Desjudicializar

Un corrupto o un delincuente no temen a nada salvo a la justicia y es por eso que los primeros interesados en desjudicializar son los corruptos y los delincuentes.

Resulta obnubilante cómo, desde 2008 para acá, todos los partidos políticos en el gobierno han insistido machaconamente con el tema de la «desjudicialización»; al parecer, para ellos, que los temas se resuelvan en el juzgado es intrínsecamente malo… y no me extraña. Que los temas acaben en el juzgado suele ser malo, sobre todo, para el delincuente y el corrupto.

Y no, no me salga con la cancamusa de que por qué escribo ahora de esto y no lo hice antes; no me salga con eso, por favor, porque antes también lo hice y con la misma o mayor vehemencia que ahora. El argumento de que «antes también se hizo» no es más que un eslogan de hooligan o fanático. Los errores no corrigen errores y los errores de ayer no convalidan los de hoy, de forma que, si va a decir eso, mejor ahorrese el esfuerzo y no meta más ruido en el ambiente.

Ni a los de antes ni a los de ahora les gusta que en este país la justicia funcione, seguramente porque si funcionase no habrían podido hacer tan fácilmente ni durante tanto tiempo las tropelías que han hecho y es por eso que les encanta convertir en «trending topic» y en considerar negativo que un asunto se «judicialice», sobre todo si tiene que ver con asuntos de dinero público manejado por ellos o sus amigos reales o de conveniencia.

Ni a los de antes ni a los de ahora les gusta que nadie meta su nariz en sus manejos financieros y mucho menos si es un juez de instrucción tiñalpa y piojoso que escapa a su órbita de influencia.

Es por eso que todos los gobiernos habidos, los de antes y los de ahora, adoran hablar de «desjudicialización», sobre todo de las causas que afectan a sus amigos y conmilitones.

Dime cuánto inviertes en justicia y te diré cuánto odias la corrupción, dime cuánto hablas de desjudicialización y te diré cuánto sospecho que quieres hacer o has hecho algo ilegal o delictivo.

El pueblo sólo dispone de una herramienta para que los ricos, los poderosos, los gobernantes, se sujeten al imperio de la ley y esta es la justicia.

Por eso cuando miro los presupuestos y veo lo que invierten en justicia o cuando les escucho hablar de desjudicialización me formo de ellos una imagen, creo, que bastante exacta.

Y es deprimente.

La Avenida de la Corrupción

Próximamente voy a viajar y he querido probar qué tal se me da hacer videoblogs usando sólamente la cámara de mi teléfono Xiaomi. Estos han sido los resultados de las dos pruebas que he hecho en un recorrido por mi ciudad al que yo llamo «La Avenida de la Corrupción».

La Avenida de la Corrupción. Parte I.
La Avenida de la Corrupción. Parte II.

Corrupción política y criptomonedas

Corrupción política y criptomonedas

La moneda nacional turca se llama lira y ha perdido más del 70% (setenta por cien) de su valor en los últimos seis años. El caso de Turquía lo encontramos también en paises como Nigeria, donde su divisa, el Naira, desde que existe como unidad monetaria, se ha ido devaluando constantemente a causa de la inflación galopante que asola al país. El mismo fenómeno ocurre en países que cuentan sus experiencias en el mismo idioma que nosotros, como por ejemplo Argentina, donde el peso, con una inflación anual en 2020 del 31,6% (treinta y uno con seis por ciento), se diluye en los bolsillos de una población que, habitando uno de los países más ricos de la tierra, ha sufrido todo cuanto una nación pueda sufrir, desde dictaduras asesinas a corralitos. En España diríamos que a los argentinos se les fue la riqueza a chorros, aunque los argentinos saben que los chorros son otra cosa, muy a menudo políticis o financieros que viven estupendamente gracias al mango ajeno.

Estos tres ejemplos ilustran muy bien qué puede pasarle a los ahorros de los ciudadanos cuando unos pocos controlan el dinero de una nación; cuando unos desaprensivos controlan las imprentas donde se imprimen estampas a las que llaman dinero, donde un grupo de magnates controlan toda la economía a través de complejas herramientas construidas a base de fondos buitre, de activos y de operaciones que no entiende nadie salvo ellos, al tiempo que los estados protegen ese esquema piramidal al que llamamos sistema financiero dándole un aura de respetabilidad.

Fue por eso que cuando, tras la terrible crisis de 2008, Satoshi Nakamoto publicó su Whitepaper sobre el Bitcoin y lo diseñó de forma que no pudiese estar nunca en manos de los estados o de las corporaciones financieras, eligió el momento preciso para hacerlo.

Para un ciudadano turco, nigeriano o argentino, adquirir bitcoins (o Ethereum o Stablecoins) ha sido hasta ahora tarea fácil y, para quienes se dieron cuenta a tiempo de que esas estampitas de papel a las que llaman dinero no valían nada, el bitcoin fue una forma de preservar sus ahorros frente a los tejemanejes y mangoneos de sus gobernantes.

Con lo que les he dicho estoy seguro de que no les extrañará que, según las encuestas, Turquía lidere el ranking de países cuya población más utiliza el bitcoin y el resto de las criptomonedas, como también estoy seguro de que imaginarán que, en los primeros puestos del ranking, se situan también países como Argentina o Nigeria.

A los gobiernos de estos países pueden ustedes imaginar que no les gusta que sus ciudadanos tengan autonomía financiera y no estén presos de su sistema monetario o bancario y por eso, países como Turquía han prohibido, por ejemplo, pagar con PayPal y ahora se proponen prohibir el pago con bitcoins.

Imagínense un ciudadano con bitcoins a quien el gobierno de su cleptocracia quiera expropiar o embargar su dinero y este —el gobierno— se dé cuenta de que no puede hacerlo, que embargar criptomonedas es algo que no está a su alcance. ¿Cómo va a permitir un cleptogobierno que la población tenga herramientas que impidan que se la pueda depredar? y es entonces cuando en las mentes de los políticos aparecen ideas legislativas que, permítanme que me sintonice en argentino, tratan de dejar el país para los chorros del oro. Creo que aunque sean españoles me entenderán.

Lo que ocurre es que no es tan fácil para estos gobiernos controlar el invento de Satoshi: simplemente no pueden. Los ciudadanos pueden transferirse entre sí las criptos —solo necesitan un teléfono móvil y eso sí que no falta en ningún lado— y el gobierno nada puede hacer. El gobierno tampoco puede quitarles ni embargarles las criptos, salvo que torturen y obliguen a los ciudadanos a revelar una contraseña que seguramente ni ellos mismos recuerdan.

En Nigeria intentaron cerrar el acceso por internet a las casas de cambio (exchanges) donde adquirir bitcoins pero eso solo dio lugar a que se estableciese un mercado negro donde el bitcoin, en aquellos momentos a uno 50.000$, alcanzase en Nigeria cotizaciones astronómicas de casi 100.000$ (cien mil dólares).

Gracias a las criptomonedas un ciudano turco, argentino o nigeriano, puede guardar su dinero no solo en bitcoins, sino en dólares o euros, pues las llamadas «stablecoins» les garantizan que sus ahorros estarán respaldados en dólares o euros, y no sufrirán de los tejemanejes y componendas de quienes imprimen los cromos nacionales.

Es por eso que hay países como Canadá donde cada día se abre un nuevo fondo cotizado en bolsa (ETF) donde exponer el dinero de las empresas a las criptomonedas, donde se regulan estos activos y donde se entiende que, en ellos y bajo ellos, hay una tecnología de seguridad que está establecida en favor de la ciudadanía y como freno al control centralizado del dinero por las oligarquías de siempre. Es por eso que hay países como Estados Unidos donde, al frente de la SEC, no se coloca a un economista, sino a un experto del MIT en criptografía y criptomonedas, y es por eso que hay países como Turquía, donde el partido en el gobierno, el dueño de la impresora de los cromos, trata de contener la marea de los bitcoiners y la oposición política a su gobierno, se opone férreamente a esas limitaciones.

Es la pelea de siempre entre quienes tienen poder, dinero o riqueza y quieren conservarlo y quienes tratan de ganarse el futuro sin que se lo roben de antemano los primeros.

Es la vieja lucha entre el ser y el deber ser, entre la libertad y el interés, entre la centralización y la descentralización

El cañón ruso

Esta mañana, por la cosa del ejercicio, me he acercado caminando hasta la batería de cañones que (dispuestos «en barbeta» diría un artillero) protegían la entrada del Arsenal de Cartagena.

La semana pasada di una conferencia que hablaba sobre la corrupción en el siglo XIX y hoy, casi sin pensarlo, me he reencontrado con uno de sus protagonistas pues, entre los cañones de la batería, puede usted localizar sin dificultad este que les muestro en las fotos, decorado con un águila bicéfala.

Este águila nos indica el origen ruso del cañón (los zares se creían herederos de Bizancio) y nos lo señala como uno de los que vinieron a bordo de la flota de barcos rusos que Fernando VII compró a su amigo el Zar. Con una España sin flota para defender sus colonias en América del Sur, Fernando VII y sus amigotes (una camarilla compuesta de peluqueros, bailarines, rufianes y curas negros) se dedicaron a repartirse comisiones con motivo de esta compra. El producto de sus rapiñas llegó a alcanzar nada menos que a una mujer llamada «Pepa La Malagueña» magnífica amiga del rey, meretriz, y regente del prostíbulo de referencia del soberano. Tan aficionado a los servicios de La Pepa era el monarca que, en una de las múltiples conspiraciones que se urdieron para asesinarlo (la «conspiración del Triángulo»), se decidió hacerlo en el lupanar de «La Pepa» pues era seguro que el Rey no fallaría en su visita al burdel.

Para evitar que se descubriesen sus chanchullos toda la compra de los barcos se mantuvo oculta a los marinos profesionales y por eso —como era de esperar— los barcos que compró el rey resultaron absolutamente inútiles: al llegar a Cádiz la escuadra se comprobó que todos los barcos tenían los cascos podridos. El rey, justamente enfadado, procedió inmediatamente a destituir y/o desterrar a los honestos marinos que le informaron de tal hecho y a continuar repartiéndose dineros y comisiones con los rufianes que le acompañaban.

Hoy, al volver a ver ese cañón, he pensado que España no merece los gobernantes que tiene y ha tenido y que ya son muchos siglos de sobres y tres por cientos como para que no hagamos algo para remediarlo y salir de este ominoso «déjà vu».

PD. Bonus para el lector: en la foto también se ve un submarino amarrado a muelle, silueta que da indudable sabor cartagenero al típico paisaje. Si lo encuentra invito a un cafelico.

La avenida de la corrupción

Al margen de las rutas turísticas habituales que hay en mi ciudad yo tengo mis propios itinerarios alternativos para cuando me visita algún amigo. Permítanme que hoy les hable de una de estas rutas turísticas alternativas, quizá la más corta, y que es la que yo llamo con cierta malignidad la “avenida de la corrupción”.

La ruta, relativamente interesante desde el punto de vista histórico, esconde para mí algunas enseñanzas que no me resisto a contarles… Vayamos por partes o “por estaciones” como en los vía crucis.

Primera estación: el submarino de Isaac Peral.


Ubicado en la actualidad en la antigua nave de fundición del Arsenal Militar (en una plaza contigua al antiguo CIM) todos los cartageneros lo conocen; es casi un “tótem” tribal, aunque, sospecho, que no muchos conocen algunos interesantes aspectos relacionados con él.

El submarino de Isaac Peral era, ante todo y sobre todo, un arma submarina y su creación respondía a las exigencias del más avanzado pensamiento estratégico del momento en materia de guerra naval: los postulados de la llamada “Jeune École”. Armado con torpedos, propulsado por un avanzado sistema de acumuladores eléctricos y gobernado a través de complejos aparatos de profundidades precursores de la cibernética, el submarino de Peral se dibujaba como un arma definitiva capaz de otorgar a España una ventaja estratégica incontestable.

Tales ventajas no gustaban demasiado a otros países -singularmente a Inglaterra que dominaba los mares en la época- por lo que rápidamente pusieron manos a la obra para que el proyecto de Peral no llegase a buen puerto. Pronto comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables en torno al proyecto de Peral hasta que finalmente el propio gobierno español (los sobres no son una institución moderna)1 terminó con él para sorpresa y desesperación de muchos. Peral, moralmente hundido, abandonó la armada y se dedicó al negocio de los acumuladores eléctricos, fundando una compañía cuya sede social se encontraba en Madrid, en la calle Génova número 13… Ironías del destino. Si quieren conocer las razones exactas de por qué el propio estado español acabó con el proyecto de Peral pueden consultar la bibliografía existente al respecto, pero yo les sugeriría que no dejasen pasar por alto en este tema la alargada sombra de uno de los más repugnantes mercaderes de armas de la historia: el “británico” Basil Zaharoff.

Segunda estación: la batería de cañones del Arsenal.

Apenas a unas pocas decenas de metros de donde se encuentra ubicado el submarino de Peral, frente al antiguo CIM y dirigiendo sus apagados fuegos hacia el puerto, se encuentra la batería de cañones que protegía la entrada del Arsenal. Esta batería guarda algunas sorpresas, la más llamativa de las cuales es la presencia de cañones rusos. No es difícil distinguirlos: las águilas bicéfalas perfectamente conservadas los delatan. Cómo llegaron hasta España estos cañones es la segunda estación de nuestro particular vía crucis.

Tras la Guerra de la Independencia nada quedaba de la magnífica escuadra con que contaba la Armada Española desde tiempos de Carlos III2. La construcción o adquisición de nuevos barcos se hacía indispensable y de esta necesidad y de la vileza de Fernando VII nació el llamado Tratado de Madrid de 1817.

Fernando VII, que era hombre más versado en lupanares que en navíos, en aquellos años andaba encandilado por “La Pepa”. Esta “Pepa”, obviamente, no era la Constitución de 1812 sino Pepa “La Malagueña”, una mujer en cuyo cubículo paraba tan a menudo el rey infame que incluso se tramó una conspiración para asesinar en él al abyecto monarca.

Pues bien, a espaldas de quienes entendían algo de barcos, sujetos como el rey infame, Pepa “La Malagueña”, el embajador ruso Tatischeff y otros individuos de la “camarilla” del rey cuya sola memoria produce asco, concertaron la compra a Rusia de una escuadra de cinco navíos de 74 cañones y tres fragatas de 44; ni que decir tiene que las comisiones y “atenciones” que se repartieron con motivo de tal compra fueron descomunales.3 El colofón a esta repugnante historia se puso poco después, cuando, al llegar la flota rusa a Cádiz, se pudo comprobar que los barcos eran inservibles y hubo que desguazarlos.

Pues bien, algunos de los cañones que vinieron en aquellos barcos los pueden ver todavía aquí, en esta “segunda estación” de nuestro particular vía crucis.

Tercera y última estación: el monumento a los héroes de Cavite.


Cuando llegó 1898 y los Estados Unidos decidieron invadir Cuba y las Filipinas, últimos restos del imperio colonial español, ni que decir tiene que España no contaba con la flota que hubiese podido tener si sucesos como el de la flota rusa o el del submarino de Isaac Peral no se hubiesen producido. Pero esto es España y a Cuba y Filipinas fueron “barcos con honra” cargados de españolitos que pagaron con su vida la avaricia, la infamia y la abyección de sus gobernantes.

En 1923 se erigió en Cartagena el monumento que ven en la imagen; en él están escritos los nombres de muchos de los que entregaron generosamente su vida por una España corrupta y es este el final de la ruta y del vía crucis, pues llegamos a nuestro particular Gólgota: el lugar al que conducen a los de siempre la ruindad y la vileza de quienes les mandan. Memento homo.

Como ven una ruta cortita, no más de 200 metros de distancia y menos de 80 años de historia separan el principio y el fin de la misma, aunque, bien pensado, quizá la «Avenida» no acabe aquí y aún estemos construyendo nuevas «estaciones» para este vía crucis; y es que tengo la sensación de que casi todos mis lectores son capaces de preparar una o dos rutas de la corrupción en sus pueblos o ciudades y, probablemente, con ejemplos más recientes que los de este post. Cuéntenmelo.


  1. Sólo a título ilustrativo pueden entretenerse con este artículo aunque la historia de corrupción que rodea al submarino de Isaac Peral es más amplia. ↩︎
  2. Valga un ejemplo: los efectivos en navíos, que en 1808 eran de 42 buques en buen estado, habían quedado reducidos a 16, de los cuales sólo 4 estaban en condiciones de navegar, aunque necesitando de carena y obras. El estado de personal era desastroso, debiéndoseles más de 33 meses de sueldo, y en los arsenales no quedaban más que los edificios desmantelados, sin enseres ni pertrechos. ↩︎
  3. Un, si no fuera por la abyecta acción, divertido relato de estos sucesos lo pueden encontrar aquí. ↩︎

Pactos «anticorrupción»

Acaban de remitirme una copia del pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos y que ambas formaciones han dado en llamar «anticorrupción». Tal pacto incluye un acuerdo en el que se hace constar textualmente:

Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

No me gusta ese pacto, qué quieren que les diga, no creo que sea lo que necesita España para acabar con la corrupción y hasta me parece que pudiera resultar contraproducente.
Soy abogado y mi profesión es, básicamente, defender imputados; creo saber, pues, de lo que hablo. Un imputado (investigado se le llama ahora) no es más que una persona a quien alguna otra acusa de haber cometido un delito ante la administración de justicia y, esta, decide abrir un proceso para averiguar si efectivamente la acusación es cierta o no. Un amplio número de esos procesos finaliza mediante el sobreseimiento provisional o libre de la causa (el juez entiende que los hechos no están probados) e incluso, de entre aquellos procedimientos que llegan hasta la fase de juicio oral, una nada despreciable cantidad finaliza con sentencia absolutoria porque el acusado, verdaderamente, es inocente de los delitos que se le imputaban. Condenar a una persona antes de juzgarla es pre-juzgarla y, el juicio emitido respecto de ella antes del verdadero juicio, es en puridad un pre-juicio.

Pues bien, gracias a este pacto, los firmantes han elevado a la categoría de herramienta política el «pre-juicio» (discúlpenme si al decirlo molesto a alguien) y con él están justificando que sobre el imputado recaigan consecuencias negativas a causa de una conducta por la que no ha sido juzgado, que desconocemos si ha cometido en realidad y respecto de la cual puede ser declarado inocente.

No es la primera vez que el «pre-juicio» se eleva a la categoría de arma política en la historia de nuestra joven democracia, básteme recordar la figura de Demetrio Madrid, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien hubo de abandonar su cargo a causa de ser acusado de un delito que nunca cometió.

No, en mi sentir esta no es la forma de acabar con la corrupción; acabar con el principio constitucional de la presunción de inocencia es más una forma de acabar con la democracia que con la corrupción. Es lo que pienso, es lo que digo. He defendido a demasiadas personas inocentes injustamente acusadas como para cambiar ahora de idea.

Yo creo firmemente que, para acabar con la corrupción, hace falta predicar menos y dar más trigo: para acabar con la corrupción hace falta Justicia y no remiendos. Podemos construir un camino rápido, justo y directo a la justicia, no necesitamos de malos atajos.

Necesitamos un país donde una persona injustamente acusada pueda ver su caso resuelto en unos pocos meses (no en lustros), necesitamos una administración de justicia donde los políticos justamente acusados de corrupción puedan ser condenados en un breve espacio de tiempo. Necesitamos un país donde la Justicia no sea sólo un concepto escrito en un papel (por más que ese papel sea la Constitución) sino que sea una realidad que rija la vida de los ciudadanos, donde el inocente no tema acusaciones injustas y donde el culpable sepa que encontrará un rápido castigo a sus desmanes. Para eso, créanme, sólo hace falta invertir un poco de dinero en la administración de Justicia y tomarnos en serio el primero de los valores que nuestra Constitución contempla.

Para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia con medios que resuelva en meses los problemas por complejos que estos sean, para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia cercana y accesible a todos los ciudadanos, para acabar con la corrupción basta con disponer de una justicia independiente ajena a los tejemanejes de los políticos.

Firmar un pacto como el que hoy se ha firmado no solucionará nada si nuestra justicia sigue en el estado de coma vigil en el que se encuentra; pero para revivir a nuestra justicia en coma lo primero que hace falta es darle alimento, pues  el enfermo se nos muere de anemia. A lo que se ve es más fácil predicar que dar trigo; firmar un documento es gratis, hacer de este país un estado justo es otra cosa distinta.

Sólo hay un camino para atajar la corrupción y ese camino es la justicia: una justicia, ya lo he dicho antes, independiente, con medios, rápida, muy rápida, cercana y accesible; una justicia como la que persigue el manifiesto #T; es decir, una justicia de verdad y para todos. El resto son remiendos.

Vale.

Constitución y Justicia.

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Estoy seguro que habrán visto la escena en alguna película norteamericana: una clase de niños recita las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos («We, the people of the United States…»). El trabajo de Hollywood debe haber sido tan eficaz que tengo por cierto que hoy son más los españoles que saben cómo comienza la Constitución Estadounidense que los que saben cómo comienza la española de 1978. En particular creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido son quienes lo han tenido más olvidado y, mucho más particularmente, los ministros de justicia; porque, si conociesen las siete primeras palabras de la Constitución Española igual de bien que conocen las de la Constitución Norteamericana, sabrían que la nuestra comienza diciendo: «La Nación Española, deseando establecer la justicia…». Pero lo han olvidado si es que alguna vez lo supieron, decididamente lo han olvidado.

Parece que a nuestros gobiernos, si algo les pasa cuando llegan al poder, es que olvidan los principios y, el principio que antes que ningún otro olvidan, es el principio del principio de la Constitución. No de otro modo puede explicarse que los sucesivos gobiernos de España hayan venido destinando más de 6.000 millones anuales a mantener las diputaciones provinciales y tan sólo 1.500 a mantener la justicia; no de otro modo puede explicarse que se gasten más de 1.000 millones de euros en pagar altos cargos de las mismas diputaciones y tan sólo se destinen 34 a la justicia gratuita. Y el caso es que la Constitución comienza diciendo… «La Nación Española, deseando establecer la justicia…» y no diciendo… «La Nación Española, deseando establecer diputaciones provinciales…»

Quienes vivimos en regiones como la de Murcia, Madrid, Asturias, Cantabria o La Rioja sabemos que sin diputaciones provinciales se vive estupendamente, que uno puede ahorrarse una pasta en sueldos de diputados provinciales sin que nadie les eche de menos, pues sus funciones las asume la comunidad autónoma respectiva; lo que no tenemos tan claro es que podamos prescindir de los jueces o de la justicia sin que esto se convierta en lo que ya está siendo: el paraíso de la corrupción. ¿Alguien recuerda algún Gobierno de España después de los de Adolfo Suárez que no se haya visto afectado por escandalosos casos de corrupción?

He usado el ejemplo de las diputaciones provinciales, pero puede usted usar el que quiera, basta con leer los presupuestos generales del estado; si la Nación Española se dio una constitución porque deseaba establecer la justicia es obvio que nuestros gobiernos lo han olvidado y creen que la Nación Española, en realidad, se dio la Constitución porque deseaba establecer diputaciones, recalificar suelo rústico, construir urbanizaciones, ayudar a la banca privada, cobrar comisiones o gestionar «eres». Quizá haya que recordarles que hay que volver a los principios, al menos al principio de la Constitución.

Leo los programas electorales de los diversos partidos y en ellos el primer principio que menciona nuestra Constitución, la Justicia, no parece resultarle atractivo a ninguno: se le dedican pocas y ambiguas palabras, ningún compromiso presupuestario firme o creíble y pienso si no es nuestra obligación recordarles con nuestro voto cuál fue la primera razón que los españoles tuvimos en cuenta para vivir juntos.

Vivimos una crisis donde unos pocos han depredado a muchos, donde entidades financieras sin escrúpulos han situado al mundo al borde la bancarrota, donde políticos sin principios se han lucrado con comisiones y mordidas y donde la justicia ha sido incapaz de controlar y reparar sus desmanes porque simplemente se la dejó sin medios y maniatada.

Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas acabar con la corrupción. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas que la riqueza nacional se distribuya con equidad. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto te importan los principios. Vale.

Quedan 14 días para las elecciones generales. Feliz día de la Constitución.

Conferencias junto al mar: derecho procesal contra la corrupción.

 

Captura de pantalla 2015-06-29 a las 19.54.56El próximo 29 de julio he sido invitado  por la Universidad de Murcia a dar una conferencia en el marco de su Universidad del Mar titulada «La celeridad en los procesos por corrupción: entre el deseo y la realidad» y he de confesar que tal invitación me ha agradado mucho pues, esa misma tarde, compartiré foro con el indiscutible maestro de los procesalistas españoles, Don Andrés de la Oliva Santos quien hablará sobre «La acción popular como instrumento anticorrupción». La tarde del 29 de julio se me presenta difícil (¿qué puedo decir después de escuchar a quienes me van a preceder?) pero me ilusiona estar en este foro de la Universidad del Mar de la Universidad de Murcia, en Águllas, una ciudad en la que me siento en casa. Este es el programa de las jornadas, si podéis venir creo que será divertido.

Héroes de Cavite

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En Cartagena no hemos ganado jamás una guerra. Fuimos Carthagineses contra los romanos, romanos contra los godos, godos contra los musulmanes y musulmanes contra los castellanos. En 1873-74 fuimos cartageneros contra el mundo y en 1936-39 los últimos republicanos de la península. No, nunca hemos ganado una guerra, las hemos perdido todas, pero seguimos aquí desde hace varios miles de años.

Quizá por eso nuestros monumentos no cuentan victorias sino derrotas.

Suelo pasear a menudo por la Plaza de los Héroes de Cavite y me entretengo leyendo los nombres de aquellos que acabaron «dando la vida por España» según la terminología oficial, aunque sería más exacto decir que perdieron la vida por culpa de sus gobernantes.

Leo en esas lápidas nombres gallegos, vascos, catalanes, andaluces y muchos, pero que muchos, apellidos cartageneros; tantos que, a veces, me parece estar leyendo los antiguos registros de abogados de mi colegio. Los «Héroes de Cavite» le llaman mis vecinos al monumento aunque también está dedicado a los marineros muertos en Santiago de Cuba.

El monumento me transmite sensaciones contradictorias: tristeza por la muerte de tantos hombres e ira por la poca vergüenza de quienes les mandaron a morir. Oscuras historias de corrupción impidieron que esos hombres contasen con cañones en Bahía Subic, con torpederos submarinos, incluso el crucero Colón carecía de cañones en las torres…

La corrupción nunca sale gratis, a veces se paga en dinero y otras, como aquí, la pagaron españoles generosos con su vida.

Por eso cuando paseo por allí pienso en España, en sus gobernantes, en la corrupción y me pregunto si no acabaremos siendo todos unos desdichados «Héroes de Cavite».

La moraleja del submarino de Peral

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Hoy se cumplen 125 años de la botadura del submarino de Peral, el primer torpedero submarino del mundo.
Propulsado por un avanzado sistema de acumuladores eléctricos y con sistemas de navegación submarina precursores de la cibernética el submarino de Peral ponía en cuestión la supremacía naval británica, de forma que esta recurrió a una compleja estrategia de corrupción política en la que no fue difícil hacer caer a nuestros políticos de la época. Sobres contra torpedos: La victoria británica estaba cantada.

En 1898 España pagó el precio de tanta corrupción con mas derrotas navales de Santiago y Cavite y la subsiguiente pérdida de Cuba y las Filipinas.

Peral, decepcionado, conservó de su buque tan sólo la bandera, se negó a cooperar con ningún gobierno extranjero a pesar de las tentadoras ofertas que le hicieron y fundó una empresa de acumuladores eléctricos cuya sede social estaba, curiosamente, en Madrid, en la calle Génova número 13.

Hoy el submarino de Peral está en reparación, dañado su casco por el paso del tiempo y por hallarse a la intemperie. El ayuntamiento de Cartagena ha decidido, acertadamente, protegerlo a pesar de que es un icono casi totémico para los habitantes de la ciudad.

Hoy cumple 125 años el submarino, lugar de trabajo para muchos de mis vecinos de Cartagena. Felicidades a todos.

La historia del submarino de Peral es no sólo motivo de orgullo para los cartageneros sino también un claro ejemplo de lo que puede pasarle a un país gobernado por la corrupción y no por los principios que, más allá de la electricidad, hicieron posible el submarino de Peral.
No olviden la moraleja: La tienen esculpida en piedra en la plaza de los Héroes de Cavite.

Vale.