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La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.

O el gobierno legisla o la realidad legislará por él

Veo a los compañeros pedir insistentemente que la Mutualidad y los colegios dejen de cobrarles las cuotas de estos meses de crisis.

Veo —y no salgo de mi asombro— a la Mutualidad y muchos colegios (no todos gracias al cielo) que se resisten roñosamente a llevar a cabo tal medida.

Miren, se lo diré en corto y por derecho, si ustedes no suspenden los pagos de cuotas, o de alquileres, o de hipotecas, o de préstamos, la realidad los suspenderá por ustedes con la diferencia de que, en lugar de suspenderse de forma ordenada, se hará a las bravas y, para cuando acabe la crisis, el colapso de los tribunales con desahucios, ejecuciones, reclamaciones de cantidad y «rebus sic stantibus» estará garantizado.

Seamos claros: o legislan y prevén esta contingencia o la realidad legislará por ustedes. ¿O creen que hay muchos españoles que podrán aguantar tres meses sin ingresos?

Miren, hagan las cosas antes de que la realidad se las imponga y gestionen la crisis. Elegir entre lo bueno y lo malo es fácil, pero en épocas de crisis hay que elegir entre lo malo y lo peor y es ahí donde se distingue a un gobernante de un inútil.

Si tú, como yo, aún crees que es posible hacer algo, ven con nosotros, únete a la #RED

Hacer todo lo posible

Veo que son muchos los compañeros y compañeras que se movilizan porque la Mutualidad condone las cuotas de estos meses de crisis y muchas reflexiones se me vienen encima

He vivido estados de excepción (en época de Franco y por razones que es mejor olvidar) pero sólo he vivido en mis casi 60 años un Estado de Alarma Médica que, para abogados y abogadas, no sólo es un estado de alarma sanitario sino que, muy probablemente, será un estado de colapso económico para muchos.

Quizá muchos de vosotros dispongáis de dinero ahorrado pero son también muchos los que viven al día y ¿cómo sobrevivirán a dos meses sin ningún tipo de ingreso? ¿Qué ocurrirá cuando, tras el estado de alerta, sus clientes se encuentren en situación económica tan precaria como la suya? ¿De qué vivirán? ¿Con qué pagarán el alquiler de sus despachos o la universidad de sus hijos?

Este es el momento de demostrar que estamos dispuestos a hacer todo lo posible los unos por los otros y «todo lo posible» no es hablar de grandes cosas sino también de las pequeñas.

A la mutualidad no le cuesta nada condonar las cuotas de estos meses, la peor consecuencia de ello sería que, al llegar a la edad de jubilación, se cobrase un poco menos de pensión (recordemos que la Mutualidad es un sistema donde tú cobrarás lo que antes hayas puesto, donde nadie da dinero a nadie). No les cuesta nada condonar estos meses, máxime cuando, tras la crisis, quien pueda y cuando vaya pudiendo cotice un poquito más.

Pero nadie hará lo grande si antes otros no hacen lo pequeño: los colegios pueden suspender el cobro de las cuotas y mandar el mensaje claro a abogadas y abogados de que los colegios están para servir a sus colegiados y no los colegiados para servir al colegio. ¿Cómo va la Mutualidad a suspender sus cobros de cientos de euros si antes los colegios no le mandan el mensaje claro suspendiendo sus cuotas de apenas unas decenas de euros?

Colegios como Tarragona, Elche, La Rioja, Granada, y unos pocos más lo han entendido así… La mayoría, en cambio, ni de esa pequeña cantidad han aliviado a sus colegiados. ¿Cómo podemos pedir a la Mutualidad un esfuerzo que ni nosotros hacemos?

Mucho peor aún, es evidente que necesitaremos ayudas del estado como cualquier otro trabajador autónomo. ¿Alguien cree que serán creíbles nuestras reivindicaciones si ni siquiera nosotros mismos tomamos medida alguna?

Es tiempo de demostrar que estamos dispuestos a ayudarnos y que, en nuestro orden de prioridades, lo primero son las abogadas y abogados que viven de este trabajo. Hay corporaciones que lo han entendido así y han ayudado lo que han podido, aunque sea poco, a sus colegiados, corporaciones que merecen, por ello, un aplauso. Hay otras que no lo han hecho y a veces me pregunto: ¿A qué esperan? ¿A que haya otra emergencia sanitaria?

Yo, emergencias sanitarias, sólo he conocido esta en mis casi sesenta años de vida, no creo que vayan a tener en el futuro otra oportunidad de ayudar tan clara como esta.

En fin, cuando, llegada la navidad, o los congresos, o los simposios, les veas gastar en viajes, cócteles, fiestas o barras libres, recuerda aquella vez en que hubo una emergencia sanitaria y no te rebajaron ni un euro.

Quizá la Mutualidad no pueda condonar la cuota legalmente, pero al menos puede pedir una modificación legal en tal sentido. Sólo ese gesto ya la tornaría más humana.

Perdonadme la reflexión, seguro que es demasiado larga y a lo mejor —probablemente— equivocada, pero, a salvo de la conducta hermosa de algunos pocos colegios, la Mutualidad me deja un regusto amargo en la boca de falta absoluta de humanidad.

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Los abogados y los bienes inembargables

Los abogados y los bienes inembargables

Proclama el ordinal segundo del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que serán inembargables:

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Dicho de otro modo, si es usted albañil sus herramientas de trabajo son inembargables y, si es usted programador, puede estar tranquilo, su ordenador y periféricos necesarios para su trabajo están a salvo del banco.

No es que la ley le haga a usted ningún favor, no; lo que la ley quiere es garantizarse que usted podrá seguir trabajando y pagar a su acreedor porque, como seguramente usted sabe —y si no lo sabe yo se lo digo—, en España las deudas son vitalicias y usted estará obligado a satisfacerlas no hasta el límite de sus haberes (como los bancos y las personas jurídicas) sino hasta que las pague o por completo o se muera. Quizá esto que le cuento le sorprenda, en España estamos acostumbrados a que las deudas sean para siempre, pero eso que a usted le parece normal es una anomalía tanto histórica como geográfica.

Pero vamos a lo que importa. Si lo que la ley persigue es que los deudores puedan seguir trabajando hasta pagar su deuda ¿qué sentido tiene impedir el ejercicio profesional al letrado o letrada que no han podido pagar su cuota colegial o de la Mutualidad de la Abogacía?

Pareciera que hablar de pobreza en la abogacía molesta y, sin embargo, no es arriesgado afirmar que un tercio de los abogados y abogadas de España están en situación límite a la insolvencia.

Hace dos años la Mutualidad de la Abogacía remitió cuarenta mil cartas a abogados y abogadas que no estaban al corriente de sus pagos y los colegios de abogados no son ajenos al volumen de impagados que soportan en las cuotas, a pesar de su moderado importe. Cuarenta mil abogados de un censo de menos de ciento cincuenta mil indica que nos hallamos en una situación límite en un momento en que una nueva recesión se anuncia. ¿Cómo resistirán esos abogados y abogadas, sus familias y sus hijos, a un nuevo golpe?

No todo han de ser malas noticias, pues, para quienes cotizan como autónomos el impago de sus cuotas no les impedirá continuar con su ejercicio. Si mis compañeros laboralistas no me han informado mal —yo no soy laboralista— en el caso de estar afiliado al RETA (régimen de los trabajadores autónomos) el impago no impide trabajar y si se gana menos del salario mínimo no hay obligación de pago.

Y si esto es así ¿Por qué el impago de cuotas priva a los abogados y abogadas de la única herramienta con que podrían pagar sus deudas?

El último proyecto de ley de Colegios y servicios profesionales previó poner fin a esta aberración y expresamente prohibió que se pudiese privar de su capacidad para el ejercicio profesional a quien no pagase su cuota colegial. Todo ello, claro, sin perjuicio de que se reclamasen dichas cantidades con los recargos procedentes; pero, lo que no se toleraba, era privar a abogados y abogadas de su herramienta de trabajo. Nada extraño, tal proyecto de ley solo pretendía tratar a letrados y letradas de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Civil trata al resto de los españoles.

Las deudas no pueden llegar a tanto que impidan trabajar al deudor pues ello es condenarle a la muerte civil y eso es así en cualquier lugar del mundo civilizado, incluida España, aunque, al parecer, la república de la abogacía no debe formar parte de este país porque es la única a la que no alcanza tal limitación.

Sé que molesta oír hablar de pobreza en la abogacíay que los dirigentes sector prefieren vivir en mundos llenos de microrrelatos, estupefacientes digitales que no entienden, ferias de muestras, coros y danzas y, sobre todo, competiciones de bisutería condecorativa. Pero, sepámoslo, en la abogacía hay bolsas no de escasez o apretura, sino de pura pobreza, y esas bolsas alcanzan a abogados que, hasta ahora, se habían ganado la vida dignamente. Una nueva recesión se anuncia y en la cubierta del Titanic de la abogacía la orquesta sigue interpretando polkas.

Alguien tendrá que enfrentar la crisis que viene y tomar las medidas precisas para que esta no golpee, como siempre, a quienes menos convendría que golpease.

Está en tus manos impedirlo. Aún puedes ir a Córdoba.

Bancos indecentes y costas judiciales

La banca española ha ejecutado implacablemente centenares de miles de hipotecas, títulos valores, pólizas de crédito… y para ello ha utilizado los procedimientos sumarios que las leyes procesales establecieron en su favor. Desde el mismo momento que el juicio se iniciaba los ciudadanos veían cómo su deuda se incrementaba en un 30% en concepto de costas e intereses; es decir, si usted debía 100.000, el banco le embargaba 130.000 desde el primer día y así vinieron los bancos esquilmando a pobres desgraciados cuyo único delito fue quedarse sin trabajo o simplemente ser pobres. Aún hoy, muchas de aquellas personas que fueron inmisericordemente ejecutadas, siguen debiendo dinero al banco por aquellas costas que el banco les cargó desde el primer momento sin que nadie alzase la voz en su defensa.

Ahora, que están siendo condenados por sus múltiples rapiñas a los consumidores, estos mismos bancos que ejecutaron implacablemente antes sus costas judiciales a pobres y desgraciados, protestan ahora porque, otra legión de desgraciados a quienes ellos engañaron merced a cláusulas abusivas, ahora se ha revuelto y los bancos están recibiendo una infinitésima parte de la medicina con que expoliarion a centenares de miles de españoles y españolas.

Bankia, en un ejercicio inaudito de inmoralidad y poca vergüenza, ha demandado a un Colegio de Abogados porque en sus informes sobre honorarios les ha tratado a ellos exactamente igual a como ellos trataron a los infelices a los que depredaron y aún depredan. Casi un millón de euros reclaman estos rapaces.

Si hubiese vergüenza en España los tribunales de justicia harían vomitar a Bankia todas las costas cobradas ilegítimamente en ejecutivos fundados durante muchos años en cláusulas abusivas, si hubiese vergüenza en España, los directivos que han acordado tal reclamación responderían personalmente y de su peculio de los gastos y costas causados y que se causen a su entidad por su mala fe e inaudita desvergüenza.

Se les ha consentido todo, se les ha tolerado todo, incluso desde la abogacía institucional se han llegado a alimentar en alguna ocasión sus quimeras, se les ha protegido en sede parlamentaria por políticos mercenarios… No, la justicia, si se funda sobre algo, es sobre la reciprocidad y hoy, estos indecentes, merecen ser medidos con la misma vara con que ellos midieron a una legión de españoles desgraciados, una legión que aún vaga buscando una forma de recuperar el futuro que estos indecentes les subastaron.

Bankia ha rebasado todos los límites de lo admisible y hay que hacer que pague por ello. La justicia no es un negocio cuyo único objetivo es ganar dinero ni los tribunales son un casino donde apostar en función de la avidez del jugador. La desvergüenza tiene un límite y Bankia esta vez lo ha sobrepasado. Ampliamente.

Hipotecas y costas: urgen explicaciones

En las semanas pasadas me han estado llegando insistentes rumores de que el Colegio de Abogados de Barcelona podría estar pactando con todas o algunas entidades bancarias la limitación de las costas de los abogados en los procesos de reclamación de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. No he querido creerlos: las consecuencias serían gravísimas y el rumor lleva implícita la posible comisión de un delito.

Dado que estamos hablando de algo muy serio vayamos por partes y veamos, antes que nada, qué papel juegan los colegios de abogados en todo este asunto.

Los Colegios de Abogados, conforme al artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen encomendada la misión de emitir informe preceptivo en caso de que las costas de los abogados sean impugnadas por excesivas. Dicho informe no es vinculante pero, ciertamente, es muy influyente; no es de extrañar, pues, que las entidades bancarias hayan tratado de influir sobre el sentido de estos informes usando de todas las vías legales a su alcance.

Los bancos han atacado a los Colegios de Abogados en su flanco más débil: los llamados «libros de honorarios», libros estos que no son sino documentos que recogen una lista de criterios que las juntas de gobierno utilizan para resolver las impugnaciones y elaborar los informes a que hacía referencia en el párrafo anterior. Dado que ni los Colegios ni el Consejo General de la Abogacía han sido capaces de entenderse con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ni tampoco han logrado influir en la elaboración de normas que aclaren el embrollo, las quejas de los bancos, en ocasiones, han encontrado eco en la CNMC cuyas cuantiosas multas han espantado a los colegios de abogados.

No es necesario que les diga que los bancos, entidades de naturaleza psicópata12 a las que sólo gobierna el ánimo de lucro, han aprovechado sistemáticamente estos criterios en el pasado para arruinar a muchos miles de familias españolas, cargando sus costas inmisericordemente a pobres ciudadanos que no habían cometido más delito que ser pobres o haber caído en el desempleo víctimas de la crisis. Inflando cuantías e intereses merced a cláusulas abusivas los bancos jamas cuestionaron los criterios de honorarios de los colegios cuando les tocaba cobrar, es ahora que estàn recibiendo una pequeña dosis de su propia medicina cuando montan en cólera, aunque eso creo que ya lo he contado en otro post.

Pues bien, volviendo al papel que juegan los colegios de abogados en todo este asunto de las hipotecas, con lo dicho respecto de los informes de costas, ya pueden imaginarse ustedes que es capital por varios motivos.

En primer lugar porque las reclamaciones por gastos son de pequeña cuantía: si la condena en costas no cubre los servicios de un abogado que, en la mayoría de los casos, ha de desplazarse con su cliente a un juzgado ubicado fuera de su localidad (una repugnante treta amparada por los sucesivos gobiernos de este país) tales gastos no serán reclamados. No es mucha pérdida para un cliente sólo pero, multiplicado por los millones de afectados, es una ganancia de muchísimos millones de euros para los bancos que verían, de este modo, aseguradas y consolidadas las cantidades que depredaron a los ciudadanos a través de sus abusivas prácticas.

En segundo lugar porque, si las costas no cubren o cubren pobremente la intervención de los profesionales (abogado y procurador del consumidor) a los bancos se les servirá en bandeja la posibilidad de hacer ofertas a la baja a los consumidores y camuflar bajo el manto de «mediación» o «negociación» lo que no es más que un incalificable abuso.

Digámoslo con claridad: los bancos saben que han cobrado indebidamente determinadas cantidades ¿Por qué no las devuelven de inmediato? ¿Por qué obligan a los ciudadanos a acudir al juzgado con los gastos que ello implica? ¿Por qué el gobierno no sanciona simplemente y con dureza a todos esos bancos que no han devuelto las cantidades que saben que han de devolver y no les da la gana devolver?

Aquí, no necesito decírselo, salvo su abogado, usted y el juez de trinchera (no me hagan hablar del Tribunal Supremo) todos los demás trabajan en favor de los bancos; disimulando su parcialidad bajo diversos camuflajes, eso sí, pero a favor de los bancos.

A esa soledad del consumidor y su abogado frente al poder económico le quedaban pocos consuelos siendo el principal el de las costas y, precisamente por ello, contra ellas dispararon los bancos, sabedores de que en ellas está la clave de que puedan quedarse con todo el dinero depredado.

A paliar la soledad del consumidor y su abogado no ha ayudado nunca el gobierno quien, lejos de obligar a los bancos a devolver lo depredado, estableció mecanismos ralentizadores de las reclamaciones, alejó los juzgados de los administrados imponiendo a estos un intolerable peaje en la sombra y, en fin, hizo lo preciso por mantener una «especialización» de juzgados donde sepultar las reclamaciones para regocijo de los bancos que veían cómo, disminuido el número de jueces de trinchera que conocían de sus casos, las posibilidades de dar con un juez vsliente que plantease una cuestión prejudicial a Europa disminuían drásticamente. Todo estudiado, todo en orden, circulen.

A paliar la soledad del consumidor y su abogado frente al poder económico no parece haberle acompañado ni siquiera el apoyo de la presidencia de la abogacía institucional, cuyo comportamiento, en muchas ocasiones, ha parecido estar más del lado de los bancos que de los abogados y los consumidores.

A paliar esta soledad del abogado y su cliente consumidor parecen haber contribuido, sí, hasta ahora los colegios de abogados que han mantenido sus criterios aplicándolos a los bancos del mismo modo que los bancos exigieron su aplicación a los consumidores empobrecidos. Claro que, de ser cierto el rumor de que el Colegio de Barcelona está dispuesto a revisar sus criterios a la baja con los bancos, entonces sí que podríamos decir que el abogado y su cliente estarían solos, irremediablemente solos. Porque si el Colegio de Barcelona modifica sus criterios ¿Con qué autoridad podrían el Colegio de Madrid o el resto de los colegios de España mantener los suyos?

Fue así que, reflexionando sobre todas estas cosas y sobre el rumor antedicho, que ayer me topé con este —por muchos motivos espeluznante— tuit de la decana del Colegio de Barcelona

Mi primera sensación fue de horror. ¿Mediación entre el juzgado 50, entidades bancarias y colegios de abogados? ¿Cómo se come eso?

De entrada espeluzna que se hable de «mediación» y se olvide al principal afectado, el consumidor, que no es citado por ninguna parte; en segundo lugar horroriza que se hable de «mediación» cuando no hay nada que mediar con un juzgado: los juzgados juzgan u homologan transacciones judiciales ¿Qué se va a mediar con un juzgado? ¿es que los jjzgados ahora en lugar de juzgar se dedican a mediar con las partes?; en tercer lugar, pero primero en importancia ¿Qué se va a mediar con un banco que sabe que debe el dinero que se le reclama? La única «mediación» posible es que paguen lo que deben y las costas del juicio, todo lo demás es proporcionarles una ganancia injusta permitiéndoles quedarse con parte de lo depredado. Pero sobre todo ¿Con el consentimiento de quién está negociando la decana? ¿Sobre qué? ¿Habiendo informado a quién?

La noticia de la Vanguardia que se recoge en el tuit que mencionamos no aclara más la noticia aunque nos da la certeza de que la decana está negociando en términos desconocidos para los administrados, para los abogados de su colegio —y los del restos de colegios de la provincia de Barcelona— y no sabemos si para el resto de los colegios de España y el Consejo General de la Abogacía Española.

Y si la noticia de La Vanguardia abunda en el sentido del rumor otras noticias nos alarman en el sentido de que el Juzgado 50 y un gran bufete pudieran estar repartiendo el bacalao hipotecario en favor de los bancos.

Urge que la decana dé explicaciones; urge que el Consell se las pida, urge que el Consejo ofrezca explicaciones de todo esto a la abogacía y abandonen ese juego de secretos a que tan adictos son.

Y sobre todo urge que se deje de hacer el juego a quien se ha quedado con el dinero ajeno y no se le apliquen todo tipo de excepciones y especialidades.

  1. «Las personas con trastorno psicopático, o psicópatas, suelen estar caracterizadas por tener un “marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos, y un carácter desinhibido” (…) Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas.» (Psicopatía. S.F. en Wikipedia. Recuperado el 16/03/2019.)

    ↩

  2. La caracterización de las «corporaciones» —entidades con personalidad jurídica a las que, merced a una ficción jurídica no siempre bien entendida, consideramos «personas»— como entidades gobernadas por una personalidad psicópata ha sido un campo fructífero explorado desde diversos puntos de vista; siendo quizá el ejemplo más popular el documental llamado «La Corporación», en el que se plantea directamente esta posibilidad.

    ↩

Graduados sociales de Cartagena

Ellos querrían ser colegio pero una legislación ridícula y una visión provinciofrénica y roñosa del Colegio de Graduados Sociales de Murcia lo impiden. Hoy han organizado su comida de navidad y me han invitado. Son la Agrupación de Graduados Sociales de Cartagena.

El local estaba lleno y allí estaban casi todos los graduados sociales que conozco, faltaban unos pocos pero, si no habían ido, es porque no habían podido, no porque les faltasen ganas.

A los postres han venido los discursos de rigor, los premios de rigor a quienes llevan muchos años ejerciendo y el reparto de la revista de la asociación, la cual he leído y presenta contenidos de más interés que la de este mes de Abogacía Española.

Al verles a todos juntos y felices, con las ideas clarísimas en relación a lo que son y lo que quieren ser, no he podido evitar pensar en las elecciones de ayer del Colegio de Abogados de Madrid donde tan solo un 7% de los abogados votó o de las caras fiestas y saraos de nuestras asociaciones nacionales Mutualidad y CGAE; y he pensado que no, que a estos graduados sociales no les hace falta ser colegio para hacer lo que hace un colegio y aún más.

Espero que tengan suerte y rompan la mentalidad provinciana contra la que luchan, pero sobre todo espero que no pierdan esa convicción que ahora tienen de que lo verdaderamente importante y valioso de estas agrupaciones profesionales son las personas que las componen. Ellos saben lo que otros han olvidado, triunfarán seguro.

Yo que tú, mañana, iría a votar

Mañana se celebrarán las elecciones a Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados de Madrid y, si quieres que te diga la verdad, si estuviese colegiado en ese colegio, yo mañana iría a votar.

No es sólo que mañana resultará elegida una persona que va a hablar en tu nombre (lo quieras o no) durante los próximos cuatro años, es también que va a gastar el mayor de los presupuestos que tiene colegio alguno en España y, esto, puede hacerlo en interés propio o en interés de todos.

La mayoría de las candidaturas que concurren a las elecciones han gastado un importante presupuesto en esta campaña electoral sin que se acierte a saber bien para qué: ninguno de los cargos que se han de votar mañana están retribuidos ¿por qué nadie habría de gastar dinero propio en aspirar a ellos? ¿cómo esperan recuperar el dinero así gastado?

Gracias a tu dinero y al del resto de compañeros de tu colegio, obtenido coercitivamente pues si no pagas la cuota no puedes ejercer como abogado, el Colegio acumula un importante patrimonio económico que administrará en los próximos cuatro años la Junta de Gobierno que tú elijas (o la que elijan otros por ti si es que decides no ir a votar) y en esa administración, con toda seguridad, puedes encontrar las claves que expliquen por qué alguien invierte dinero en ser decano del colegio más poderoso de España.

El Colegio sobre el papel no tiene muchas funciones: ejerce el control deontológico, organiza el servicio del turno de oficio, emite informes sobre costas judiciales y ejerce otras funciones que la ley le encomienda; sin embargo, la influencia política —cada vez menor al parecer, todo sea dicho— y la realización de actividades no estrictamente estatutarias (formación, arbitraje, mediación, organización de congresos…) son importantes polos de atracción para muchas personas y grupos de interés.

La participación en este tipo de elecciones ha sido tradicionalmente bajísima, pareciera que la mayoría de los abogados considerasen sus colegios como una especie de mal necesario que hay que soportar para poder ejercer y que nunca se hubiesen planteado sustituir este mal necesario por un bien siquiera fuese potencial.

Los porcentajes de participación en las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid en convocatorias anteriores son ínfimos (en las pasadas elecciones votaron 7.746 letrados ejercientes y 1.252 de un censo de más de 65.000; es decir un 13%) lo que significa que con 4.000 votos se puede gobernar el colegio más poderoso de España, una entidad que maneja muchos millones de presupuesto y que otorga a quienes la gobiernan una inmejorable plataforma para las relaciones con personalidades de todos los campos. El pequeño número de votos que se precisan y la magnitud del premio en juego hace que las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid sean campo abonado para golpes de mano de pequeños grupos que tengan interés en contar con una infraestructura tan poderosa y pagada con dinero ajeno.

La campaña electoral ha sido de una crispación inaudita con cruces de querellas de unoscontra otros; acusaciones de fraude y deja la percepción de que, todo esto, es una batalla importantísima para unos pocos, pero que, a la mayoría de los letrados madrileños, les resulta absolutamente ajena.

Si eres de quienes piensa que nada de esto tiene que ver contigo te equivocas, tiene que ver contigo y mucho. Todos estos que ahora compiten por gobernar el colegio que tú mantienes con tus cuotas serán quienes luego te habrán de servir a ti… o no; quienes te representarán lo quieras… o no; quienes pelearán por el futuro de sus abogados y abogadas o pelearán por los intereses y ambiciones que les han llevado a presentarse a esta demencial carrera electoral.

Lo dicho, yo en tu lugar iría a votar, te juegas mucho en esto y, si aún así decides no ir a votar porque todo este espectáculo te resulta ajeno, entonces prepárate para defender los intereses de la justicia y de la profesión (suelen ir casi siempre de la mano) participando en cualquier otra asociación que te garantice que tu futuro estará en tus manos y no en las de gente a las que no has querido ni siquiera ir a votar.

Feliz día de elecciones y que gane quien sólo se deba a sus electores.

Democracia colegial

Los antiguos griegos desarrollaron en el siglo VI AEC una forma de democracia directa que incorporaba una curiosa forma de gobierno que ellos denominaron «isonomía»1.

Esta isonomía se construía sobre la base de la existencia de una igualdad política radical entre todos los ciudadanos y, dada esta radical igualdad, la principal forma de elegir a sus gobernantes no fue la elección sino el sorteo.

En efecto, no sin muchas y muy buenas razones (si todos gobernaban hablando y votando en las Asambleas ¿qué ganaban teniendo que estar al servicio de ellas como gobernantes?), los antiguos griegos consideraron que el sorteo era la mejor forma de defender la igualdad de todos los ciudadanos y fue el sistema que utilizaron para elegir a la inmensa mayoría de sus cargos públicos, magistrados, jurados… etc. Así nos lo cuenta Aristóteles:

La democracia nace de la idea de que todos cuantos son iguales en algún aspecto son absolutamente iguales. Todos son libres y por lo tanto todos afirman que todos son absolutamente libres… Lo siguiente es cuando los demócratas, sobre la base de que son todos iguales, demandan idéntica participación en todo.

Se acepta como democrático el que los empleos públicos se provean por sorteo; y como oligárquico cuando estos cargos se proveen por elección.2

¿Curioso, verdad? Este sistema de elección por sorteo 3 no dejaría de parecernos una extravagancia griega si no pensásemos, por ejemplo, en sociedades tan habituales como lo son nuestras comunidades de propietarios.

A nadie se le ocultará que ser presidente de una comunidad de propietarios es un auténtico problema. Las decisiones las toma la asamblea de propietarios y el presidente poco más puede hacer que trabajar gratis por sus vecinos. No es de extrañar, pues, que en muchos casos nadie quiera ser presidente y se haya de recurrir al sorteo o al turno para elegirlo o incluso a tener que acudir a los tribunales para forzar a algún vecino a que acepte un cargo que, conforme a la jurisprudencia, es obligatorio.

Y dicho esto ¿por qué alguien habría de desear ser elegido decano de un colegio de abogados?

El cargo de decano no es remunerado, incorpora responsabilidades importantes y exige dedicarle un tiempo que no sobra a los profesionales de la abogacía. Siendo esto así y más allá de la muestra de cariño y respeto que representa ¿por qué alguien habría de querer ser elegido decano de un colegio de abogados?

Sin embargo, asisto atónito en estos días a una tremenda batalla electoral por el control de Colegio de Abogados de Madrid. Esa guerra incluye el cruce de querellas entre las diversas candidaturas, las descalificaciones públicas de unos hacia otros y las acusaciones directas y sin ambages de los unos contra los otros de que pretenden controlar el colegio para lucrarse con actividades paralelas en las que este control colegial les resultaría muy beneficioso.

No soy colegiado de Madrid (en los colegios de provincias, al parecer, esas cosas no se estilan) y me quedo perplejo cuando leo en la prensa que las candidaturas que optan a dirigir el colegio tienen presupuestos declarados de decenas de miles de euros para gastar en esta campaña electoral. La pregunta surge de inmediato: ¿cómo esperan recuperarlos? ¿Es que acaso el formar parte de la junta de gobierno del colegio lleva aparejados ingresos que no conozcamos?

El colectivo de los abogados y abogadas es uno de los más «isonómicos» que puedan imaginarse. Cualquiera de los electores es tan abogado como cualquiera de los elegibles y seguramente, en su parcela de especialidad del derecho, está más capacitado para opinar con acierto que el elegible. Los colegios son sociedades de pares donde el decano no debiera ser más que un «primus» entre todos ellos y, sin embargo… Sin embargo algo oculto debe de haber que impulsa a gastar importantes cantidades de dinero con tal de controlar el colegio.

Los griegos también tenían una palabra para referirse a estas agendas ocultas, a estas verdades en la sombra que explican conductas que de otro modo serían icomprensibles: obscenidad.

La etimología de la palabra “obscena” es dudosa y se han ofrecido respecto de ella múltiples versiones. De entre todas, la que más me gusta (nótese que digo “la que más me gusta” y no “la más acertada”) es la que se atribuye en unos lugares a D.H. Lawrence y en otros a Philip Matyszak. Según esta versión que les refiero, la palabra “obscena” derívaría de una especie de compuesto de las palabras “ob” y “skena” y se referiría a aquello que sucede en las representaciones teatrales, no en la escena, sino fuera de ella por razones de moralidad.

Pues bien, si yo fuese colegiado de Madrid, desearía conocer todo eso que ocurre detrás de las bambalinas, todo ese entramado real que justifica que abogados y abogadas como usted y como yo gasten decenas de miles de euros en campañas para acceder a puestos no retribuídos.

Quizá resulte que no hay más que una inmensa voluntad de servicio y en ese caso habrá que agradecerlo doblemente, aunque puede que resulte que no, que lo que haya sea una oportunidad de negocio que se pretende aprovechar.

Sea como sea la clave es la transparencia. Entre tanta querella, descalificación y siembra de sospechas, no hay más opción que un radical ejercicio de transparencia que traiga a primera fila de escenario todas las tramas argumentales que pudieran existir entre bastidores.

O eso o la isonomía griega.

  1. La isonomía (griego ἰσονομία «igualdad ante la ley» con la idea de reparto) del griego ἴσος isos, «igual» y νόμος nomos, «uso, costumbre, ley», era una palabra usada por los antiguos griegos para referirse a una determinada forma de gobierno popular. ↩︎Aristóteles. Política. ↩︎El cleroterion (griego antiguo, κληρωτήριον) es una máquina para desinsaculación utilizada en la antigua democracia ateniense para materializar el concepto de isonomía y de ese modo determinar, cada año, a los 6000 ciudadanos, mayores de 30 años y repartidos en diez clases de 500 ciudadanos (1000 quedaban de reserva), que formaban el tribunal popular de los heliastas; y también a los 500 bouleutas del Consejo (a razón de cincuenta por tribu, a partir de la reforma de Clístenes). Se le introducían plaquetas de identidad (chapitas de bronce, llamadas pinakia[cita requerida] con el nombre de los nomotetas que constituirían el Consejo o Boulé. Este aparato del siglo IV a. C. puede observarse en el Museo del Ágora de Atenas. ↩︎

El Colegio de la otra Cartagena


Los abogados de la Cartagena del otro lado del mar, la Cartagena de Indias, la del Caribe, el pasado 29 de julio se constituyeron en Colegio de Abogados. Esto a los abogados de España podrá parecerles normal pero créanme que no lo es. Ser abogado en Colombia no es tan fácil como en España, allí la vocación de ser abogado se ha pagado demasiadas veces con la vida: más de 700 abogados asesinados. Para los abogados de Colombia disponer de una colegiatura que les proteja y les dé presencia es un sueño largamente acariciado. En la Cartagena de España no les olvidamos y sé que ellos no nos olvidan a nosotros. Me han invitado a ir allí este próximo día 12; se me rompe el corazón, pero no puedo; sin embargo estaré, porque internet permite que podamos hablar personalmente a quien tenemos cerca en el corazón aunque estemos a gran distancia. Sé que les va a ir bien y que la vida va a mejorar para ellos, que sufrirán como aquí sufrimos las miserias y bajezas de unos pocos, pero que saldrán adelante y contarán estos principios a sus hijos y nietos. Felicidades Claudia Patricia Florez Hernandez eres la primera presidenta de una corporación llamada a vivir tanto como su corporación hermana de España. Toda la suerte del mundo para los abogados de allá. Un honor haber podido conocerte. Nos vemos el día 12.