Las diputaciones provinciales se hallan en el centro del debate político estos días. ¿Qué necesidad tiene este país de unas instituciones políticas que reduplican el papel de municipios, comunidades autónomas y el propio estado?. Sólo el injustificable número de cargos políticos que pueden colocarse en ellas ha sostenido su existencia desde que se aprobó la Constitución.

La división provincial, obsoleta e inservible en pleno siglo XXI, sólo parece sobrevivir gracias a oscuros intereses políticos: La división provincial no sólo asegura numerosos puestos políticos en las Diputaciones sino que, además, debido a su naturaleza de circunscripción electoral, impide que en España sea real el principio de «un hombre un voto». La provincia, como circunscripción electoral con un mínimo de escaños por provincia, permite que el voto de un abulense valga mucho más que el de una señora de Madrid y, de paso, permite que partidos (señaladamente los nacionalistas) que concentran sus votos en unas pocas provincias, puedan obtener más escaños que aquellos otros partidos con más votos que distribuyen sus votantes por toda la geografía nacional.

Ahora parece que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, están de acuerdo en suprimir las diputaciones provinciales (ojo, no las provincias) y con esto ahorrarse una cantidad ingente de dinero en sueldos de políticos que, hasta ahora, no parecían tener empacho en pagar. Lo de la provincia y la ley electoral… Eso me temo que quedará aparcado.

Quisiera, no obstante, añadir otra reflexión al hilo de la necesaria desaparición de las provincias y los cargos políticos a ellas adheridos y es la de nuestro irracional mapa municipal

Los municipios españoles están cifrados en la actualidad en un total de 8101. De estos, 3577 municipios, es decir el 44%, tiene menos de 500 habitantes; 2992 entre 500 y 2000 (28,5%); 1071 entre 2001 y 5000 (13,3%); 842 entre 5001 y 20000 (10,4%); 220 entre 20.001 y 100.000 (2,7%); 48 municipios de 100.001 a 500.000 (0,6%); y, en fin, 6 de mas de 500.000 habitantes (0,1%). En resumen, de los 8101 ayuntamie tos de España, 788 no alcanzan siquiera el centenar de habitantes y el 60% no cuenta con 1000 habitantes.

Es decir, el 72% de los municipios de España tienen menos de 2000 habitantes y, sin embargo, como afirma Ramón Parada Vázquez (Manual de Derecho Local. Obra colectiva. Jesus Angel Fuentetaja Pastor. Carmen Fernández Rodríguez. Ed Iustel. Madrid 2010) «seguimos instalados en el mismo mapa municipal que, copiado mas o menos del mapa parroquial de hace 200 años, instauró la Constitución de Cádiz por inspiración francesa.»

En contraste con nuestra impotencia, afirma el mismo autor, la República Federal de Alemania, desde 1965 a 1975, llevó a cabo una política de fusión reduciendo el número de municipios de 25.000 a 8414; Dinamarca durante los años 70 realizó una reforma radical de la administración local y redujo a una quinta parte el número de tas (concretamente pasa de de 1387 a 275); Suecia, tras las medidas llevadas a acabo en el año 1952, y más adelante en el decenio 1962-1973, divide por diez el número de sus comunas (pasa de un total aproximado de 2500 colectividades locales básicas a tan solo 278); Grecia, a partir de la drástica reforma iniciada en el año 1998, consigue que sus municipios pasen de 5.343 a 1.033; Gran Bretaña, mediante las reformas realizada durante el bienio 1974-1975, mengua sustancialmente la cifra de colectividades locales, que de 1.520 se reducen a 522. Bélgica, merced al procedimiento de fusiones obligatorias establecido en el año 1975, minora el número de comunas de 2359 a 596. Justificar el mantenimiento de un despliegue municipal de tipo parroquiañ-campesino, cuando ha sido ya corregido en buena parte de Europa, con drásticas reducciones, no podía menos que crear una situación embarazosa a los redactores del Libro Blanco (2005) y del Anteproyecto de Ley del Gobierno Local (2007), aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Y es cierto, la proliferación de municipios da lugar a una correlativa proliferación de cargos políticos, que es un maná venido del cielo para los partidos que pueden así colocar a sus militantes. Y es que los electos locales perciben, por dedicación completa o parcial, diversas retribuciones, por asistencia a plenos y comisiones de toda índole, amen de la seguridad social y del recién conquistado subsidio de paro. Unas retribuciones que se aseguran frente a la e urja de las arcas municipales y que tienden a uniformizarse con ayudas de las comunidades autónomas y convenios ad hoc. Ademas, los grupos pitidos tienen asignadas subvenciones para su funcionamiento y cuando mas tupida sea la red intermnicipal, cuantas mas asociaciones, mancomunidades, comunidades, consorcios, asociaciones de municipios, en mayor medida puede multiplicarse la presencia retribuida de los electos locales, amen de que cuanto mas se descentralice el propio municipio con la creación de organismos públicos o entidades empresariales o sociedades anónimas o fundaciones municipales, mayores serán las posibilidades retributivas de los miembros de la corporación y la de colocación de sus CP milito es, parientes y amigos. (…) Estos mismos objetivos se cumplen aumentando los cargos de gestión de origen y designación políticas, con desplazamiento practica ente definitivo de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Recomiendo vívamente la lectura de la obra citada, en especial del Capítulo I «Cuestiones básicas de la administración local» escrito por Ramón Parada Vázquez, no tiene desperdicio y es valiente como pocos.