Lo que los hispanohablantes entienden por «violación» se recoge en el Diccionario de la Real Academia Española con estas palabras: «Delito consistente en violar (‖ tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad).»

En cambio, si queremos saber qué es para la ley española la «violación» tendremos un auténtico problema, pues los artículos 178 y 179 nos dicen que la violación es algo bastante diferente a lo que dice el diccionario, pues, además de la falta de consentimiento, exige violencia o intimidación y que el acceso carnal se lleve a cabo por vía vaginal, anal o bucal.

Como vemos, para nuestro diccionario «No es No» (#NoEsNo) y cualquier acceso sin consentimiento es violación, mientras que para nuestro Código Penal no basta con un «No» sino que, además, hacen falta violencia o intimidación. Esto, digámoslo desde el principio, no es culpa de nuestros jueces sino de nuestros políticos que son los responsables de hacer y reformar las leyes.

Sentado lo anterior parece evidente que los jueces y la calle no llaman de igual modo a las mismas cosas: lo que para un ciudadano es una violación evidente no lo es para un juez y cuando para la ciudadanía un «No» es suficiente, para el juez no es más que el principio de una larga labor calificadora.

Entiéndase, no es el Juez quien decide si un «No» es suficiente para calificar una acción como violación, es el legislador quien, al redactar el Código Penal, decidió que, además del «No», fuese necesaria la violencia o la intimidación para calificar tal acción como violación. Si «No» no es «No» la culpa no es de los jueces: es del legislador, es decir, de los políticos que llenan el Congreso y el Senado y singularmente del gobierno que es quien dispone de la iniciativa legislativa.

Que la calle y los jueces no hablan el mismo idioma es evidente, ahora bien, los jueces se limitan a hablar el lenguaje que les han escrito en las leyes. Los jueces, como los pianistas, no hacen más que tratar de interpretar del mejor modo posible las partituras que les entregan y, si culpar al pianista de la mala calidad de la partitura es un error grosero, disparar sobre él como ha hecho algún ministro, es una acción miserable.

Como escribió Montesquieu (“El Espíritu de las Leyes” Liv. XI. Chap. VI.) los jueces no son más que «la bouche qui prononce les paroles de la loi» (la boca que pronuncia las palabras de la ley) y su único trabajo, como jueces, es expresar las palabras que la ley contiene, agraden o desagraden a la audiencia.

Puede ser que los jueces se hayan equivocado en este caso, puede ser; puede ser que no hayan apreciado debidamente la potencia intimidatoria de cinco animales musculados y sin rasgos humanos en su conducta, puede ser; pero, con todo, estoy seguro que ninguno de esos jueces ignoraba el tremendo revuelo que iba formarse tras el dictado de la sentencia y, aún a sabiendas de que el dictado de la misma podría suponer su muerte civil, prefirieron seguir los dictados de su conciencia que los que les llegaban de entornos ajenos al proceso. Prefirieron expresar lo que ellos entendían, acertadamente o no, que era la voz de la ley antes que satisfacer exigencias distintas de las de su trabajo. No es fácil hacer eso.

Los errores de los jueces tienen arreglo y pueden ser corregidos (en este caso aún queda una larga serie de recursos) lo que nunca podría arreglarse es una judicatura que, en lugar de atenerse a la ley, se plegase a las presiones que le llegan de fuera de la sala de vistas y de su propia conciencia. El error en los jueces es normal y por eso hay recursos, pero una judicatura que sentenciase a impulsos de la presión externa más poderosa en cada momento no tendría arreglo y con ella caería toda esperanza posible en un estado de derecho.

La sociedad esta harta de tener que seguir viviendo bajo un sistema legal que no parece sino alargar la sombra del mito de Lucrecia, esa mujer que, tras ser violada, se suicidó «…a fin de que mi ejemplo nunca sirva a ninguna mujer que quiera sobrevivir a su deshonor…». Como, con su habitual oportunidad, dice mi amigo Joludi:

Esta historia de la ultrajada Lucrecia, que es un topos cultural de primera fila en la cultura occidental y ha sido, tal vez por ello, representada casi más que ninguna otra mujer en la Historia de la Pintura (Lucas Cranach, Ghirlandaio, Artemisia Gentileschi, Veronés, Rembrandt, Rubens, Pignoni, Cagnacci, Guido Reni, Dante Gabriel Rosetti…)

(…)

Pero la verdadera lectura del viejo mito (mito fundacional, ciertamente) de Lucrecia, acaso no sea sino que una sociedad patriarcal no puede tolerar que sobreviva una mujer que no se resiste y emplea la debida fuerza y esperable oposición ante una violación. Una mujer que no se enfrenta con denuedo a su asaltante da que pensar necesariamente sobre su total o parcial connivencia con el agresor sexual.

Y esto para una sociedad patriarcal es inaceptable.

Sí, parece que la sociedad y sus leyes no están en armonía en este punto y esta disarmonía tiene unos únicos y exclusivos responsables: los legisladores, los políticos, los gobiernos, los ministros de justicia que, lejos de recoger este sentir y adaptar las leyes a las exigencias de la sociedad, han preferido no hacer nada. Son estos responsables quienes ahora, sin que les importe poner en peligro la separación de poderes, para engañar a la justamente indignada población y que nadie repare en ellos, prefieren acusar a los jueces de una falta de sensibilidad de la que ellos son los campeones y principales culpables.

Ahora prometen reformas legislativas mientras azuzan a la población contra los jueces sin caer en la cuenta de que, como los viejos cobardes de las películas, lo que están haciendo es disparar contra el pianista.