Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la cúpula de los sindicatos ( y digo cúpula porque casi la mitad de los funcionarios estaban en contra del acuerdo) ha finalizado la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia que duraba ya más de dos meses.

Era esta una huelga que nunca debió ocurrir pues las reivindicaciones de los funcionarios eran tan evidentemente justas, que el Gobierno debió haberlas atendido mucho antes: Por mucho que trate de justificarse la desigualdad, cuando dos trabajadores hacen el mismo trabajo, no hay forma de explicar que cobren distinto salario; pero el estado asimétrico de las autonomías ha conducido a esto.

Afirma el Ministro de Justicia Sr. Fernández Bermejo que, tras el acuerdo, no hay vencedores ni vencidos; sin embargo éste Ministro de escasos modales y lengua rápida olvida a los grandes derrotados: los ciudadanos, aquellos a los que debería servir, que lo único que han obtenido de esta huelga es una administración de Justicia aún más colapsada de lo que estaba y un retraso de sus expedientes muy difícil de calcular en sus términos exactos.

La huelga es cosa del pasado ya pero, tras recordar sus causas, uno no puede dejar de pensar en otros colectivos de funcionarios del estado como Guardias Civiles y Policías Nacionales que, efectuando un trabajo de superior responsabilidad a las Policías Locales, reciben un salario en algunos casos escandalosamente menor. ¿Van a esperar las autoridades a que se pongan en huelga? ¿hasta cuando abusarán de la paciencia de estos funcionarios? Y, cuando estén en huelga ¿tardarán dos meses en reconocer que lo que están haciendo con ellos es injusto?