribunales de justicia y no se ve por qué razón los bancos habrían de recibir un trato distinto. Los pequeños despachos, además, habían sido los únicos que habían apoyado a los consumidores en su lucha contra el abuso de las cláusulas suelo y parecía natural que fuesen ellos quienes hubiesen de lidiar con un posible incumplimiento generalizado por parte de los bancos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en toda esta batalla de las hipotecas, el gobierno había estado sistemáticamente en contra de los consumidores y a favor de la posición procesal de los bancos..

Por alguna razón a nadie se le ocurrió exigirle a los bancos que cumpliesen con la sentencia. En España hay cosas de las que no se habla y esta de pedirle a los bancos que cumplan la ley parece ser que es una de ellas. La abogacía española tampoco pareció apuntarse a la vía de la firmeza exigiendo el cumplimiento de la doctrina contenida en la sentencia a los bancos y, para sorpresa de propios y extraños, el día 23 de diciembre, apenas día y medio después de la sentencia del TJUE se descolgó con este tuit en su cuenta oficial que sumió en la perplejidad a cuantos abogados conozco: Pedimos que Tribunales Arbitraje en que participan Colegios Abogados canalicen ejecución STC TJUE #CláusulasSuelo

La noticia no tenía desperdicio, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, sin que el Pleno del Consejo lo hubiese aprobado, en solitario y sin consultar aparentemente a nadie, se erigió en voz de la Abogacía Española y en nombre de la Abogacía Española dirigió al Ministro de Justicia Rafael Catalá una carta en la que le pedía que «Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo»2.

Las respuestas al tuit no se hicieron esperar y oscilaron entre el «¿quién ha aprobado esa barbaridad?» y el «Vergonzoso». Los tuits lanzados por abogados desde sus cuentas particulares fueron muchos más, tuvieron casi todos ellos más apoyo que el de Abogacía Española y si algo quedó claro al final del día 23 de diciembre es que la presidenta había obrado por su cuenta, sin autorización del pleno e irrogándose ella misma una representación de la totalidad de los abogados que muchos abogados rechazaban explícitamente y que, desde mi punto de vista, no es admisible ni como figura literaria en casos como este.3

¿Por qué había podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta solicitar algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que un mero error detrás de su petición al Ministro de Justicia?

El llamado «Principio de Hanlon» nos advierte de que no debemos atribuir a la maldad lo que podamos atribuir simplemente a la estupidez, de forma que, al menos ese día, decidí que no era posible, no, que la propuesta de la Abogacía Española obedeciese a un intento de favorecer la posición procesal de los bancos exhonerándoles, al reconducir las reclamaciones a un procedimiento arbitral, del pago de las cotas que todo proceso judicial civil lleva aparejadas cuando se ven rechazadas todas las pretensiones de una de las partes. Sin embargo algo me atormentaba: a pesar de la catarata de críticas en redes, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que, aunque preferí pensar que todo era un error, insensiblemente, el llamado «Test del Pato» comenzó a sustituir en mis pensamientos al «Principio de Hanlon».

Segundo acto: el apoyo al RD 1/2017

El segundo momento de este drama tiene lugar cuando el Gobierno de España presenta el Real Decreto Ley 1/2017 y Abogacía Española muestra su más explícito apoyo al mismo con este tuit: La Abogacía considera positivo establecer un sistema extrajudicial para resolver los litigios sobre. Dicho tuit enlaza a una noticia en la que, entre otras cosas la presidenta se felicita de la creación de «una disposición normativa que establezca un procedimiento extrajudicial para canalizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según carta que remitió el pasado 23 de diciembre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro Catalá.»

Las reacciones al tuit esta vez fueron mucho más masivas y mucho menos educadas. El enfado que esta postura provocó entre muchos abogados fue descomunal. Si no han leído antes los comentarios del tuit que les he enlazado háganlo ahora, merece la pena. Las reacciones en Tuíter y Facebook desde otras cuentas son numerosísimas y no necesito enunciarlas aquí, probablemente ya hayan tenido noticia directa de muchas de ellas.

Nuevamente la presidenta sufrió un absolutista error de identidades y se confundió a sí misma con la abogacía (L’État c’est moi) y todo ello sin consulta ni votación del Pleno del Consejo y, despreciando implícitamente las reacciones en contra que había despertado su posicionamiento anterior, se atrevió de nuevo a hablar en nombre de todos y a sostener que la Abogacía apoyaba un Real Decreto cuya única característica reseñable es que dulcificaba el régimen de costas procesales para los bancos y entidades relacionadas con el abuso de las cláusulas suelo.

Ante tal comportamiento volvieron a surgirme las preguntas: ¿Por qué habría podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta aplaudir algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que uno de esos habituales actos de adulación hacia el Ministro a que nos tiene tan acostumbrados?

Nuevamente recordé el «Principio de Hanlon» pues no podía creer que fuera posible que Abogacía Española se estuviese felicitando por este Real Decreto cuando nada se había votado al respecto en el Pleno del CGAE y, sin embargo, al igual que en el caso anterior y a pesar de la tormenta de opiniones en su contra, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que cada vez fue quedando en mis reflexiones menos espacio para el Principio de Hanlon y más para el llamado «Test del Pato».

Tercer acto: la modificación del régimen de costas

El tercer, y por ahora último acto de este drama, se produjo el pasado 6 de febrero, menos de una semana después de la convalidación del RD 1/2017 por el Congreso de los Diputados y se anunció, de nuevo, en redes sociales con un tuit: “Abogacía quiere modificación de condena en costas para que solo se imponga en supuestos en que se litiga con temeridad @_OrtegaVictoria”.

Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas. ¿Para qué? Déjenme que les cuente algo antes de tratar de responder.

En la actualidad las costas de un procedimiento civil las paga la parte que vea desestimadas todas sus pretensiones salvo que, el juez, razonadamente considere que existían serías dudas de hecho o de derecho4. Esta posibilidad de que el juez pueda apreciar que, incluso en el caso de que una parte vea todas sus peticiones rechazadas puedan haber dudas de hecho o de derecho que le obligasen a litigar, ya ilustra que las afirmaciones de “automatismo” no son ciertas o que, al menos, si el “automatismo” se produce no es porque el sistema lo exija.

Esta regulación actual no es producto de la casualidad, fue extensa y profundamente debatida por la doctrina durante la segunda mitad del siglo XX y, para finales del mismo, se había alcanzado un amplísimo consenso que se plasmó en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aunque, ya con anterioridad, se había impuesto el actual régimen de costas como el normal y deseable, al menos en la jurisdicción civil. Desde entonces no recuerdo que nadie haya cuestionado este régimen en ningún foro relevante y, por ello, la propuesta de la Abogacía resultaba curiosamente llamativa.

Supongo que quienes estén leyendo este post y no sean juristas se preguntarán: ¿Qué significa para un litigante en un proceso ser condenado en costas? Pues significa que habrá de pagar a su contrario todos aquellos conceptos que la LEC conceptúa como costas y que según su artículo 241 incluirían: 1º. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2º. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3º. Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4º. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5º. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional… En fin, que cuando una de las partes pierde completamente el pleito se ve abocada, salvo que el juez razonadamente decida otra cosa, a abonar a la parte contraria todos estos gastos.

Y es en estas costas donde se encuentra el meollo de todo este asunto. La banca, esa banca que no paga simplemente porque no quiere, está muy enfadada con las costas. Los juzgados y tribunales vienen desestimando absolutamente sus excusas defensivas y les imponen las costas con asiduidad y esto la banca no lo tolera. Su enfado ha llegado a tal extremo que ni los Colegios de Abogados han escapado a sus iras. El hecho de que la banca haya de indemnizar a quien le demanda de los gastos del proceso es algo que no soporta. Nuestra banca está acostumbrada a cobrar inmisericordemente sus costas a aquellos contra quienes litiga, incluso presupuestándolas y embargándolas de entrada al 30% del principal en esos procedimientos de que ella dispone y los consumidores no.

La banca, que ha olvidado cómo adicionaba sistemáticamente un 30% en costas a la deuda de los consumidores a quienes desahuciaba en estos últimos años, ahora no está dispuesta a consentir que se le condene a pagar los gastos en que estos consumidores incurran al demandarla a ella. Hay mucho en juego en estos gastos, piénsenlo un poco.

No todos los consumidores disponen del dinero preciso para demandar pero, cuando el sistema judicial es predecible, un jurista medio puede prever con bastante seguridad lo que el juez resolverá en sentencia. En estos días el sistema judicial es altamente predecible en cuanto a las cláusulas suelo y, por lo tanto, muchos abogados se animan a predecir a sus clientes que el juez, ante la negativa injustificada del banco, con mucha probabilidad le condenarán al pago de las costas en sentencia.

Consumidores que de otro modo no reclamarían, a la vista de la solidez del sistema reclaman y así pueden recuperar lo que injustamente se les detrajo.

Por la misma razón la banca ha estallado en ira: porque el sistema es predecible y saben que su impago injustificado les acarreará el pago de las costas y no sólo eso, facilitará la reclamación de aquellos consumidores a quienes no logren espantar con sus bulos de: “te va a costar más el entierro que la abuela”, “el proceso te va a costar más de lo que vas a ganar”, “tu abogado se va a quedar con todo” y esas lindezas que creo que todos ustedes conocen perfectamente.

Hay mucho dinero en juego: créanme. Piensen en cuantas hipotecas contienen cláusulas abusivas y cuántos procesos habrá en España si los bancos se niegan injustificadamente a pagar ¿un millón de hipotecas? ¿Dos? pues multipliquen ese número por los aranceles del procurador y por el precio en que estimen el trabajo de su abogado y todo ese dinero habrá de pagarlo la banca. Por hacerlo fácil si hay dos millones de hipotecas y las costas medias de cada proceso son de mil euros (es un ejemplo para hacer fácil la multiplicación) la banca habría de añadir al dinero de la devolución de las cláusulas suelo 2.000 millones de euros de las costas de los procesos que habrían provocado con su injustificada negativa a pagar. Hablamos, créanme, de mucho dinero y la banca lo sabe perfectamente.

La eliminación de esa predictibilidad no sólo desanimaría a muchos consumidores a reclamar sino que produciría un efecto de impunidad inadmisible. La banca maneja bien las hojas de cálculo: no sólo ahorrarían en costas sino que sus abusivas cláusulas permanecerían en los contratos; la felicidad completa para la banca pero… ¿cómo generar incertidumbre?

Dejemos aquí nuestro excursus sobre las costas y volvamos al tercer acto de nuestro drama, recordémoslo: Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas.

Y ahora preguntémonos de nuevo: ¿por qué la Abogacía se acuerda ahora del régimen de costas y no en 2012 cuando 217 familias eran desahuciadas diariamente y además de la deuda y sus intereses ordinarios y moratorios se les ejecutaba un 30% más por costas? ¿Por qué se acuerda de las costas en general y no pide por ejemplo que se regulen en los procesos hipotecarios donde son más automáticas y se embargan desde el minuto cero? ¿por qué se trae a la luz ahora este debate que nadie reclamaba?, ¿para qué?, ¿a quién beneficia esto?, ¿a los abogados?, ¿a los consumidores o a los bancos?

Ya son tres los actos de este drama en que el argumento y los papeles se repiten. Yo sigo queriendo pensar que todo esto se debe a insensatez o incompetencia como dice el Principio de Hanlon, pero no puedo olvidarme del llamado “Test del Pato”, ese que, cuando nos dicen que algo no es lo que parece, nos recuerda que:

Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.

Usted decide si las cosas son o no lo que parecen o incluso lo que parecen, nada tengo que indicarle; lo que sí puedo decirle es que no voy a cooperar con este juego. Esta no es mi Abogacía y usted que me lee puede tener la seguridad de que, diga lo que diga la presidenta en este punto, a mí no me representa. Y sospecho que a usted tampoco.

Vale.

Pato


  1. Utilizo la expresión «Abogacía Española» en cursiva para expresar que está usada en sentido impropio; no por mí, sino por los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Abogacía Española es la «marca» con que suelen aparecer en los medios de comunicación y frente a terceros los representantes del CGAE sin que esta expresión sea el nombre de ninguna corporación de derecho público contemplada por nuestras leyes. Hablar de la Abogacía Española (marca CGAE) y tratar de confundirla con la totalidad de los abogados de España es una de las conductas que exigiría de mayores dosis de humildad por parte de sus usuarios. ↩︎
  2. Abogacía Española: La Abogacía pide que los Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo. ↩︎
  3. Por solo poner unos ejemplos véase este tuit «¿Pedimos? ¿quién lo pide?» con el doble de visualizaciones y «likes» que el de Abogacía Española. Es sólo un ejemplo entre muchísimos más. ↩︎
  4. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone en sus dos primeros números: “1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.” ↩︎

Me irrita

Releo las sentencias sobre las hipotecas que ha dictado el TJUE y me irrito leyendo como la posición procesal del Gobierno de España ha sido sistemáticamente de ayuda a los bancos y contraria a los intereses de los ciudadanos. Me irrita que hayan perdido y que no hayan tenido la decencia mínima exigible: felicitar al contrario por su victoria y pedir perdón por haber defendido las tesis erróneas, por haber defendido a quienes les financian en lugar de a quienes les votan, por haber defendido a los fuertes frente a los débiles y por haber permitido que durante mucho tiempo unos pocos abusaran de casi todos en su beneficio. Si quienes nos gobiernan defienden a los bancos… ¿quién nos defiende a nosotros?
Si lo piensas quizá comiences a mirar de otro modo a los abogados.