Entramos en año electoral: para mayo de 2019 habrá elecciones municipales, europeas y con seguridad virtualmente total también elecciones generales. Comienza, pues, el tiempo de las promesas, de las maniobras presupuestarias y de las mentiras, herramientas que parecen inevitablemente unidas a nuestra clase política. Pero ¿cómo afectan estas promesas y estas mentiras al turno de oficio? Si me lo permiten déjenme antes explicarles cómo se presta la asistencia jurídica gratuita en España y quién la paga. Vamos a ello.

La asistencia jurídica gratuita en España se presta a través de dos vías:

A. La primera vía es la asistencia jurídica propiamente dicha que se presta a través del trabajo de los abogados del turno de oficio.

B. La segunda vía es la tramitación de las solicitudes de los ciudadanos que desean asistencia jurídica gratuita y esa se presta a través de los colegios que pagan y mantienen los abogados.

Obsérvese que, por lo que respecta a esta segunda vía, los abogados mantienen con sus cuotas obligatorias una red de 83 Colegios de Abogados en España cuyo primer y principal trabajo es atender a los ciudadanos y ciudadanas que solicitan justicia gratuita. Los colegios de abogados contribuyen con sus locales (pagados por los abogados), sus trabajadores (pagados por los abogados), sus medios materiales (fotocopiadoras, ordenadores, impresoras, escáneres…) y hasta jurídicos (el SOJ) a la prestación de un servicio que debiera prestar el estado. Aparentemente un muy mal negocio para los abogados, ¿no?. Pues ¿por qué demonios tendrían los abogados que pagar con sus cuotas obligatorias (si no te colegias no eres abogado) este servicio que ha de prestar el Estado o la Comunidad Autónoma?

La injusticia es manifiesta y para paliarla el estado (o la CA en su caso) establecieron un sistema de compensación a los colegios para compensar los medios que los abogados pagaban. Para que lo entiendan les pondré el ejemplo de la Comunidad Valenciana.

En la Comunidad Valenciana la consejería de justicia, además de pagar a los abogados por su trabajo en el turno de oficio entregaba a los colegios un 8,5% de la cantidad pagada a los letrados para compensar el gasto que los colegios (en realidad los abogados a través de sus cuotas) hacían en turno de oficio. Así fue funcionando la cosa hasta que la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió no pagar ese 8,5% sino una cantidad fija por expediente tramitado, decidió no pagar o discutir el pago de determinados expedientes y el final fue que los colegios recibieron unos 300.000 euros menos de lo que recibían con aquel 8,5%. Naturalmente la falta de esos 300.000 euros provocó desequilibrios económicos en los colegios de forma que, por ejemplo en el Colegio de Alcoi, ahora cada colegiado soporta 111 euros más de lo que soportaba con anterioridad porque la realidad es que, le quites a los abogados o les quites a los colegios, el resultado es que siempre le quitas a los abogados que son quienes, o no cobran decentemente sus servicios o tienen que pagar a su colegio para mantener un servicio público.

La consejería de justicia de la Comunidad Valenciana anunció que subiría un 20% el turno de oficio hasta alcanzar los niveles de 2005 (en España y en Turno de Oficio viajar al pasado es “avanzar”) con esto pretendió darse un baño de masas pero lo que provocó fue una iracunda reacción de los decanos que vieron el anuncio como una tomadura de pelo, pues, al retirarles 300.000€ de sus presupuestos se enfrentan a la posibilidad de tener que subir las cuotas a los colegiados para que estos —siempre estos— acaben pagando los platos rotos de los juegos malabares de la consejería.

Creo que con este ejemplo ya podemos entender como funciona la asistencia jurídica gratuita en España, un sistema que falle por donde falle siempre tiene un único pagano: el abogado o abogada.

Muchas más cosas pueden contarse del ejemplo valenciano como el deseo de introducir en el turno de oficio a estudiantes de derecho (sí, sí, pueden verlo en la foto del final del post) o que el mismo partido que redujo un 40% el turno de oficio ahora se apunte a denunciar las devergüenzas ajenas y pedir dimisiones. Parece que con el turno de oficio todo vale y que, si se trata de usarlo como arma política, los políticos no parecen sentir el menor pudor en decir cualquier cosa pensando que la población no tiene memoria.

Y si este es el ejemplo valenciano ¿qué pasa en el resto de España?

Pues en las Comunidades que dependen del ministro de justicia pasa otro tanto, como es año electoral es año de promesas y se anuncian con aparato y estrépito de logros geniales miserables subidas presupuestarias. Veámoslo.

Catalá lleva anunciando varios meses la subida de un 32% en turno de oficio en zona ministerio, lo que calla es que desde 1996 ni siquiera se ha actualizado la retribución de los abogados del turno de oficio conforme al IPC anual.

Desde 1996 a 2018 el IPC ha subido un 59%. Dicho de otro modo 100 euros del año 1996 serían, este 2018, 159 euros si se hubiese ido actualizando el IPC desde el lejano 1996. Con la subida de Catalá (130€) en vez de alcanzar las retribuciones de 1996 (159% en euros constantes) tendremos menos poder adquisitivo que en 1996.

Si los decanos valencianos respondieron virulentamente —y con razón— al regreso al pasado (2005) de la Consejería de Justicia ¿qué le dirán al ministro que, con su subida del 30%, aun no ha sido capaz ni de regresar a 1996?

Conozco el paño, lamentablemente conozco el paño, mucho me temo que los decanos con el ministro van a ser mucho más pacíficos y dóciles, me gustaría equivocarme pero creo que no me equivoco; pronto vamos a poder comprobarlo.

El día 18 de mayo, en menos de una semana, el ministro de justicia ha sido invitado a asistir al pleno del Consejo General de la Abogacía Española, un órgano extremadamente proclive a ovacionar al ministro. Allí, no lo duden, anunciará su “fabulosa” subida del 32% y allí, espero equivocarme, alguien tendrá la barra de felicitarle y felicitarse por su gestión. Espero que en ese pleno de reuniones secretas los decanos valencianos muestren con el ministro la misma ira que con la Consejería. Y cuando digo valencianos digo los decanos de toda España porque el «avance» ministerial de más de 22 años hacia el pasado no merece sino la más enérgica reprobación.

38 millones de euros recaudó en 2017 el Gobierno en tasas judiciales, esas que —conforme al artículo 11 de la ley de tasas— están vinculadas al sistema de asistencia jurídica gratuita pero que en los años pasados jamás fueron a ella. Si el gobierno cumpliese con la letra de la ley que este mismo gobierno redactó, esos 38 millones debieran engrosar las cuentas del turno de oficio pero, ya verán ustedes, como ni un céntimo va a turno de oficio y nadie rechistará en ese pleno de reuniones secretas donde ningún abogado sabe lo que han dicho quienes reclaman vehementemente su condición de representantes de la abogacía.

Espero equivocarme pero sospecho que no voy a hacerlo, salvo que el coraje vuelva al lugar de donde nunca debió irse.

Así pues, este es año electoral, se anunciarán avances al pasado, se quitará de aquí para poner allá, pero no te engañes abogado, sea cual sea el resultado de estos triles políticos el final de la historia es que la cuenta siempre la pagas tú.

Podría poner en ejemplo de Andalucía, o de Madrid, o de muchos otros sitios donde los «avances» no son más que regresos al pasado, avances hacia atrás y ataques en retirada.

No hay nada que aplaudir, compañero, y sí mucho por lo que ponerse en pie y señalar a todos estos que creen que, porque este es año de elecciones, pueden engañarnos tratando de hacernos olvidar años de infamia, tratando de conformarnos con juegos de manos y palabras.

Por eso guárdate muy mucho de aplaudir antes de que la función termine a ningún político, ponte en pie y el 22 de mayo acude a la puerta de tus juzgados a gritarles que tú eres abogado y a ti no te engañan.

Yo estaré también allí porque #YoVoy22M