Esta tarde, con un acto protocolario concebido a la mayor gloria de la presidenta, comienza el congreso que organiza cada cuatro años la abogacía institucional. Dolida por las críticas a la ilegalidad del Congreso de Valladolid y la respuesta de la Abogacía Real con su Congreso de Córdoba este año —por fin— la abogacía institucional recobra el formato —bien que teledirigidamente— deliberativo.

Las ponencias básicas que se proponen son cuatro:

Intermediación y nuevos modelos de negocio, que presenta Francisco Caamaño ex-ministro de justicia del PSOE.

Defensa de Derechos y Libertades hoy, que presenta Jesús Remón Peñalver, presidente del despacho «Uría y Menéndez».

Avances y desafíos de la regulación deontológica, que presenta José Ramón Chaves, Magistrado y

Especialidades y formación legal continua que presenta María Emilia Casas, también magistrada.

Como ven ninguna de las ponencias se relaciona con los temas que han movilizado a la abogacía real en fechas pasadas y, como pueden ver también, entre los ponentes hay magistrados, exministros y un sólo abogado pero, es preciso decirlo, un abogado de gran despacho, una forma de ejercicio profesional ajena al ejercicio del 85% de los abogados y abogadas que ejercen en España; la abogacía real, la que ejercemos usted y yo, queda olvidada.

Por supuesto que ninguna ponencia se llama «turno de oficio» ni nada parecido, si se llega a hablar de esto es porque participantes con especial compromiso, abogados reales, lo han introducido a base de comunicaciones.

Miren, hace tiempo ya que sabemos —pues lo dijeron representantes de grandes bufetes— que vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir, pero de esto, claro, no se hablará en el Congreso.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo  hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión,  no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la  que vivimos en los últimos años? ¿Cómo es posible que esta profesión que hasta hace unos años permitía una vida digna haya sido degradada al nivel de la pura subsistencia?

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300%  pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos  mismos años como consecuencia de sucesivas reformas que,  perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado  fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de  España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de  justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes  entregados a la defensa de los intereses superiores de sus cuentas más  importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su  vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de  financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o  borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas  puertas giratorias. ¿Dónde  crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los  partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—,  Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de  Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has  adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de  influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado  independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Y es esta abogacía real, esta abogacía de las personas, la única por la que me parece que merece la pena vivir y morir, la que es relegada a segundo plano en el Congreso que hoy empieza y donde los papeles protagonistas son entregados a gentes ajenas a ella.

Pero sé que han ido allá abogados de verdad que tratarán de colar en los debates su palabra ruda aunque tampoco importa si no lo logran, porque la abogacía real hace tiempo que ha aprendido que puede reunirse y trabajar por ella misma, que puede organizarse, aunar esfuerzos y vencer.

Es tiempo de valientes.

Vamos.