Se cumplen los cien días que Roosevelt estableció como período de cortesía tras la llegada al poder de un nuevo gobierno; Pedro Sánchez hoy —toreando para la solanera— se ha estirado ante los suyos y se ha dado importancia coincidiendo con la efeméride.
No sé si puede estirarse y darse importancia en el resto de áreas de gobierno pero, ciertamente, en Justicia no. En Justicia el gobierno de Pedro Sánchez tiene más motivos para arrugarse y esconderse que para celebrar nada. Veámoslo.
Justicia Independiente
Crítico feroz con las manipulaciones y tejemanejes del gobierno del PP cerca de la cúpula de los jueces, no parece que al gobierno de Pedro Sánchez ahora le importe cambiar la fuente de todos aquellos enjuagues: la forma de elección de los vocales del CGPJ.
Con una ministra de justicia que sólo dos meses antes de acceder al cargo se manifestaba contra la forma de elección de esos vocales hemos visto al gobierno de Sánchez —o al menos a su ministra— virar en redondo y defender ahora justo lo que antes criticaba. La última escena de la actualidad ya nos presenta de nuevo a PP y PSOE de la mano dispuestos a cambiar todo lo necesario para que nada cambie en la forma de elección.
La primera en la frente.
Justicia con medios
La partida presupuestaria que en sus presupuestos aprobó el PP es la misma que sigue estando. No hay noticia de que la inversión en Justicia forme parte importante de la negociación que el PSOE está llevando a cabo para la aprobación de sus presupuestos y a la ministra parece importarle tan sólo reunirse con los jueces para tratar de calmar sus reivindicaciones salariales con las partidas presupuestarias de su antecesor en el cargo.
No hay noticias del turno de oficio en zona ministerio (la miserable subida tras 22 años sin actualizar ni siquiera el IPC fue obra de Catalá) y lo único que parece importarle a la nueva ministra es hacer que la segunda fila de su ministerio se reúna con una domesticada abogacía institucional para ver cómo se reparten la subida de Catalá.
Tampoco ha derogado el infame sistema que colapsa los juzgados hipotecarios. Con todos los operadores jurídicos en contra de tal aberración ella ha decidido mantener el sistema que costó a Catalá críticas feroces y de las que ella parece creerse exenta.
La segunda en la boca.
LexNet patata
La ministra, férrea opositora a la implantación de LexNet en la fiscalía cuando era fiscal, no parece tener idea alguna de fondo respecto de la informatización de la justicia ni de las exigencias en este tema desde el punto de vista constitucional de la independencia judicial.
Con las mismas partidas aprobadas por Catalá la nueva ministra parece continuar la misma política de aquel ahondando así en la catástrofe informática en que está sumida nuestra administración de justicia.
La tercera en el pecho.
Relación con la abogacía
La ministra parece dispuesta a recibir asociaciones de jueces y fiscales tantas cuantas veces sea necesario, sin embargo, no parece dispuesta a reunirse con ninguna asociación de abogados y procuradores en una pose que destila el pestífero aroma clasista de quien cree en el fondo que la abogacía o la procura son más un molesto estorbo que la garantía de la existencia de un estado de derecho.
La cuarta en…
Conclusión provisional
Tras cien días de gobierno, en lo sustancial, nada ha cambiado en los programas de justicia del gobierno. Muchas cosas podían hacerse —o al menos intentarse— sin coste alguno y no se han hecho (juzgados hipotecarios, plazos procesales, forma de elección de los vocales del CGPJ…) de forma que, al no hacerlo, la administración de justicia española sigue en el mismo estado en que la dejó Catalá; si bien la actitud de este, estérilmente dialogante siempre (ni una mala palabra ni una buena acción) al menos resultaba mucho menos molesta que la almidonada actitud de la nueva ministra.
Cambian los gobiernos pero no cambian las formas ni las ideas, malamente cambiará así nuestra justicia de sino. Quizá al final lo del virus de la moqueta sea verdad.