Si usted desea paralizar o controlar la completa actividad de la administración de justicia española el método más eficaz y rápido para hacerlo es hackear sus sistemas informáticos.

En los servidores de la Administración de Justicia Española se almacenan datos secretos —incluso al nivel de los secretos de estado— que pertenecen, por imperativo legal, al Poder Judicial.

Imaginen cuán importante sería para cualquier grupo poderoso tener acceso, no ya a los datos, sino siquiera a los metadatos, de nuestra administración de justicia. Es por eso que el sentido común y la ley ordenan que los datos (y los metadatos) contenidos en los expedientes judiciales sean propiedad exclusiva del Poder Judicial¹ y, tan es esto así, que ni la mismísima Agencia Española de Protección de Datos puede, legalmente, tener acceso a ellos².

Sí, los datos que obran en los expedientes judiciales pertenecen al poder judicial y sería lamentable que nadie ajeno a él pudiese llegar a controlar sus sistemas informáticos y sus archivos. Imaginen que un ministro investigado y que se jugase su cargo político pudiese hackear los sistemas informáticos judiciales o pedirle a un conmilitón que lo hiciese por él, sería terrible; o que un gobierno autonómico, decidido a realizar un referéndum ilegal por la independencia, lograse paralizar los sistemas informáticos judiciales de su comunidad autónoma porque tiene el control de ellos; o que un grupo que ha apoyado a terroristas en el pasado pudiese hacer desaparecer los registros informáticos de sus crímenes, o que sus adversarios políticos se apoderasen de datos reservados…

Pues bien, todo esto que les cuento es lo que ocurre exactamente en España, pero no porque nadie delinca, no, en España el hackeo se produce de forma oficial y con todas las bendiciones de nuestra clase política. Es tan acojonante que parece increíble pero no, es así, dejen, dejen que les cuente.

En España, los datos que obran en los expedientes judiciales y que son propiedad del Poder Judicial no están bajo el control del Poder Judicial porque, en los juzgados de España, ni un solo ordenador es propiedad del Poder Judicial. Los datos de los juzgados se almacenan en servidores bajo el control del Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo) o de las Consejerías de Justicia de las diversas comunidades autónomas (Poderes Ejecutivos). Sí, ministros y consejeros, algunos condenados judicialmente, son o han sido los dueños y señores de unos datos de los que es único titular el Poder Judicial.

Es acojonante, pero más acojonante aún es que esto se acepte como normal por el común de los operadores jurídicos en España.

Y, por si esta aberración del hackeo oficializado de los datos judiciales en España no fuese suficiente, el panorama ha sido deliberadamente completado con un despliegue de recursos informáticos que no se le habría ocurrido ni al peor enemigo de la justicia: planes informatizadores insensatos que han dado lugar a un sinnúmero de sistemas difícilmente compatibles; contumacia infinita para gastar una y otra vez dinero público en la obtención de la misma herramienta; contratos tan irresponsablemente realizados que han dado lugar a que empresas «cárnicas» realicen los trabajos con clara explotación de sus trabajadores; uso y abuso de software propietario que no puede garantizar la inexistencia de puertas traseras ni permiten auditar su seguridad… Y, luego, la guinda: la caradura infinita de ministros y consejeros de llamar «moderno» a lo obsoleto, «modernización» a la desactualización programada y «eficaces» o «racionales» a las mayores insensateces y basuras informáticas con que pueda dotarse a una administración.

En España, que un programa funcione ya nos maravilla y nos acostumbramos a él por muy malo que sea, este era el gran peligro de LexNet y, aunque lo avisé en su día, nunca dejaré de lamentarme de haber acertado.

Hackear LexNet en 2016 era un trabajo de niños y que podía realizar cualquier abogado casi sin conocimientos informáticos pero, con toda desvergüenza y conciencia de su falsedad, se presentó la terrible falla de seguridad por el entonces ministro como un ataque de hackers y de 49 abogados malvados. Y no pasó nada. Hoy LexNet es la misma basura que siempre fue pero como, aunque mal, funciona, habremos de seguir sufriéndolo y habremos de seguir soportando que, ministro tras ministro, nos canten con toda desfachatez sus virtudes. Miren, la única virtud de LexNet es permitirnos comprobar la poca o mucha vergüenza de cada nuevo ministro.

Sí, créanme, la mejor forma de controlar, paralizar o incluso acabar con la administración de justicia en un país es hackear su sistema informático. Lo admirable es que en España quien lo ha hackeado desde siempre y con intención de hacerlo para siempre es el Poder Ejecutivo; es decir, rectius, los partidos políticos que en cada momento lo ocupan; de forma que, en esas manos, exactamente en esas manos, estamos.

Y el ministro viene a hablarnos de modernización.

Me descojono.

Notas

1.La titularidad de los datos se establece en el artículo 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.El artículo 236 nonies de la LOPJ establece con toda claridad que las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos las ejercerá el Consejo General del Poder Judicial en el caso de los datos jurisdiccionales, literalmente: 1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

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