He escrito reiteradamente que el único antídoto contra la corrupción es la justicia, por lo que, una justicia sin medios, alejada del ciudadano o falta de independencia, es el mejor caldo de cultivo para que prolifere la corrupción.

Dime cuánto inviertes en justicia y te diré cuánto odias la corrupción.

La justicia española está diseñada para defender los derechos fundamentales del individuo, más cuanto más importante sea el individuo en cuestión. Si es usted un político aforado le juzgarán altos tribunales y, si le condenan, su causa será revisada por tribunales nacionales y supranacionales para verificar que en su enjuiciamiento y condena no se han vulnerado ninguno de los derechos contenidos en la Constitución Española y en los tratados internacionales ratificados por España. Si es usted «importante» o la ha liado lo suficientemente parda, no ha de temer demasiado a que nuestro Tribunal Constitucional —que sólo admite a trámite menos del 1% de los recursos de amparo a él presentados— le inadmita el recurso diciendo aquello de que «carece de relevancia constitucional» y lo mismo o parecido cabría decir de los tribunales europeos.

Nuestra justicia, ayuna de medios, es bastante exquisita en cambio a la hora de verificar que no se vulneren derechos fundamentales de los procesados, por esa parte pueden estar tranquilos quienes sean juzgados, no ocurre lo mismo, sin embargo, con las víctimas de quienes han cometido esos delitos, sobre todo si son delitos de compleja naturaleza financiera o económica.

La justicia española, perfectamente eficaz para perseguir la delincuencia menor (Policía y Guardia Civil tienen un acreditado curriculum en esto) se ha mostrado absolutamente impotente para prevenir y controlar la compleja delincuencia de naturaleza financiera o urbanística. Su capacidad de reacción ha sido tan lenta que los procesos que se han abierto por estas causas (menos de los deseables) se han estancado en larguísimas instrucciones que han determinado la prescripción de bastantes de ellos, prescripción que se ha visto ayudada por algún que otro cambio legislativo que, en el sentir de muchos operadores jurídicos, parece realizado para favorecer tal resultado.

La falta de medios crónica de la administración de justicia española pone muy cuesta arriba la tarea de los jueces de instruir causas complejas en plazos razonables y esto, no lo olvidemos, lo que provoca es la desprotección de la sociedad (los más) frente a los corruptos (los menos).

¿Alguien duda de que de haber existido en España una justicia independiente y con medios no se hubiese producido la ola de delitos y pelotazos urbanísticos que han asolado a los municipios españoles? ¿Alguien piensa que, de haber existido en España una justicia independiente y con medios, la crisis financiera y los abusos que llevó aparejados no hubiese sido sensibilísimamente menor?

Sospecho que no y, si usted lo sospecha igual que yo, piense a quién conviene más que a nadie que la justicia siga, para siempre, ayuna de medios. ¿Lo ha pensado?, pues eso.

Fatalmente, sin embargo, parece que los españoles y españolas asumen que corrupción siempre existirá y que están acostumbrados a vivir con una enfermedad que aceptan como crónica.

Los presupuestos en justicia han sido siempre raquíticos; la organización judicial española muestra una preocupante tendencia a alejarse de los ciudadanos y concentrarse en órganos mucho más sencillos de controlar por poderes ajenos al judicial que los jueces individuales; las medidas ¿organizativas? que se toman desde el poder judicial (piense en los juzgados para el atasco hipotecario) antes parecen destinadas a perjudicar a los débiles (administrados) y favorecer a los fuertes (bancos, compañías de seguros…) que a tratar de impartir justicia eficazmente.

La falta de medios en la justicia, es bueno que se sepa, no afecta igual a todos los administrados. La falta de medios penaliza más a los más humildes que a los poderosos, quienes, en bastantes casos, pueden obtener réditos de la falta de medios que padece nuestra justicia.

Si la justicia funciona en España a día de hoy, parece que sea exclusivamente por el milagro del factor humano, por personas que, a pesar de todo, siguen cumpliendo con su deber más allá de lo exigible. Sin embargo esto no puede, no debe, seguir así.

La medida exacta de la voluntad de perseguir la corrupción en nuestros políticos se mide en los presupuestos generales, por la inversión en justicia, en medios, en cercanía y en independencia.

No creo equivocarme si afirmo que ninguno de los últimos gobiernos ha aprobado este test de la justicia y temo que tal costumbre se convierta en enfermedad admitida como crónica sin que tan grave hecho a nadie subleve.

Urge desenmascarar las actitudes contrarias a la independencia, cercanía y eficacia de la administración de justicia, sobre todo, si queremos que nuestros hijos hereden un país digno de ser vivido. Vale.