Democracia vs. Derechos

Democracia y derechos humanos parecen estar librando en estas primeras décadas del siglo XXI una sorda contienda en todo el mundo desarrollado.

Las democracias occidentales, vencedoras indiscutibles en la lucha librada contra fascismos y comunismos en el siglo XX, se convulsionan ahora por la lucha interna de sus dos elementos caracterizadores: la voluntad popular y los derechos humanos.

Si consustancial es al sistema democrático el concepto de soberanía popular igualmente consustancial a él es el respeto a una serie de derechos y libertades fundamentales del indivíduo reconocidos en tratados internacionales y constituciones. Sin embargo, estos dos elementos consustanciales a los sistemas democráticos, no parecen poder convivir sin fricciones y sobre estas fricciones están apareciendo movimientos políticos, de extrema izquierda o de extrema derecha en la terminología habitual, que pueden poner en peligro el propio sistema democrático.

Quizá las crisis migratorias que se producen en todo el mundo entre países pobres y ricos o las reacciones legislativas o políticas de los países ricos ante los atentados terroristas u otras caracterizadas formas de delito ilustren perfectamente esto que digo.

La crisis económica ha despertado en los últimos años sentimientos contrarios a la presencia de inmigrantes entre determinadas clases sociales; se cuestionan los derechos de los extranjeros, la conveniencia de su admisión o incluso la posibilidad de su expulsión. La escasez de recursos entre los nacidos en un determinado territorio estimula en ellos el deseo de expulsar del mismo a quienes no han nacido en él, hayan llegado al mismo estos últimos de manera regular o no. Líderes populistas cabalgan la ola de ese deseo y encuentran en él un importante caladero de votos.

Delitos que aparecen como particularmente odiosos a los ojos de la población, en particular los relacionados con la libertad sexual o con los menores, reclaman para su más sencilla persecución o prevención medidas que, en muchos casos, suponen una restricción de los derechos individuales de todos, restricciones que muchos están dispuestos a tolerar pues creen sinceramente que sólo se usarán en casos que a ellos no les atañen y que, por lo tanto, son a menudo demandados de forma enérgica por capas importantes de la población. También en estos casos aparecen pronto líderes políticos dispuestos a cabalgar la ola.

Del mismo modo que en los casos anteriores —dejo que cada uno de ustedes busque el ejemplo— aparecen grupos que expresan su viva indignación frente a principios como el de la presunción de inocencia en determinados casos, al de libertad de información en determinados otros o al secreto profesional en otros muchos. La lista es larga pero la tensión existente entre la voluntad popular —promovida por líderes ávidos de votos— y los derechos y libertades individuales es una constante en la vida política de las naciones llamadas desarrolladas y la curiosa caracterización de los líderes electos en algunas de ellas no puede ser más ilustrativa de esto que digo.

El papel de la abogacía en este punto, en cuanto que defensora de los derechos individuales, es absolutamente capital y no es infrecuente que abogados y abogadas se encuentren sólos e icomprendidos peleando una batalla, a veces sin esperanza, entre el derecho de uno frente a la voluntad de casi todos. Pero eso es lo que hace grande a esta profesión, que es sobre ella sobre la que recae el deber de defender los derechos individuales y que es en ella donde hallan su último reducto las esperanzas de todos; que su pelea en muchos casos incomprendida es la que, en muy buena medida, hace posible que muchas democracias sigan mereciendo tal nombre.

Viviremos muchos más episodios de esta guerra y es bueno saber que, con frecuencia, no estaremos del lado de la mayoría, conviene estar preparados.

La obscenidad institucionalizada

La obscenidad institucionalizada

La etimología de la palabra “obscena” es dudosa (salvo mejor criterio de joludi) y se han ofrecido respecto de ella múltiples versiones. De entre todas, la que más me gusta (nótese que digo “la que más me gusta” y no “la más acertada”) es la que se atribuye en unos lugares a D.H. Lawrence y en otros a Philip Matyszak.

Según esta versión que les refiero, la palabra “obscena” derívaría de una especie de compuesto de las palabras “ob” y “skena” y se referiría a aquello que sucede en las representaciones teatrales, no en la escena, sino fuera de ella por razones de moralidad.

Se non è vero, è ben trovato: todos conservamos en la memoria muchos de esos trucos escénicos y cinematográficos que permiten que el espectador sepa que algo ha ocurrido en la obra (un asesinato cruel, un adulterio…) pero sin mostrarlo explícitamente a sus ojos. Como nos dice Cervantes en el Quijote (II, 59) “de las cosas obscenas y torpes, los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos” y es por eso que en el teatro del mundo las cosas que repugnan suelen ocultarse.

Y dicho esto, cada vez que recuerdo esta definición, no puedo evitar que me vengan a la memoria la balumba de instituciones, corporaciones, organizaciones y congregaciones de todo tipo que rigen nuestras vidas. Y al tiempo que me vienen a la memoria pienso tambien que la forma en que somos gobernados, formalmente democrática, es real y literalmente obscena.

Vemos que, en lugares como los parlamentos, las decisiones no se toman durante los debates ni escuchando las razones del adversario, sino que esas decisiones ya han sido tomadas de antemano en lugares bien distintos del propio parlamento. En los parlamentos la grey parlamentaria no vota según le dicta su razón sino según le dictan las señas de sus jefes de filas que, levantando uno, dos o tres dedos, indican a sus pastueños seguidores lo que han de votar. Los parlamentos, gracias a esto, se han convertido en carísimos teatros donde se representan abyectas funciones que no son sino un esperpéntico reflejo de lo que ya ha sido acordado previamente y en otro lugar apartado de la vista de los ciudadanos.

No es diferente en otras corporaciones: nuestros honestos representantes, conscientes de la fetidez de muchos de sus inicuos tejemanejes, prefieren que estos se produzcan de forma “obscena”, es decir, fuera del alcance de las miradas de los administrados; y uno piensa también que, si esto ocurre así, es porque los protagonistas de esas acciones ocultas son plenamente conscientes de la inmoralidad de las mismas y de lo inconveniente que resultaría exhibirlas a los ojos de todos. No creo descubrirles nada nuevo.

Sí, tenía razón Cervantes, “de las cosas obscenas y torpes, los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos” pero sucede que estos virtuosos de la obscenidad ni apartan sus pensamientos ni sus ojos, sólo apartan sus acciones de la vista -y creen que de los pensamientos- de los administrados.

Vivimos en un mundo donde la obscenidad se ha convertido en la forma habitual de ejercer el poder, donde los acuerdos que han de afectar a toda la humanidad se concluyen a espaldas de ella, donde hasta la más insignificante corporación es degradada en corrala donde la democracia es, a su vez, convertida en comedia.

Quizá sea tiempo ya de llamar a las cosas por su nombre, quizá sea tiempo ya de acabar con esta farsa.

La representación política en crisis

Elecciones en 1933
Elecciones en 1933

La representación política está en crisis, al menos esa forma de representación política que hemos conocido hasta el advenimiento de la revolución tecnológica que vivimos desde finales del siglo XX.

Hasta ahora nuestras constituciones han venido configurando la representación política como un acto mediante el cual un representante (sea este gobernante o legislador) actúa en nombre de un representado (elector en el caso de las democracias) para la satisfacción de sus intereses. Según este sistema el representado no puede controlar ni exigir que el gobernante cumpla con sus responsabilidades sino, exclusivamente, por medio de mecanismos electorales institucionalizados con los que podrá castigar a su representante o partido político en las siguientes elecciones. Este sistema de representación es el que ha dado lugar a las críticas del tipo «la democracia no puede ser votar una vez cada cuatro años» y a exigencias populares del tipo «democracia real ya». A lo que se ve, esta forma de representación política que supuso en el momento de su inicial aplicación un avance de dimensiones históricas y sobre la que se construyeron los sistemas políticos democráticos que hoy conocemos, parece en lo presente insuficiente a los ciudadanos; y puede que sea verdad que es insuficiente.

Muchas cosas han cambiado desde que la revolución tecnológica que se inició a finales del siglo pasado alcanza a capas cada vez más amplias de la población: si la presencia del elector era con anterioridad difícil o imposible, gracias a esas tecnologías de la información de que ahora disponemos esa presencia aparece no cómo posible sino cómo extremadamente sencilla. A los electores ya no les basta con votar cada cuatro años sino que quieren ser escuchados, ya no quieren representación, quieren presencia y cualquier acción que limite, olvide o restrinja esa presencia produce frustración y es juzgada negativamente.

Al asentamiento en España de tal forma de pensar han contribuido de forma más que principal nuestros actuales representantes: en un país carcomido por la corrupción política el discurso y la actuación de estos «representantes» más que referirse a los electores se movía en la pura y simple autorreferencialidad. De ahí a estigmatizarlos como «casta» sólo había un paso, aunque, dada la forma en que esta forma de representación se desarrolla, la autorreferencialidad es casi inevitable. Sea como fuere la demanda de más presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos y las sospechas hacia el sistema de representación y a los propios representantes que de ella han surgido se palpa en la calle. En una época donde el botón «me gusta» ocupa gran parte de la vida social de las personas aparece como cada vez más difícil de justificar su exclusión cuatrienal de los asuntos públicos y comienzan a aparecer demandas de participación que hace apenas 15 años eran impensables. Surgen así preguntas como las que el filósofo Byung-Chul Han formula: «¿Para qué son necesarios hoy los partidos si cada uno es él mismo un partido, si las ideologías que en tiempo constituían un horizonte político se descomponen en innumerables opiniones y opciones particulares? ¿A quién representan los representantes políticos si cada uno ya se representa a sí mismo?»

Este proceso de debilitamiento del sistema de representación política que hasta ahora sostiene nuestros sistemas políticos democráticos no es más que una consecuencia natural de la difusión de las tecnologías de la información que hacen posible una presencia inmediata y directa en asuntos en los que hasta ahora era imposible. Si la representación política supone la enajenación por parte de los electores de su poder político durante cuatro años en favor de sus representantes, no es de extrañar que los electores sean cada vez más cicateros a la hora de enajenar ese poder político: la forma en que el mismo se ha empleado por sus representantes no parece aconsejarles otra cosa.

Los riesgos de que la crisis de la representación política se agrave están ahí y haríamos mal en desconocerlos pues este sistema de representación política es aún irremplazable y no existe alternativa a él. Es por eso por lo que nuestros representantes debieran actuar audazmente y en una forma tan antigua como lo hicieron los padres de la Constitución de los Estados Unidos.

En el momento de aprobarse la constitución de los Estados Unidos (1787) apenas un 60% de la población de ese país sabía leer y, sin embargo, apenas dos años después (1789), se aprobaba la primera enmienda a dicha constitución que, entre otras cosas, proclamaba:

«El Congreso no hará ley alguna (…) que coarte la libertad de expresión o de la prensa…»

Con un 60% de población analfabeta cuesta trabajo pensar que el derecho a la libertad de prensa fuese una aspiración fuertemente demandada por los estadounidenses; mucho más aún cuesta pensar que esa demanda se elevase a la categoría de derecho fundamental constitucionalmente protegido. Y, sin embargo, la consagración de ese derecho colocó a los USA a la cabeza del mundo, permitió la democracia tal y como hoy la conocemos y sirvió de ejemplo al resto de los países que en siglos sucesivos la fueron estableciendo también; y esto lo hicieron con un 60% de población analfabeta y cuando, del 40% restante, apenas una ínfima proporción leía la prensa. Los USA se adelantaron a su tiempo, fueron creativos y entendieron que esa nueva tecnología tenía enormes implicaciones políticas. La historia premió su audaz creatividad; en España la libertad de prensa no llegó de verdad sino en 1978; es decir 189 años después que en los USA, y este retraso en este y otros campos aún lo estamos pagando y lo pagaremos en el futuro.

Hoy que en España tenemos un sistema político en descomposición, ahora que se reclaman modificaciones de la Constitución y los estatutos de autonomía uno echa de menos esta creatividad y audacia de que hicieron gala los constituyentes norteamericanos hace 215 años. Nos empeñamos en mantener debates de hace 150 años: Discutimos cansinamente el “ser de España”, la “independencia” de viejos reinos de hace 500 años, el papel de los jefes de estado… Pero no hacemos el más mínimo esfuerzo para ser audaces y creativos y somos incapaces de detectar que hoy la tecnología tiene implicaciones mucho más importantes y acuciantes que en 1789.

Si en 1789 apenas una ínfima parte de la población leía la prensa y consideraron fundamental el derecho a la libertad de la misma ¿qué diremos en 2013 de la enorme trascendencia que tienen las tecnologías de la información?

Hoy esas tecnologías permiten opinar a casi cualquier ciudadano sobre las cuestiones que le incumben; hoy esas tecnologías permiten a casi cualquier ciudadano participar en la elaboración de las normas que le afectan; hoy esas tecnologías permiten que los representantes políticos contacten de forma inmediata y habitual con sus representados, y permiten la transparencia, y permiten que los datos públicos sean verdaderamente públicos, y permiten, en suma, aprovechar intensivamente la mayor riqueza que tiene un país, es decir, su capital humano, los hombres y mujeres que lo integran.

Hoy tenemos cosas que los constituyentes de 1789 ni se atreverían a soñar pero nos faltan justo esas calidades humanas que ellos sí tenían: Creatividad y audacia.

¿No puede España por una vez en la historia ir por delante del resto? ¿Es que siempre habremos de llegar 189 años tarde?

¿Jesús o Barrabás?

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Recuerdo cuando de niño, a finales de los 60 y todavía en pleno régimen de Franco, los profesores nos hablaban de los males de la democracia y negaban la capacidad del pueblo para tomar decisiones. Con frecuencia recurrían al ejemplo de lo que ellos llamaban “la primera decisión democrática” que no era otra que aquella que, supuestamente, promovió Poncio Pilato al pedirle al pueblo judío que decidiese sobre la vida y la muerte de Jesús o Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás y con esto mis profesores daban por zanjada la cuestión.

El ejemplo me atormentó años.

La imagen del pueblo gritando a Poncio Pilato que liberase a Barrabás (“Bar Abba” en arameo) me estremecía, hasta que un día aprendí que “Bar Abba” (el nombre del supuesto delincuente) significa literalmente en arameo “Hijo del Padre”. Más tarde, manuscritos procedentes de Cesárea y del Sinaí aclararon que el nombre de ese tal “Bar Abba” no era otro que “Iessous”, es decir: Jesús. Entonces comprendí la moraleja profunda de esa historia.

Cuando la multitud gritaba a Poncio Pilato que liberase a “Iessous Bar Abba” lo que estaba gritando, en nuestro idioma, es que liberase a “Jesús el Hijo del Padre”.

Hoy se sabe con bastante certeza que probablemente la elección de que hablaban mis profesores jamás existió porque más que probablemente Jesús y Barrabás fuesen la misma persona.

Ocurre que la historia la escriben los poderosos y, cuando el cristianismo llegó a ser la religión del imperio, no quedaba bien que fuese la propia Roma la responsable de la muerte de quien ahora era su deidad oficial. El desconocimiento del arameo y unos cuantos retoques hicieron el resto: Fueron los judíos los responsables de la muerte de Jesús al elegir a un peligroso delincuente llamado Barrabás.

La historia es extremadamente moderna y tiene muchas moralejas. Hoy que cuando elegimos entre partidos -votemos lo que votemos- votamos siempre a los mismos; hoy que cuando el pueblo deja oír su voz el poder la manipula y tergiversa hasta hacerle decir lo que no dice; hoy que los Poncios Pilatos mandan a la Troika a quien el pueblo quiere salvar, la historia de Iessou Bar Abba cobra actualidad.

No; el pueblo no se equivocaba, su decisión fue desoída y posteriormente falseada para que los culpables pasasen por inocentes y el pueblo resultase culpable de los delitos de sus inícuos gobernantes: “Han vivido por encima de sus posibilidades”.

Pero la verdad -entonces y ahora- estuvo siempre ante nuestros ojos, escrita en el nombre del delincuente que no lo fue: Barrabás.