Últimamente oigo con frecuencia a personas que, al referirse a mí, me califican de “experto en derecho de las nuevas tecnologías”, cosa que me llena de profundo pudor. A día de hoy, en el mundo de la abogacía, ser un “experto” en algo no es más que un acto de voluntad pura; uno se autodenomina “experto” en algún campo, se dedica a él y, sin más trámite que ese, es diputado por la comunidad como experto. Por eso, cuando oigo que se me llama “experto”, el pudor me invade y me asalta la sensación de ser un impostor.

Pero alguna vez sí fui “experto”.

Han pasado ya casi diez años desde que en el marco de la Unión Europea se puso en marcha el programa “ELEAS” (Ecommerce Legislation Easily Accesible), un ambicioso proyecto financiado por la Unión Europea y cuyo objetivo era establecer una “knowledge base” que permitiese conocer a cualquier empresario europeo que quisiese dedicarse al comercio electrónico cuáles eran las condiciones en que debía efectuar sus ventas. Para ello se ordenó reclutar a un jurista de cada país de la Unión Europea que, además de ser un reconocido experto en materia de comercio electrónico, tuviese unos mínimos conocimientos de lógica booleana y fuese capaz de escribir, siquiera rudimentariamente, unas cuantas líneas de código en un lenguaje de programación que, en su momento, se nos enseñaría.

No me pregunten por qué ni cómo, pero el jurista español que acabó formando parte de dicho programa fui yo. Cuando acudí a Turín (inolvidable Marco Ciurcina) para las primeras sesiones, estaba consternado y me embargaba la sensación de que yo era un impostor.

Sin embargo, una vez puesto en marcha el programa, resultó que yo no era tan torpe como pensaba. Por aquel entonces yo mantenía actualizada una página web sobre derecho e internet, no me manejaba mal con el lenguaje que se nos enseñó y acabé ayudando a terminar su trabajo a los “expertos” de otros países. Esto hizo que se disipase mi sensación de ser un impostor.

El proyecto fue un éxito. Se establecieron páginas web en todos los idiomas de la Unión Europea con toda la información, nacional y comunitaria, referida al comercio electrónico; las páginas, además, incluían un sistema experto que permitía a los usuarios conocer la regulación jurídica que afectaba a cualquier producto que tratasen de vender “on line”, desde una camiseta a un inmueble, y, en general, el programa cumplió sobradamente todos sus objetivos. Luego pasó el tiempo, los fondos se consumieron, se cubrieron los objetivos y, a día de hoy, es ya casi imposible encontrar información en la red sobre aquel programa ELEAS que hizo que, por una vez, yo me sintiese de verdad experto.