Cuando en los años 90 muchas compañías de seguros se dedicaban a especular con la lentitud de los juzgados para retrasar el pago de las indemnizaciones el legislador reformó el artículo 20 de la LCS y les impuso un recargo del 20% de interés cuando se demorasen dos años en el pago de la indemnización. Fue una norma saludable y aunque luego la jurisprudencia la ha matizado, sirvió al fin para que se dictó en aquella, para el mundo del seguro, convulsa década de los 90.

Ahora los bancos pretenden jugar al mismo juego con el tema de las cláusulas suelo, amenazan con colapsar los juzgados no pagando ninguna de las cantidades que adeudan y judicializándolo todo y el gobierno (¡ay el gobierno!) en lugar de imponerles un recargo por no cumplir con sus obligaciones voluntariamente, lo que pretende es beneficiarlos este viernes con un decreto que, mareando más la perdiz, introduzca un nuevo trámite para los consumidores que, como siempre, se camuflará con palabras que escondan la verdadera naturaleza del amaño.

Estos bancos -que son quienes han usado la administración de justicia como su oficina de ejecuciones- son los principales usuarios del sistema judicial que pagamos entre todos para que ellos lo usen más que nadie. Ellos hacen trabajar a los jueces para que ejecuten sus préstamos e hipotecas, ellos son los que inmisericordemente reclaman las costas judiciales a ciudadanos a los que dejan sin casa con demandas de copy-paste, son ellos también quienes a coste cero reciben el auxilio de policías y guardias civiles que pagamos todos para arrojar a la calle a familias que no pueden pagar, ellos son, en fin, quienes gozan de procedimientos especiales para reclamar sus créditos, procedimientos de los que no gozan otros ciudadanos cuando de reclamar contra ellos se trata.
Pues bien, a estos bancos, por su contumacia, por su mala fe, el gobierno no prevé sancionarlos sino tratarlos mejor.

No es sorprendente; el gobierno, en el tema de las hipotecas, siempre ha estado del lado de los bancos y en contra de los ciudadanos. Ha defendido que sólo se devolviese lo abusivamente cobrado por ellos desde 2013, no ha modificado la legislación mas que a golpe de sentencia europea y no ha mostrado sensibilidad alguna a las demandas de la población. De un gobierno que sistemáticamente se ha puesto del lado de la banca ¿cabe esperar algo distinto ahora?

Pero lo que más sorprende es que los partidos de la oposición puedan siquiera soñar con apoyarle en este viaje. Un PSOE en régimen de gestora ¿va a apoyar al gobierno? ¿Ciudadanos lo hará? ¿Podemos y confluyentes lo harán? ¿Es que en las Cámaras nadie representa al pueblo frente al lobby de los bancos eficacísimamente representado?

A las entidades bancarias que abusan del sistema judicial o con la amenaza de acudir a él sólo cabe mostrarles el camino de la ley haciéndoles saber que esta es, para los rebeldes, inflexible: que si abusan del sistema judicial y no pagan voluntariamente no sólo se les impondrán las costas, sino que un gobierno que defiende la justicia aprobará normas que permitirán, una vez declarada su temeridad, repercutirles el coste medio de cada proceso judicial (pues estrían dañando la administración de justicia de todos con su uso abusivo); que ese mismo gobierno aprobará normas para que, si de forma inmediata no ponen a disposición de los consumidores de los que abusaron las cantidades que crean deberles, comenzarán a correr para ellos intereses disuasorios del 20% o los que se estimen pertinentes, y, sobre todo, les transmitirá el mensaje firme y decidido de que no van a obtener beneficio económico alguno de su deliberado incumplimiento de la ley y la jurisprudencia que la interpreta.

Eso es lo que haría un gobierno que defendiese la justicia y no a los bancos. Pero hoy ya hemos visto por dónde van los tiros, ha comenzado la ceremonia de la confusión y la ha abierto el ministro que mejor ilustra la naturaleza de las medidas que piensan adoptar. No el ministro de Justicia (para el gobierno este no es un asunto de justicia a lo que se ve) sino Luís de Guindos, el hombre de Lehmann Brothers… sí, el de las hipotecas.

El resto de los grupos pueden dejarles cometer la tropelía o no. Si les dejan tengan la seguridad de que lo pagarán muy caro en las cada vez más próximas elecciones.