Cómo acabar de una vez por todas con la independencia judicial (IV): entregar la instrucción de las causas a la fiscalía

Ya conté en el primer post de esta serie, dedicado a la NOJ, cómo los partidos políticos que ocupan el gobierno tratan de vaciar de contenido la función de los jueces a base de retirar de sus competencias todas cuantas puedan para entregarlas a funcionarios férreamente sujetos a la disciplina del ministro y sus dedinombrados altos cargos. En el caso de la NOJ el truco era escindir los aspectos procesales y sustantivos del proceso y poner los primeros en manos de los LAJ pero —y ahí está la trampa— sin dotar a estos funcionarios ni de la independencia ni de ninguna de las garantías que la constitución atribuye a los jueces.

Con la entrega de la instrucción de las causas a la fiscalía ocurre otro tanto: el gobierno aparta de esos molestos jueces (independientes, inamovibles, sometidos solo a la ley…) la instrucción de las causas para entregárselas a los fiscales, funcionarios que NO están adornados de la independencia de los jueces y que, como el propio presidente del gobierno puso de manifiesto con toda claridad, están sometidos al principio de jerarquía.

Lo que no han logrado ni con la NOJ, ni con los tribunales de instancia, ni con todas las malas artes que les he descrito en los tres post anteriores, pretenden ahora lograrlo entregando la instrucción a la fiscalía pero sin dotarla ni de independencia y sin liberarla de ese principio de jerarquía que la sujeta.

La fiscalía además carece de medios y en el presupuesto no se contempla ninguno: ¿a quién favorece entonces esta aberración?

Pues les favorece a ellos, los políticos, y de entre ellos a los ya corruptos o los que están en trámite de corromperse. El juez de instrucción, ese tipo odioso que puede ordenar la detención de cualquier alcalde o concejal de urbanismo, es una figura insoportable para el político que se cree intocable. Mejor que ese juez capaz de pensar por sí mismo, piensan estos genares de quien les hablo, un fiscal bien sujetadito a una jerarquía que ya nos encargaremos nosotros de poner a punto.

En medio de la pandemia, con la justicia a mes y medio del caos, el ministro —a quien por lo que se ve le importa un carajo que España se vaya al idem— se dedica a proponer una tras otra las mismas medidas que ya trató de imponer Caamaño, Gallardón y Catalá, para mejor controlar al único poder capaz de frenar la desvergüenza de esta caspa castosa.

Y, lo que más me perturba, créanme, es que, si los españoles y españolas no toman conciencia de ello y lo impiden, esta banda acabará saliéndose con la suya y acabando con todas las esperanzas de vivir en una sociedad digna.