Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.