Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

Ser abogado no es negocio

Me dirijo a ti, joven estudiante de derecho o del máster de acceso a la abogacía porque quiero que, antes de que sea tarde, sepas una cosa que debo decirte: ser abogado no es negocio.

Si estás estudiando derecho o el máster de acceso porque tu familia o amigos te han dicho que siendo abogado ganarás dinero olvídalo, te están engañando. Si ganar dinero con el ejercicio profesional es tu objetivo vital yo te diría que cambies inmediatamente de idea, la de abogado no es la profesión que buscas.

Seguro que has oído hablar de Calamandrei. Piero Calamandrei, además de ser un autor que aparece en tus apuntes de procesal, era un tipo que los tenía muy bien puestos. Era abogado ya en 1912 pero cuando llegó la primera guerra mundial (1914-1918) se alistó voluntario en el 218° de Infantería y concluyó la guerra con el grado de teniente coronel. Cuando llegó a Italia el fascismo Piero ya era catedrático, pero no dudó en jugarse su puesto y su libertad firmando manifiestos contra Mussolini, escribiendo en publicaciones valientemente antifascistas como Non mollare (No te rindas) y participando en la resistencia contra el régimen con riesgo de su libertad y su vida.

Pues bien, este tipo —que como ves no solo estudiaba derecho procesal— lo explicó muy gráficamente:

No me hables de riqueza, tu sabes que, el verdadero abogado, el que dedica toda su vida al patrocinio, muere pobre; ricos se hacen solamente aquellos que, bajo el título de abogados, son en realidad comerciantes o intermediarios…

Sí, joven amigo, el verdadero abogado si no muere pobre, al menos, no muere inmensamente rico. Y esto es así porque ser abogado no es —no puede ser— simplemente un negocio. Si para ti ganar dinero tiene más prioridad que defender los derechos de tu cliente, antes defenderás tu dinero que su causa y serás un buen comerciante, pero no serás abogado, serás otra cosa.

Que no te engañen con la prensa salmón y las páginas de economía de los periódicos: esos despachos que se dicen «grandes» y que miden su éxito en dinero sólo son ¿grandes? en su cuenta de resultados, aunque tú, desde hoy, sabes que, para un abogado de verdad, ellos sólo son un negocio.

Es importante que recuerdes esto que te digo, joven compañero, porque desde el gobierno, desde los medios de comunicación e incluso desde la propia abogacía institucional, te hablarán en términos económicos cuando hablen de la profesión.

Desde el gobierno te hablarán de desregulación, de ampliar la competencia, de libertad de precios y bajadas de tarifas y honorarios. Los gobiernos y sus comisiones de defensa de la competencia no distinguen un abogado de una distribuidora de chicles o de una peluquería; para los gobiernos y sus comisiones de defensa de la competencia lo importante no es que todos los españoles sean iguales ante la ley y dispongan de una asistencia letrada suficiente; lo importante es que los honorarios bajen; ya luego, si se puede llevar decentemente un divorcio por 150€ o un asesinato por 300€, no es cosa que parezca importarles.

A la prensa económica y los medios de comunicación sólo les preocupa la facturación. Tanto ganas tanto vales. Medir en dinero es fácil, ellos son economistas y de eso entienden, pero ¿cómo se mide la justicia?

Cuando Dionisio Moreno —un abogado humilde— propuso plantear una cuestión prejudicial al TJUE en el caso Aziz y el juez del caso, efectivamente, la planteó, Dionisio no pudo cobrar nada a su cliente pobre de solemnidad; sin embargo la sentencia del caso Aziz —la de las hipotecas— permitió que centenares de miles de españoles pudiesen reclamar a los bancos el dinero que estos, injustamente, les habían depredado durante años. La cuenta de resultados de Dionisio y del Juez que planteó la cuestión prejudicial no subieron un céntimo, ahora bien ¿tú dirías que esos dos juristas son peores que algún gran despacho que factura infinitamente más pero que se ve salpicado directamente por un caso de fraude fiscal?

No, ser abogado no es negocio, es profesión, es vocación; se es abogado, no «se trabaja» de abogado, porque ser abogado es, simplemente, una forma de vida.

Tratarán de convencerte de que no escuches a la gente que piensa como yo, que asumas que lo moderno es entender la profesión como un negocio, que lo guay es decir muchas palabras en inglés del tipo, junior, senior, of counsel, networking y hasta a tomarse un café le llamarán coffee break. No les hagas caso, toda esa parafernalia no es moderna, el uso innecesario del inglés es un marcador de pobreza léxica (recuerda que «letrado» viene de letras) y no obedece más que a una copia acrítica de discursos ajenos. Son malas copias de malos originales.

Y si gobiernos y empresas te mandarán el mensaje de que entender la abogacía al estilo de Calamandrei es algo anticuado, la abogacía institucional afianzará tal mensaje con congresos «moelnos» donde los problemas de esa abogacía de que te hablo —el 85% de los abogados de España— serán cuidadosamente silenciados.

Que no te engañen estos tampoco. En la república de los abogados el último de ellos no es ni más ni menos que el primero: abogado. Cada uno de los abogados y abogadas que forman esta república no sólo no son inferiores en nada a quienes la dirigen sino que, en su concreto campo de especialización, probablemente están mejor formados que quienes les gobiernan. No eres, no serás, ni más ni menos que ninguno de tus compañeros y por eso, si ves que algunos de ellos mantienen sus reuniones y acuerdos en secreto, que buscan la forma de impedir o dificultar tu participación, si ves que hablan en tu nombre sin haberte preguntado, si ves que ocultan minuciosamente el importe de las dietas que tú les pagas, entonces sabrás que no defienden la abogacía de que te hablo sino otra bien distinta. No te achiques, tú sabes quién eres y quién puedes llegar a ser y su oscurantismo es sólo una medida de su miedo.

Así pues, jóvenes y futuros compañeros y compañeras, debéis saber dónde venís y a qué venís. Probablemente con esta profesión no os hagáis ricos pero habéis de saber que, si a pesar de todo elegís serlo, a vosotros os corresponderá defender las esperanzas de justicia de los ciudadanos y la posibilidad de que este país tenga futuro. No es poca cosa.

Látex y los escritos judiciales

Los intentos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de normalizar los escritos judiciales sugieren —permítaseme decirlo— un profundo desconocimiento de los magistrados tipógrafos de los recursos que ofrece la informática en este campo.

Hoy quisiera hablarles de LaTeX, un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que exijan una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos o expresiones matemáticas.

LaTeX en principio puede resultar intimidatorio para un jurista pero, una vez aprendidos unos mínimos rudimentos, sus ventajas en la composición de textos son evidentes.

Una de las ventajas de LaTeX es que la salida que ofrece es siempre la misma, con independencia del dispositivo (ordenador, impresora, pantalla, etc.) o el sistema operativo (MS Windows, MacOS, Unix, distribuciones GNU/Linux, etc.) y puede ser exportado a partir de una misma fuente a numerosos formatos tales como Postscript, PDF, SGML, HTML, RTF, etc. Por tanto, si lo que querían los magistrados tipógrafos era uniformizar los escritos, generar una plantilla de documentos judiciales en LaTeX era una opción a considerar.

Sí, se que ellos mismos se sentirían intimidados por LaTeX y renuentes abandonar su omnipresente «Word», pero LaTeX es una opción usada por todas las universidades del mundo dado que ofrece las mejores calidades de impresión y la garantía de que todos los documentos presentados estarán absolutamente normalizados.

Una salida típica de LaTeX la muestran las siguientes imágenes

Lo mejor es que, una vez definida la plantilla o la «clase» del documento, todos los escritos presentados por cualquier persona desde cualquier ordenador y con cualquier sistema operativo tendrán SIEMPRE el mismo aspecto; y no solo eso, las citas y reseñas bibliográficas, jurisprudenciales, los índices, los pies de página, todo, absolutamente todo, estará normalizado.

El mundo, no obstante, no es perfecto y LaTeX es bastante más complicado de utilizar (no tanto en realidad) que otros procesadores. Desde luego si uno considera que una página escrita en LaTeX tiene el aspecto que se ve en la ilustración siguiente puede sentirse alarmado

Pero les garantizo que, en realidad, establecida una plantilla —y eso es cuanto se necesita para escritos judiciales— el resto es coser y cantar.

En fin, el objeto de este post no es convencerles para que usen LaTeX (les aseguro que serían unos usuarios felices) sino simplemente que conozcan otras opciones distintas al inevitable «Word», en este caso la opción de más calidad aunque quizá más compleja. Otro día les hablo de LibreOffice, un procesador que todos, y esta vez sin excusas de complejidad, debiéramos utilizar.

El secreto profesional de los abogados y el correo electrónico

¿Cree usted que nadie le escucha cuando habla con su abogado o que nadie interviene —legal o ilegalmente— sus comunicaciones con él?

La pregunta no es retórica, sin privacidad en las comunicaciones abogado-cliente el derecho de defensa no existe y, si no existe el derecho de defensa, tampoco existe el estado de derecho.

Ya les he hablado alguna vez de mis más que serias sospechas sobre la privacidad de las comunicaciones en los locutorios de las prisiones, sospechas que me han llevado a plantearme muy seriamente la conveniencia de no recibir información sensible de mis clientes en las comunicaciones realizadas en dichos locutorios porque, digámoslo con franqueza, mi sensación es que los abogados somos escuchados más a menudo de lo necesario y mucho más de lo que la ley permite. Permítanme que les cuente una historia real a propósito de una red llamada «Echelon». Si usted ya lo sabe todo sobre esta red puede saltarse unos cuantos párrafos y seguir en el que comienza con las palabras «Si es usted un ciudadano común…», si no, puede ser interesante que siga leyendo.

«Echelon» es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que esta red intercepta más de tres mil millones de comunicaciones cada día.

Se sospecha que esta red no sólo es utilizada para encontrar pistas sobre tramas terroristas, planes del narcotráfico e inteligencia política y diplomática; sino que está casi plenamente confirmado que es utilizada también para el espionaje económico de cualquier nación y la invasión de privacidad en gran escala.

No, no les estoy hablando de ninguna teoría de la conspiración ni de terraplanismo, ustedes mismos pueden comprobar que en 2001, el Parlamento Europeo en Acta del 5 de septiembre, emitió un informe en el que se expresa que:

considerando que no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial

constató la existencia de un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones, resultado de una cooperación entre los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda siendo

la finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales, y no militares.

Así pues, si creen que les estoy hablando de una red conspiranóica, abandonen la idea: la existencia y uso de Echelon ha sido constatada por el Parlamento de la Unión Europea.

Incluso parece que España ha tenido que ver con esta red, en especial durante el gobierno de José María Aznar, cuando nuestras inmejorables relaciones con los Estados Unidos de George Bush y el Reino Unido de Tony Blair condujeron a nuestro país a involucrarse en la guerra de Afghanistán. Medios extranjeros como «The Guardian» aseguraron que los Estados Unidos habían ofrecido al Gobierno de Aznar ayuda en su lucha contra ETA en forma de espionaje electrónico. Ciertamente resulta difícil conocer los detalles de estas operaciones reservadas pero, si hemos de juzgarlas a la luz de los resultados en la lucha contra ETA en aquellos años, o la ayuda existió ciertamente o la eficacia de nuestros cuerpos y fuerzas de orden público mejoró súbitamente.

Y créanme que les estoy hablando de una sola red en un mundo donde hay muchas más, supongo que todos podrían añadir a Echelon redes que han sido noticia mucho más recientemente. Las redes y sistemas de intercepción son tantos que, a veces, hasta algún conocido juez ha sufrido llamativas confusiones entre ellas, no distinguiendo SITEL de Marathon y Marathon Evolution, sistemas cuyo funcionamiento presenta aspectos muy preocupantes para el secreto profesional de los abogados.

Si es usted un ciudadano común sospecho que está suficientemente avisado respecto de las infinitas capacidades de monitorizar sus comunicaciones que tienen los gobiernos; si es usted abogado simplemente piense en cuantos atestados comienzan o contienen frases como la siguiente: «Por confidencias recibidas se tuvo conocimiento de que en la noche del día tal podría suceder tal cosa en tal sitio, por lo que se procedió a montar el correspondiente operativo policial».

Sí, muy a menudo la policía sabe cosas que prefiere no explicar cómo las sabe; confidentes, soplos… ya se sabe, pero ¿de verdad creen ustedes que no hay detrás de estos inexplicados conocimientos operaciones de inteligencia tecnológica en algún caso?

Digámoslo claro: no hay comunicaciones teóricamente más sustanciosas para la policía que las que tiene una persona con su abogado. Los ciudadanos involucrados en una investigación penal cuentan a su abogado todos los detalles del asunto y, en el siglo XXI, no sólo lo hacen de viva voz sino por correo electrónico, por teléfono o incluso a través de los intercomunicadores de los locutorios de las prisiones.

Formularé otra pregunta nada retórica: ¿están ustedes absolutamente seguros de que nadie les escucha?

Si su respuesta es «no estoy seguro» el secreto profesional de los abogados ya no existe porque, tal secreto, no se limita a que no se monitoricen las comunicaciones sino que implica necesariamente que tanto abogado como cliente comuniquen en un ambiente tal que puedan tener la absoluta seguridad de que nadie les está escuchando. Esa tranquilidad es la que permite una comunicación cliente-abogado ajustada a los derechos fundamentales que proclaman nuestras declaraciones de derechos.

No limiten su visión a España, piensen en lugares y países de los cinco continentes donde la inseguridad de las comunicaciones cliente-abogado hacen de estas conversaciones una tan ilícita como eficaz fuente de información para los gobiernos. Un mundo libre y respetuoso con los derechos de las personas exige que estas puedan comunicar sin ser espiados con sus abogados y es por eso que, cuando comunico con mis clientes, trato de cuidar de que mi comunicación con ellos no acabe siendo una fuente de información para alguien que quisiera espiar tal conversación.

Hoy he visto que se ha producido una buena dosis de confusión y alarma en el correo que el Consejo General de la Abogacía Española decidió contratar a un precio astronómico hace unos años y he recordado a quienes tomaron una decisión de contratación que, en mi sentir, perjudicó notoriamente a los abogados y abogadas de España.

Si todo aquel dinero que se dedicó a alquilarle un servicio estándar de correo a una empresa norteamericana (Microsoft) se hubiese dedicado a establecer un sistema de correo electrónico seguro para los abogados españoles se habría creado un espacio seguro y de libertad que garantizaría el secreto profesional a que los ciudadanos tienen derecho. Un sistema encargado a un tercero no tiene más fiabilidad que la fiabilidad que uno conceda al tercero (una empresa estadounidense) de que no cederá ni permitirá observar nuestras comunicaciones profesionales a nadie. Un sistema en el que las herramientas de cifrado son de un tercero y es este tercero el encargado de cifrar los mensajes, no ofrece más seguridad que la confianza que queramos depositar en las empresas que cifran o suministran los sistemas criptográficos. Ustedes mismos pueden juzgar si el correo que ha arrendado el Consejo General de la Abogacía Española, es susceptible de construir ese espacio donde cliente y abogado pueden estar absolutamente seguros de que no son escuchados. Gobiernos como el holandés no hace mucho manifestaban sus reticencias respecto al correo del gigante norteamericano pero, en todo caso, permítanme recordar que Microsoft y sus programas son los campeones del software propietario, algo que puede ofrecer de todo menos seguridad en lo que hacen programas que, por definición, no son auditables en su funcionamiento. Si quieren saber por qué el software libre es imprescindible cuando de asuntos públicos se trata pueden entretenerse un rato leyendo a propósito de el «Caso Toyota Camri».

En fin, que el lío que se ha montado estos días alrededor del carísimo correo de la abogacía me ha llevado a recordar una gran oportunidad perdida ya para siempre y a reflexionar sobre la necesidad de que los abogados seamos conscientes de los riesgos que acechan a nuestras comunicaciones con nuestros clientes y sepamos que la mejor defensa del secreto profesional en estos momentos no son leyes ni reglamentos, sino tratar de dotarnos de las herramientas tecnológicas adecuadas.

Tengan cuidado ahí afuera.

Democracia vs. Derechos

Democracia y derechos humanos parecen estar librando en estas primeras décadas del siglo XXI una sorda contienda en todo el mundo desarrollado.

Las democracias occidentales, vencedoras indiscutibles en la lucha librada contra fascismos y comunismos en el siglo XX, se convulsionan ahora por la lucha interna de sus dos elementos caracterizadores: la voluntad popular y los derechos humanos.

Si consustancial es al sistema democrático el concepto de soberanía popular igualmente consustancial a él es el respeto a una serie de derechos y libertades fundamentales del indivíduo reconocidos en tratados internacionales y constituciones. Sin embargo, estos dos elementos consustanciales a los sistemas democráticos, no parecen poder convivir sin fricciones y sobre estas fricciones están apareciendo movimientos políticos, de extrema izquierda o de extrema derecha en la terminología habitual, que pueden poner en peligro el propio sistema democrático.

Quizá las crisis migratorias que se producen en todo el mundo entre países pobres y ricos o las reacciones legislativas o políticas de los países ricos ante los atentados terroristas u otras caracterizadas formas de delito ilustren perfectamente esto que digo.

La crisis económica ha despertado en los últimos años sentimientos contrarios a la presencia de inmigrantes entre determinadas clases sociales; se cuestionan los derechos de los extranjeros, la conveniencia de su admisión o incluso la posibilidad de su expulsión. La escasez de recursos entre los nacidos en un determinado territorio estimula en ellos el deseo de expulsar del mismo a quienes no han nacido en él, hayan llegado al mismo estos últimos de manera regular o no. Líderes populistas cabalgan la ola de ese deseo y encuentran en él un importante caladero de votos.

Delitos que aparecen como particularmente odiosos a los ojos de la población, en particular los relacionados con la libertad sexual o con los menores, reclaman para su más sencilla persecución o prevención medidas que, en muchos casos, suponen una restricción de los derechos individuales de todos, restricciones que muchos están dispuestos a tolerar pues creen sinceramente que sólo se usarán en casos que a ellos no les atañen y que, por lo tanto, son a menudo demandados de forma enérgica por capas importantes de la población. También en estos casos aparecen pronto líderes políticos dispuestos a cabalgar la ola.

Del mismo modo que en los casos anteriores —dejo que cada uno de ustedes busque el ejemplo— aparecen grupos que expresan su viva indignación frente a principios como el de la presunción de inocencia en determinados casos, al de libertad de información en determinados otros o al secreto profesional en otros muchos. La lista es larga pero la tensión existente entre la voluntad popular —promovida por líderes ávidos de votos— y los derechos y libertades individuales es una constante en la vida política de las naciones llamadas desarrolladas y la curiosa caracterización de los líderes electos en algunas de ellas no puede ser más ilustrativa de esto que digo.

El papel de la abogacía en este punto, en cuanto que defensora de los derechos individuales, es absolutamente capital y no es infrecuente que abogados y abogadas se encuentren sólos e icomprendidos peleando una batalla, a veces sin esperanza, entre el derecho de uno frente a la voluntad de casi todos. Pero eso es lo que hace grande a esta profesión, que es sobre ella sobre la que recae el deber de defender los derechos individuales y que es en ella donde hallan su último reducto las esperanzas de todos; que su pelea en muchos casos incomprendida es la que, en muy buena medida, hace posible que muchas democracias sigan mereciendo tal nombre.

Viviremos muchos más episodios de esta guerra y es bueno saber que, con frecuencia, no estaremos del lado de la mayoría, conviene estar preparados.

La cuarta pregunta

Para quienes no hayan vivido los trabajos del foro antes del año 2001 aquel mundo les resultará incomprensible y su jerga delirante.

Por ejemplo, al interrogatorio de las partes en los procesos civiles se le llamaba «confesión» y, a cada una de las preguntas que formaban parte de aquel interrogatorio, se le llamaba «posición». Todas las preguntas se escribían, antes de formularse, en un papel que, con implacable lógica, recibía el nombre de «pliego de posiciones».

Hasta aquí normal, aunque, para cualquier profano, la expresión «pliego de posiciones» más parecía referirse a un extracto del Kamasutra que a un interrogatorio judicial, pero, «estese y quede» (como también solía decirse), porque lo mejor venía después.

Venía después porque, a las respuestas que daba el interrogado a las preguntas («posiciones»), se les llamaban «deposiciones» y, al acto de contestar las «posiciones» ante la «judicial presencia» (hiperbaton este muy del gusto de los «operadores jurídicos), se le llamaba, lisa y llanamente, «deponer». La implacable lógica forense, al analizar las respuestas de los interrogados, para completar la fiesta literaria, solía incluir en sus escritos elegantes fórmulas del tipo: «la parte, al evacuar las posiciones…»; cláusulas que son auténticos logros de la literatura española y que habrían sido envidiadas por autores como Quevedo o Lope de Vega.

Los juzgados del orden civil, pues, durante los siglos XIX y XX se llenaron de personas que, a presencia judicial, deponían cuanto les venía en gana y —lo más curioso— es que sus deposiciones eran minuciosamente recogidas en folios y folios que quedaban así emborronados para su posterior análisis por la historia. Si quieren verlas aún pueden hacerlo: en algún archivo estarán todavía cuidadosamente almacenadas todas aquellas deposiciones de nuestros mayores.

No creo necesario decirles que, antes de deponer, se tomaba juramento al deponente —supongo que lo dan por supuesto— lo que sí les diré es que había dos formas de juramento: el indecisorio y el decisorio. El primero era como el de hoy en día: se asumía que el interrogado declararía a su favor pese al juramento prestado, el segundo, el decisorio, era un recurso muy cinematográfico de nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Civil: la deposición evacuada por la parte tenía valor de prueba plena. Bajo juramento decisorio pueden ustedes imaginar que el interrogado deponía muy a gusto y, por lo mismo, ningún abogado solicitaba tal tipo de juramento.

Si todo esto les parece arcaico y delirante, desde ya les advierto que no está del todo desaparecido: nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es prácticamente de la misma quinta que la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de que les hablo, pues fue aprobada en 1882 y aún está vigente, de forma que, modos y expresiones de 1882, aún pueblan nuestros juzgados y tribunales. Permítanme que les hable hoy de «las generales de la ley».

La gente del foro llama «las generales de la ley» a aquellas preguntas que se han de realizar forzosamente a los comparecientes a un determinado acto judicial. Así, por ejemplo, cuando un testigo es llamado a declarar, el artículo 436 indica:

El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso.

Hechas estas preguntas al testigo, si el mismo manifiesta no tener interés alguno en el resultado del pleito ni conocer a las partes, el secretario o funcionario suele escribir pomposamente en el acta: «A las generales de la ley: que no le comprenden», expresión esta que ha dado lugar a muy edificantes escenas forenses, como aquella en que un juez —creo que recordar que maño— tras informar e interrogar exhaustivamente a un testigo sobre si tenía o no interés en el resultado de un pleito que enfrentaba a sus vecinos, recibió del testigo la siguiente respuesta:

«Por mí como si les dan por culo.»

El dictado del juez al funcionario fue inmediato:

«A las generales de la ley: que no le comprenden» (y multó al testigo acto seguido).

Los procesados también tenían —y tienen— sus «generales» y estas vienen recogidas en el artículo 388 que ordena:

En la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué Juez o Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por que se le ha procesado.

El caso es que estas «generales» incorporan un pregunta delicada: «oficio o modo de vivir», cuestión esta que solía efectuarse en cuarto lugar tras la identificación del procesado, su edad y naturaleza. Si el hombre no tenía forma de ganarse la vida era evidente que una de las generales sí le comprendía, concretamente «estaba a la cuarta pregunta».

Hace unos días, en comisaría, departiendo con una amable funcionaria, mientras examinábamos unos atestados volví a fijarme en la insidiosa «cuarta pregunta» y acudieron de nuevo a mí mente todas estas palabras delirantes de la jerga forense que poblaron mis primeros lustros de ejercicio profesional y de ahí este post.

Nos hacemos viejos, compañero.

Madera de héroes

Todo ciudadano de España debería saber que, cuando sea acusado de las más horribles acciones, cuando todos le abandonen, cuando ni siquiera sus familiares más cercanos le crean, siempre habrá alguien a su lado: su abogado.

No es fácil ser abogado de un hombre cuando toda la sociedad le ha condenado de antemano, cuando la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública en un juicio previo —prejuicio— que parece convertir al abogado en cómplice o encubridor de los delitos por los que ya se ha condenado a su cliente en juicio mediático. No es fácil, se lo aseguro, mucho menos cuando el delito del que se acusa a esa persona condenada de antemano es uno de esos que estigmatiza al acusado sin posibilidad real de reparación posterior. Nada salvará al acusado de una precondena pública por un delito de terrorismo o contra la libertad sexual y no digamos si hay menores de por medio.

Esta precondena previo prejuicio a la que tan acostumbrados estamos en España no es fácil de conllevar por los abogados y así suelo decírselo a los que juran: sepan que en muchos momentos van a estar ustedes solos, desoladoramente solos, y que habrán de soportar incluso en su casa las miradas y las preguntas de quienes ustedes más quieren y de quienes más confían en ustedes: «hija, ¿de verdad tenías que defender a ese hombre? ¿No puedes dejarlo y que lo haga otro?…».

Pero ese es el trabajo de los abogados y quizá son esas situaciones las que dan la medida exacta de la grandeza de esta profesión, esas situaciones en que estás desoladoramente solo defendiendo a quien todos ya han condenado.

No hay entrenamiento posible para enfrentarse a ese tipo de situaciones ni en ninguna facultad se enseña cómo tener madera de héroe o cómo cumplir con tu deber cuando toda la sociedad truena en tu contra, pero has de saber que a veces, sólo algunas veces, en realidad muy pocas veces, tu verdad y la verdad de tu cliente al que todos condenaron se impone y entonces sabes de verdad por qué eres abogado.