Yo creo en algunas cosas

Respecto de mi profesión yo creo en algunas, no muchas, cosas.

Creo, por ejemplo, que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos y que, por eso, la abogacía no puede ser entendida como un negocio. En los negocios el primer objetivo es el ánimo de lucro pero, en algunas profesiones —la abogacía entre ellas—, la defensa del interés ajeno le antecede.

Sí, sé que ustedes pueden citarme despachos concebidos como empresas, despachos orientados al beneficio económico y que miden su éxito según su cuenta de pérdidas y ganancias; sí, sé que existen, pero tengo por cierto que ellos y nosotros no ejercemos la misma profesión.

Al igual que creo que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos, creo que la segunda obligación es exigir del cliente una retribución adecuada. Una retribución adecuada permite dedicar al asunto el tiempo y la atención que necesita y, en un mercado de servicios jurídicos donde se ofertan —por ejemplo— divorcios a 140€, se produce una presión bajista en los precios que, inevitablemente, deteriora la calidad del servicio prestado. Exigir una retribución adecuada no es solo un legítimo derecho del abogado, es una salvaguarda de los intereses del cliente.

Creo, en tercer lugar y para finalizar, que ninguna sociedad puede soñar con conseguir nada parecido a la justicia ni ningún estado puede ser llaamado “de derecho” si no cuenta con una abogacía que responda a los dos principios que les he dicho.

Finalmente no creo, sino que sé, que una abogacía como la que les he descrito molesta y es siempre objeto de ataques más o menos velados por las más distintas vías, desde las puramente conceptuales (“un despacho es antes que nada un negocio”, “el éxito de un despacho se mide en dinero”) hasta las simplemente económicas (“en el mercado y en los precios sólo importan oferta y demanda, hay que desregular”, “el turno de oficio es altruismo y ya tiene bastante compensación”, “divorcios a 140€, así es el mercado”…) pasando por las insidias habituales de ayer y de hoy (“los abogados fomentan la litigiosidad”, “los españoles son querulantes”, “la justicia necesita cambios organizativos, no más medios”…)

Es esta abogacía de las personas a la que muchos llaman —para escándalo de algunos otros— abogacía independiente. A mí me da igual como la llamen siempre que responda a estas pocas cosas en las que creo, porque lo decisivo no es el nombre: lo decisivo es que, si algún día logran acabar con esta abogacía, habrán acabado con el estado de derecho y con todos los sueños de justicia en España.

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