Cuando en los años 90 muchas compañías de seguros se dedicaban a especular con la lentitud de los juzgados para retrasar el pago de las indemnizaciones el legislador reformó el artículo 20 de la LCS y les impuso un recargo del 20% de interés cuando se demorasen dos años en el pago de la indemnización. Fue una norma saludable y aunque luego la jurisprudencia la ha matizado, sirvió al fin para que se dictó en aquella, para el mundo del seguro, convulsa década de los 90.

Ahora los bancos pretenden jugar al mismo juego con el tema de las cláusulas suelo, amenazan con colapsar los juzgados no pagando ninguna de las cantidades que adeudan y judicializándolo todo y el gobierno (¡ay el gobierno!) en lugar de imponerles un recargo por no cumplir con sus obligaciones voluntariamente, lo que pretende es beneficiarlos este viernes con un decreto que, mareando más la perdiz, introduzca un nuevo trámite para los consumidores que, como siempre, se camuflará con palabras que escondan la verdadera naturaleza del amaño.

Estos bancos -que son quienes han usado la administración de justicia como su oficina de ejecuciones- son los principales usuarios del sistema judicial que pagamos entre todos para que ellos lo usen más que nadie. Ellos hacen trabajar a los jueces para que ejecuten sus préstamos e hipotecas, ellos son los que inmisericordemente reclaman las costas judiciales a ciudadanos a los que dejan sin casa con demandas de copy-paste, son ellos también quienes a coste cero reciben el auxilio de policías y guardias civiles que pagamos todos para arrojar a la calle a familias que no pueden pagar, ellos son, en fin, quienes gozan de procedimientos especiales para reclamar sus créditos, procedimientos de los que no gozan otros ciudadanos cuando de reclamar contra ellos se trata.
Pues bien, a estos bancos, por su contumacia, por su mala fe, el gobierno no prevé sancionarlos sino tratarlos mejor.

No es sorprendente; el gobierno, en el tema de las hipotecas, siempre ha estado del lado de los bancos y en contra de los ciudadanos. Ha defendido que sólo se devolviese lo abusivamente cobrado por ellos desde 2013, no ha modificado la legislación mas que a golpe de sentencia europea y no ha mostrado sensibilidad alguna a las demandas de la población. De un gobierno que sistemáticamente se ha puesto del lado de la banca ¿cabe esperar algo distinto ahora?

Pero lo que más sorprende es que los partidos de la oposición puedan siquiera soñar con apoyarle en este viaje. Un PSOE en régimen de gestora ¿va a apoyar al gobierno? ¿Ciudadanos lo hará? ¿Podemos y confluyentes lo harán? ¿Es que en las Cámaras nadie representa al pueblo frente al lobby de los bancos eficacísimamente representado?

A las entidades bancarias que abusan del sistema judicial o con la amenaza de acudir a él sólo cabe mostrarles el camino de la ley haciéndoles saber que esta es, para los rebeldes, inflexible: que si abusan del sistema judicial y no pagan voluntariamente no sólo se les impondrán las costas, sino que un gobierno que defiende la justicia aprobará normas que permitirán, una vez declarada su temeridad, repercutirles el coste medio de cada proceso judicial (pues estrían dañando la administración de justicia de todos con su uso abusivo); que ese mismo gobierno aprobará normas para que, si de forma inmediata no ponen a disposición de los consumidores de los que abusaron las cantidades que crean deberles, comenzarán a correr para ellos intereses disuasorios del 20% o los que se estimen pertinentes, y, sobre todo, les transmitirá el mensaje firme y decidido de que no van a obtener beneficio económico alguno de su deliberado incumplimiento de la ley y la jurisprudencia que la interpreta.

Eso es lo que haría un gobierno que defendiese la justicia y no a los bancos. Pero hoy ya hemos visto por dónde van los tiros, ha comenzado la ceremonia de la confusión y la ha abierto el ministro que mejor ilustra la naturaleza de las medidas que piensan adoptar. No el ministro de Justicia (para el gobierno este no es un asunto de justicia a lo que se ve) sino Luís de Guindos, el hombre de Lehmann Brothers… sí, el de las hipotecas.

El resto de los grupos pueden dejarles cometer la tropelía o no. Si les dejan tengan la seguridad de que lo pagarán muy caro en las cada vez más próximas elecciones. 

El próximo jueves 12 de mayo a las 16:00 tenemos una cita en Madrid en los salones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación para hablar de LexNet, de cómo no supone una verdadera modernización de la justicia y de cómo sí supone una amenaza real para los derechos y libertades de los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es más que una jornada, es el principio de una acción en defensa de la justicia y el estado de derecho: una buena causa para los juristas y que, si vives en Madrid, no debes perderte.

La inscripción es libre y basta con que mandes un email a la dirección de correo que aparece al pie del cartel anunciador de la jornada

¿No has encontrado la dirección de correo para apuntarte? Te la vuelvo a poner:

Si nunca has estado en la Real Academia este es el momento de que descubras la institución y sus instalaciones -te sorprenderán- pero, sobre todo, de que compartamos conocimientos y dejemos sentir nuestra voz.

El jueves 12, a las 16:00, tenemos una cita en Madrid: nos vemos en la Real Academia.

Me cuentan que en Aragón los abogados de oficio llevan 11 meses de retraso en el cobro de sus vejatorias retribuciones y no acierto a creer lo que oigo, leo que en Aragón quieren reducir en un 40% esas vejatorias retribuciones que no se pagan y me resisto a creer también que eso pueda ser verdad. No me parece posible que se deje sin justicia a los menos favorecidos, porque sin justicia no hay derechos y donde sólo hay justicia para algunos no hay derechos para los demás. Eso no lo puede tolerar una administración que se llame democrática… ¿O sí?

Los abogados de oficio nunca han cobrado lo que valen sus servicios. Con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo, sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que se ejercía con liberalidad y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía se llaman oficios) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. Dos mil años después, a lo que parece, a los gobiernos es ese y no otro el régimen retributivo que les gusta: que sus abogados trabajen gratis para ellos o por una cantidad vil. Los ingresos del abogado en Roma provenían de las «liberalidades» (las donaciones) que el cliente satisfecho le hacía en «honor» a sus servicios (y por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos «honorarios» y por eso nos decimos profesionales liberales) pero cuando nuestro cliente, la administración, nos hace trabajar a cambio de nada o a cambio de una cantidad vil, esos mismos «honorarios» se vuelven vejatorios y alguien debe recordar que aún queda dignidad en la profesión y que esta no puede ser vilipendiada.

Conozco a estos abogados, les aseguro que he visto embargar sus mínimos ingresos, que les he visto preguntar casi con vergüenza si el estado o la comunidad autónoma habían ingresado su miserable retribución, les he visto murmurar entre dientes que un día lo dejarán… Pero les he visto también cobijar en su casa a clientes sin dinero, trabajar durante años a cambio de unos euros miserables y les he visto ir de derrota en derrota por todas las instancias judiciales hasta pasear por Estrasburgo su victoria, su hambre y el derecho de su defendido desahuciado. Porque son de oficio abogados y porque sobre ellos descansa la esperanza de los necesitados.

Sé que la vieja virtud romana sigue aquí entre nosotros y que, mientras queden abogados de oficio, la esperanza tiene quien la defienda. Es por eso por lo que mañana tenemos que hacer juntos un trabajo a las 11:00 de la mañana frente al Gobierno de Aragón o allá donde estemos. Porque no vamos a dejar sin esperanza a los necesitados, sin justicia a los desfavorecidos y sin derechos a la mayoría de la población. Porque no vamos a dejar que muera la justicia gratuita y porque, aún hambrienta, a esta profesión le sobran la dignidad y el coraje para señalar a quien trate de acabar con ella.

Mañana es un gran día para decir estas cosas alto y claro. Si estás en Zaragoza acude a la concentración convocada a las 11:00 en el edificio Pignatelli, si no estás en Zaragoza carga la batería de tu teléfono móvil y a las 11:00 grita en tuíter que tú también estás allí con ellos. Porque eres abogado, porque de ti dependen las esperanzas de todos y porque tú sabes defenderlas. No creo necesario añadir más.

Es un placer trabajar con ustedes. Adelante. Mañana nos vemos.

Acabo de leer que al abogado de oficio que defiende a Correa en la trama «Gürtel», de momento, le han pagado 119€ por sus servicios y me invade la ira, de forma que, hoy, no escribiré nada más al respecto. Recuerdo, eso sí, que hace tres años me pidieron en un periódico digital que escribiese un post para los abogados de oficio y con él les dejo hasta que me tranquilice y pueda escribir con serenidad al respecto; aquel post decía así:

Hace una semana los abogados celebramos el día de la justicia gratuita y lo hicimos bajo un eslógan, supongo que seleccionado por alguna agencia de publicidad de entre los muchos hashtag usados en tuíter, que rezaba: «De oficio abogado». Ustedes me perdonarán que haya dicho que el eslógan «rezaba», pero es que ese «oficio» al que hace referencia, aunque sus redactores quizá no lo sepan, anda más cerca de los oficios religiosos que de los oficios manuales y, para el propósito de este post, el rezo me viene al pelo.

Porque con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que se ejercía con liberalidad (gratuitamente) y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía se llaman oficios) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. Cobrar salario (merces) era para los juristas algo tan reprobable (mercennaria vox) como vender los sacramentos para los sacerdotes (delito de simonía).
Ocurre, sin embargo, que los juristas tenían y tienen la deplorable costumbre de comer y que malamente se pueden cumplir los deberes cívicos cuando las piernas no te sostienen, de ahí que, ese difícil equilibrio entre las obligaciones morales y las necesidades vitales de los abogados, no haya estado nunca solucionado del todo en nuestra profesión.
La vieja virtud romana llevó al tribuno de la plebe Cincio Alimento (el nombrecito del tribuno tiene su guasa) a someter a plebiscito en el 204 a.C. una ley que prohibía a los abogados cobrar por sus oficios y así promulgó una lex muneralis que convirtió a la abogacía en la profesión liberal que ahora es. Porque «liberal» viene tanto de libre como de liberalidad; es decir, que los ingresos del abogado provenían en exclusiva de las «liberalidades» (las donaciones) que el cliente satisfecho le hacía en «honor» a sus servicios. Por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos «honorarios» y por eso nos decimos profesionales liberales. Y así quedó la profesión en aquel año 204 a.C., llena de gloria y virtud pero famélica y ayuna de numerario. El pago de estos abogados, como constató Cicerón, consistía apenas en tres cosas, todas ellas muy virtuosas pero poco nutritivas: La admiración de los oyentes, la esperanza de los necesitados y el agradecimiento de los favorecidos.
No todos los gobernantes romanos estuvieron tan exclusivamente atentos a la virtud pues Alejandro Severo, hombre sin duda piadoso y práctico a la vez, acordó asignar víveres a los abogados, fijándolos siglo y medio más tarde Ulpino Marisciano en 15 modii de harina por todo asunto in urgenti que finendo sit.
Hoy todavía a los letrados que se ocupan de la justicia gratuita se les llama abogados «de oficio» y —si han tenido la paciencia de llegar leyendo hasta aquí— entenderán que el nombre les cuadra a la perfección. Profesionales liberales que reciben del estado (cuando lo reciben) un ingreso tan pequeño que más que «honorario» es «vejatorio»; abogados de los que nadie podrá decir que prestan su servicio por dinero sino por el impulso aún vivo de aquella virtud romana que los jurisprudentes dieron en llamar «oficio»; juristas cuya hambre mantiene la libertad de sus conciudadanos.
Yo he visto embargar sus mínimos ingresos, les he visto preguntar casi con vergüenza si el estado había ingresado su miserable retribución, les he visto murmurar entre dientes que un día lo dejarán…
Pero les he visto también cobijar en su casa a clientes sin dinero, trabajar durante años a cambio de unos euros miserables y les he visto ir de derrota en derrota por todas las instancias hasta pasear por Estrasburgo su victoria, su hambre y el derecho de su defendido desahuciado. Porque son de oficio abogados, como rezaba el eslógan.
Por eso, cuando oigo hablar a los «grandes» despachos de marketing, de planes de negocio, de beneficios, de seniors y de juniors, pienso en esos abogados, mis abogados, a los que de verdad quiero y admiro, esos que nunca podrán exhibir sus cuentas de resultados pero sobre cuya hambre descansa —como dijo Cicerón— la esperanza de los necesitados.
Quieren acabar con ellos, lo sé; sé que prefieren un asalariado (una mercennaria vox) a un profesional libre, pero sé también que la vieja virtud sigue aquí entre nosotros y que mientras queden abogados de oficio la esperanza tiene quien la defienda. Va por vosotros.
Vale.

El sino de Cervantes fue vivir y morir pobre y la comisión que organiza la conmemoración del 4º centenario de su muerte comienza de la misma forma que el escritor acabó su vida: sin dinero. No hay patrocinadores: esos que en España nunca faltan para Gran Hermano o Sálvames, se llaman Andana cuando de cultura se trata. Supongo que la España que tenemos es así: incapaz de devolver a la memoria de Don Miguel ni la infinitésima parte de lo que el hombre dio a España. Todo un síntoma.

Así lo cuenta hoy la prensa http://www.elespanol.com/cultura/20160209/100990125_0.html

  
Oigo a Rajoy feliz por el AVE que une Madrid con León y que, varias paradas al día en Palencia, hoy ha inaugurado. Pero resulta que sólo en la costa Mediterráneo-Andaluza vive casi la mitad de la población de España (unos 20 millones) y es a ese lugar a donde se dirige la mayor parte de los casi 53 millones de turistas extranjeros que nos visitan anualmente y ahí, precisamente ahí, no hay AVE.
Con un presidente de Gobierno sevillano se construyó el AVE de Madrid a Sevilla. Con otro presidentes vallisoletanos o leoneses vimos iniciarse las obras de los AVE’s que irían a León y que hoy se inaugura.Volvemos a la red radial, seguimos uniendo el centro (Madrid) con lo que despectivamente se llaman «provincias».

A Cartagena el AVE llegará… Llegará… Ni lo sabemos. Y me suena a mí que esta topología radial de la red y esta coincidencia del origen de los presidentes con el destino de los AVE’s es muy ilustrativa. Yo quiero un AVE ya, a ser posible de Figueras a Almería y de Almería hasta Ayamonte. Porque el AVE es para los ciudadanos y los ciudadanos están aquí, en la costa, igual que en Palencia, pero en este corredor somos muchos más españoles y entran más turistas extranjeros. Cartagena necesita un AVE, el corredor mediterráneo necesitaba un AVE antes que ningún otro lugar. Quizá al presidente le gusta inaugurar un AVE a León o Palencia… A mí solo me irrita que, desde 1992 en que se inauguró el primer AVE, el corredor mediterráneo siga sin AVE. Vale.