Gobiernos, bancos y costas judiciales

Lo leo y tengo que frotarme los ojos. Existen mentiras, mentiras repugnantes y respuestas del gobierno. Leo, con estupor, que el gobierno anda preparando una reforma del RDL 1/2017 para, entre otras cosas (transcribo en lo preciso el texto legal):

Fomentar el recurso a la vía extrajudicial para intentar evitar que (…) la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

Si no fuese porque lo dicho es una canallada no tendría más remedio que troncharme de risa o lamentar la ignorancia del autor de la respuesta, pero esto no es un chiste ni es un error grosero; como dije, esto no es más que una canallada químicamente pura.

El párrafo citado recurre a una de las más viles y ofensivas añagazas a que puede recurrir un gobierno: tratar como estafadores a las víctimas y tratar como víctimas a los estafadores. Y lo que es peor aún, tratar sin ningún respeto y como bobos a los ciudadanos a quienes se dirige la norma, esperando hacerles creer que la puñalada en la ingle que les pretenden dar es por su bien.

La costumbre del partido del gobierno de cerrar filas en defensa de los bancos no es nueva. Este parrafito que les he transcrito está en la línea de una de las más lamentables intervenciones parlamentarias de una jurista, la ministra Margarita Robles, que, en sede parlamentaria y en defensa del RDL 1/2017 (el mismo que ahora quiere ampliar) soltó lo que sigue:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Esta abyecta costumbre del partido del gobierno de etiquetar a los abogados como los malos de esta película de las hipotecas y señalarles como el peligro del que la ley debe defender a la sociedad, merecería una respuesta de la profesión jurídica y de los afectados por la estafa de las hipotecas que mandase a este gobierno a su casa y para siempre. Déjenme que me explique.

En España, los bancos, en las últimas décadas, han depredado a los españoles cobrándoles intereses abusivos, imponiéndoles cláusulas abusivas, obligándoles a pagar gastos que no les correspondía satisfacer y haciéndoles pagar cantidades por servicios no prestados en forma de comisiones.

Mientras inflaban sus cuentas de resultados saqueando a sus clientes, desahuciaban a aquellos que no podían pagar sus rapiñas y, no sólo les quitaban la casa, sino que les robaban el futuro reclamando hipotecas mediante vencimientos anticipados, incrementando el principal debido con el 30% de costas (recuerden esto), aplicando intereses moratorios del 29% y, en fin, consiguiendo que el desgraciado, al que estaban engañando y que ahora no podía pagar, no sólo se quedase sin casa sino que la deuda para con el banco se multiplicase de tal modo que no pudiese pagarla ni aunque tuviese diez vidas.

No exagero ni una coma y, si quieren ejemplos de cada una de las cosas que he afirmado, les invito a que se acerquen a mi despacho o al de cualquiera de mis compañeros.

¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos mientras los bancos saqueaban a los españoles?

Nada.

¿Se acordaron los sucesivos gobiernos de que los españoles y españolas que eran demandados ejecutivamente por los bancos veían aumentada automáticamente su deuda de cara al embargo en un 30%?

No.

¿Alguno de estos que ahora hablan de arreglar este asunto movieron siquiera un músculo de la cara cuando miles y miles de españoles eran expulsados de sus casas y colocados en situación de muerte civil por las mismas entidades bancarias que les saqueaban?

No me responda, ya sé que no es necesario, sabe usted muy bien que no hicieron nada.

Fue necesario que los tribunales europeos nos dijeran por escrito, clarito y en sentencias reiteradas, que nuestros bancos nos estaban depredando para que el gobierno adoptase alguna medida aunque esta no fue para favorecer a los consumidores, no, porque todas y cada una de las medidas que los gobiernos han ido adoptando han sido una sucesión de atentados contra el derecho de los consumidores y en claro favorecimiento de quienes les depredaban: los bancos y entidades financieras, esos mismos con quienes jamás se metieron esos gobernantes de los diversos partidos que han ocupado el gobierno.

Primero, en lugar de ordenar devolver —pura y simplemente— a los bancos las cantidades abusivamente cobradas por las cláusulas suelo y atenerse a las consecuencias si así no lo hacían, los sucesivos gobiernos decidieron que mejor se establecía un previo procedimiento de reclamación que demorase la posibilidad del consumidor de acudir al juzgado a exigir su derecho. Es curioso que, cuando eran los bancos los que ejecutaban las hipotecas, los sucesivos gobiernos no sintieron nunca la más mínima tentación de imponer un procedimiento extrajudicial a los bancos antes de permitirles acudir al juzgado.

Las palabras pueden engañar con facilidad, los hechos no, y los hechos son demoledores: ninguno de los sucesivos gobiernos ha tomado nunca medida alguna en defensa de los consumidores y sí en defensa de los bancos y entidades financieras.

Cuando era evidente que los bancos no devolverían de grado lo que la jurisprudencia europea les ordenaba devolver, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha un eficaz plan que permitiese a los bancos conservar el producto de sus rapiñas.

En primer lugar decidieron alejar de los administrados los juzgados y hacerles cara la posibilidad de reclamar. Si el juzgado no está en su ciudad sino en una más lejana la reclamación se torna más cara y difícil. Muchas reclamaciones de consumidores apenas si llegan a los mil euros de forma que, si tiene que desplazarse junto con abogado y testigos hasta una ciudad que no está en su partido judicial, muy probablemente decida que no le merece la pena reclamar la cantidad. Punto para la banca graciad al gobierno. Para un consumidor mil euros pueden no ser nada pero evitar cientos de miles de reclamaciones son cientos de millones para los bancos. Total usted es un tiñalpa y es solo un voto, si usted pierde mil euros ¿qué es eso comparado con los millones que el banco ahorra y con los que podrá financiar la próxima campaña electoral?

En segundo lugar decidieron que las reclamaciones se eternizasen lo más posible en el tiempo. Hay muchos juzgados en cada provincia que podían resolver asuntos de esta especie pero los sucesivos gobiernos han decidido que tan sólo un juzgado por provincia resuelva este tipo de asuntos. Se lo explicaré usando el ejemplo de mi propia comunidad.

Se estima que en la Región de Murcia hay unas 45.000 hipotecas que contienen cláusulas abusivas. Si el gobierno y el CGPJ no hubiesen acordado nada, los más de 50 juzgados existentes en la comunidad habrían sido competentes para resolverlas y, teniendo en cuenta que un juzgado resuelve unos mil asuntos al año como poco, esas 45.000 hipotecas supondría. Una sobrecarga de trabajo de unos 800 asuntos por juzgado lo que supondría un retraso de unos ocho meses. Sin embargo los estrategas del gobierno y el CGPJ decidieron que todos, absolutamente todos los casos, los viese un solo juzgado. Saquen la cuenta: 45.000 hipotecas para un solo juzgado ¿45 años de retraso?. Las noticias del colapso pronto se extendieron y muchos consumidores, desanimados por la lejanía y ahora por el retraso, decidieron no reclamar.

Otro punto para la banca, gracias a los sucesivos gobiernos y a sus juzgados únicos nueva morterada de millones depredados que los bancos no devuelven.

En tercer lugar, la reclamación judicial de las cláusulas abusivas es tarea compleja que necesariamente han de realizar profesionales, dado que el consumidor ha de pagar en principio el trabajo de estos profesionales resulta evidente que muchos ciudadanos no podrían reclamar pero… para lograr este nuevo punto para la banca y el subsiguiente pelotazo de millones hay un problema: las leyes españolas, si acudes a juicio sin razón, te obligan a pagar los gastos (costas) de la parte contraria.

Así, como los bancos se han negado a pagar sin razón alguna a los consumidores, aquellos que les han demandado han obtenido de los jueces no sólo la condena a devolverles lo cobrado abusivamente, sino también a pagar los honorarios de los abogados de los consumidores.

Esta justa previsión de las leyes tiene dos consecuencias: la primera que al banco el juicio no le sale gratis. La segunda que los clientes pueden pagar a sus abogados y de esta forma se animan a reclamar. Si no existiesen las condenas en costas el 50% de las demandas serían inviables económicamente para los consumidores de forma que ese sería el premio gordo, el bote, el pleno al quince de la banca.

Sí, sin duda las costas son el mayor problema de los bancos para poder quedarse con el botín de sus abusos, por eso, necesariamente, tienen que acabar con esa posibilidad y el primer paso es acusar a los abogados de pretender cobrar por su trabajo. Esto, que parecería una memez de grueso calibre en cualquier país civilizado, en España encuentra terreno abonado entre nuestra clase política y es a la luz de todo lo dicho que se entienden las deleznables declaraciones de la ministra Margarita, recuérdenlas:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Hay que acabar con las condenas en costas como sea, a los gobiernos les parece intolerable que, bancos que no pagan pura y simplemente porque no les viene en gana, hayan de indemnizar al consumidor de los costes de su reclamación: malditos abogados, quieren cobrar por su trabajo. Al banco no le importaría si los abogados cobrasen a sus clientes consumidores, lo que el banco no soporta es pagar él al abogado del consumidor y no porque sea mucho dinero para él, sino porque mientras esto no cambie los consumidores podrán reclamar y el banco acabará siendo condenado. No hay nada ético ni moral en ello, para el banco es una pura cuestión de dinero.

Lo que si es una cuestión de moral es el repugnante posicionamiento de los sucesivos gobiernos en este asunto. ¿Recuerdan cuando más arriba les hablé de que los bancos al ejecutar las hipotecas embargaban desde el principio un 30% de más para cobrarse sus costas? Pues ningún gobierno siquiera amagó un solo gesto ni una palabra en defensa de los ejecutados.

Sin embargo, ahora, cuando los bancos pueden ser condenados en costas tras negarse a pagar unas cantidades que saben perfectamente que están obligados a devolver, el gobierno toma medidas urgentes.

Mientras los bancos, con el silencio cómplice del gobierno, cobran implacablemente las costas de las hipotecas a pobres deudores que no tienen más culpa que no tener dinero para pagar resulta que los consumidores ven como el gobierno se indigna cuando ellos quieren cobrar las costas a un banco que, sabiendo que debe el dinero, se niega a pagarlo, obliga al consumidor a acudir al juzgado, a contratar un abogado y a un procurador, a esperar años un pago que debiera ser inmediato, a desplazarse fuera de su localidad para reclamarlo y… aquí sí, aquí el gobierno sí entiende que debe intervenir para defender a los bancos de estos malvados consumidores que pretenden que sea el banco quien haya de hacerse cargo de pagar a los profesionales que el propio banco, con su actitud, les ha obligado a contratar.

Los sucesivos gobiernos, este en particular, se tornan así en cooperadores necesarios de la depredación de los consumidores y gracias a sus hechos (que no a sus palabras) sabemos exactamente donde están: del lado de la banca y contra los consumidores en la forma más grosera e infame que puede estarse; es decir, mintiendo, acusando a quienes defienden a los consumidores y tiroteando de forma eficaz los derechos de los mismos.

Digámoslo claro: no se puede litigar solo por las costas. Si el banco cumple con su obligación no habrá nada que reclamar y si se hace las costas le serán impuestas al consumidor. Para que se condene en costas al banco hace falta que este, previamente, no haya cumplido con sus obligaciones y sostener en respuesta parlamentaria que hay que evitar que

la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

es una de las vilezas más abyectas que pueden leerse en un documento oficial.

Ayuden a la banca, pero no mientan; sirvan a sus señores, pero no ofendan; legislen contra los más y en favor de los menos, pero no falten al respeto a la inteligencia de los españoles.

Mientras sus gobiernos veían desahuciar sin hacer nada a unos españoles y cobrar cantidades abusivas a los demás la abogacía defendía y estaba al lado de esos desahuciados. Fueron procedimientos jurídicos iniciados por abogados y apoyados por jueces de trinchera y saco terrero los que llegaron hasta Europa y consiguieron desenmascarar todo este saqueo hecho de abusos consentidos por el poder.

Sí, los jueces condenan a los bancos a las costas y los abogados son pagados por su trabajo pero ni los jueces son culpables de esto ni los abogados tampoco: los responsables son los bancos que se niegan a atender las justas demandas de los consumidores, porque no quieren devolver lo depredado, porque quieren quedarse con lo afanado y es sólo cuando el banco se produce así que el juez, con toda justicia, les condena en costas.

Sepan que no van ustedes a engañar a nadie, sepan que cuando ustedes se marchen a su casa con oprobio la abogacía seguirá aquí y sepan que, si siguen por este camino y no se marchan a casa antes, la ciudadanía les mandará a ella para que no vuelvan nunca.

Y hará bien.