El negocio de los bancos es prestar dinero y parte fundamental de ese negocio es recuperar el dinero que prestan cuando no se les paga. Para ello el estado pone a su disposición toda una organización llamada «Administración de Justicia» que los bancos utilizan intensivamente.

Para cobrar sus deudas los bancos pueden utilizar cualquiera de los juzgados existentes en cualquier partido judicial de España; gozan de procedimientos específicos para que las cosas les sean más rápidas —ejecuciones hipotecarias— y entre todos los españoles pagamos con nuestros impuestos este último eslabón negocial de las entidades bancarias.

En cambio un ciudadano no va a un juzgado más de una o dos veces en su vida y, si es para demandar al banco por su hipoteca, debe viajar a la capital de su provincia y ha de usar, no un procedimiento especial y rápido como el banco, sino uno llamado «procedimiento ordinario». Los juzgados, de paso, mientras cargan implacablemente y desde el minuto cero un 30% para intereses gastos y costas al pobre ejecutado, discuten y reducen las costas que han de percibir los consumidores por las tropelías del banco. Igualdad de trato llaman a eso.

Todo esto no es culpa de los bancos, esto es culpa de los sucesivos gobiernos que hemos ido votando que lo han tolerado y lo han fomentado. Que el gobierno sea de izquierdas o de derechas, para los bancos y al menos en este aspecto, no supone diferencia alguna.

Gracias a esto los bancos ven, no solo cómo les pagamos entre todos los pufos cuando los cometen, sino que, además, se regocijan viendo cómo entre todos les pagamos la cuerda con que ahorcarán a quienes tengan la mala fortuna de quedarse sin empleo.

Ese es el campo de juego en el que la sociedad va a jugar la partida de la crisis y, mientras se pregunta a quién podrá votar que no haga lo mismo que han hecho todos, trata de pensar cómo se enfrentará a un futuro inquietante.

¿Es que es imposible que algo cambie alguna vez?

Este año se cumplen 10 del 15-M.