Democracia ¿Orgánica?

Los juristas solemos hablar bastante de humos y aromas de manera que, una de las expresiones más habituales en el mundo del foro, es la del “fumus boni iuris”, el “aroma a buen derecho”.

Reflexionando estos días sobre el proceso electoral habido en el Consejo General de la Abogacía Española y el pésimo aroma democrático que me llega de él, me ha venido a la mente la posibilidad de que, al igual que se habla de “aroma” o “humo” de buen o mal derecho, se pudiera hablar también de aroma a ley democrática o predemocrática.

Déjenme que les cite aquí el preámbulo de una ley:

El principio de representación orgánica consagrado por el ordenamiento constitucional español se hace efectivo mediante la participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general, que se lleva a cabo a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás Entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Estas instituciones deben ser amparadas en cuanto satisfacen exigencias socialos de interés general, para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.

Entre las Entidades aludidas se encuentran los Colegios Profesionales, cuya participación en las Cortes y a través de ellas en el Consejo del Reino, así como en las Corporaciones Locales, se reconoce en las Leyes Constitutiva de las Cortes, de Sucesión en la Jefatura del Estado y de Régimen Local.

Como sin duda habrán notado, en este fragmento se citan leyes, instituciones y conceptos que, si han nacido ustedes después de 1975, les resultarán absolutamente desconocidas.

Así, la participación del pueblo en las tareas legislativas, según esta ley que les cito, no se lleva a cabo a través de los partidos políticos sino que se lleva a cabo “a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás Entidades con representación orgánica”.

Toma candela, Manuela, «representación orgánica» ¿Alguno de ustedes sabe bien lo que es eso? ¿Le suena a usted el concepto “Democracia Orgánica” de algo?

No acaba la cosa en eso de «Familia, Municipio, Sindicato y Movimiento» (¡Uy! ¡Se me ha escapado!) sino que el fragmento también nos habla del “Consejo del Reino”, la “Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado” y otra serie de instituciones y leyes probablemente desconocidas para usted.

Estoy seguro, joven amigo jurista, que tú no estudiaste esas instituciones ni esas leyes y, muy probablemente, sólo has visto sus nombres en los libros de historia.

El preámbulo de la Ley que acabo de citarte pertenece a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, aún hoy vigente y que es la que regula el funcionamiento de nuestros colegios.

Si naciste después del año 1975 permíteme que te cuente lo que pasaba ese 13 de febrero de 1974 en que se aprobó la ley.

Ese día 13 de febrero apenas si habían transcurrido 53 desde que, el 20 de diciembre anterior, la banda terrorista ETA asesinase al almirante Don Luís Carrero Blanco, Jefe del Gobierno de España por designación del entonces Jefe del Estado Francisco Franco. El régimen quedó conmocionado y se nombró sucesor del asesinado almirante a Don Carlos Arias Navarro, el cual mantuvo bastantes de los ministros nombrados por su precedesor (8) e introdujo o reintrodujo a cierto número de burócratas falangistas de la línea dura. Prácticamente, la única concesión a la modernidad, y que en su día pareció pequeña, fue la conservación de Antonio Barrera de Irimo, expresidente, tiempo atrás de la Compañía Telefónica Nacional de España, en el cargo de Ministro de Hacienda.

La primera declaración política de Carlos Arias ante las Cortes “orgánicas” (ya sabes, nada de partidos, sino familia, municipio, sindicato…) tuvo lugar el 12 de febrero (un día antes de la aprobación de esta ley que les he citado) en un discurso timidísimamente aperturista que los hagiógrafos del régimen consideraron padre de un nuevo espíritu: el llamado “Espíritu del 12 de febrero”, un “espíritu” que se desvanecería en poco tiempo evaporado por la inquietud que causó en el régimen la “Revolución de los Claveles”, sublevación militar que se sintió muy cercana a los deseos de muchos españoles y que acabó con la dictadura portuguesa en abril de ese mismo año.

Pues bien, fue en este contexto en el que se aprobó la ley de colegios que aún hoy día nos gobierna.

Que esta ley sea anterior a la Comstitución de 1978 no la hace anticonstitucional, no, pero, sin duda, lo que es innegable es que no fueron precisamente los principios democráticos constitucionales los que la inspiraron sino, más bien, aquellos principios de democracia “orgánica” a que hace referencia la propia ley en su preámbulo y a lo que entonces se llamaban, las Leyes Fundamentales del Reino, con la “Ley de Principios del Movimiento Nacional” a la cabeza.

Por eso ahora reflexiono sobre si el espíritu preconstitucional y orgánico de esta ley no estará detrás del déficit democrático que una buena parte de las abogadas y abogados de este país percibimos en las elecciones de ayer.

Las leyes se hacen para implementar y desarrollar valores y principios y esta de 1974 lo hace, lo que pasa es que los valores y principios que menciona no son los que acoge la Constitución de 1978 sino otros muy distintos.

Insisto, que una ley sea anterior a la Constitución no significa que sea inconstitucional, en absoluto, pero de lo que también estoy seguro es que ya va siendo urgente sustituir esta ley y los principios que la inspiran por otra ley de colegios inspirada en la Constitución democrática que hoy nos rige.

No sé lo que pensarán ustedes.

No en mi nombre

Hoy se celebra algo parecido a unas elecciones en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la candidata oficialista va a ganar esas elecciones, pero ni va a representar a los abogados y abogadas de España ni va a tener la autoridad mínima necesaria para dirigir la abogacía.

Nadie puede pretender representar a alguien cuando la voluntad de ese alguien no ha sido consultada. La candidata, que no ha tenido ni la delicadeza de presentar públicamente un programa electoral, aspira a ser presidenta del CGAE y, sin duda, lo será, pero la antidemocrática forma en que entiende los procesos electorales no le permitirá representar a la abogacía ni representar, en modo alguno, el deseo y los intereses de las abogadas y abogados; en todo caso y como mucho, se representará a sí misma y a los decanos que componen el consejo.

Representar a los decanos o al órgano colegiado que ellos forman, no es representar ni a la abogacía ni a los abogados y abogadas que la integran. La candidata se ha cuidado muy mucho de ocultar a abogadas y abogados cuáles son sus objetivos y los decanos que la han votado han guardado un ominoso silencio sobre las razones que les han movido a votarla, las posibilidades, pues, de intervenir u opinar por parte de abogados y abogadas ha sido simplemente nula.

El vínculo entre la candidata y sus votantes es secreto y es secreto porque, con muchas probabilidades, hsy en el mismo aspectos inconfesables (nadie oculta aquello de lo que no tiene que avergonzarse) que tienen más que ver con un sietemesino reparto de trampantojos, puestos y puestecillos en el consejo que con una visión de futuro para el colectivo. La candidata se ha ocupado de ocultar sus intenciones y buena parte de quienes componen el consejo también. Ellos, pues, sabrán a quiénes pretenden representar actuando de esa forma, desde luego a abogados y abogadas no.

La candidata no puede aspirar a dirigir un colectivo cuando antes no ha manifestado en qué dirección le llevará. La candidata debe entender que las personas y colectivos han de tomar la dirección que ellos desean porque lo contrario no es democracia sino manipulación. La candidata no puede pretender llevar a nadie hacia ningún lugar sin preguntarle antes.

Por eso la candidata debe de saber que cada vez que trate de hablar en mi nombre me ocuparé de que mi voz se escuche alto y claro para que todo el mundo sepa que no representa en ningún modo ni mi opinión ni mi criterio. Y tengo la convicción de que una parte cada día más importante de la abogacía, dejará oír su voz para que los españoles sepan que la candidata que hoy va a ganar estas extrañas elecciones carece de autoridad para hablar en nombre de ellos.

No compañera, y ahora me dirijo a ti, candidata, mientras yo pueda estar presente tú no me vas a representar y mientras yo tenga voz tú no hablarás en mi nombre.

Haz lo que quieras con tu cargo, pero no en mi nombre; cobra dietas y gastos, pero no me representes; regala condecoraciones y organiza saraos, pero jamás, jamás, jamás, hables por mí.

Cooptación

Cooptación

Pasado mañana 83 decanos elegirán su presidenta y digo presidenta porque estas elecciones no encierran ninguna sorpresa: el resultado ya está escrito.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es un órgano compuesto por los decanos de los 83 colegios de abogados de España, desde Madrid (40.000 abogados) a Tafalla, Tudela o Estella (entre 40 y 100 abogados). Todos los votos valen lo mismo de forma que el voto de los decanos de Estella y Tafalla, que teóricamente representan a menos de 200 colegiados vale el doble que el del decano de Madrid que, teóricamente, representa a 40.000.

Para ganar las elecciones hacen falta 42 votos y para ello hay que convencer a 42 decanos; sin embargo la convicción se produce de diversas formas y ahí se esconde el diablo.

En primer lugar debe usted saber que la presidenta ha elegido a su libre albedrío hasta 9 vicepresidentes. Sí, ha oído usted bien, si se queja de que el gobierno de @sanchezcastejon tiene muchas vicepresidencias CGAE tiene el doble.

No necesito decirle a quién van a votar esas personas, si votan adecuadamente (es decir continuismo) con casi total seguridad seguirán en el cargo. Creo que no necesito decirle más.

Pero la presidenta no solo ha nombrado a los 8 vicepresidentes, también ha nombrado a los cargos de las muchas comisiones y subcomisiones que “funcionan” en el CGAE. Adivinen a quién van a votar estas personas.

Por supuesto la presidenta ha nombrado también a su secretario general, ha propuesto también a los patronos de la fundación, ha condecorado, ha comisionado…

Si a usted le resultan sorprendentes el sinnúmero de saraos, placas, condecoraciones, reconocimientos, homenajes, puestos visibles en conferencias y demás quincalla pseudoaristocrática que tienen lugar entre muchos de los miembros de CGAE tras esta explicación ahora lo entenderá usted mejor: uno no vota en contra de quien le ha concedido o ha favorecido la concesión de una distinción.

El CGAE, pues, más que ser un órgano deliberante es una especie de macroejecutivo donde todos los cargos los reparte una sola persona: la presidenta. Una buena parte de los electores, pues, llegan a estas elecciones siendo parte del equipo de la presidenta y, siendo parte de su equipo, quedan incapacitados para toda autocrítica. Usted puede reconocer a cualquiera de estos “apparatchiki” porque, cuando usted le diga que CGAE funciona mal, él responderá indefectiblemente: «Funcionamos bien pero no sabemos transmitirlo». De nada servirá que usted le responda que CGAE tiene un buen número de periodistas en nómina, que gasta una buena cantidad de dinero en community managers que les escriban los tuits a la presidenta y en newsletters y revistas. A pesar de que gastan en comunicación centenares de miles de euros (que pagamos todos) ellos insistirán en que “no saben transmitir”.

Con toda esta cantidad de cargos y prebendas repartidos por la presidenta pueden ustedes imaginarse que el resultado de las elecciones está cantado y pueden ustedes entender también por qué, tras cuatro años catastróficos para la abogacía, pueda repetir como presidenta la principal responsable del desastre.

Es por eso que estas elecciones no me interesan lo más mínimo: porque ya conozco su resultado. Si quieres conocer la verdad de como funciona CGAE es bueno que te des una vuelta por la cuenta de uno de los candidatos @DecanoManoloH

Por eso, si alguien le dice a usted que CGAE cambiará desde dentro, no le dé mucho crédito, es lo que dice quien va a cooperar con la anquilosis. Para cambiar las cosas es necesaria una reforma de la Ley de Colegios Profesionales de 1974 (sí, de 1974, de cuando Franco).
#cooptación

Y en todo caso recuerde que CGAE no solo representa a los abogados que, como tú y como yo, compañero, trabajamos en pequeños despachos o trabajamos como empleados de bufetes, sino que representa también, a esos grandes bufetes, justo como en el antiguo sindicato vertical.

Y aunque tú, compañero, pienses que, por ser nosotros, los pequeños, más, importaremos también más, es bueno que salgas tu error y recuerdes que del ilegal congreso de Valladolid la única opinión que saltó con fuerza a la prensa fue la de los grandes despachos. Y no es el de Valladolid un caso aislado, cuatro años antes el Congreso de Vitoria fue un homenaje al fundador de uno de esos grandes despachos.

Sabiendo esto puedes entender ahora por qué la actual presidenta ni siquiera ha presentado en público un programa: simplemente porque no le hace falta.

Ella necesita los votos de los consejeros, tú, en estas elecciones, no cuentas.

Obscenidad y cooptación

La etimología de la palabra “obscena” es dudosa y se han ofrecido respecto de ella múltiples versiones. De entre todas, la que más me gusta (nótese que digo “la que más me gusta” y no “la más acertada”) es la que se atribuye en unos lugares a D.H. Lawrence y en otros a Philip Matyszak.

Según esta versión que les refiero, la palabra “obscena” derívaría de una especie de compuesto de las palabras “ob” y “skena” y se referiría a aquello que sucede en las representaciones teatrales, no en la escena, sino fuera de ella por razones de moralidad.

Se non è vero, è ben trovato: todos conservamos en la memoria muchos de esos trucos escénicos y cinematográficos que permiten que el espectador sepa que algo ha ocurrido en la obra (un asesinato cruel, un adulterio…) pero sin mostrarlo explícitamente a sus ojos. Como nos dice Cervantes en el Quijote (II, 59) “de las cosas obscenas y torpes, los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos” y es por eso que en el teatro del mundo las cosas que repugnan suelen ocultarse.

A mí, no sé por qué, cuando hablo de obscenidad, suelen venirme a la mente todo tipo de procesos electorales. Seguramente, mi memoria, guarda el recuerdo de todas esas elecciones que he vivido en las que, mientras los candidatos decían una cosa, trabajaban en secreto justamente por la contraria. ¿Quién no recuerda a Felipe González defendiendo la salida de la OTAN para trabajar luego por permanecer? ¿Quién no recuerda a Gallardón prometiendo independencia judicial para hacer justo lo contrario en cuanto le nombraron ministro?

En España estamos acostumbrados a estos obscenos juegos de manos; pero nunca deja de sorprender cómo se nos sigue tratando de engañar con ellos. Me explico.

En fechas pasadas alguien ha convocado elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española; y digo “alguien” porque, a día de hoy, aún no están disponibles las actas del último pleno tras el que se anunció la tal convocatoria, por lo que no es posible saber si las elecciones las convocó la presidenta, el pleno o el vigilante de seguridad de la puerta y, créanme, no es esta cuestión sin importancia pues podría determinar la nulidad de la convocatoria. Lo que se haya hecho, de momento, está oculto, obscenidad le llaman.

No sabemos qué se discutió en el pleno, pues es secreto, no sabemos que opinó cada consejero, pues se mantiene en secreto, la presidenta no se ha dignado aclararnos por qué adelanta las elecciones, eso lo mantiene en secreto e, incluso, con excepción de un candidato, ninguno ha presentado ni siquiera un conato de programa electoral: no sabemos para qué quieren ser presidentes/as ni lo que piensan hacer si son elegidos, a lo que se ve eso es también secreto.

Se puede disculpar a los candidatos que no tengan preparado un programa debido a lo sorpresivo de la convocatoria y a lo perentorio del plazo pero ¿Y a la presidenta?

Ella promovió la convocatoria de elecciones ¿Y lo hizo sin motivo y sin tener un programa preparado? ¿Es de recibo que alguien se presente siquiera sea a presidente de su comunidad de propietarios sin anunciar lo que quiere hacer? ¿Tan poco respeto democrático nos queda?

No se engañen, claro que tiene programa, pero es un programa obsceno; es decir, un programa secreto y esto puede ser así porque el Consejo General de la Abogacía Española, además de por el principio de obscenidad, se gobierna por el sistema de cooptación.

Se llama cooptación a un sistema consistente en llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella y esta es la forma en que el Consejo General de la Abogacía Españoma elige a su presidenta. Esa presidenta que luego se arrogará la representación de los más de 140 mil abogadas y abogados de España es elegida por el voto de tan sólo 83 decanos, decanos que, por supuesto, no han recabado la opinión de sus iguales simplemente porque no podrían hacerlo: ¿Qué dirán que pretende hacer cada candidato si —con excepción de uno— no hay programas que presentar?

El programa de la presidenta no lo conoceréis pues es obsceno, existe tan sólo en su mente y ni siquiera lo conocen por completo aquellos que por su interés personal —ya lo contaré en otro post— van a votarle.

Obscenidad y cooptación son las dos claves de estas elecciones a la presidencia del CGAE; como podéis imaginar, con tales ingredientes, es casi imposible que pueda resultar nada bueno.

Váis a tener que mentirnos

Leo los discursos electorales de los partidos que se presentan a las elecciones, escucho a sus líderes, escudriño las reacciones de su militancia y no descubro en ninguno de ellos el más mínimo interés por la justicia.

En un país donde banqueros inicuos han mandado a la ruina a millones de ciudadanos honrados, donde políticos infames se pavonean de doctorados y másteres que jamás estudiaron, donde las administraciones han sido oficinas de recalificar terrenos en favor de los amigos, de vender negocios al tres per cent, de colocar familiares o buscarse jubilaciones; donde los partidos han sido oficinas de recaudación para regocijo de sus líderes, donde —para triunfar— es mejor tener amigos que méritos; en un país así, que está buscando justicia como el enfermo que agoniza busca una bocanada más de aire, quienes pretenden decidir nuestro futuro no incluyen en él la justicia.

Sabemos que los programas electorales son como ese whatsapp que el rufián manda a su amada jurando quererla siempre y permanecer siempre a su lado mientras, entre mensaje y mensaje, busca pareja eventual en Tinder. Sabemos que esos programas son una colección de mentiras que sólo se cumplirán si resulta conveniente para los intereses de esos cuantos que gobiernan los partidos. Pero sabemos también que, si ni siquiera te mencionan en ellos, ya no es que no les importes ni les importe engañarte, es que no existes para ellos.

Los abogados y abogadas son parte decisiva de un país donde la justicia importe, aunque sea poco. Los abogados y abogadas de oficio son parte decisiva de un país donde la justicia de los más desfavorecidos importe, aunque sea menos que poco. Por eso, cuando veo que los abogados de oficio llevan un año en la calle reclamando que se les paguen sus miserables retribuciones y veo también que en ningún discurso electoral, ni siquiera les mienten y les dicen que cobrarán a tiempo cantidades dignas, es entonces cuando sé que les importamos menos que nada. Que todos estos políticos, criados y educados en la escuela de los másteres y doctorados de paripé, en el seminario de las inagotables tarjetas black, en la academia del tres por ciento, en el liceo de las recalificaciones urbanísticas, en el colegio del soborno y en la universidad de la corrupción; a estos políticos no les interesan ni los abogados de oficio, ni la justicia de los desfavorecidos, ni la justicia a secas y en mayúscula porque sólo ella es capaz de acabar con tanta tropelía y en el fondo bastantes de entre ellos, de quienes les precedieron o de quienes precedieron a los que les precedieron, habrían de dar cuentas muy incómodas ante una administración de justicia capaz de pedírselas.

Pero yerran, un estado de disgusto y de decepción se extiende y es ya general, un consenso cada vez más firme se asienta sobre la convicción de su dudosa honestidad, una hartazón cada vez mayor alcanza al electorado y ese consenso general ya no puede deshacerse sin apelar a la justicia.

Mentiréis, volveréis a prometer lo que no pensáis cumplir, volveréis a empeñar la palabra que hace tiempo perdísteis en la casa de empeños; pero vais a tener que mentirnos y, para entonces, podéis tener la seguridad de que una red de abogados y abogadas os estará esperando para pasar cuentas a limpio.

La justicia es prioridad nacional

Nos vuelven a llamar a las urnas para que elijamos entre varios partidos al gobierno que saque a España del estado en que se encuentra. Quienes han gobernado hasta ahora se han mostrado incapaces de arreglar esto y han recurrido a las elecciones como herramienta para solucionar el bloqueo político en que estamos sumidos, como si el cambio de personas y no de condiciones y estructuras fuese a solucionar algo.

En estos últimos años en España hemos vivido un calvario de políticos sinvergüenzas que, cuando no compraban títulos académicos para darse lustre, vendían planes urbanísticos para forrarse, ocupaban puestos en consejos de administración de grandes empresas sin saber hacer un ocho con una escopeta de dos caños o facilitaban que las entidades financieras saqueasen las economías de los votantes.

En España es verdad que ha faltado pan para tanto chorizo como sabiamente diagnosticó la población y, sin embargo, de lo que la sociedad no ha parecido darse cuenta es de que el único pan que permite a la ciudadanía comerse a tantos chorizos como tenemos se llama justicia.

La ciudadanía ha probado con partidos y coaliciones nuevas, como si cambiando a las personas y no mejorando las herramientas democráticas fuese a cambiar la situación. La charcutería nacional, gracias a nuevas opciones, ha podido cambiar de caras, sí, pero seguramente no de conductas y ahora, con otras elecciones más en ciernes, llama la atención que incluso se apunten a la general matanza nuevas marcas de chacinas.

Vamos a decirlo en corto y por derecho: el único pan que empareda a tanto chorizo se llama justicia y ninguno de los partidos que concurren a las elecciones ha hecho de ella su primera prioridad para las próximas elecciones. Si el espectáculo continúa cuatro años más no le extrañe.

Los partidos que sucesivamente han gobernado en España han mostrado un patrón de conducta siniestramente regular en materia de justicia. Todos los partidos que han gobernado han demandado una justicia independiente desde la oposición pero, al llegar al poder, han mantenido el sistema de elección del CGPJ y han olvidado las recomendaciones del Consejo de Europa. Todos los partidos que han gobernado, desde la oposición han defendido que la justicia debe ser cercana a los administrados pero, en cuanto han llegado al poder, se han ocupado de alejarla de ellos lo más posible, manteniendo, por ejemplo, esa repugnante distribución de juzgados hipotecarios destinados a atascar la justicia en beneficio de los bancos y en perjuicio de los consumidores.

Han sido todos los partidos que han gobernado defensores de boquilla de la ciudadanía pero, al llegar al gobierno, han mantenido para los bancos —por ejemplo— procesos especiales que les permitían ejecutar sus hipotecas cargando sobre los ejecutados importantes cantidades en concepto de intereses y costas mientras que han tratado de dilatar el acceso de los ciudadanos a la justicia con inútiles procesos previos o incluso presionando para que las costas del proceso no sean repercutidas en su integridad a los bancos, de forma que hayan de soportarlas los administrados.

La Justicia ha sido para los partidos que han gobernado una insufrible molestia que investigaba sus másteres ficticios, sus sucias financiaciones o sus abyectos tejemanejes. Por eso la Justicia nunca ha sido dotada suficientemente, porque la justicia es el enemigo de los malvados y los corruptos y nadie quiere un enemigo fuerte.

La Justicia es el pan con que emparedar a toda la charcutería nacional; es el pan que falta para tanto chorizo y es por eso que la justicia es una prioridad nacional.

Así pues, cuando vayas a votar, piensa que ninguno de los derechos que te prometan existirá si no dispones de una administración de justicia eficaz donde exigirlo y busca quién se compromete con los principios de #T: Justicia con Medios, Justicia Independiente, Justicia Cercana y Justicia sin Barreras de Acceso como las Tasas.

Ahora que ya sabes donde está el pan que te faltaba, ponte en marcha y ve a por él, porque pronto habrá elecciones y no podemos desaprovechar muchas más oportunidades.

Yo que tú, mañana, iría a votar

Mañana se celebrarán las elecciones a Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados de Madrid y, si quieres que te diga la verdad, si estuviese colegiado en ese colegio, yo mañana iría a votar.

No es sólo que mañana resultará elegida una persona que va a hablar en tu nombre (lo quieras o no) durante los próximos cuatro años, es también que va a gastar el mayor de los presupuestos que tiene colegio alguno en España y, esto, puede hacerlo en interés propio o en interés de todos.

La mayoría de las candidaturas que concurren a las elecciones han gastado un importante presupuesto en esta campaña electoral sin que se acierte a saber bien para qué: ninguno de los cargos que se han de votar mañana están retribuidos ¿por qué nadie habría de gastar dinero propio en aspirar a ellos? ¿cómo esperan recuperar el dinero así gastado?

Gracias a tu dinero y al del resto de compañeros de tu colegio, obtenido coercitivamente pues si no pagas la cuota no puedes ejercer como abogado, el Colegio acumula un importante patrimonio económico que administrará en los próximos cuatro años la Junta de Gobierno que tú elijas (o la que elijan otros por ti si es que decides no ir a votar) y en esa administración, con toda seguridad, puedes encontrar las claves que expliquen por qué alguien invierte dinero en ser decano del colegio más poderoso de España.

El Colegio sobre el papel no tiene muchas funciones: ejerce el control deontológico, organiza el servicio del turno de oficio, emite informes sobre costas judiciales y ejerce otras funciones que la ley le encomienda; sin embargo, la influencia política —cada vez menor al parecer, todo sea dicho— y la realización de actividades no estrictamente estatutarias (formación, arbitraje, mediación, organización de congresos…) son importantes polos de atracción para muchas personas y grupos de interés.

La participación en este tipo de elecciones ha sido tradicionalmente bajísima, pareciera que la mayoría de los abogados considerasen sus colegios como una especie de mal necesario que hay que soportar para poder ejercer y que nunca se hubiesen planteado sustituir este mal necesario por un bien siquiera fuese potencial.

Los porcentajes de participación en las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid en convocatorias anteriores son ínfimos (en las pasadas elecciones votaron 7.746 letrados ejercientes y 1.252 de un censo de más de 65.000; es decir un 13%) lo que significa que con 4.000 votos se puede gobernar el colegio más poderoso de España, una entidad que maneja muchos millones de presupuesto y que otorga a quienes la gobiernan una inmejorable plataforma para las relaciones con personalidades de todos los campos. El pequeño número de votos que se precisan y la magnitud del premio en juego hace que las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid sean campo abonado para golpes de mano de pequeños grupos que tengan interés en contar con una infraestructura tan poderosa y pagada con dinero ajeno.

La campaña electoral ha sido de una crispación inaudita con cruces de querellas de unoscontra otros; acusaciones de fraude y deja la percepción de que, todo esto, es una batalla importantísima para unos pocos, pero que, a la mayoría de los letrados madrileños, les resulta absolutamente ajena.

Si eres de quienes piensa que nada de esto tiene que ver contigo te equivocas, tiene que ver contigo y mucho. Todos estos que ahora compiten por gobernar el colegio que tú mantienes con tus cuotas serán quienes luego te habrán de servir a ti… o no; quienes te representarán lo quieras… o no; quienes pelearán por el futuro de sus abogados y abogadas o pelearán por los intereses y ambiciones que les han llevado a presentarse a esta demencial carrera electoral.

Lo dicho, yo en tu lugar iría a votar, te juegas mucho en esto y, si aún así decides no ir a votar porque todo este espectáculo te resulta ajeno, entonces prepárate para defender los intereses de la justicia y de la profesión (suelen ir casi siempre de la mano) participando en cualquier otra asociación que te garantice que tu futuro estará en tus manos y no en las de gente a las que no has querido ni siquiera ir a votar.

Feliz día de elecciones y que gane quien sólo se deba a sus electores.