Faltan 25 días para el 12 de julio, el llamado «día de la justicia gratuita» y, quizá, sea bueno aclarar por qué se eligió ese día y qué conmemoramos de verdad en esa fecha.

El 12 de julio fue elegido como día de la justicia gratuita porque el 12 de julio de 1996 fue el día en que entró en vigor la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita.

Obviamente la justicia gratuita no nació ese 12 de julio —la justicia de pobres, el beneficio de pobreza y la justicia gratuita ya existían desde el siglo XIX— pero ese 12 de julio de 1996 es un hito a partir del cual podemos llevar la cuenta de muchas cosas.

Podemos llevar la cuenta, por ejemplo, de cuántos años han pasado desde que el Ministerio de Justicia no adecúa los baremos de las cantidades que paga a los abogados de oficio. Desde aquel 12 de julio de 1996 el Ministerio de Justicia ni siquiera ha actualizado el IPC de aquellas cantidades. Desde julio de 1996 a julio de 2017 el IPC ha subido un 57% sin que al ministerio haya parecido preocuparle lo más mínimo el deterioro de las compensaciones económicas de los abogados de oficio. Es decir; no es que el ministerio no haya elevado ninguna cantidad desde 1996, no, es que, por el contrario, ha ido dejando que las mismas disminuyan por la vía del IPC. Cada año que ha pasado desde 1996 nuestras compensaciones económicas han ido disninuyendo y lo peor es que…

¿Recuerdas alguna protesta seria de alguien?

El ex-ministro Catalá previó un incremento de en torno al 30%, lo que nos dejaría aún a 27 puntos porcentuales de alcanzar los niveles retributivos de aquel 12 de julio de 1996. ¿Ves bien ahora lo que de verdad celebramos esa fecha?

Ha pasado una semana desde que la nueva ministra fue nombrada; una semana en la que no parece haber pronunciado ni una sola vez, ni haberse acordado ni una sola vez, de los abogados ni de la abogacía. Démosle tiempo pero démosle de paso algunos datos e ideas:

1. Los abogados de oficio del territorio común, los que dependen exclusivamente del presupuesto de su ministerio no ven subir las cantidades que se les pagan desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley: 12 de julio de 1996.

2. La subida del 30% de Catalá no alcanza ni siquiera a colocar estos pagos en los niveles de 1996 pues el IPC ha subido desde entonces un 57%. Esa subida, en poder adquisitivo, es un 27% inferior a lo que se recibía en 1996.

3. Los abogados de oficio de la zona ministerio reciben por su trabajo hasta un 300% menos que los abogados de oficio de otras Comunidades Autónomas transferidas. No es que los abogados de esas comunidades reciban mucho (reciben una miseria) es que los abogados que dependen de la ministra reciben un tercio de esa miseria.

Una subida mínima para los abogados del territorio común no puede ser inferior al 200% y usted tiene dinero para hacerlo.

Una subida del 200% es una subida tan solo de 70 millones de euros y esa cantidad no debe de resultarle difícil de obtener de las Cámaras. Y, si no la obtiene, al menos obtenga el cambio de parte de asignación de esos 130 millones que Catalá quería dedicar a infraestructuras tecnológicas. Usted es férrea opositora a LexNet (y en eso acierta) no gaste dinero en un sistema que hay que replantearse por completo, invierta en capital humano lo que no va a gastar en una infraestructura tecnológica obsoleta.

Ministra: los abogados del territorio común, el 12 de julio de 2018 vamos a conmemorar la humillación anual que venimos padeciendo desde hace 22 años. Díganos cómo quiere que la conmemoremos este año y díganoslo pronto, porque faltan 25 días para el 12 de julio y somos muchos los abogados y abogadas que sí sabemos exactamente lo que conmemoramos ese día.