El Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas acaban de recibir dinero de Europa, un dinero que deben invertir principalmente en informática judicial y, claro, no caben en sí de gozo.

Más de cuatrocientos millones de euros van a poder gastarse nuestros políticos en tecnología, una cantidad que podría significar un fuerte salto adelante de la justicia española pero que, desafortunadamente, en sus manos, apenas si servirá para mitigar un poco el caos informático estructural que padecemos.

Pero, antes que nada, veamos primero cual es la situación que presenta la justicia española en este año 2022 y que causas nos han traído hasta aquí.

## Un caos informático

En primer lugar hay que subrayar algo que todos sabemos: la justicia española es un auténtico desbarajuste donde conviven multitud de sistemas informáticos que, a menudo, no se entienden entre sí.

Cómo y por qué se ha llegado a este desvarío se debe a varios factores fundamentales:

En primer lugar la distribución de competencias en materia de justicia que diseña en nuestra constitución y, sobre todo, la peculiar forma en que está distribución competencial fue interpretada por nuestro Tribunal Constitucional en los primeros 90 del siglo pasado.

En segundo lugar la absoluta incapacidad de nuestros políticos para entender cómo funcionan las nuevas tecnologías.

En tercer lugar el siempre interesado asesoramiento de las empresas cercanas al poder.

En cuarto lugar la indiscutible vigencia en España de las leyes de Kranzberg, en especial la cuarta, esa que nos enseña que, cuando de tecnología se trata, los criterios políticos acaban primando siempre sobre los puramente tecnológicos.

Y en quinto y último, pero no menos importante, lugar,  la voluntad perpetua y constante de los poderes ejecutivos nacional y autonómicos para controlar de la forma más intensa posible al poder judicial.

## Inexistencia de una visión compartida y honesta de lo que debe ser la administración de justicia en España.

Junto con el desbarajuste de sistemas informáticos que caracteriza a la justicia española, hay un segundo factor que determina que cualquier inversión económica en tecnologías este mayoritariamente abocada a ser un fracaso y, este, es el de la falta en nuestros representantes políticos de una visión compartida y honesta de lo que debe ser la administración de justicia en España.

Es triste decirlo pero es así.

Desde el famoso «Montesquieu ha muerto» que, con razón o sin ella, se dice que pronunció determinado personaje político en 1985, es lo cierto que los partidos que se han turnado en el poder han competido por ver cuál de los dos conseguía controlar mejor al poder judicial. El espectáculo es tal que, a día de hoy, los partidos en lo que de verdad se esfuerzan es en prevalecer en la lucha por los cargos que gobiernan el Poder Judicial mientras se aferran a un insostenible sistema de elección de vocales.

Si, ya sé que cada una de estas afirmaciones debe ser justificada, pero como no puedo alargar este podcast más allá de un tiempo razonable, les ruego que tengan paciencia: el próximo podcast ya está en el horno y espero ponerlo a su disposición tan pronto como la semana que viene.

Hasta entonces, que tengan una buena semana .