No podéis privatizar el SOJ

El ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso el SOJ que presta el Colegio de Abogados de Madrid en las dependencias de servicios sociales del Ayuntamiento. Esto supone una privatización de un servicio que, por imperativo de la Ley 1/1996 reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), deben prestar los colegios de abogados.

Los responsables del desaguisado dicen obstinadamente que no y se fundan en tres razones fundamentalmente: La primera que la libre contratación de servicios públicos debe hacerse por concurso conforme a la normativa de la Unión Europea; la segunda que el SOJ que presta el Ayuntamiento no es el contemplado por el artículo 22 LAJG y la tercera, en consonancia con la anterior, que el Ayuntamiento lo que ofrece es un SOJ meramente «generalista».

Si fuese cierto el supuesto de hecho podría ser una buena explicación, lo que ocurre es que no lo es.

Todas las objeciones de los responsables del desaguisado se fundan, en el fondo, en una única cuestión: que los servicios que prestan los letrados del SOJ en las dependencias de Ayuntamiento son «generalistas» y nada tienen que ver con las contempladas en el artículo 22 de la LAJG que, recordemos, caracteriza estos servicios, literalmente, así:

«Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»

Los responsables del desaguisado afirman —no sé con qué información— que los servicios del SOJ que se presta en dependencias municipales no son esos pero, como internet es maravilloso, ha permitido que letrados de ese SOJ se hayan puesto en contacto conmigo y me hayan relatado sus actividades en él. Abróchense los cinturones.

El SOJ a que se refiere el Ayuntamiento, como es obvio, no se presta en el Colegio o en un Juzgado, sino que se presta en Centros de Servicios Sociales donde, por cierto, se mete a los abogados en cualquier despacho.

Los abogados no tienen acceso a los ordenadores del ayuntamiento de Madrid, no pueden usar ni los ordenadores, ni las fotocopiadoras, ni los teléfonos del ayuntamiento. Es el abogado quien ha de llevarse una carpeta con los modelos ya preparados: ficha de usuario, la de Justicia Gratuita, la de Suspensión de Plazos, la de Ejecución, los recursos de las Rentas Mínimas de Inserción, etc.

Los usuarios (muchos personas que apenas saben escribir) si piden que se les haga un escrito a menudo se enfadan porque el escrito no se puede hacer a ordenador, pues, como hemos visto antes los abogados no tienen acceso a ellos; si quieren buscar leyes o jurisprudencia eso han de hacerlo en sus móviles y con su linea de datos, pagando de su bolsillo el servicio, claro.

Los abogados del SOJ Ayuntamiento no solo rellenan Justicias Gratuitas (esto los causantes del desaguisado parecen ignorarlo), no solo han puesto en marcha suspensiones de plazos de usuarios sin cita —porque venían los trabajadores sociales y llegaban con un desahucio para dentro de tres días por ejemplo— es que incluso han puesto en marcha protocolos de Violencia de Género. Al SOJ del ayuntamiento han llegado usuarias sangrando de urgencias manifestando que les había pegado su marido y los abogados han salido con la ambulancia advirtiendo a otro compañero de Violencia de Género para que estuviese esperando en Comisaría. Esta es esa asistencia «generalista» de que hablan los responsables del entuerto. Ustedes decidirán si estas actividades están o no incluidas en el artículo 22 LAJG.

En fin, para qué contar, los abogados refieren infinidad de casos: usuarios con sus facultades mentales un tanto alteradas, casos dramáticos… lo que quieran ustedes imaginar.

Los abogados del SOJ, muy lejos de lo que pretenden los privatizantes, prestan asesoramiento es sobre Penal, Civil, Administrativo (la Renta Mínima de Inserción) y Laboral muy básico. Y sí…, efectivamente, estos letrados no pueden asesorar contra el Ayuntamiento de Madrid. Si el problema del ciudadano es con el Ayuntamiento de Madrid pues… entonces no hay SOJ. Maravilloso ¿verdad?

Hay zonas que tienen tanta demanda que aunque el servicio es de 4 horas y aproximadamente unos 20 minutos por usuario, tienen 2 días por semana y están citando a 2 semanas vista.

Son bastantes abogados los que están trabajando en este SOJ son muchísimos los ususarios que dependen de este SOJ.¿Podrían explicar los causantes de este embrollo cómo piensan que se va a seguir asistiendo a los usuarios? ¿Van a reducir su asesoría al estricto campo «generalista» y les van a dejar sin este servicio? ¿O piensan vulnerar la ley y bajo el subterfugio de llamar «generalista» al SOJ seguir prestando de tapadillo todos estos servicios que SÍ se prestan hasta ahora? ¿Van a dejar sin actividad a los letrados actuales para contratar falsos autónomos o letrados precarizados? ¿Seguirán vulnerando la independencia de los letrados y prescribiendo que no informen contra el Ayuntamiento?

Los políticos privatizantes antes deberían bajar a pie de obra y comprobar el servicio que de verdad se presta por los letrados y después obrar en consecuencia. Porque este asunto no es un asunto para hacer política ni empeñarse en mantenerla y no enmendarla. Este es un tema donde no hay más objetivo posible que servir a los administrados ni esfuerzo más respetable que el de los letrados del SOJ.

Si hay un mínimo de preocupación por los más desfavorecidos déjense de privatizaciones y rectifiquen.

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