Debe de ser que, al no vindicar competencias, resultamos demasiado pastueños para cualquiera que acceda al gobierno. Debe de ser que, al no habernos marchado con las transferencias de justicia, se nos toma por unos ingenuos a los que se puede engañar sin demasiada dificultad. Debe de ser también que, en este país, al que confía en que juntos se vive mejor que separados, al que confía en la cooperación más que en la competencia y a quienes creen que cumplir con sus obligaciones algún día será recompensado lo único que les espera al final del camino es la decepción y la risotada obscena de esos «listos» que «saben cómo son las cosas» en este país de mamancios y tiralevitas.

No encuentro explicación a que los abogados de oficio del territorio común llevemos 20 años sin que nuestras indemnizaciones se actualicen ni siquiera para incrementarles el IPC; no encuentro explicación a que el sistema informático de nuestros palacios de justicia se esté cayendo diariamente (lean hoy la prensa) y nadie parezca alarmado por ello. No encuentro explicación a que nuestros gobiernos autonómicos —los que dicen representarnos— no manden alto y claro un mensaje al gobierno central y le expliquen que seremos «territorio común» pero en absoluto unos tiñalpas inferiores a nadie en nada y menos en necesidades de Justicia y que aquí, o jugamos todos, o la baraja se va a romper a la altura de donde pone «Heraclio Fournier» en el cuatro de oros.

Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son esos lugares a los que en Justicia llaman «territorio común», lugares nada comunes, antes al contrario, excepcionales, dónde la vulgaridad sólo la ponen quienes gobiernan.

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